Editorial
El voto en blanco, un instrumento ideal para la renovación política nacional y evitar caer en un régimen de fuerza.
A propósito de lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado 19 de febrero de este año 2024, se ha esgrimido la necesidad de corregir una serie de debilidades en el sistema electoral mediante la implementación del voto en blanco.
Y ciertamente el momento es oportuno para buscar fórmulas que mejoren la democracia dominicana, porque parece no estar lejos el día en que todo el andamiaje institucional colapse en el país.
Si esto ocurriera el país podría estar expuesto a cualquier ensayo dictatorial, tanto es así que en la presente contienda vemos aspiraciones presidenciales que provienen de un pasado tenebroso.
Esto lo advertimos porque el Partido de la Esperanza Nacional (PED) nace en una familia de una triste y trágica recordación para todos los dominicanos, incluidos aquellos que no vivieron esa época.
Ese partido es sólo una pequeña muestra de lo que le podría venir a la República Dominicana, cuyo candidato presidencial de ahora Roque Espaillat sostiene que no le importa el pasado, sino el presente, lo cual resulta un contrasentido en razón de que nadie podría explicar y manejar el presente si no conoce el pasado.
Naturalmente, resulta preocupante lo poco pensante de muchas personas que han decidido apoyar abiertamente esta opción, incluyendo aquellos que fueron víctimas de una neo-dictadura como la encabezada por Joaquín Balaguer, cuyo principal ejemplo lo es cantautor Ramón Leonardo.
Y hay que decirlo con toda responsabilidad, principalmente porque la República Dominicana tiene un sistema presidencialista, donde cualquier insensato puede instaurar con cierta facilidad una dictadura tan férrea como la que encabezó el abuelo del dueño del partido que lleva como candidato a Roque Espaillat.
Hay que necesariamente preguntarse que podría ocurrir en un país donde las dictaduras han gravitado con mucha fuerza en su historia política nacional, pero donde además hay una herencia histórico-cultural fundamentada en el machismo, el patriarcado, el jefismo, el caudilllismo, entre otros antivalores.
Pero aun cuando su candidato Roque Espaillat tiene un movimiento que lleva como nombre “Rescate Democrático”, pero que se apoya en un partido creado e ideado por un miembro de la familia trujillista, cuyos méritos nadie conoce, a menos que no sea el apellido que simboliza el crimen, el robo del patrimonio público y una violencia en contra de los derechos a la disensión, lo que resulta ser una contradicción que revela que se quiere llegar a cualquier precio, sin importar cualquier vulgar manipulación.
Por esta y por muchas otras razones tiene que promoverse en el país el voto en blanco para evitar que el ciudadano se equivoque y ante el desastre que vive la nación como consecuencia de la distorsión y la corrupción generalizada soportada y promovida por los partidos políticos, la nación caiga en manos de una dictadura.
Tanto es así, que Ramfis Domínguez Trujillo e incluso los candidatos presidencial y vicepresidencial de su partido, Roque Espaillat y Ernesto Fadul, así como el mismo nieto del dictador, han querido repostar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) con el argumento de que el órgano comicial no quiere saber de su líder, pero ello deja claro que no son capaces de leer o buscar un abogado con la suficiente formación para que entiendan las condicionantes que pone la Constitución de la República en sus artículos 18,79 y 82 para los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero y naturalizados en el país que quieran ser presidentes, senadores y diputados de la nación.
Esa sola muestra de intolerancia y del irrespeto a la ley de leyes de la República Dominicana por parte del nieto de Trujillo, proyecta una idea de cómo se manejaría desde el poder un hombre que lo único que puede exhibir en el país es su condición de ser miembro de la familia dictatorial, cuyas víctimas de ese régimen se encuentran por doquier.
Se impone promover el voto en blanco como una herramienta de mejorar la democracia, el cual podría servir también para erradicar los proyectos políticos personalistas e individualistas y preconizar en el sistema político-electoral aquellas propuestas manejadas desde una perspectiva colegiada y de ese modo defender y consolidar los intereses colectivos mediante la legitimación de candidaturas que provengan de un espíritu profundamente democrático.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.
Desde hace ya algunos meses que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia sobre las candidaturas independientes, cuya decisión ha puesto en primer plano esta figura jurídica que hace la democracia nacional más participativa.
Las candidaturas independientes existen en el país desde hace muchas décadas, pero en realidad no ha surtido el efecto esperado y las mismas no han servido de nada para hacer la democracia más participativa y democrática.
Sin embargo, la sentencia del TC ha encendido la chispa para que muchas cosas nuevas y buenas puedan provenir a través de las candidaturas independientes, aunque naturalmente podría ser todo lo contrario, ya que todo va a depender de quiénes se acojan a esta figura para contribuir con el cambio que necesita el país.
Esta decisión de la alta corte pone a la República Dominicana en primer plano en lo que respecta romper con el monopolio electoral que tienen los partidos políticos en el país.
Naturalmente, esta trascendental decisión del TC jugará un papel de primer orden en la democracia nacional en la medida en que la misma sea acogida por el ciudadano que tiene preocupación por el curso que lleva el país.
Es un reto de trascendencia histórica y los buenos y malos resultados que salgan de la sentencia en referencia dependen de cómo el ciudadano asuma el asunto.
Por esa razón es, podría decirse vital, que las organizaciones sociales se incorporen al debate de las candidaturas independientes y que no dejen solos en el escenario a los que se oponen a ellas como los partidos políticos que son la fuente de la gran desgracia nacional.
La confrontación entre los que se oponen y los que defienden las candidaturas independientes está planteada en el escenario y la misma se inicia con la convocatoria de la Junta Central Electoral a los partidos políticos y la misma debe ser extensiva a toda persona física y jurídica que también tenga una opinión sobre el tema.
Es posible que si hay una buena canalización del debate sobre las candidaturas independientes mediante el mismo se pueda demostrar qué beneficiosas son para el sistema electoral dominicano y en consecuencia para la democracia, ya que nadie debe poner en dudas la crisis de credibilidad de la partidocracia, cuyo alto nivel de abstención en las elecciones nacionales ha dejado como resultado una cierta falta de legitimidad de las autoridades que hoy conducen los destinos nacionales.
Que nadie tenga dudas de que la gente está cansada de las travesuras cometidas por la partidocracia, la cual sólo sabe promover lo mal hecho y que sus actores se apropien del patrimonio nacional, cuya conducta podría implicar la desaparición de la nación.
¡La pelea está echada.