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Tribunal Electoral dice órganos electorales deben ganarse la confianza
Román Jáquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), consideró que lograr la confianza es uno de los grandes desafíos que tienen los órganos electorales, pero que el juez no debe ser “timorato y debe fallar en dignidad y apegado a la Constitución”.
El magistrado, durante su discurso de rendición de cuentas en ocasión del octavo aniversario de la Alta Corte, sostuvo que en la jurisdicción electoral, como debe dar respuesta a conflictos políticos partidarios a través del derecho, el que pierde desacredita la jurisdicción.
“La jurisdicción electoral tiene el delicado compromiso de dar solución jurídica a problemas políticos partidistas. Entonces, cuando la jurisdicción electoral soluciona en derecho el enrevesado partidista, por idiosincrasia, el que pierde, en su interés, ve la política en la aplicación del derecho, y lo desacredita. Este Tribunal Superior Electoral es firme en mirar números de expedientes al momento de fallar y aplicar el derecho, pues, como debe ser, ‘aquí el que lleva el derecho es quien se lleva el voto”, manifestó.
Llamó a la sociedad política a entender que aquellos caminos al “margen de los principios democráticos, aquellos caminos torcidos de antaño, sin derechos”, deben ser encauzados y alineados por las vías de la democracia.
“El juez no debe ser timorato, debe fallar en dignidad, apegado a la Constitución, al principio de legalidad, a los valores democráticos, a los principios de integridad, apegado con firmeza a su carácter y absorto a lo malsano, pues, en ninguna norma, en ningún texto constitucional, en ningún texto legal, en ninguna jurisprudencia como fuente del derecho, como base para el juzgamiento de lo contencioso electoral o de cualquier área jurisdiccional he leído la palabra temor”, acotó enérgicamente.
El presidente del TSE adujo que las leyes electorales, 33-18, de Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, han establecido ocho fases que impactan la jurisdicción electoral, “pues los conflictos contenciosos electorales se presentan ineludiblemente en cada una de ellas”.
Primero a la etapa de las preprimarias, convenciones y otros métodos de elección de candidaturas; segundo, a la de postprimarias; preelecciones municipales; cuarto, postelecciones municipales; quinto, preelecciones congresuales y presidenciales; sexto, postelecciones congresuales y presidenciales; séptimo, pre posible segunda vuelta; y octavo, postposible segunda vuelta.
“Sin dudas, este es un proceso electoral impregnado por un formato con características inéditas y nunca antes vistas en nuestra historia democrática”, dijo en la audiencia solemne que se efectuó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia donde además estuvo acompañado por los jueces titulares del TSE, Rafaelina Peralta, Ramón Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa.
Jáquez Liranzo subrayó además, que en las elecciones generales de 2016 el TSE conoció y emitió 639 sentencias con ocasión de los conflictos electorales surgidos durante todo el año. Sin embargo, solamente en este año preelectoral 2019, en las fases pre y postprimarias simultáneas y de la fase preelecciones municipales, se recibieron 441 expedientes, equivalentes al 70% de lo que se recibió en el 2016.
Añadió que, faltando cinco fases (dos de ellas condicionadas) y con la aplicación del voto preferencial, la proyección de casos contenciosos electorales para el 2020, pronostica un significativo aumento que hace complejo el trabajo de la jurisdicción electoral, “esto al margen de los casos penales electorales que puedan llegar impactará inevitablemente en necesidades pecuniarias”.
Con relación a la etapa previa a las elecciones, el TSE recibió, desde el 16 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020, 250 recursos de apelaciones y 21 acciones de amparos relativas a la admisión o rechazo de candidaturas por parte de 96 de las 158 Juntas Electorales a nivel nacional.
El tribunal ha deliberado y fallado más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias.
El juez presidente aprovechó el escenario para explicar cómo han transcurrido los días desde que venció el plazo de las juntas electorales para la inscripción de candidaturas el pasado 11 de diciembre.
“Sepa la sociedad dominicana que, desde el 18 de diciembre del año pasado al día de hoy, 16 de enero de 2020, han transcurrido apenas 14 días hábiles como consecuencia de los días feriados de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, a lo que se suma el acostumbrado receso de las jurisdicciones ordinarias por dichas festividades que impactan aspectos tan fundamentales como las notificaciones de los autos a través de los alguaciles. A pesar de ello, este Tribunal ha deliberado y fallado al día de hoy más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias, y reitera, el compromiso de que esta semana terminará de deliberar y notificará el 100% de los casos. Esto ha implicado fijar audiencias y deliberar sábados y domingos ¿Qué jurisdicción resuelve, con las complejidades de los casos contenciosos electorales, 250 recursos de apelación en tan solo 14 días hábiles?”, expresó.
Subrayó, en ese sentido, la necesidad de capacitar en materia contenciosa electoral a los miembros y suplentes de las 158 juntas electorales, a los fines de que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias en su función de jueces electorales de primer grado para el proceso que se avecina.
“En la medida que tenemos juntas electorales capacitadas en lo contencioso electoral, los procesos democráticos adquieren mayor seguridad, certidumbre y fluidez, garantizado con ello principios fundamentales como el de la participación que constituye la espina dorsal de cualquier democracia”, añadió.
El magistrado reiteró la urgencia de que inicie el funcionamiento de la Procuraduría Especializada en Asuntos Electorales pues “es el motor de arranque” para juzgar los delitos electorales”.
“En la República Dominicana, históricamente, no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral. La importancia del Ministerio Público en lo electoral es fundamental, pues es el motor de arranque; es el actor procesal que impulsa la acción en procura de que opere el sistema de consecuencias negativas para que los jueces electorales puedan valorar las pruebas, en sana crítica, y condenar o absolver a la persona acusada de un delito o crimen electoral”, apuntó.
Puntualizó que las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso electoral y el sistema debe estar preparado para que los delitos y crímenes electorales no queden impunes.
En ese aspecto, recalcó que esa jurisdicción necesita los recursos económicos para operar efectivamente en la materia penal electoral.
El TSE solicitó una asignación presupuestaria de mil cuarenta millones de pesos para este año, sin embargo le fue concedido 600 millones, el mismo monto del año pasado.
“Por eso se hace necesario que esta jurisdicción obtenga las condiciones económicas que le permitan materializar toda una estructura procesal penal electoral, con un juez de atención permanente, un centro de citaciones, un cuerpo de seguridad especializado, una infraestructura independiente a la contenciosa electoral, y una formación transversal que impacte a los actores del sistema”, agregó.
Sobre la jurisprudencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional electoral, señaló casos que las leyes electorales trajeron consigo conflictos en aspectos que antes nunca habían sido juzgados.
“Uno de esos casos que impactaron el sistema electoral en beneficio de los derechos de la mujer, fue el de la sentencia TSE085-2019 del 30 de octubre de 2019, relativa a la aplicación de la proporción de género en las candidaturas, en la cual el TSE estableció que la proporción debe ser garantizada no de la propuesta nacional, sino en cada demarcación electoral donde los partidos presentarán candidaturas plurinominales, es decir, diputados, regidores y vocales”.
Asimismo recordó la sentencia TSE027-2019, donde el Tribunal estableció que las reservas de candidaturas se utilizan para alianzas, así como para las cuotas de género y la cuota de la juventud, y que las reservas del 20% corresponde al total de las candidaturas por los puestos de elección.
Jáquez Liranzo informó que pasado los procesos electorales, someterá un anteproyecto de ley que reivindique la competencia que tiene esa corte. “La disgregación en otras jurisdicciones de una competencia que es propia de esta alta corte, lo cual se traduce en incertidumbre e inseguridad jurídica para aquellas personas que pretenden conseguir la tutela de sus derechos políticos yacen confundidos en las direcciones de distintos tribunales”.
Nacionales
Ministerio público dice hermanos Espaillat mostraron “una inmensa irresponsabilidad en el Jet Set
SANTO DOMINGO.– El propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, conjuntamente con su hermana, Maribel Espaillat, fueron apresados este jueves, quienes son investigados por el delito de homicidio involuntario, que conlleva una condena de tres meses a dos años de cárcel.
Ambos imputados mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del centro de diversión colapsara, como finalmente sucedió, provocando 236 muertos y más de 180 heridos.
Los hermanos Espaillat fueron arrestados tras ser interrogados por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el procurador adjunto Wilson Camacho, quien los citó a su despacho. Los investigados serán presentados ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para que se le conozcan medidas de coerción.
La orden de arresto gestionada por Camacho ante Fátima Scarlette Veloz Suárez, jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, explica que ambos investigados cometieron homicidio involuntario, conforme al Artículo 319 del Código Penal Domincano.
El documento explica que los dos “mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia, al no hacer lo necesario para que el techo del Jet Set Club fuera intervenido de manera adecuada y especializada para poder evitar una tragedia que cobrara vida del público y de sus empleados que confiaban en la supuesta seguridad del lugar, como finalmente ocurrió”.
El documento alude también a movimientos realizados por los imputados para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca Jet Set Club, y que pueden fungir como testigos en este proceso.
Santo Domingo, R.D. – Como parte de la investigación sobre la tragedia en el Jet Set el Ministerio Público arrestó este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, cuyo techo colapsó el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 234 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Espaillat y su hermana llegaron la tarde de este jueves a la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado Miguel Valerio y un seguridad. Según el abogado, la familia Espaillat está abierta a cooperar en la investigación.
La visita de Espaillat ante el Ministerio Público ocurrió luego de que se entregara el informe oficial realizado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) sobre las causas del desplome de techo del Jet Set, que ha dejado más de 230 fallecidos.
El informe de ONESVIE está en manos del director de Persecución de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho.
Una fuente reveló a Noticias SIN que los hallazgos de la investigación son comprometedores y desfavorables para los propietarios del establecimiento.
Espaillat fue interrogado este miércoles en la sede de la Procuraduría General de la República por unas cuatro horas, en el marco de la investigación por el colapso del techo del establecimiento ocurrido el pasado 8 de abril.
El Ministerio Público había solicitado una orden de arresto en su contra, la cual fue emitida por un juez de instrucción, como parte del proceso judicial que busca establecer responsabilidades penales y civiles por el fatídico evento.
La acción judicial se produce en el marco de las múltiples querellas presentadas por familiares de las víctimas, así como por los informes técnicos preliminares que apuntan a fallos estructurales y presuntas negligencias administrativas.
Además de la orden de arresto, el Ministerio Público ha inmovilizado bienes vinculados a Espaillat y a la razón social Inversiones E y L, S.R.L., bajo la cual operaba la discoteca Jet Set, con el objetivo de evitar el traspaso de activos que puedan comprometer el cumplimiento de futuras sentencias o indemnizaciones.
Las autoridades también han dispuesto medidas cautelares sobre el inmueble donde operaba el centro nocturno, mientras continúan las investigaciones estructurales, administrativas y penales del caso.
Espaillat había manifestado previamente su disposición de colaborar con las autoridades. Sin embargo, el avance de las diligencias judiciales y la magnitud de las consecuencias del colapso llevaron al Ministerio Público a ejecutar la orden de arresto en las últimas horas.
El caso continúa en desarrollo y se espera que en los próximos días el Ministerio Público presente formalmente la solicitud de medida de coerción ante un tribunal competente.
Empleado habría advertido a Espaillat sobre desplome
El empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto.
Una fuente dijo a Noticias SIN que el empleado Gregory Adames, quien era el encargado de logística operativa del establecimiento, dijo a los investigadores de la Fiscalía que advirtió a Espaillat de que algo grave podía pasar en el Jet Set y que sus reclamos no fueron escuchados.
La fuente explicó a Noticias SIN que el empleado le sugirió a Espaillat que cancelara la presentación del pasado 8 de abril de 2025 del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la tragedia, por lo serio del asunto. El pedido no fue escuchado
Adames fue a trabajar y por poco se salvó de ser una de las más de 230 víctimas fallecidas en el siniestro.
Según confirmó la fuente a Noticias SIN, el joven llamó por teléfono a Antonio Espaillat inmediatamente después del desplome para informarle de la tragedia.
«Te lo dije Antonio, que esto se iba a derrumbar», fueron las palabras del empleado del centro nocturno, quien salió ensangrentado de los escombros tras recibir un golpe en la cabeza de un pedazo de concreto.
El Ministerio Público interrogó a Adames como un testigo clave. Según sus abogados, el empleado entregó pruebas en las que advertía a Antonio Espaillat sobre el deterioro de la infraestructura de la discoteca Jet Set.
El jurista Plinio Pina explicó que su cliente entregó pruebas en la que le advertía al empresario sobre lo deteriorada que estaba la infraestructura.
Abogados de las víctimas
De acuerdo con algunos abogados de las familias de las víctimas del Jet Set, el informe preliminar depositado por ONESVIE, tiene buenas expectativas.
Los juristas coinciden en que este informe técnico debe ser determinante para establecer responsabilidades claras. Asimismo, aseguran que, si se confirma una falla estructural como origen del colapso, el Estado está obligado a dar una respuesta firme, rápida y sin privilegios.
Desde el punto de vista legal, algunos de los abogados reiteran que no se trata de homicidio involuntario, sino de una responsabilidad civil.
Distrito Nacional, R.D. – Los propietarios del Jet Set fueron arrestados por el Ministerio Público este jueves acusados formalmente de homicidio involuntario, tras el colapso del techo del centro nocturno que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos.
Según la orden de arresto gestionada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, ambos imputados incurrieron en una «grave negligencia e irresponsabilidad» al no tomar las medidas necesarias para reforzar la estructura del techo del establecimiento, a pesar de conocer su estado crítico. El documento señala que los hermanos omitieron “una intervención física adecuada y especializada” que podría haber evitado la tragedia.
La imputación se fundamenta en el Artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario derivado de actos de imprudencia o descuido.
Además, el Ministerio Público acusa a los hermanos Espaillat de haber realizado movimientos dirigidos a intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., responsable de la operación del Jet Set Club.
Ambos detenidos fueron interrogados previamente en la sede del Ministerio Público y serán presentados en las próximas horas ante el juez de atención permanente del Distrito Nacional para conocer las medidas de coerción correspondientes.