Opinión
El Verdadero Rostro de la Renegociación
Por Isaías Ramos
Es desolador observar cómo el presidente, inicialmente elegido como un faro de cambio frente a dos décadas de saqueo, ahora contribuye a profundizar esos males. La clase política vende estos despropósitos como éxitos para el país, subestimando al pueblo.
El discurso manipulador y engañoso del presidente es una afrenta que no deberíamos tolerar. La opacidad en los detalles del contrato y las consecuencias a largo plazo, económicas, sociales o para la seguridad nacional, se presentan como una amenaza inminente si esta casta política logra sus objetivos. Estas negociaciones repiten el mismo patrón engañoso del pasado, como el “peaje sombra”, Barrick Gold 97-3%, Congentrix, entre otros, diseñados para robar y oprimir a nuestro pueblo.
Detrás del presidente, hábiles estrategas políticos manipulan la información para desviar la atención del impacto negativo de esta «renegociación». La falta de transparencia es una estrategia para ocultar las verdaderas intenciones de saqueo en este abominable contrato.
Es imperativo que la población dominicana conozca las intrigas de esta controvertida renegociación. La forma engañosa de presentarla, etiquetada por el presidente como «un gran logro para el país», según sus palabras, involucra entre 1905 y 2155 millones de dólares en ingresos e inversiones.
La información confusa de omitir la extensión por 30 años más generó malentendidos entre la población. La mayoría piensa que esos ingresos e inversiones son para el tiempo restante del contrato, que concluye en el 2030, y que los 775 millones son un adelanto de ese pago de más de dos mil millones. Nada podría ser más inexacto; los 775 millones de dólares no son un adelanto, sino el único pago que el Estado recibiría de manera adelantada por la extensión del contrato hasta el año 2060, es decir, el equivalente a la pírrica suma de dos millones de dólares mensuales por el usufructo de nuestros 6 aeropuertos. Los 830 millones son para las inversiones de infraestructura que usufructuará el concesionario, mientras que los otros 300 a 550 millones, en realidad, quedan suspendidos en el aire, siendo generalmente promesas incumplidas.
La irresponsabilidad del gobierno por lograr una reelección exitosa parece llevarlo a dar pasos desesperados que lo encaminan al fracaso rotundo. Presentar una propuesta tan indecente a un pueblo que ya no soporta más los abusos de esta casta política genera más indignación que frustración.
En el Frente Cívico y Social, rechazamos rotundamente cualquier forma de privatización, especialmente cuando involucra empresas extranjeras en infraestructuras vitales para la seguridad nacional, como nuestros aeropuertos. Esto no es más que un acto de traición a la patria.
Ni siquiera se ha examinado el artículo 50 de nuestra constitución, que prohíbe los monopolios, salvo en provecho del Estado, y permite al Estado otorgar concesiones según la ley, asegurando contraprestaciones adecuadas al interés público. ¿Dónde está el cumplimiento de la ley 340-06? ¿Dónde están los llamados a licitación? ¿Se burlarán de la constitución? ¿Pasarán por encima de la ley?
En el FCS entendemos que lo ético, legítimo, patriótico y moral es que las autoridades que sean elegidas por el pueblo en el 2028 son las que deben concluir el contrato vigente y retomar de manera soberana nuestros aeropuertos y rediseñar una política aeroportuaria que sea de bienestar para los intereses de la nación. Este acto aborrecible, que intentan imponer afectaría a las futuras generaciones debe ser repudiado por el pueblo dominicano.
Es inaceptable permitir de manera impune tal despropósito. Recomiendo a todos los que aman esta patria y sufren dolencias cardiacas que eviten leer este adefesio de contrato para no exponerse a un infarto.
En el FCS hacemos un llamado al pueblo para que comprenda la importancia de defender lo que le pertenece legítimamente y para que nunca más permita que esta clase política codiciosa y ambiciosa continúe empobreciéndolo y oprimiéndolo. Es crucial que, como pueblo, nos mantengamos vigilantes ante estas pretensiones de despojo. En última instancia, es nuestra responsabilidad proteger nuestro patrimonio.
Por José Cabral
No hay un solo episodio de los acontecimientos importantes que registra la historia nacional que no esté marcado por el fenómeno del individualismo.
Es un asunto de una gravedad que en estos momentos es el principal obstáculo para lograr concretar planes colectivos.
Es tan grave el asunto que este mal ha penetrado todo el tejido social dominicano, dado que no hay una sola organización de la sociedad que no esté impactado por el fenómeno.
Desde la ruptura con el yugo haitiano en el 1844, hasta llegar a la guerra restauradora y finalmente al propio ajusticiamiento del dictador de Rafael Leonidas Trujillo Molina, los principales actores se pelearon entre sí y no hay mejor testimonio que lo ocurrido en la casa de Robert Read Cabral con algunos de los protagonistas del tiranicidio.
Pero de igual modo ha ocurrido con cada una de las modificaciones constitucionales que ha tenido el país, las cuales han obedecido, principalmente, a razones reeleccionistas.
Cualquier otro escenario que se tome al azar nos encontramos con el individualismo, el cual ha arruinado una serie de valores que eran consustanciales al pueblo dominicano.
Todo ha sido tomado por ese vicio, porque no puede llamarse de otra manera, el cual representa la principal retranca para lograr una sociedad más solidaria.
Las cooperativas de ahorros y prestamos, los clubes culturales y deportivos, los sindicatos, las juntas de vecinos e incluso los condominios, que se rigen por la ley sin fines de lucro, la 5038, los partidos políticos, es decir, absolutamente todo copado por los intereses personales y grupales.
El individualismo es una plaga que hoy arropa todas las instancias de la sociedad dominicana y peor aun del Estado, donde hace su impacto las ansias de poder de los actores de la vida política nacional.
Sin embargo, parece llegar un momento en que este mal se pueda combatir con resultados que podrían ser muy positivos para cambiar un paradigma que nos daña a todos.
Es un cáncer que da miedo.
Por Isaías Ramos
En teoría, el financiamiento estatal de los partidos políticos en nuestro país busca garantizar una competencia equitativa entre todas las fuerzas políticas, reducir la influencia del capital privado, los intereses extranjeros y las actividades ilícitas en la política, y aumentar la transparencia.
A pesar de los nobles objetivos delineados en la legislación, existen pruebas irrefutables de que los partidos políticos en nuestro país reciben, de manera persistente, contribuciones ilícitas, contraviniendo el artículo 64 de la Ley 33-18 (Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos).
El principal propósito del financiamiento público, según esta legislación, incluye no solo cubrir gastos operativos y de campaña, sino también fomentar la educación política y la participación ciudadana, como lo consignan los artículos 62, 36, 35, 34 y 11.
Sin embargo, los informes y críticas continuas sugieren que estos fondos se utilizan normalmente para consolidar el poder de los partidos establecidos e influir de manera indebida e ilegal en la voluntad de los electores, comprando su conciencia y dignidad humana en lugar de educarlos y movilizarlos hacia una participación informada y consciente.
A pesar de las regulaciones que exigen una contabilidad detallada y transparente, los partidos políticos incumplen estos mandatos de manera flagrante. La Junta Central Electoral, la institución encargada de regular y supervisar estos procesos, debería asegurar el cumplimiento de estas normativas.
Aún así, sus actuaciones, en muchas ocasiones, han dejado mucho que desear, mostrando una tolerancia preocupante por imponer el orden y el respeto a las leyes que rigen el financiamiento y las actividades de los partidos.
Esto no solo plantea preguntas sobre la eficacia, el empoderamiento y la independencia de la JCE como ente regulador, sino que también alimenta la percepción de impunidad y corrupción dentro del sistema político dominicano.
Los ciudadanos observan cómo sus impuestos se convierten en herramientas para manipulaciones políticas en lugar de servir como catalizadores de una democracia más robusta y participativa.
Este escenario es una traición a los principios democráticos y un claro indicativo de que el sistema de financiamiento público, en su forma actual, necesita una revisión profunda y, posiblemente, una eliminación. La experiencia nos sirve como un llamado de atención sobre los riesgos inherentes al financiamiento público de partidos políticos sin los mecanismos de control adecuados.
En el Frente Cívico y Social, estamos convencidos de que este financiamiento, en lugar de fortalecer el sistema democrático, lo debilita. De persistir y continuar con el mismo, será imperativo implementar medidas estrictas para garantizar que los recursos destinados a los partidos políticos, agrupaciones, movimientos y las candidaturas independientes se utilicen de manera transparente y con un enfoque real en el fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.
Es fundamental que la JCE ejerza un control más firme y efectivo, no solo para sancionar a quienes incumplen, sino para restaurar la fe en un sistema político que verdaderamente represente y sirva al interés público.
Solo entonces podremos esperar que los aspirantes a cargos electivos se conviertan en verdaderos servidores de la ciudadanía y no en meros administradores de recursos para perpetuar sus propios intereses.
La lucha por una democracia transparente y justa es ahora. Es imperativo que nos unamos en esta causa crítica para el futuro de nuestra nación. ¡Juntos, podemos y debemos hacer realidad nuestra constitución de un Estado Social y Democrático de Derecho!
¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte Penal Internacional. Estará encargada de recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la CPI para examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la CPI
La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la Fiscalía, con la inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones de las funciones que le correspondan de conformidad con el Estatuto de Roma. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.
El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejército de la acción penal o la sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la CPI.
El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos presentada por el Fiscal
El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fine un periodo mas breve, el Fiscal y los fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un periodo de nueve años y no podrán ser reelegido
El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia . no podrán desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional.
La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarnos de intervenir en una causa determinada.
El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de Apelaciones:
La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el artículo 42 del Estatuto de Roma;
El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.
Finalmente, el Fiscal nombrara asesores jurídicos especialistas en determinaos temas como, por ejemplo, violencia sexual, violencia por razones de genero y violencia contra los niños.