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Tribunal Electoral dice órganos electorales deben ganarse la confianza
Román Jáquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), consideró que lograr la confianza es uno de los grandes desafíos que tienen los órganos electorales, pero que el juez no debe ser “timorato y debe fallar en dignidad y apegado a la Constitución”.
El magistrado, durante su discurso de rendición de cuentas en ocasión del octavo aniversario de la Alta Corte, sostuvo que en la jurisdicción electoral, como debe dar respuesta a conflictos políticos partidarios a través del derecho, el que pierde desacredita la jurisdicción.
“La jurisdicción electoral tiene el delicado compromiso de dar solución jurídica a problemas políticos partidistas. Entonces, cuando la jurisdicción electoral soluciona en derecho el enrevesado partidista, por idiosincrasia, el que pierde, en su interés, ve la política en la aplicación del derecho, y lo desacredita. Este Tribunal Superior Electoral es firme en mirar números de expedientes al momento de fallar y aplicar el derecho, pues, como debe ser, ‘aquí el que lleva el derecho es quien se lleva el voto”, manifestó.
Llamó a la sociedad política a entender que aquellos caminos al “margen de los principios democráticos, aquellos caminos torcidos de antaño, sin derechos”, deben ser encauzados y alineados por las vías de la democracia.
“El juez no debe ser timorato, debe fallar en dignidad, apegado a la Constitución, al principio de legalidad, a los valores democráticos, a los principios de integridad, apegado con firmeza a su carácter y absorto a lo malsano, pues, en ninguna norma, en ningún texto constitucional, en ningún texto legal, en ninguna jurisprudencia como fuente del derecho, como base para el juzgamiento de lo contencioso electoral o de cualquier área jurisdiccional he leído la palabra temor”, acotó enérgicamente.
El presidente del TSE adujo que las leyes electorales, 33-18, de Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, han establecido ocho fases que impactan la jurisdicción electoral, “pues los conflictos contenciosos electorales se presentan ineludiblemente en cada una de ellas”.
Primero a la etapa de las preprimarias, convenciones y otros métodos de elección de candidaturas; segundo, a la de postprimarias; preelecciones municipales; cuarto, postelecciones municipales; quinto, preelecciones congresuales y presidenciales; sexto, postelecciones congresuales y presidenciales; séptimo, pre posible segunda vuelta; y octavo, postposible segunda vuelta.
“Sin dudas, este es un proceso electoral impregnado por un formato con características inéditas y nunca antes vistas en nuestra historia democrática”, dijo en la audiencia solemne que se efectuó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia donde además estuvo acompañado por los jueces titulares del TSE, Rafaelina Peralta, Ramón Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa.
Jáquez Liranzo subrayó además, que en las elecciones generales de 2016 el TSE conoció y emitió 639 sentencias con ocasión de los conflictos electorales surgidos durante todo el año. Sin embargo, solamente en este año preelectoral 2019, en las fases pre y postprimarias simultáneas y de la fase preelecciones municipales, se recibieron 441 expedientes, equivalentes al 70% de lo que se recibió en el 2016.
Añadió que, faltando cinco fases (dos de ellas condicionadas) y con la aplicación del voto preferencial, la proyección de casos contenciosos electorales para el 2020, pronostica un significativo aumento que hace complejo el trabajo de la jurisdicción electoral, “esto al margen de los casos penales electorales que puedan llegar impactará inevitablemente en necesidades pecuniarias”.
Con relación a la etapa previa a las elecciones, el TSE recibió, desde el 16 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020, 250 recursos de apelaciones y 21 acciones de amparos relativas a la admisión o rechazo de candidaturas por parte de 96 de las 158 Juntas Electorales a nivel nacional.
El tribunal ha deliberado y fallado más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias.
El juez presidente aprovechó el escenario para explicar cómo han transcurrido los días desde que venció el plazo de las juntas electorales para la inscripción de candidaturas el pasado 11 de diciembre.
“Sepa la sociedad dominicana que, desde el 18 de diciembre del año pasado al día de hoy, 16 de enero de 2020, han transcurrido apenas 14 días hábiles como consecuencia de los días feriados de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, a lo que se suma el acostumbrado receso de las jurisdicciones ordinarias por dichas festividades que impactan aspectos tan fundamentales como las notificaciones de los autos a través de los alguaciles. A pesar de ello, este Tribunal ha deliberado y fallado al día de hoy más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias, y reitera, el compromiso de que esta semana terminará de deliberar y notificará el 100% de los casos. Esto ha implicado fijar audiencias y deliberar sábados y domingos ¿Qué jurisdicción resuelve, con las complejidades de los casos contenciosos electorales, 250 recursos de apelación en tan solo 14 días hábiles?”, expresó.
Subrayó, en ese sentido, la necesidad de capacitar en materia contenciosa electoral a los miembros y suplentes de las 158 juntas electorales, a los fines de que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias en su función de jueces electorales de primer grado para el proceso que se avecina.
“En la medida que tenemos juntas electorales capacitadas en lo contencioso electoral, los procesos democráticos adquieren mayor seguridad, certidumbre y fluidez, garantizado con ello principios fundamentales como el de la participación que constituye la espina dorsal de cualquier democracia”, añadió.
El magistrado reiteró la urgencia de que inicie el funcionamiento de la Procuraduría Especializada en Asuntos Electorales pues “es el motor de arranque” para juzgar los delitos electorales”.
“En la República Dominicana, históricamente, no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral. La importancia del Ministerio Público en lo electoral es fundamental, pues es el motor de arranque; es el actor procesal que impulsa la acción en procura de que opere el sistema de consecuencias negativas para que los jueces electorales puedan valorar las pruebas, en sana crítica, y condenar o absolver a la persona acusada de un delito o crimen electoral”, apuntó.
Puntualizó que las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso electoral y el sistema debe estar preparado para que los delitos y crímenes electorales no queden impunes.
En ese aspecto, recalcó que esa jurisdicción necesita los recursos económicos para operar efectivamente en la materia penal electoral.
El TSE solicitó una asignación presupuestaria de mil cuarenta millones de pesos para este año, sin embargo le fue concedido 600 millones, el mismo monto del año pasado.
“Por eso se hace necesario que esta jurisdicción obtenga las condiciones económicas que le permitan materializar toda una estructura procesal penal electoral, con un juez de atención permanente, un centro de citaciones, un cuerpo de seguridad especializado, una infraestructura independiente a la contenciosa electoral, y una formación transversal que impacte a los actores del sistema”, agregó.
Sobre la jurisprudencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional electoral, señaló casos que las leyes electorales trajeron consigo conflictos en aspectos que antes nunca habían sido juzgados.
“Uno de esos casos que impactaron el sistema electoral en beneficio de los derechos de la mujer, fue el de la sentencia TSE085-2019 del 30 de octubre de 2019, relativa a la aplicación de la proporción de género en las candidaturas, en la cual el TSE estableció que la proporción debe ser garantizada no de la propuesta nacional, sino en cada demarcación electoral donde los partidos presentarán candidaturas plurinominales, es decir, diputados, regidores y vocales”.
Asimismo recordó la sentencia TSE027-2019, donde el Tribunal estableció que las reservas de candidaturas se utilizan para alianzas, así como para las cuotas de género y la cuota de la juventud, y que las reservas del 20% corresponde al total de las candidaturas por los puestos de elección.
Jáquez Liranzo informó que pasado los procesos electorales, someterá un anteproyecto de ley que reivindique la competencia que tiene esa corte. “La disgregación en otras jurisdicciones de una competencia que es propia de esta alta corte, lo cual se traduce en incertidumbre e inseguridad jurídica para aquellas personas que pretenden conseguir la tutela de sus derechos políticos yacen confundidos en las direcciones de distintos tribunales”.
Santo Domingo, R.D.-El gobierno dominicano a través de La Dirección General de Migración informó este domingo que en los primeros 17 días de este mes de octubre ha reconducido a Haití a 23,535 migrantes haitianos, «en promedio, 1,384 personas por día».
De acuerdo con información suministrada por el organismo a Diario Libre, de esa cantidad 15,488 corresponden a los migrantes deportados tras ser detenidos durante los operativos de los agentes migratorios desplegados en el país con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), la Policía Nacional y el Ministerio Público.
A su vez, los 8,047 restantes son repatriaciones de aquellos nacionales que voluntariamente han decidido retornar a su país.
Desde el 3 de octubre, Migración tiene una meta de deportar hasta 10 mil migrantes haitianos semanales.
- Entre los días 1 y 2 de octubre recondujo 1,960 haitianos. El Gobierno dominicano ha dicho que la entrada masiva de haitianos sin aval legal para estar en el país representa una presión insostenible en los servicios públicos.
Queja haitiana ante la comunidad internacional
En estos 14 días de operativos, la medida ha sido criticada por las autoridades haitianas y la queja ha sido llevada a diferentes foros internacionales. Y el pasado lunes, el Gobierno del vecino país condenó las «las deportaciones masivas y discriminatorias de haitianos e incluso de ciertos extranjeros por parte de la República Dominicana sin respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana y esto en un contexto de creciente xenofobia».
Los haitianos escenificaron el jueves una protesta en el Centro Vacacional de Haina, alegando que pasan hambre y que las condiciones no son óptimas. Según Migración, la revuelta inició porque estos imploraban su deportación inmediata.
En medio de estas críticas, el Gobierno dominicano y Migración, de manera particular, ha garantizado que respeta los derechos humanos de los migrantes, siguiendo el protocolo de depuración y tratamiento para los fines. Instalaron una unidad móvil de los Comedores Económicos para dotar de alimentos a los migrantes en lo que dura su estadía en ese centro de acogida.
El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores tildó de «acoso internacional«, lo que las autoridades haitianas están haciendo en contra de la República Dominicana ante la comunidad internacional. Emitió una nota diplomática defendiendo nueva vez la política migratoria del país que el propio Gobierno haitiano reconoció en el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación firmado por ambos países en 1999.
Lamentó que el gobierno haitiano en vez de concentrarse en enfrentar la crisis que atraviesa se haya dedicado a «acosar» a la República Dominicana.
«Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano», añadió el Mirex en un comunicado enviado a los medios.
Santo Domingo.- Las autoridades nacionales a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas (DGA) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), coordinados por el Ministerio Público, incautaron 62 paquetes, presumiblemente de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.
Las unidades actuantes, tras recibir informes de inteligencia y asistidos por unidades caninas, realizaron un operativo de inspección en una de las áreas de depósitos de contenedores de la terminal.
A través de una máquina de rayos X, detectaron imágenes distorsionadas en el interior de uno de los contenedores.
Siguiendo el protocolo establecido, las autoridades iniciaron un proceso de verificación más riguroso, logrando descubrir un doble fondo en el piso del contenedor, donde se confiscaron los 62 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.
“El contenedor, utilizado para el transporte aéreo de mercancías, equipajes y correo, sería enviado a Bruselas desde la terminal de Punta Cana”, señala el comunicado de la agencia antidrogas.
El Ministerio Público y la DNCD están profundizando las investigaciones sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras continúan reforzando las labores de interdicción en las terminales aéreas y portuarias del país.
Los 62 paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Santo Domingo, R.D.-Este martes 22 de octubre los dominicanos tienen que renovar el marbete, según lo informó la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuyo impuesto de circulación vehicular será para el período 2024-2025.
La DGII dijo que los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior, es decir, que para los vehículos fabricados hasta el año 2019 el monto es de RD$1,500.00. Para los vehículos fabricados del año 2020 en adelante sonRD$3,000.00.
Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Monte Cristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero de 2025.
Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o la aplicación móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.
Sanciones
La entidad destacó que se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido. Para los vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025 deben pagar un monto de recargo de RD$2,000.00. A vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 son RD$2,100.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa.
Para los vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores son RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa.
Con esto la DGII busca una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00.