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El triunfo de Lula en Brasil es el inicio del fin de la influencia de Trump y el control de la ultraderecha en Latinoamérica.
La reelección del mandatario brasileño representa un revés para el bolsonarismo y plantea interrogantes sobre el futuro de los gobiernos aliados de Washington, mientras crece el descontento social frente a las dificultades económicas, la inseguridad y las expectativas incumplidas.
Por Elba R. García
La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye mucho más que la continuidad de un proyecto político de izquierda en la principal economía de América Latina, cuyo triunfo representa un acontecimiento de profundas repercusiones geopolíticas, particularmente para el presidente estadounidense Donald Trump, cuya estrategia regional ha encontrado importantes aliados entre los sectores conservadores y de derecha del continente.
Lula consiguió imponerse en la segunda vuelta presidencial celebrada el 25 de octubre de 2026 frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, protagonizando una remontada electoral después de haber quedado en segundo lugar durante la primera votación, cuya victoria fue proyectada por Datafolha y confirmada por los reportes posteriores sobre el escrutinio.
Sin embargo, reducir este resultado a una confrontación entre izquierda y derecha sería desconocer las transformaciones políticas y sociales que experimenta América Latina, dado que lo ocurrido en Brasil también refleja las dificultades que enfrentan los proyectos políticos sustentados en liderazgos personalistas, discursos confrontativos y alianzas internacionales que no siempre responden a las expectativas de bienestar de sus propias poblaciones.
La derrota del candidato de Donald Trump en Brasil representa un revés para él e incluso por la estrecha relación entre el mandatario de la primera potencia del mundo y Jair Bolsonaro, además de que el expresidente brasileño en uno de los principales referentes latinoamericanos del movimiento conservador internacional.
Ambos dirigentes desarrollaron una afinidad política caracterizada por el nacionalismo, la confrontación con sectores progresistas, el cuestionamiento de determinadas instituciones y un discurso centrado en la seguridad, los valores tradicionales y la defensa de sus respectivas bases electorales, lo que llevó a Donald Trump durante los últimos anos a defender públicamente a Bolsonaro frente a distintos procesos judiciales y controversias políticas, lo que se vio como una injerencia en los asuntos internos de la nación más poderosa de Latinoamérica.
Incluso, una investigación de Reuters publicada el 24 de octubre reveló que funcionarios estadounidenses promovieron medidas de presión contra Brasil que, según fuentes consultadas, buscaban favorecer políticamente al entorno bolsonarista.
En ese contexto, la derrota de Flávio Bolsonaro constituye un golpe simbólico para la estrategia de expansión de la influencia trumpista en América Latina, aunque ello no significa que el presidente estadounidense haya perdido automáticamente su capacidad de influencia regional, pero sí demuestra que su cercanía con determinados candidatos no garantiza victorias electorales.
El resultado también confirma que la política brasileña posee dinámicas propias y que los ciudadanos no necesariamente trasladan sus simpatías hacia Estados Unidos al momento de decidir quién debe gobernar su país, lo cual sirve de espejo a otras democracias latinoamericanas.
Uno de los elementos que otorgan mayor relevancia al triunfo de Lula es el momento político que atraviesan varios países latinoamericanos, cuyos gobiernos mantienen afinidades ideológicas o relaciones cercanas con la administración estadounidense.
Argentina, Chile y Ecuador presentan escenarios distintos, pero comparten una preocupación: la distancia entre las expectativas creadas durante las campañas electorales y los resultados que una parte considerable de la ciudadanía percibe en su vida cotidiana.
En Argentina, Javier Milei llegó al poder prometiendo una transformación radical del modelo económico y del funcionamiento del Estado, cuya cercanía política con Donald Trump ha sido uno de los rasgos más visibles de su proyección internacional.
No obstante, las tensiones sociales derivadas de sus políticas económicas y el malestar de determinados sectores han afectado su valoración ciudadana por lo que su popularidad ha bajado de forma impresionante.
En Chile, José Antonio Kast enfrenta el desafío de convertir su discurso de orden, seguridad y cambio político en resultados capaces de sostener su legitimidad social, pese a que el principal cuestionamiento en estos momentos es la liberación y reducción de penas a violadores sexuales de niños.
Mientras tanto, en Ecuador, Daniel Noboa debe responder a las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la violencia, la seguridad pública y la situación económica, lo que parece llevarlo a iniciar algún tipo de persecución política a través del derecho penal de los opositores que lo enfrentan.
La encuesta regional de CB Global Data correspondiente a octubre de 2026, difundida por la agencia EFE, permite dimensionar estas dificultades, ya que en la misma Javier Miley de Argentina tiene una imagen positiva que llega al 36,1 por ciento, mientras que la negativa alcanza el 59,0 por ciento.
Por su parte, José Antonio Kast de Chile tiene una imagen positiva de un 38,8 por ciento y negativa de un 56,8 por ciento y Daniel Noboa del Ecuador tiene un 47,5 por ciento de imagen negativa y un 46,9 por ciento negativa.
Estos indicadores evidencian dificultades importantes para determinados gobiernos, lo cual podría implicar que todos los mandatarios latinoamericanos de su línea están amenazados de sufrir una derrota en una próxima contienda electoral, sumándose al fenómeno la posibilidad de que Donald Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos.
Aunque parece que tuvo algún peso la injerencia de Trump en Brasil para que Lula ganara la reelección, pero también obedece a la forma del ciudadano brasileña ver la política interna independientemente de lo que ocurre en otras partes del mundo.
Lo significativo es que una alianza internacional poderosa puede fortalecer la proyección diplomática de un gobernante, pero no sustituye su obligación de ofrecer resultados concretos a la ciudadanía.
Otro aspecto fundamental para interpretar la victoria de Lula es el sentimiento de soberanía nacional que históricamente ha acompañado a sectores importantes de la sociedad brasileña.
Brasil no es solamente el país más extenso y poblado de América del Sur. También es una potencia económica con una tradición diplomática que procura mantener márgenes de autonomía frente a las grandes potencias.
Su participación en los BRICS y sus relaciones comerciales con China, Estados Unidos, Europa y otras economías reflejan una estrategia internacional que trasciende las afinidades personales entre mandatarios.
Para determinados sectores políticos brasileños, la posibilidad de que el país adoptara una posición excesivamente alineada con Trump representaba un riesgo para esa autonomía.
Lula logró presentar su candidatura como una alternativa frente al retorno del bolsonarismo y como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir sus políticas sin subordinación a intereses extranjeros.
También intervinieron las políticas sociales, la experiencia acumulada del mandatario, las alianzas electorales, la movilización de sus seguidores y las preocupaciones de una población profundamente dividida.
Lo que sí puede sostenerse es que la derrota del candidato bolsonarista debilita una de las principales plataformas políticas desde las cuales Washington podía ampliar su afinidad ideológica en la región.
El escenario latinoamericano demuestra que las sociedades no mantienen una fidelidad permanente hacia un determinado proyecto ideológico, ya que durante las últimas décadas, distintos países han experimentado alternancias entre gobiernos progresistas, conservadores, liberales y de orientación populista.
Estos cambios responden, en buena medida, al desgaste de los gobernantes y a la frustración de una ciudadanía que reclama mejores condiciones de vida.
Los electores pueden respaldar propuestas radicales cuando consideran que los partidos tradicionales han fracasado, pero ese apoyo puede debilitarse cuando las promesas de transformación no se traducen en soluciones.
En ese sentido, el triunfo de Lula plantea una advertencia a la derecha latinoamericana: ganar unas elecciones mediante un discurso de ruptura no garantiza conservar el respaldo popular, aunque el mismo también representa una advertencia para la izquierda, en el sentido del que lo haga mal será expulsado del poder.
El mandatario brasileño enfrentó una elección extraordinariamente competitiva, lo que demuestra que su experiencia y liderazgo histórico tampoco lo eximen de responder a las demandas de seguridad, empleo, estabilidad económica y transparencia.
La lección política es más amplia: ninguna corriente ideológica tiene asegurado el respaldo ciudadano, lo que ha sido evidenciado con lo reñida de las elecciones en Brasil
Donald Trump continúa siendo una figura influyente entre numerosos dirigentes conservadores latinoamericanos, pero sin lugar a dudas que su liderazgo ha recibido un fuerte revés en los países latinoamericanos, lo cual podría profundizarse si es desplazado del control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Su posición al frente de Estados Unidos le proporciona instrumentos diplomáticos, comerciales y estratégicos que ningún otro gobernante del continente posee en la misma dimensión, pero parece que su política de injerencia y confrontación tienen un límite.
La victoria brasileña demuestra que la influencia internacional no equivale a control electoral y que un proyecto político puede no imponerse a una alternativa no cercana al trumpismo, incluso en medio de una región marcada por el avance de diversas expresiones de derecha.
También evidencia las limitaciones de interpretar las elecciones latinoamericanas exclusivamente como una extensión de las disputas políticas estadounidenses, ya que los ciudadanos votan fundamentalmente condicionados por sus propias realidades nacionales.
En Argentina pesan las expectativas económicas. En Ecuador, la inseguridad. En Chile, las demandas de orden y bienestar. En Brasil, estos factores se combinaron con una disputa sobre el rumbo democrático, institucional e internacional del país.
Para Trump, la derrota del bolsonarismo representa un revés político importante, lo que podría implicar el comienzo de un retroceso generalizado de sus aliados regionales.
Esa posibilidad dependerá de la evolución económica, social e institucional de cada nación, sobre todo que Brasil es una especie de equilibrio político continental, dado que la permanencia de Lula al frente de esta nación fortifica los espacios regionales y multilaterales.
Su gobierno ha defendido una política exterior con mayores márgenes de independencia, la cooperación entre países del sur global, el fortalecimiento del multilateralismo y la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos internacionales.
La continuidad de ese liderazgo permitirá mantener una voz latinoamericana con capacidad para discrepar de Washington en asuntos comerciales, ambientales y diplomáticos.
No obstante, Lula tendrá que gobernar una sociedad polarizada y negociar con fuerzas políticas que no necesariamente comparten sus prioridades.
Su reelección no elimina la fortaleza electoral del conservadurismo brasileño ni garantiza el predominio regional de la izquierda, ahora lo que sí establece es un contrapeso significativo frente a las aspiraciones de expansión política del trumpismo.
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el resultado de unas elecciones presidenciales, porque representa un golpe para el bolsonarismo, un revés para las aspiraciones regionales de Donald Trump y una demostración de que los procesos democráticos latinoamericanos conservan dinámicas que no pueden determinarse desde el exterior.
En momentos en que varios gobiernos enfrentan importantes niveles de rechazo ciudadano, Brasil recuerda que el verdadero poder político no reside exclusivamente en las alianzas internacionales, en la popularidad de un líder extranjero ni en la capacidad de movilizar emociones durante una campaña.
Reside, fundamentalmente, en la confianza de los ciudadanos y en la capacidad de transformar las promesas electorales en resultados.
La gran enseñanza del triunfo de Lula es que ningún liderazgo internacional puede sustituir la voluntad soberana de los pueblos. Y ningún gobierno, sea de derecha o de izquierda, puede conservar indefinidamente el apoyo ciudadano si deja de responder a sus necesidades.
La tragedia del Jet Set podría convertirse en un punto de referencia para la manera en que la justicia dominicana examine las muertes ocasionadas por el desplome de edificaciones cuyos peligros eran conocidos y no fueron corregidos, lo que ahora es un caso que tiene repercusión jurídica, económica, empresarial y social, sobre todo con la nueva calificación penal de homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual, frente a la situación de numerosas edificaciones dominicanas que podrían presentar deterioro estructural, modificaciones no supervisadas o ausencia de mantenimiento adecuado.
La decisión judicial de variar la calificación penal de homicidio involuntario a voluntario mediante la figura del dolo eventual plantea interrogantes que trascienden el proceso contra los propietarios de la discoteca.
La madrugada del 8 de abril de 2025, el desplome del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, provocó una de las mayores tragedias ocurridas en un centro de entretenimiento dominicano.
El 16 de octubre de 2026, el juez Franni González modificó la calificación jurídica de los hechos atribuidos a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, acusación que venía siendo examinada como homicidio involuntario y que ahora pasó a una calificación de homicidio voluntario sustentada en el dolo eventual.
Se trata de una decisión procesal que modifica la gravedad de la acusación y obliga a que el juicio se conozca nuevamente ante un tribunal colegiado, pero, más allá de las consecuencias para los imputados, surge una cuestión de interés nacional: ¿Qué ocurriría si otras edificaciones utilizadas por miles de dominicanos se encontraran en situaciones semejantes?
El dolo eventual en el derecho penal se presenta cuando una persona crea la posibilidad de provocar un resultado delictivo y, aun así, acepta ese riesgo al continuar con su conducta, aunque necesariamente esto no signifique que alguien desee directamente la muerte de otra persona, como lo ocurrido en la discoteca Jet Set hace ya algún tiempo.
La diferencia está en el conocimiento del peligro y en la aceptación de la posibilidad de que el resultado ocurra, pese a que haya habido advertencias técnicas serias de que el techo de un establecimiento presenta peligro de colapso como pasa en una gran cantidad de edificios del país, los cuales están llenos de objetos de alto peso, como plantas eléctricas y tinacos.
En todo caso si se produce un desplome mortal, el tribunal tendría que determinar si existió una negligencia grave o si los hechos permiten demostrar conocimiento y aceptación del resultado posible, porque no toda advertencia ignorada demuestra automáticamente dolo eventual, ya que para tales fines se exigen pruebas concretas sobre lo que sabía cada imputado y cómo se comportó frente al peligro.
La nueva calificación del caso Jet Set supone una advertencia para propietarios, administradores y responsables de establecimientos que operan en inmuebles con riesgos conocidos, ya que los responsables de edificaciones destinadas a espectáculos, actividades comerciales, viviendas, servicios educativos, atención sanitaria o de reuniones multitudinarias podrían tener mayores motivos para revisar sus condiciones estructurales.
Sin embargo, esto quiere decir que cualquier deterioro importante debe ser evaluado técnicamente y corregido oportunamente, cuya responsabilidad por el deterioro de un techo no sólo recae sobre los propietarios privados, sino también del Estado, el cual debe velar porque tragedias por esa causa no se produzcan.
La República Dominicana dispone de disposiciones sobre diseño, construcción, supervisión e inspección de edificaciones, entre las que figuran el Reglamento R-001 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras y el Reglamento R-004 para la Supervisión e Inspección de Obras.
No obstante, las medidas preventivas pueden evitar pérdidas humanas, cierres inesperados, litigios, indemnizaciones y daños patrimoniales, dado que la seguridad estructural debe ser entendida como parte del costo responsable de cualquier actividad económica y no como un gasto opcional.
En el dolo eventual entra en el debate la presunción de inocencia, cuyo cambio de calificación también enfrenta importantes desafíos jurídicos, pero que de cualquier modo los abogados defensores de los hermanos Espaillat, que es el caso que ha puesto sobre el tapete la referida figura jurídica, cuestionan la aplicación de la misma sobre la base de que no se ha demostrado la aceptación consciente de un desenlace mortal.
Desde cualquier perspectiva que sea vea, la decisión del tribunal al cambiar la calificación del caso a dolo eventual podría generar un proceso preventivo que permitiría identificar inmuebles que requieran mantenimiento, reforzamiento estructural, limitaciones de ocupación o, en situaciones extremas, clausura temporal.
Puede decirse que como la decisión judicial del caso Jet Set no ha establecido todavía la culpabilidad de los acusados, pero que sí coloca sobre la mesa una pregunta que el país no debería ignorar, ¿Cuántas tragedias podrían evitarse si las advertencias técnicas fueran tomadas en serio antes de que aparezcan las víctimas?De portada
El narcotráfico, el lavado de activos, la economia subterranea y su impacto en la sociedad en R.D.
La economía subterránea vinculada al narcotráfico representa una amenaza para la estabilidad económica, la competencia empresarial y la institucionalidad de la República Dominicana, debido a que la circulación de capitales ilícitos puede distorsionar los mercados y producir una apariencia de prosperidad que no necesariamente se corresponde con el desarrollo nacional.
Por Elba García
Mientras la República Dominicana exhibe crecimiento en sectores como el turismo, la construcción, el comercio y los servicios, existe otra realidad menos visible: la circulación de dinero procedente de actividades ilegales, especialmente del narcotráfico, que plantea una interrogante de enorme trascendencia.
¿Hasta qué punto los recursos económicos provenientes del crimen organizado están penetrando la economía dominicana y alterando las condiciones normales de inversión, competencia y desarrollo?
La preocupación no se limita al tráfico de drogas, sino también al destino de las ganancias que genera esta actividad y a los mecanismos utilizados para introducirlas en el sistema económico nacional.
Para comprender este fenómeno resulta necesario distinguir entre la economía informal, que puede desarrollar actividades lícitas sin cumplir determinadas obligaciones; la economía ilegal, que obtiene ingresos mediante delitos; y el lavado de activos, que procura ocultar el origen ilícito de los recursos.
Esta diferenciación es importante porque no toda inversión millonaria constituye lavado de activos ni toda actividad informal está relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, cuando el dinero criminal logra incorporarse a negocios aparentemente legítimos, sus consecuencias pueden alcanzar a toda la economía.
La ubicación geográfica de la República Dominicana, próxima a importantes rutas comerciales internacionales, representa una ventaja para el turismo y el intercambio de mercancías, pero también constituye un desafío frente a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Durante décadas, organismos internacionales han identificado al país como territorio de tránsito de sustancias ilícitas procedentes de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Las estadísticas oficiales permiten apreciar la dimensión de esta problemática.
Durante el año 2025, las autoridades dominicanas decomisaron 31.3 toneladas de distintas drogas en territorio nacional, cifra que ascendió a 48.3 toneladas al incluir operaciones realizadas mediante cooperación internacional, según informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Aunque estos resultados reflejan importantes operaciones de interdicción, no permiten establecer cuánto dinero procedente del narcotráfico permanece o circula dentro de la economía dominicana.
En consecuencia, la interrogante fundamental no es solamente cuánta droga atraviesa el territorio nacional, sino qué proporción de los beneficios económicos de esas operaciones logra incorporarse al mercado interno.
El narcotráfico no termina con la comercialización de sustancias prohibidas, porque las organizaciones criminales necesitan mecanismos para disponer de los recursos obtenidos y aparentar que proceden de actividades legales.
Entre los sectores considerados vulnerables al lavado de activos figuran el mercado inmobiliario, la construcción, la compraventa de vehículos, determinados establecimientos comerciales y los juegos de azar.
Esto no significa que esas actividades estén dominadas por el narcotráfico, sino que presentan características que pueden ser aprovechadas para ocultar operaciones financieras ilegales.
Una empresa que utiliza recursos ilícitos podría vender productos por debajo de sus costos, soportar pérdidas prolongadas o realizar inversiones sin depender exclusivamente de la rentabilidad comercial.
En cambio, el empresario que trabaja dentro de la legalidad necesita recuperar su inversión, pagar salarios, impuestos, electricidad, alquileres, seguridad social y demás gastos operativos.
Es precisamente aquí donde el dinero del narcotráfico puede convertirse en un instrumento de competencia desleal, capaz de desplazar negocios legítimos y alterar las reglas del mercado.
Este fenómeno adquiere especial importancia en el sector inmobiliario.
La adquisición de terrenos, apartamentos, edificios y proyectos de construcción mediante capitales ilícitos puede contribuir al incremento artificial de precios y generar presiones especulativas en determinadas zonas.
Las consecuencias recaen sobre las familias que aspiran a adquirir una vivienda y sobre los inversionistas que dependen de financiamiento legítimo.
Sin embargo, no sería correcto atribuir automáticamente el encarecimiento de los inmuebles al narcotráfico, porque también intervienen factores como los materiales de construcción, las tasas de interés, la demanda habitacional y el valor del suelo.
El problema consiste en determinar qué parte de determinadas operaciones inmobiliarias podría estar vinculada con recursos de procedencia ilegal.
¿Puede el narcotráfico influir en la economía nacional?
La respuesta es afirmativa en términos de riesgo y mecanismos económicos, aunque no existe una estimación pública verificable que permita precisar la magnitud de esa influencia en la República Dominicana.
Una economía caracterizada por importantes movimientos de divisas, inversiones, operaciones comerciales y transferencias internacionales necesita mecanismos eficaces para distinguir los recursos legítimos de aquellos provenientes de actividades criminales.
Según el Banco Central, durante los primeros nueve meses de 2026 las remesas familiares alcanzaron los 9,489.8 millones de dólares, un incremento de 6.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estos recursos constituyen ingresos legítimos que contribuyen al consumo y a la disponibilidad de divisas.
No obstante, el desafío consiste en impedir que las organizaciones criminales utilicen operaciones comerciales y financieras para encubrir movimientos de capitales ilícitos.
Tampoco existen datos suficientes para afirmar que el narcotráfico determina la estabilidad cambiaria dominicana o representa un porcentaje específico del producto interno bruto.
Lo que sí puede establecerse es que la penetración de recursos ilegales genera riesgos para la transparencia financiera, la competencia empresarial y la confianza en las instituciones.
Corrupción y debilitamiento institucional
Las consecuencias del narcotráfico trascienden la circulación de dinero.
Las organizaciones criminales pueden intentar establecer vínculos con funcionarios, autoridades y estructuras de poder para proteger sus operaciones, reducir los riesgos de persecución y facilitar el movimiento de sus recursos.
Cuando estas prácticas ocurren, el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte también en una amenaza para la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica.
La corrupción vinculada al crimen organizado puede debilitar los mecanismos de control, perjudicar la confianza de los inversionistas y favorecer la impunidad.
A esto se suman los recursos que el Estado debe destinar a combatir el tráfico de drogas, investigar delitos financieros, fortalecer la seguridad ciudadana y procesar judicialmente a los responsables.
Por consiguiente, aunque el dinero ilícito pueda generar movimientos comerciales y financiar determinadas inversiones, eso no significa que produzca desarrollo económico sostenible.
El crecimiento verdadero necesita productividad, empleos legítimos, competencia transparente, seguridad jurídica y confianza institucional.
La responsabilidad del Estado dominicano
La República Dominicana dispone de instrumentos legales para enfrentar estas actividades, entre ellos la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, el combate al narcotráfico no puede limitarse a la incautación de cargamentos de drogas.
También resulta imprescindible investigar el destino de sus ganancias, identificar a los beneficiarios reales de operaciones empresariales, perseguir los patrimonios de origen criminal y fortalecer la supervisión de los sectores vulnerables.
La Unidad de Análisis Financiero y las demás instituciones competentes desempeñan un papel fundamental en la identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Pero la efectividad de la política estatal debe medirse también por las investigaciones financieras, las condenas judiciales y la recuperación de los bienes vinculados con actividades ilícitas.
El mayor peligro para la economía dominicana no consiste únicamente en la cantidad de dinero que pueda producir el narcotráfico, sino en la capacidad de ese capital para adquirir apariencia de legalidad, alterar la competencia económica y penetrar las estructuras institucionales.
Una nación puede exhibir edificios modernos, inversiones millonarias, establecimientos comerciales y grandes movimientos financieros sin que todas esas manifestaciones representen necesariamente riqueza generada mediante actividades productivas legítimas.
De ahí que la República Dominicana enfrente un desafío que va mucho más allá de capturar narcotraficantes y decomisar sustancias prohibidas.
Se trata de impedir que el dinero procedente del crimen organizado termine convirtiéndose en un componente de la actividad económica formal y comprometa las posibilidades de desarrollo nacional.
Porque el progreso de un país no debe medirse solamente por la cantidad de dinero que circula en su economía, sino también por la legalidad de su procedencia, la transparencia de las inversiones y los beneficios que produce para la sociedad.
Y ante esta realidad surge una interrogante que las autoridades y la sociedad dominicana no deberían ignorar: ¿hasta qué punto estamos construyendo una economía sustentada en la producción y el trabajo legítimo, y cuánto espacio podría estar ocupando un capital subterráneo cuyo origen y verdadera dimensión todavía desconocemos?
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EL TRÁNSITO URBANO HOY POR HOY CONSTITUYE UNA EXPRESIÓN EN LA REPUBLICA DOMINICANA DE UN ESTADO FALLIDO.
Por Elba García
El problema del tránsito en la República Dominicna a primera vista podria parecer un asunto de movilidad, caracterizado por tapones interminables y motocicletas que circulan entre vehiculos, pero todavía peor, conductores que irrespetan los semáforos, carros estacionándose en doble fila, transporte público que se detiene en cualquier lugar y peatones obligados a disputar las calles con automóviles.
Lo preocupante del fenómeno es que se vuelve permanente, tolerado y prácticamente normal, lo cual lo convierte en un problema que deja de ser únicamente de tránsito para convertirse en una cuestión de seguridad.
Entonces, desde esta perspectiva surge una interrogante mucho más profunda: ¿Puede el desorden persistente del tránsito urbano ser una manifestación de incapacidad estatal y uno de los síntomas que permiten hablar de fragilidad o incluso de fallas del Estado?
La verdad es que el país presenta características de un “Estado fallido” cuando no está en capacidad de controlar el tránsito, el cual es definitivamente caótico, lo cual se traduce técnicamente hablando en fragilidad estatal.
Pero el análisis tiene que ser mucho más amplio y necesariamente hay que relacionarlo con la capacidad de las instituciones públicas para ejercer autoridad, prestar servicios, garantizar derechos, contener conflictos y responder a las presiones sociales, económicas y políticas.
El Fragile States Index, por ejemplo, analiza 178 países mediante 12 grandes indicadores y numerosos subindicadores para determinar cuándo las presiones que enfrenta un Estado comienzan a superar su capacidad institucional de respuesta y el tránsito ofrece una muy extraordinariamente reveladora, ya que permite medir la capacidad del Estado a simple vista mediante el tránsito vehicular.
En este contexto, debe destacarse que la primera función del Estado es proteger, una de cuyas obligaciones esenciales es garantizar seguridad, lo cual tiene un alcance mayor que perseguir delincuentes.
También supone crear condiciones mínimas para que una persona pueda trasladarse de un punto a otro sin que su vida dependa de la imprudencia de terceros, de la suerte o de la capacidad individual para defenderse dentro de un sistema desorganizado.
Por ejemplo, una avenida es un espacio público, una intersección por igual, así como una acera y quien tiene la responsabilidad última de garantizar que esos espacios puedan utilizarse de manera ordenada, segura y conforme a la ley es el Estado.
Por eso, cuando una motocicleta puede circular en vía contraria; cuando un conductor atraviesa una luz roja; cuando una acera se convierte en parqueo; cuando una parada improvisada paraliza una avenida y cuando esas conductas se reproducen diariamente sin consecuencias suficientes, el problema trasciende al ciudadano infractor.
De esa manera, la pregunta que continúa frente al problema es ¿Dónde está la capacidad coercitiva del Estado para hacer cumplir su propia norma?
Cuando la ley existe, pero no manda como la 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, amén de que también cuenta con el Intrant y la Digesett, deja claro que no hay ausencia formal de legislación ni de estructuras estatales.
Todo indica que el desafío aparece en la distancia entre tener una norma y conseguir que la misma gobierne realmente la conducta de la población, entonces se está frente a un derecho escrito, pero que no se aplica, lo que habla de la fortaleza del Estado.
Un Estado efectivo no es simplemente aquel que promulga muchas leyes, sino el que puede anticipar razonablemente que las normas sean aplicadas, lo que no ocurre en la República Dominicana, donde el transito tiene un desorden generalizado y jerarquizado.
Si una persona entiende que conducir en vía contraria, cruzar un semáforo en rojo, estacionarse sobre una acera o conducir sin determinadas condiciones de seguridad tendrá escasas probabilidades de producir una consecuencia, comienza a deteriorarse el poder disuasorio de la norma.
La violación deja entonces de percibirse como excepción y termina convirtiéndose en una dimensión delicada en materia de seguridad y en un comportamiento social normalizado.
De manera que, en determinados espacios urbanos, la circulación termina funcionando bajo una especie de negociación permanente del poder, ya que no siempre avanza quien tiene el derecho de paso, sino quien se impone como la motocicleta que crea su espacio o el transporte que ocupa el carril o el vehículo que bloquea la intersección.
Cuando la regulación formal es sustituida por la capacidad individual de imponerse, se produce una especie de privatización informal del espacio público y esa señal representa un cuestionamiento a la autoridad estatal.
Porque una de las características fundamentales de un Estado funcional es que las reglas sustituyen a la fuerza individual, ya que el ciudadano no debería imponerse para ejercer su derecho, dado que se supone que debería bastarle la existencia de una regla común.
Todo ello indica que la seguridad vial es seguridad pública y durante demasiado tiempo los siniestros de tránsito han sido tratados como un problema distinto de la seguridad ciudadana, pero morir en una calle constituye una pérdida de vida independientemente de que el responsable sea un delincuente armado o una conducta vial peligrosa.
El Banco Mundial ha advertido que la mortalidad vial dominicana se encuentra entre las más elevadas del mundo.
En un diagnóstico publicado en 2024 señaló una tasa cercana a 35 muertes por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio regional, y recomendó reforzar la fiscalización, la coordinación institucional, el control de motocicletas, la revisión técnica vehicular y el transporte público.
Este dato cambia completamente cualquier percepción, porque ya no se trata de un problema solo de tapones, sino de vidas humanas, de personas que salen de sus casas y no regresan, de familias que pierden proveedores económicos, de muchos que quedan discapacitados, de hospitales que reciben traumatismos, de productividad perdida, de recursos públicos destinados a responder a consecuencia que, en una parte importante, podrían prevenirse.
Otra pregunta que se cae de la mata es donde está el Estado cuando la infracción es generalizada y masiva
En septiembre de 2026, el INTRANT y la DIGESETT informaron que intensificarían los operativos contra motociclistas que violaban luces rojas, realizaban cruces indebidos o circulaban sin casco protector en el Gran Santo Domingo.
Las propias autoridades describieron estas conductas como factores capaces de provocar siniestros.
Anteriormente, durante los primeros meses de 2026, la DIGESETT reportó 16,386 fiscalizaciones a vehículos pesados y 1,292 retenciones por diferentes violaciones de la normativa de tránsito, lo cual parece demostrar que existe una respuesta institucional, pero que los resultados no dejan de ser desastrosos.
Independientemente de las anunciadas acciones del Estado, luce que el mismo no existe o opera con un nivel de deficiencia que lo ubica en uno fallido o no viable
Se percibe una gran diferencia entre un Estado que realiza operativos y otro que consigue establecer orden.
Otro detalle importante es el fracaso de la prevención, dado que la seguridad moderna puede depender únicamente de castigar después de ocurrida la tragedia, lo que se ubica en el contexto de la expresión popular dominicana de que el dominicano le pone candado a la casa después que le roban.
Es importante que se entienda que cuando un conductor sabe que probablemente podrá infringir una norma sin consecuencia, la prevención falla, así como también puede decirse que igual cosa ocurre cuando existen vehículos que circulan en condiciones mecánicas inadecuadas.
Si un sistema de transporte genera puntos permanentes de desorden, la prevención falla y también ocurre cuando la infraestructura constituye un riesgo
El propio Banco Mundial encontró que aproximadamente 78 % de los principales corredores evaluados en el país presentaban condiciones de infraestructura consideradas inseguras, señalando problemas relacionados con mantenimiento, señalización y calidad vial, lo que demuestra que no toda la responsabilidad del problema debe atribuirse al conductor, sino más bien a lo institucional.
Sólo puede existir un sistema seguro cuando simultáneamente hay educación, fiscalización, infraestructura, mantenimiento, señalización, tecnología, planificación urbana y consecuencias efectivas frente al incumplimiento.
Cuando una sola pieza falla, el sistema se debilita, pero cuando ocurren varias al mismo tiempo, el ciudadano comienza a percibir que no existe verdaderamente un sistema.
Un agente de tránsito no puede estar en cada esquina, pero se observa que cuando en muchas intersecciones está presente un policía, las infracciones se reducen
La verdadera capacidad institucional surge cuando la combinación de educación, vigilancia, tecnología, sanción y cultura de legalidad provoca que el ciudadano comprenda que la norma continúa existiendo, aunque no haya un agente delante.
Cuando para garantizar el cumplimiento elemental se necesita permanentemente la presencia física de la autoridad, existe un problema estructural.
El monopolio del Estado moderno consiste en su capacidad de ejercer autoridad legítima dentro de su territorio.
En términos prácticos, significa que las reglas públicas deben prevalecer sobre las decisiones particulares.
Pero cuando una calle funciona según la regla informal de “pasa quien puede”, esa autoridad comienza a diluirse.
La cuestión podria implicar que el Estado ha perdido territorialmente el control del país.
Porque cuando en determinados espacios cotidianos puede producirse una erosión de la autoridad práctica, ello indica que el pais camino mal.
Entonces se podría hablar perfectamente de un “Estado fallido”, sobre todo cuando la misma debilidad se observa de forma integral como ocurre en la República Dominicana.
La normalización del desorden es un riesgo muy peligroso, máxime cuando la sociedad se acostumbra a ella.
Cuando una sociedad se acostumbra a que los vehículos atraviesen semáforos en rojo, que las motocicletas invadan espacios peatonales, que se bloquee una intersección o que el transporte se detenga indiscriminadamente, comienza a producirse algo más profundo como es que la ilegalidad se transforma en paisaje.
Y una vez que la ilegalidad se convierte en parte normal de la vida cotidiana, recuperar autoridad resulta mucho más difícil, porque la norma deja de considerarse obligación y pasa a interpretarse como recomendación.
Ese proceso tiene consecuencias más allá del tránsito, ya que la cultura de cumplimiento —o de incumplimiento— no necesariamente permanece encerrada en una avenida, sino que puede extenderse hacia múltiples dimensiones de la vida social.
En conclusión, un Estado también se mide en un semáforo, por lo que la crisis del tránsito urbano no se debe interpretar únicamente como un problema de movilidad, sino como asunto se seguridad, de salud pública, de institucionalidad y sobre todo de autoridad, así como del alcance del Estado de derecho.
Cuando existe una legislación que constantemente debe ser recordada mediante operativos extraordinarios; cuando miles de infracciones obligan a mantener campañas permanentes de fiscalización; cuando las carreteras registran niveles extraordinariamente elevados de mortalidad y cuando el ciudadano debe competir diariamente con conductas que ponen en peligro su vida, estamos ante fallas institucionales que afectan una de las obligaciones primarias del Estado: brindar seguridad.
Porque un Estado demuestra fortaleza no solamente cuando castiga un delito grave, sino también cuando consigue que millones de personas acepten diariamente una regla sencilla:
La calle pertenece a todos y la ley está por encima de quien tenga el vehículo más grande, conduzca más rápido o esté dispuesto a imponerse.
Y quizá allí resida la reflexión más importante:
Cuando el ciudadano siente que para sobrevivir en el tránsito debe defenderse por sí mismo porque la norma no consigue protegerlo suficientemente, el problema ya no es solamente vial, sino que es una cuestión de seguridad y de capacidad del Estado.