Nacionales
El Tribunal Superior Administrativo condena al Poder Judicial y al Ministerio Público
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo durante el proceso judicial desarrollado hace varios días.
SANTO DOMINGO. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó al Estado dominicano, solidariamente con sus órganos independientes Poder Judicial y Ministerio Público, al pago de RD$1 millón, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos por un hombre a causa de la prisión preventiva de la cual fue objeto.
La decisión a favor del francés Frederick Claude Lamy fue emitida por los jueces Judith Contreras Esmurdoc, presidenta, Diómedes Villalona y Rafael Báez García, quienes ordenaron que la condena solidaria sea con cargo al presupuesto del Poder Judicial y el Ministerio Público (MP).
La misma se derivó de un recurso contencioso administrativo, interpuesto por Claude Lamy en contra del Estado, el Poder Judicial y el MP.
El tribunal entiende procedente acoger el recurso contencioso administrativo y condenar al Estado solidariamente con sus órganos independientes al pago de la indemnización con cargo a sus presupuestos.
Agrega que ha determinado que ciertamente existe un daño consistente en el hecho de separación familiar, un sufrimiento psicológico, tanto al recurrente, como a su mujer e hijas, impidiéndole el sustento económico de las mismas, el cual hay que reparar.
También que, tal y como se ha establecido, el hecho de haber sufrido una prisión preventiva, a todas luces injusta, como lo determinó la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, constituye una acción ilógica y desproporcionada.
El tribunal consideró que la variación de las medidas cautelares de visitas periódicas, impedimento de salida, por prisión preventiva, resultaron excesivas y arbitrarias, «ya que esa persona se había presentado a todas las etapas del proceso, y el fin de la prisión como medida restrictiva de libertad es asegurar la presencia del imputado a todas las fases del proceso».
Claude Lamy había solicitado condenar al Estado solidariamente con el Poder Judicial y el MP al pago de una indemnización de RD$15 millones, con cargo a sus respectivos presupuestos, en base al criterio de responsabilidad directa y objetiva.
Argumenta que fue condenado a dos años de prisión por el presidente de la Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. Asimismo, que estuvo encarcelado por dos meses y 28 días en Samaná, y fue descargado el 27 de julio del 2010 por la Sala Penal Unipersonal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez.
Conforme al relato fáctico del proceso, el 9 de marzo del 2009, Stephan Jean Christopher Satin y la sociedad Jonatom, S.A.; Laurent Eric Fabrice Dartout y Sandra Chambon, Mathias Jean Francois Jambor y Bruno Thierry Legaignoux interpusieron una querella en contra de Claude Lamy y su conviviente Alix Fortier Beaulieu, basados en el supuesto hecho de que no fueron entregadas determinadas villas en el plazo convenido , no obstante haberle sido entregado dinero a esos fines como parte de un contrato de compraventa inmobiliaria.
Asimismo, que en atención a una solicitud del Ministerio Público de Samaná, el 7 de abril de ese año, el Juzgado de la Instrucción impuso impedimento de salida del país y visitas periódicas los días 7 de cada mes por ante el despacho de la Procuraduría Fiscal.
El Ministerio Público presentó formal acusación en contra de Lamy y Beaulieu, basada en la querella, por alegada comisión de estafa, abuso de confianza y trabajo pagado y no realizado.
El 26 de noviembre del 2009, el Juzgado de la Instrucción de Samaná dictó auto de apertura a juicio en contra de Claude Lamy y auto de No Ha Lugar a favor de Beaulieu.
En cuanto al imputado, fue variada la calificación jurídica, limitando los cargos al delito de trabajo pagado y no realizado, manteniendo la medida de coerción de prisión preventiva, y ordenando adicionalmente medida de coerción real, consistente en inscripción de hipoteca judicial provisional sobre los bienes inmuebles del solicitante por el duplo de determinados montos peticionados por los querellantes, en base a la liquidación de sus pretendidos daños materiales.
El criterio del tribunal
La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo plantea que al atribuir la imposición de una pena como fundamento único y exclusivo para el agravamiento de las medidas que han llevado eficazmente al imputado al juicio en el que la condena es pronunciada, reduce sustancial y materialmente al criterio errado de que el juez o tribunal puede ordenar la ejecución provisional de la pena privativa de libertad, lo que conlleva a que el recurrente tenga que ser indemnizado. Rechaza la tesis planteada por la Procuraduría General Administrativa, en el sentido de la existencia de la cosa juzgada y que el recurrente no interpuso demanda reconvencional.
DIARIO LIBRE
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.
SANTO DOMINGO.- Como positiva valoró el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) algunas de las medidas fiscales recientemente anunciadas por las autoridades.
En un comunicado enviado ALMOMENTO.NET, considera que pueden contribuir a mejorar la eficiencia del sistema y a fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
No obstante, el gremio empresarial subrayó la necesidad de que dichas disposiciones se apliquen bajo criterios de proporcionalidad y temporalidad, a fin de evitar impactos negativos en la actividad productiva, la inversión y el clima de negocios.
El CONEP reiteró que cualquier reforma o ajuste en materia fiscal debe estar sustentado en el diálogo entre los sectores público y privado, privilegiando la estabilidad económica y la competitividad del país.
Asimismo, la organización empresarial insistió en que las medidas deben ser diseñadas con un enfoque equilibrado, que permita alcanzar los objetivos de recaudación sin afectar de forma desmedida a los sectores generadores de empleo y crecimiento.
Reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades para preservar la estabilidad macroeconómica del país.
Sostuvo que la sostenibilidad fiscal de largo plazo requiere que «los esfuerzos extraordinarios que hoy se solicitan a los contribuyentes estén acompañados de una estrategia igualmente clara para reducir presiones estructurales sobre las finanzas públicas».
Manifestó que, reconociendo el carácter especial de las medidas planteadas, resulta igual de importante que la atención a los desafíos inmediatos no desplace de la agenda nacional las transformaciones estructurales que se requieren para continuar elevando su productividad, competitividad y capacidad de crear oportunidades.
of-am