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El Vaticano reconoce hay violadores en la iglesia pero evade preguntas de la ONU
«Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia»
Ginebra, 16 ene (EFE).- El Vaticano afirmó hoy en la ONU que no hay excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos «en todas las profesiones», incluso «entre miembros del clero y personal de la iglesia».
«Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia», dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra.
Tomasi inició la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, la primera vez que la jerarquía de la Iglesia Católica participa en un escrutinio público de los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo.
El Vaticano afirmó hoy en la ONU que no hay excusa posible a los casos de explotación y violencia contra niños, al tiempo que enfatizó que existen responsables de abusos «en todas las profesiones», incluso «entre miembros del clero y personal de la iglesia».
«Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia», dijo monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra.
Tomasi inició la presentación del Vaticano ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, la primera vez que la jerarquía de la Iglesia Católica participa en un escrutinio público de los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes en todo el mundo.
El jefe de la delegación enviada por el Vaticano reconoció que la cuestión de los abusos contra niños es particularmente grave cuando se trata de personas que gozan de una gran confianza y están llamadas a proteger todos los elementos de la persona, incluida su salud física, emocional y espiritual.
«Esta relación de confianza es crítica y requiere de un gran sentido de responsabilidad y respeto hacia la persona que se sirve», dijo Tomasi.
Sin embargo el Vaticano esquivó ante la ONU ofrecer información detallada sobre aspectos relacionados con los casos de abuso sexual de menores por parte de miembros del clero, en un ejercicio retórico mediante el cual intentó demostrar su determinación de prevenir nuevos delitos de este tipo.
«Todo este problema de abusos contra menores es una herida que daña a la Iglesia y a la comunidad de la fe», reconoció monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas en Ginebra, en la primera comparecencia internacional de altos miembros de la jerarquía católica sobre casos de pederastia.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño examinó hoy el segundo informe periódico que presenta la Santa Sede sobre el cumplimiento de la convención internacional que protege los derechos de los menores y que ratificó en 1990.
La sesión estuvo centrada en preguntas y sobre las sanciones contra los responsables de pederastia y quienes ocultaron casos de este tipo, y las medidas para proteger de manera eficaz a los niños bajo custodia o influencia de religiosos.
Asimismo se pidieron aclaraciones sobre las reparaciones materiales, psicológicas y morales previstas para las víctimas, y sobre las cuales no hubo respuestas claras.
Varios miembros del comité -compuesto por 18 expertos en derechos humanos- pidieron cifras concretas sobre los casos de los que ha tenido conocimiento el Vaticano -y cómo los trataron-, así como del número de sacerdotes juzgados por abusar de menores o por ocultar tal delito.
En más de cinco horas de sesión, la única referencia a cifras la hizo Tomasi, quien señaló que para 2012 se habían documentado 612 casos de abuso sexual que involucraban a personal del clero, de los que «465 eran más serios» y «418 fueron abusos de menores».
Sin embargo, organizaciones civiles que representan a las víctimas afirman que solo en Estados Unidos se registraron desde la década de los sesenta más de 100.000 casos, sin contar que en países como Irlanda «este tipo de violencia era sistemática», comentó la jurista Pam Spees, del Centro sobre Derechos Constitucionales de EEUU.
Según las investigaciones y datos recopilados por esta entidad, «sería posible que se tratase de cientos de miles de víctimas».
A la sesión del comité, celebrada en uno de los recintos de la ONU en Ginebra, asistieron varios adultos, hombres y mujeres, que fueron víctimas en su adolescencia de abuso sexual por parte de sacerdotes.
Al término de la presentación, todos lamentaron que el Vaticano no haya informado sobre medidas que, en su opinión, realmente hubiesen revelado un giro en su actitud ante esta problema, cuya gravedad la Santa Sede intentó minimizar durante años.
El papa pide sentir «vergüenza» por los escándalos en el seno de la Iglesia
El papa Francisco dijo hoy que hay que avergonzarse de los numerosos escándalos que se han producido en el seno de la Iglesia, durante su homilía en la tradicional misa matutina que celebra en su residencia, en la Domus Santa Marta.
Francisco, comentando la lectura del día sobre la dura derrota de los israelitas por los filisteos, denunció los últimos escándalos de la Iglesia, según algunos extractos de la homilía publicados por Radio Vaticano.
«Pero, ¿nos avergonzamos? Tantos escándalos que yo no quiero mencionar singularmente, pero que todos sabemos cuáles…Escándalos, en los que algunos han tenido que pagar caro: ¡Y eso está bien! Se debe hacer así… ¡La vergüenza de la Iglesia!», exclamó.
E insistió: «¿Pero nos hemos avergonzado de estos escándalos, de estas derrotas de sacerdotes, obispos, laicos?».
Según el pontífice argentino, los responsables «no tenían una relación con Dios. Tenían un posición en la Iglesia, una posición de poder, y también de comodidad, pero no la palabra de Dios».
El pasado martes, el papa también había denunciado en sus homilía en Santa Marta la «figura del cristiano corrupto», al hablar de laicos, sacerdotes y obispos, que se aprovechan de la situación y de su privilegios. EFE
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.