Opinión
El verdadero rostro de la Ley 87-01: una traición constitucional montada para enriquecer a pocos y empobrecer a todos
Por Isaías Ramos Guzmán
La Ley 87-01, que dio origen al sistema dominicano de seguridad social, no fue pensada para proteger al pueblo. Fue concebida para proteger un modelo corporativo, financiero y excluyente que convierte los derechos fundamentales —como la salud y la pensión— en mercancía. Y si bien muchos actores tratan hoy de reducir el problema a una crisis técnica o de sostenibilidad financiera, el fondo es otro: lo que está en crisis no es el presupuesto, es la legalidad, la justicia y la moralidad del modelo en sí mismo.
Desde la proclamación de la Constitución del 2010, la República Dominicana asumió, al menos en papel, el compromiso de transformarse en un Estado Social y Democrático de Derecho. Eso implica que los derechos sociales no son favores, subsidios ni concesiones electoreras, sino garantías exigibles, sin discriminación y sin condiciones. Sin embargo, la Ley 87-01 jamás fue ajustada a ese nuevo pacto constitucional. Sigue siendo una estructura importada, construida para dividir al pueblo entre “formales” e “informales”, entre asegurados y desprotegidos, entre ciudadanos y mercancía. Y lo más grave: sigue premiando a los intermediarios —ARS y AFP— que han hecho de la salud y la pensión un negocio multimillonario.
La ley 87-01 no fue fruto de la ignorancia, sino de la conveniencia. Fue una copia de modelos de países donde la desigualdad es vergonzosa. No se pensó para garantizar salud de calidad ni pensiones dignas. Se diseñó para enriquecer aún más a los que siempre han controlado el sistema financiero y político. Y lo lograron. Convirtieron el dolor del pueblo en fuente de capital. Convirtieron el derecho en privilegio. Convirtieron el Estado en cómplice.
Hoy, con justa razón, se denuncia el descalabro de SENASA. La ‘carnetización’ masiva de millones de personas sin evaluación legal ni respaldo financiero no fue un acto de justicia social, fue una jugada electoral. Una manipulación de la pobreza que sacrifica la sostenibilidad del sistema para ganar aplausos momentáneos. Pero no nos confundamos: el problema no nació con el gobierno actual. El modelo es viejo, estructural y multipartidista. Lo parió el PLD y el PRD, lo profundizó el PRM, y la Fuerza del Pueblo no es la excepción: es una continuación maquillada del mismo viejo sistema. Sus miembros, aunque no hayan gobernado como partido, son los mismos actores, con iguales o peores prácticas, que montaron este sistema atroz e inhumano desde sus orígenes. No representan renovación alguna, sino reciclaje de lo peor del pasado.
No es casualidad el descrédito mediático y político creciente contra SENASA. Lo que está en marcha es el mismo libreto aplicado al sistema eléctrico: desprestigiar lo público para justificar su privatización. Ya lo hicieron con las empresas eléctricas, que hoy son un monopolio disfrazado donde el pueblo ha subsidiado más de 30 mil millones de dólares sin recibir mejoras sustanciales. Ahora quieren hacer lo mismo con la salud: crear la crisis, dramatizarla, intervenirla y luego traspasarla al gran capital privado. Lo que buscan no es salvar el sistema: es convertir en mercancía lo último que queda como servicio público en manos del Estado. Quieren cerrar el ciclo del saqueo y garantizar que también las próximas generaciones nazcan deudoras, enfermas y sin derechos.
El Frente Cívico y Social (FCS) rechaza todo intento de limitar el debate al plano financiero. La salud no se resuelve con inyecciones de fondos, ni la dignidad se compra con subsidios. Esto no se arregla con ajustes: se arregla con justicia. Por eso, desautorizamos también a quienes, desde sectores “opositores”, reducen la crisis a una discusión técnica, evadiendo el fondo inconstitucional del problema. No se trata de mejorar lo que está mal. Se trata de reemplazar lo que es moral y legalmente inaceptable.
Frente a este colapso anunciado, el FCS plantea la única salida posible: el desmonte total del sistema de intermediación privada (ARS y AFP), la creación de una única institución pública, autónoma y soberana que administre el sistema de salud y pensiones del país con control ciudadano y rigor constitucional, la unificación de los regímenes contributivo y subsidiado, la atención primaria como eje de salud pública, y una nueva ley ajustada a la Constitución del 2010 y los principios de equidad y dignidad humana.
El modelo propuesto no es utopía. Funciona ya en países como España, donde la salud pública es gratuita, universal y financiada por impuestos; Singapur, donde un fondo soberano estatal gestiona con eficiencia y sin lucro la salud y las pensiones; y Noruega, Canadá, Suecia, donde el Estado cumple su función social sin intermediarios privados que negocien con el sufrimiento humano.
No nos engañemos: la única manera real de desmontar este modelo es que el pueblo, por la vía constitucional, unifique sus fuerzas a través de candidaturas independientes auténticas. Que tome el poder político en sus manos y lo use para desmontar este régimen de exclusión y levantar uno de justicia social. Desde el Frente Cívico y Social no buscamos cargos: buscamos justicia. No aspiramos a administrar el viejo sistema: aspiramos a enterrarlo. No queremos reformar lo que nació mal: queremos fundar lo que nunca ha existido.
Porque sin salud, no hay vida. Sin justicia social, no hay patria. Y sin dignidad, no hay futuro. Despierta, RD!
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.