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Tribunal Electoral dice órganos electorales deben ganarse la confianza
Román Jáquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), consideró que lograr la confianza es uno de los grandes desafíos que tienen los órganos electorales, pero que el juez no debe ser “timorato y debe fallar en dignidad y apegado a la Constitución”.
El magistrado, durante su discurso de rendición de cuentas en ocasión del octavo aniversario de la Alta Corte, sostuvo que en la jurisdicción electoral, como debe dar respuesta a conflictos políticos partidarios a través del derecho, el que pierde desacredita la jurisdicción.
“La jurisdicción electoral tiene el delicado compromiso de dar solución jurídica a problemas políticos partidistas. Entonces, cuando la jurisdicción electoral soluciona en derecho el enrevesado partidista, por idiosincrasia, el que pierde, en su interés, ve la política en la aplicación del derecho, y lo desacredita. Este Tribunal Superior Electoral es firme en mirar números de expedientes al momento de fallar y aplicar el derecho, pues, como debe ser, ‘aquí el que lleva el derecho es quien se lleva el voto”, manifestó.
Llamó a la sociedad política a entender que aquellos caminos al “margen de los principios democráticos, aquellos caminos torcidos de antaño, sin derechos”, deben ser encauzados y alineados por las vías de la democracia.
“El juez no debe ser timorato, debe fallar en dignidad, apegado a la Constitución, al principio de legalidad, a los valores democráticos, a los principios de integridad, apegado con firmeza a su carácter y absorto a lo malsano, pues, en ninguna norma, en ningún texto constitucional, en ningún texto legal, en ninguna jurisprudencia como fuente del derecho, como base para el juzgamiento de lo contencioso electoral o de cualquier área jurisdiccional he leído la palabra temor”, acotó enérgicamente.
El presidente del TSE adujo que las leyes electorales, 33-18, de Partidos Políticos, y 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, han establecido ocho fases que impactan la jurisdicción electoral, “pues los conflictos contenciosos electorales se presentan ineludiblemente en cada una de ellas”.
Primero a la etapa de las preprimarias, convenciones y otros métodos de elección de candidaturas; segundo, a la de postprimarias; preelecciones municipales; cuarto, postelecciones municipales; quinto, preelecciones congresuales y presidenciales; sexto, postelecciones congresuales y presidenciales; séptimo, pre posible segunda vuelta; y octavo, postposible segunda vuelta.
“Sin dudas, este es un proceso electoral impregnado por un formato con características inéditas y nunca antes vistas en nuestra historia democrática”, dijo en la audiencia solemne que se efectuó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia donde además estuvo acompañado por los jueces titulares del TSE, Rafaelina Peralta, Ramón Madera Arias, Cristian Perdomo y Santiago Sosa.
Jáquez Liranzo subrayó además, que en las elecciones generales de 2016 el TSE conoció y emitió 639 sentencias con ocasión de los conflictos electorales surgidos durante todo el año. Sin embargo, solamente en este año preelectoral 2019, en las fases pre y postprimarias simultáneas y de la fase preelecciones municipales, se recibieron 441 expedientes, equivalentes al 70% de lo que se recibió en el 2016.
Añadió que, faltando cinco fases (dos de ellas condicionadas) y con la aplicación del voto preferencial, la proyección de casos contenciosos electorales para el 2020, pronostica un significativo aumento que hace complejo el trabajo de la jurisdicción electoral, “esto al margen de los casos penales electorales que puedan llegar impactará inevitablemente en necesidades pecuniarias”.
Con relación a la etapa previa a las elecciones, el TSE recibió, desde el 16 de diciembre de 2019 al 9 de enero de 2020, 250 recursos de apelaciones y 21 acciones de amparos relativas a la admisión o rechazo de candidaturas por parte de 96 de las 158 Juntas Electorales a nivel nacional.
El tribunal ha deliberado y fallado más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias.
El juez presidente aprovechó el escenario para explicar cómo han transcurrido los días desde que venció el plazo de las juntas electorales para la inscripción de candidaturas el pasado 11 de diciembre.
“Sepa la sociedad dominicana que, desde el 18 de diciembre del año pasado al día de hoy, 16 de enero de 2020, han transcurrido apenas 14 días hábiles como consecuencia de los días feriados de Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos, a lo que se suma el acostumbrado receso de las jurisdicciones ordinarias por dichas festividades que impactan aspectos tan fundamentales como las notificaciones de los autos a través de los alguaciles. A pesar de ello, este Tribunal ha deliberado y fallado al día de hoy más del 90% de los 250 casos y ha notificado más del 65% de esas sentencias, y reitera, el compromiso de que esta semana terminará de deliberar y notificará el 100% de los casos. Esto ha implicado fijar audiencias y deliberar sábados y domingos ¿Qué jurisdicción resuelve, con las complejidades de los casos contenciosos electorales, 250 recursos de apelación en tan solo 14 días hábiles?”, expresó.
Subrayó, en ese sentido, la necesidad de capacitar en materia contenciosa electoral a los miembros y suplentes de las 158 juntas electorales, a los fines de que puedan contar con los conocimientos y herramientas necesarias en su función de jueces electorales de primer grado para el proceso que se avecina.
“En la medida que tenemos juntas electorales capacitadas en lo contencioso electoral, los procesos democráticos adquieren mayor seguridad, certidumbre y fluidez, garantizado con ello principios fundamentales como el de la participación que constituye la espina dorsal de cualquier democracia”, añadió.
El magistrado reiteró la urgencia de que inicie el funcionamiento de la Procuraduría Especializada en Asuntos Electorales pues “es el motor de arranque” para juzgar los delitos electorales”.
“En la República Dominicana, históricamente, no existen antecedentes de ninguna condena penal por violación a la norma electoral. La importancia del Ministerio Público en lo electoral es fundamental, pues es el motor de arranque; es el actor procesal que impulsa la acción en procura de que opere el sistema de consecuencias negativas para que los jueces electorales puedan valorar las pruebas, en sana crítica, y condenar o absolver a la persona acusada de un delito o crimen electoral”, apuntó.
Puntualizó que las infracciones electorales pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso electoral y el sistema debe estar preparado para que los delitos y crímenes electorales no queden impunes.
En ese aspecto, recalcó que esa jurisdicción necesita los recursos económicos para operar efectivamente en la materia penal electoral.
El TSE solicitó una asignación presupuestaria de mil cuarenta millones de pesos para este año, sin embargo le fue concedido 600 millones, el mismo monto del año pasado.
“Por eso se hace necesario que esta jurisdicción obtenga las condiciones económicas que le permitan materializar toda una estructura procesal penal electoral, con un juez de atención permanente, un centro de citaciones, un cuerpo de seguridad especializado, una infraestructura independiente a la contenciosa electoral, y una formación transversal que impacte a los actores del sistema”, agregó.
Sobre la jurisprudencia dictada por el máximo órgano jurisdiccional electoral, señaló casos que las leyes electorales trajeron consigo conflictos en aspectos que antes nunca habían sido juzgados.
“Uno de esos casos que impactaron el sistema electoral en beneficio de los derechos de la mujer, fue el de la sentencia TSE085-2019 del 30 de octubre de 2019, relativa a la aplicación de la proporción de género en las candidaturas, en la cual el TSE estableció que la proporción debe ser garantizada no de la propuesta nacional, sino en cada demarcación electoral donde los partidos presentarán candidaturas plurinominales, es decir, diputados, regidores y vocales”.
Asimismo recordó la sentencia TSE027-2019, donde el Tribunal estableció que las reservas de candidaturas se utilizan para alianzas, así como para las cuotas de género y la cuota de la juventud, y que las reservas del 20% corresponde al total de las candidaturas por los puestos de elección.
Jáquez Liranzo informó que pasado los procesos electorales, someterá un anteproyecto de ley que reivindique la competencia que tiene esa corte. “La disgregación en otras jurisdicciones de una competencia que es propia de esta alta corte, lo cual se traduce en incertidumbre e inseguridad jurídica para aquellas personas que pretenden conseguir la tutela de sus derechos políticos yacen confundidos en las direcciones de distintos tribunales”.
Santo Domingo, R.D.-El fenómeno El Niño podría castigar severamente a la República Dominicana con altas temperaturas, que ya afectan a la población, pese a que se trata del principio de un calor que trae lluvias y otros castigos.
Aunque la temperatura máxima se proyecta estar en 35 grados Celsius, la sensación térmica estaría entre los 37 y 42 grados.
De acuerdo con el análisis hecho para Listín Diario por la ingeniera Carla Morales, encargada de la división Sinóptica y Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), para la República Dominicana el verano de 2026 tendrá condiciones más cálidas de lo normal, menor actividad ciclónica, disminución de la nubosidad y, en consecuencia, mayor insolación.
“En la región del Caribe, incluyendo las aguas cercanas a la República Dominicana, estas anomalías se mantienen por encima del promedio climatológico, lo que indica condiciones oceánicas más cálidas de lo normal.
Gráfico del comportamiento del fenómeno El Niñofuente externa
Estas anomalías térmicas favorecen un aumento en la evaporación y en el contenido de humedad en la atmósfera, lo que contribuye a elevar la temperatura del aire y la sensación térmica en la región durante los meses de verano”.
La meteoróloga citó las proyecciones del NOAA Climate Prediction Center, de que existe una alta probabilidad de desarrollo del fenómeno El Niño durante el verano 2026, “alcanzando valores superiores al 70 % desde junio y aumentando por encima del 90 % hacia finales del verano”.
Indicó que para República Dominicana, este comportamiento se traduce en una modificación de los patrones atmosféricos, favoreciendo condiciones más cálidas de lo normal, menor actividad ciclónica, disminución de la nubosidad y, en consecuencia, mayor insolación.
“Esto incide directamente en un aumento de las temperaturas y en una menor frecuencia de precipitaciones, características típicas de veranos influenciados por eventos El Niño en el Caribe. En este contexto, se prevé que las temperaturas máximas oscilen entre 32 °C y 35 °C de manera frecuente, pudiendo superar estos valores en diversos momentos, especialmente en zonas urbanas” señaló.
La ingeniera reiteró las recomendaciones que hace el Indomet cuando aumentan las temperaturas, como evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.
Usar ropa ligera y de colores claros, es conveniente, igual que mantenerse en lugares frescos, ventilados, y consumir suficiente líquido para garantizar una adecuada hidratación, son medidas fundamentales para prevenir golpes de calor y otros efectos adversos asociados a las altas temperaturas.
Santo Domingo, R.D.-Un conjunto de medidas anunció el Gobierno este jueves para contener el gasto público y disponer de 40,000 millones de pesos con el fin de mitigar el impacto de la crisis global en el país.
Las disposiciones fueron dadas a conocer esta noche por el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al finalizar el quincuagésimo Consejo de Gobierno, en el Palacio Nacional, que en esta ocasión tuvo como finalidad dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto en la economía global.
«En el día de hoy se han tomado una serie de decisiones en materia de contención y eficientización del gasto para llegar a tener una disponibilidad de alrededor de los 40,000 millones de pesos, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales», expresó.
Medidas:
1- Reducción de gastos operativos
2- Contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria
3- Disminución de reparaciones y mantenimientos menores
4- Racionalización de servicios y contrataciones
5- Limitación de eventos a costos mínimos
6- Ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes
7- Racionalización de combustible
8- Racionalización de publicidad
9- Reducción del 50 % del presupuesto a los partidos políticos
10- Reducción de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas medidas responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la crisis global, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Santo Domingo, R.D.-El fraude al Seguro Nacional de Senasa se habría ejecutado a través de redes criminales, una de ellas presuntamente liderada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se le conocerá coerción este viernes, y otra, cuyos detalles de la investigación -según Wilson Camacho- no puede revelar.
El titular de Persecución del Ministerio Público sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra la tercera estructura, no puede revelar informaciones que puedan afectar las indagatorias.
«Les puedo asegurar, aunque no puedo dar detalles, que hay una tercera estructura que también afectó al Seguro Nacional de Senasa«, reveló Camacho al salir de la audiencia en la que se le ratificó la prisión al exdirector de la ARS estatal, Santiago Hazim y a otros seis imputados por el fraude.
Camacho sostuvo que el Senasa «fue atacado por varios frentes» y que para no afectar la persecución que mantienen contra una de estructura no puede adelantar sus detalles.
Ratificación de coerción razones muy obvias
Consideró que la ratificación de la prisión preventiva a Hazim y a los otros seis a quienes se les dictó esa medida, el juez Deiby Timoteo lo hizo por «razones muy obvias».
«Este es el quinto juez que entiende que lo correcto, lo idóneo y lo proporcional para cada uno de los imputados es que se mantengan en prisión preventiva por razones que son muy obvias», indicó.
Entre los que dijeron tener problemas de salud, figuran el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Rafael Robles Quiñones, y la contratista Ada Ledesma.
El juez argumentó que el ataque cardiovascular que dijo sufrió Robles Quiñones, según los documentos presentados, fue en el 2023.
Sobre los demás presupuestos de otros acusados, el magistrado Peguero sostuvo que fueron «insuficientes» para cambiarles la prisión por otra coerción.