Nacionales
El voto automatizado mantiene dividida la clase política dominicana
Las opiniones de los partidos políticos se vuelven a dividir en torno a la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) para que se utilice el conteo manual y el voto automatizado conjuntamente en las elecciones municipales.
Las posiciones desde la esfera del oficialismo son de apoyo, de rechazo por los partidos que apoyan al expresidente Leonel Fernández y de estudio en los lares perremeístas.
El presidente de la JCE, Julio César Castaños, dijo que los partidos son soberanos para evaluar y aguardarán lo que indiquen al respecto. El plazo para remitir opiniones vence el lunes 25 a las 6 de la tarde.
No obstante, recalcó que el sistema automatizado sería una solución para el voto preferencial que se aplicaré entre los regidores y vocales en la venidera contienda.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó la noche de este viernes su respaldo a la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) del Sistema de Voto Automatizado y uso de conteo manual para la elección municipal del 16 de febrero de 2020.
Según Miguel Vargas, presidente de la organización, lo planteado por la JCE cumple con los requerimientos de las diferentes fuerzas políticas, al tiempo de satisfacer las expectativas en cuanto a rapidez, transparencia y eficacia.
Héctor Guzmán, de ese mismo partido, había dicho más temprano que con esta medida, “evitaríamos el caos que se pudiera generar con miles de impugnaciones ante el Tribunal Superior Electoral en las elecciones municipales”.
Solo con este procedimiento sería manejable la aplicación del voto preferencial a nivel de regidores y vocales que por primera vez se aplicará en el país”, enfatizó.
Ramón Rogelio Genao, secretario general del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), espera que la Junta tome en cuenta las sugerencias hechas por la organización, pues solo así se podrían implementar. Entre esas recomendaciones están que se certifique el software de los equipos, que la red de datos internas usada para la comunicación de los servidores sea aislada de cualquier red administrativa de la JCE y otras.
JCE propone a partidos conteo manual y voto automatizado en elecciones municipales
Partidos buscan consenso para contratar empresa que audite voto automatizado
“Nos apersonaremos a la JCE para insistir en ellas para poder utilizar el voto automatizado con conteo del cien por ciento manual que ahora propone la JCE para las municipales. Hay que tomar en cuenta que vamos al estreno del voto preferencial de regidores y vocales que son más de tres mil funcionarios de elección”, aduce.
Las posiciones también han sido fijas a través de las redes sociales como es el caso de Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), quien señala que la propuesta de la JCE sólo tendría sentido si el voto automatizado es auditado, “como es su obligación, incumplida desde el principio”.
Para el dirigente peledeísta José Tomás Pérez es salomónica la decisión de la Junta, por entender que de esa forma se complace a todos. Su compañero de partido Robert de la Cruz, coincidió en su postura y agregó que “propicia un clima de entendimiento en la clase política para obtener los resultados de manera transparente, confiable y rápido”.
En la audiencia pública donde se debatió el uso de la tecnología, Danilo Díaz, suplente a delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), había propuesto una fórmula similar de voto automático y conteo manual, en los tres niveles de elección.
Mientras Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), manifestó que están estudiando la propuesta, “y oportunamente, el lunes fijaremos nuestra posición”.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.