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El traslado de los imputados del caso Odebrecht sería entre hoy y mañana

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Hubo poco movimiento ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva; solo familiares

SANTO DOMINGO. Los 8 imputados del escándalo de corrupción de Odebrecht que guardan prisión como medida de coerción serían trasladados entre hoy lunes y este martes a las cárceles de Najayo y La Victoria.

Los involucrados en el caso permanecía ayer recluidos en la en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, aunque el pasado miércoles 7, el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, dispuso los lugares donde guardarían prisión preventiva.

Para la cárcel de Najayo deberán ser trasladados el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Juan Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González; quienes tienen coerción de seis meses de prisión preventiva. Además, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga, con 9 meses de prisión preventiva, mientras que por un año a la penitenciaría La Victoria deberá ser enviado el empresario Ángel Rondón Rijo.

Al grupo se le imputa cargos por soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.

Las reparaciones

Debido al traslado de los imputados en el caso de Odebrecht, las áreas de las cárceles de Najayo y La Victoria donde serán recluidos, han sido sometidas a remozamiento.

En Najayo se colocaron cerámica en los baños, aire acondicionado, se repararon y pintaron las paredes, así como se hicieron instalaciones eléctricas y de red telefónica. Ocuparían las celdas que ocuparon los apresados por otros sonados casos en el país.

Mientras en La Victoria, Rondón Rijo sería recluido en un área en que antes funcionaba una oficina y que fue adecuada para su encierro. Le fue instalado un aire acondicionado, además de hacerle arreglos al baño, se pintaron las paredes, entre otras labores de remodelación.

Este domingo no se dispuso el traslado, debido a que era día general de visitas en ambos recintos, y las autoridades no quisieron entorpecer su normal desarrollo en vista del dispositivo de seguridad que se requiere para ello. Extraoficialmente se informó que se realizaría entre este lunes y mañana martes.

De las visitas

En vista de que ayer era domingo, las visitas a los imputados sólo se limitó a sus familiares y algunos amigos, como el caso del alcalde del municipio Moca, Ángel López, quien dijo que fue a visitar a su amigo y compañero de partido, Andrés Bautista, presidente del PRM, cuya prisión calificó de “injusta”, al tiempo que defendió su inocencia. Dijo que toda Moca está triste por la prisión de Bautista.

Imputados aún en Ciudad Nueva

El grupo de imputados por el caso Odebrecht permanecían en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a la espera de ser trasladados a las cárceles de Najayo y La Victoria. En la mañana de ayer sólo un grupo de periodistas, fotógrafos y camarógrafos permanecían en las escalinatas del edificio que alberga a los imputados a la espera de que se produjera algún acontecimiento importante. El abogado de Máximo De Óleo, doctor Rafael Suárez, dijo que la tardanza se ha debido a que faltan por completar algunos trámites burocráticos y que ha manejado casos donde los imputados han permanecido hasta por ocho meses en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

diariolibre.com

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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