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Demanda contra la Fuerza del Pueblo y la JCE es declarada inadmisible por el TSE

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Santo Domingo, R.D.-La demanda en referimiento de ejecución de sentencia contra el partido Fuerza del Pueblo y la Junta Central Electoral (JCE) fue declarada inadmisible por el Tribunal Superior Electoral (TSE) incoada por los señores Yohansen Miguel Mañón Martínez e Ygnacio Adalberto Espejo Ortega, al considerar que los accionantes carecen de legitimación procesal activa, porque no fueron parte del proceso que tuvo como resultado el fallo No. TSE/0200/2023.

La sentencia TSE/0200/2023 ordena en su dispositivo que el partido político Fuerza del Pueblo (FP) deposite nuevamente ante la Junta Electoral de Santo Domingo Norte la propuesta de candidaturas a regidores titulares por ese municipio, de conformidad con los resultados de la encuesta celebrada en octubre de 2023, en la que fueron seleccionadas ocho posiciones que deben ser respetadas, especialmente, con la inclusión de Luis Fermín Cruz Santos, como regidor número 6.

Mañón Martínez y Espejo Ortega depositaron el 15 de enero del 2024 la demanda en referimiento de ejecución de sentencia a través del abogado Félix Viola Medina que buscaba que la FP ejecutara la sentencia 0200/2023 y depositara nuevamente ante la Junta Electoral de Santo Domingo Norte la propuesta de candidaturas a regidores titulares.

Al ser rechazada la recusación,  el TSE ordenó la continuación de la audiencia y conoció el fondo del expediente, número 01-0019-2024 y falló en favor de la Fuerza del Pueblo. La decisión del referimiento de ejecución de sentencia fue adoptada con el voto unánime de los jueces.

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Magistrada del caso Calamar denuncia que es perseguida por un carro blanco

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Santo Domingo, R.D.-La jueza Ana Lee Florimón, quien fue recusada como jueza control de las investigaciones en contra de los implicados en el caso Calamar, denunció que está siendo sometida a una persecución y que desde que conoció el caso es seguida por un automóvil, color blanco.

La magistrada, quien subió audiencia como suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para dar a conocer un fallo reservado sobre una solicitud de prórroga, dijo que la persecución se extiende hasta un hijo que también se ha percatado de la presencia del vehículo.

Expresó en esos términos, previo a remitir el expediente del caso Calamar a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que decida si ella puede dar a conocer el fallo que tenía reservado y así darlo dos días antes de la recusación o, por el contrario, deberá conocerse de nuevo por la nueva jueza designada Franchesca Pontentini.

Manifestó que los jueces o juezas, usualmente son víctimas, porque una parte del proceso, para no hacer específicas, “tienen siempre algo, cuando la mujer es joven, se tiene que separar”.

Expresó que como no pueden atacarla por la parte profesional, se van a la parte personal, “se inventan cosas. Siempre es bueno callar, callar, hacer silencio, y demostrarlo siempre, de que el proceso va a ser un poco sensible”.

La magistrada rechazó toda solicitud y cuestionamiento que ha hecho el Ministerio Público en su contra, ya que el tribunal que dirige se ha sido caracterizado por actuar bajo las garantías del derecho.

En el caso Calamar figuran como imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Luis Miguel Piccirillo McCabe, Claudio Sílver Peña Peña, Aldo Antonio Gerbasi, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz y Ramón David Hernández.

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Coerción para hombre en Santiago acusado de comprar cédulas en las municipales

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Santiago, RD.-Presentación periódica ante Ministerio Público recibió como medida de coerción de  la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia  un hombre que fue detenido el pasado domingo mientras se realizaban las elecciones municipales por dedicarse a la compra de cédulas en Hato del Yaque en Santiago.

El órgano dictó la medida, establecida en el artículo 226, numeral 4, del Código Procesal Penal (Ley No. 76-02),, en contra del imputado Jefri Alexander La Rosa, a solicitud de la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales.

El procurador electoral Iván Féliz Vargas estableció sobre estos casos, que se están investigando distintas denuncias a nivel nacional.

Sobre el caso de La Rosa, se informó que el imputado fue detenido luego de que miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional que realizaban labores de supervisión el pasado 18 de febrero, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, en un recinto electoral del citado sector, se percataran de que llevaba consigo varias cédulas en su mano derecha.

Al notar la presencia del fiscal y el equipo policial, el imputado intentó emprender la huida, no logrando su objetivo, ya que fue detenido de inmediato, al ocupárseles once cédulas de identidad y electoral, así como una cartera que contenía la suma de ciento cincuenta pesos en efectivo y documentos de índole personal.

El Ministerio Público le ha otorgado provisionalmente al proceso la calificación jurídica que se circunscribe en los numerales 10 y 18 del artículo 316 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, que tipifican: Actos de Gestión Electoral el día de las elecciones, Compra o Venta de Cédulas de Identidad y Electoral, en perjuicio del Estado dominicano.

En el transcurso de las pesquisas los fiscales electorales han reunido evidencias documentales, testimoniales, materiales e ilustrativas que vinculan a Jefri Alexander La Rosa con los hechos que se les imputan.

En un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca que continúa profundizando las investigaciones en torno al caso de Jefri Alexander La Rosa.

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Red de Micky López recibe golpe de las autoridades.

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Santo Domingo, R.D.-Varias incautaciones hicieron las autoridades de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega durante operativos realizados  en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la presunta red de narcotráfico y lavado de activos que supuestamente dirigía Miguel Arturo López Florencio, conocido como Micky López.

En una nota de prensa la entidad persecutoria indicó que la investigación financiera ha determinado que Manuel Antonio Inoa y María Cepeda fungieron como testaferros al aparentar ser socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupu SRL, dando todo el poder a Miguel Arturo López Florencio (Micky López) para la realización de transferencias y compra y venta de bienes muebles e inmuebles.

De igual manera, la investigación ha comprobado que la actual diputada Rosa Amalia Pilarte, también procesada, vendió entre 13 y 15 propiedades a sus cuñados, los socios de la mencionada empresa.

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