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El Tribunal Constitucional deja un ambiente de ebullición en el 2013
Polémica. Además de la discutida sentencia sobre la nacionalidad, el TC emitió fallos sobre la crisis del PRD, la educación, portabilidad numérica y otros temas
SD. El Tribunal Constitucional (TC) cierra el 2013 dejando un ambiente en estado de ebullición.
De 262 sentencias emitidas este año, el eco de la TC/0168/13 ha sido el que más lejos ha llegado.
A parte del alboroto y la división de criterios que ha logrado en el fuero interno, en el exterior han sonado las campanas cargadas de innúmeras peticiones, presiones y hasta advertencias en contra de la República Dominicana.
La alta corte es de criterio que los ciudadanos extranjeros en tránsito están privados del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana.
La decisión, que data del 23 de septiembre, originó la visita al país, a principios de diciembre, del pleno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), donde recibió testimonios, peticiones y denuncias de descendientes de haitianos que se sienten afectados por la sentencia.
La polémica sentencia ha envuelto en un debate a políticos, constitucionalistas, la sociedad civil, el cuerpo diplomático y, principalmente, a las autoridades haitianas y las dominicanas.
Sentencias que han registrado una marcada trascendencia, por el impacto social y la fijación del criterio, han sido opacadas por el fuerte impacto fijado por la alta corte en su criterio sobre la nacionalidad.
El TC ha anulado al menos seis sentencias de la Suprema Corte de Justicia, en varios de cuyos casos ha devuelto el expediente solicitando fallar conforme a las pautas establecidas por la alta corte.
En abril, el TC revocó dos sentencias de la SCJ, en una de cuyas decisiones estableció el criterio de que después de la entrada en vigencia de la Ley 136-03, sobre Protección de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, las acciones en reclamación de filiación son imprescriptibles.
Mediante sentencia TC/0190/13, declaró nulo el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, que contempla la especialización y retención por parte de las empresas del medio por ciento, aplicado también a todas las minas e industrias metalmecánicas y afines, así como a los trabajadores.
Asimismo, por medio de la TC/0161/13, dejó sin efectos la resolución 080-09, mediante la cual el Indotel establece que la portabilidad numérica conlleva a un cargo generalizado de RD$80, aplicable por igual a todos los usuarios de las telefonías, tanto móvil como fija, y sin importar que hagan uso o no de ese servicio.
Otra posición adoptada por el TC consiste en fijar el criterio de que el Estado tiene la potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo, tanto a nivel público como privado, lo cual no puede ser visto como una intromisión.
En materia política, ratificó con la decisión TC/0068/13, la nulidad de la decisión de la Comisión Política que encabezó el ex presidente Hipólito Mejía en el PRD, donde fue suspendido su presidente, Miguel Vargas Maldonado, así como otros miembros de su corriente política.
En otra decisión, rechazó acoger una acción en contra de la no ratificación de jueces de la SCJ.
El TSE y su termómetro para los partidos
La alta corte también ordenó la suspensión de síndicos procesados
El Tribunal Superior Electoral (TSE) siguió siendo uno de los escenarios dominantes, para dirimir las crisis de los partidos.
Las dos facciones perredeístas, los reformistas y organizaciones minoritarias probaron su termómetro jurídico.
En enero, la alta corte desestimó por «improcedente, mal fundado y carente de sustento legal» el amparo incoado por el ex presidente Hipólito Mejía, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista y Geanilda Vásquez, con el fin de dejar sin efecto las sanciones de que fueron objeto, por la facción de Vargas Maldonado.
Asimismo, anuló la expulsión de los dirigentes reformistas Amable Aristy Castro, José Enrique Sued, Guillermo Caram y otros 261.
En cifras
262
Número de sentencias dictadas por el TC en 2013
La alta corte emitió este año 262 sentencias, 158 más que en el 2012, donde se originaron 104 fallos.
TSA fija criterios sobre actos administrativos
El Tribunal Superior Administrativo también se llevó su parte en torno a decisiones jurídicas que a juicio de juristas rompieron esquemas. Una de esas decisiones tiene que ver con la anulación de la resolución No.284-2012, emitida por Pro Consumidor, planteando que en ninguna parte de la Ley General de Protección a los Derechos del Consumidor o Usuario No.358-05, se otorga como atribución a la entidad la posibilidad de imponer sanciones a raíz de la supuesta comprobación de las infracciones verificadas en el artículo 112. Otra decisión ordena al Indotel suprimir las cláusulas que resulten abusivas de los derechos de los ciudadanos.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.