Editorial
El voto en blanco, un instrumento ideal para la renovación política nacional y evitar caer en un régimen de fuerza.
A propósito de lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado 19 de febrero de este año 2024, se ha esgrimido la necesidad de corregir una serie de debilidades en el sistema electoral mediante la implementación del voto en blanco.
Y ciertamente el momento es oportuno para buscar fórmulas que mejoren la democracia dominicana, porque parece no estar lejos el día en que todo el andamiaje institucional colapse en el país.
Si esto ocurriera el país podría estar expuesto a cualquier ensayo dictatorial, tanto es así que en la presente contienda vemos aspiraciones presidenciales que provienen de un pasado tenebroso.
Esto lo advertimos porque el Partido de la Esperanza Nacional (PED) nace en una familia de una triste y trágica recordación para todos los dominicanos, incluidos aquellos que no vivieron esa época.
Ese partido es sólo una pequeña muestra de lo que le podría venir a la República Dominicana, cuyo candidato presidencial de ahora Roque Espaillat sostiene que no le importa el pasado, sino el presente, lo cual resulta un contrasentido en razón de que nadie podría explicar y manejar el presente si no conoce el pasado.
Naturalmente, resulta preocupante lo poco pensante de muchas personas que han decidido apoyar abiertamente esta opción, incluyendo aquellos que fueron víctimas de una neo-dictadura como la encabezada por Joaquín Balaguer, cuyo principal ejemplo lo es cantautor Ramón Leonardo.
Y hay que decirlo con toda responsabilidad, principalmente porque la República Dominicana tiene un sistema presidencialista, donde cualquier insensato puede instaurar con cierta facilidad una dictadura tan férrea como la que encabezó el abuelo del dueño del partido que lleva como candidato a Roque Espaillat.
Hay que necesariamente preguntarse que podría ocurrir en un país donde las dictaduras han gravitado con mucha fuerza en su historia política nacional, pero donde además hay una herencia histórico-cultural fundamentada en el machismo, el patriarcado, el jefismo, el caudilllismo, entre otros antivalores.
Pero aun cuando su candidato Roque Espaillat tiene un movimiento que lleva como nombre “Rescate Democrático”, pero que se apoya en un partido creado e ideado por un miembro de la familia trujillista, cuyos méritos nadie conoce, a menos que no sea el apellido que simboliza el crimen, el robo del patrimonio público y una violencia en contra de los derechos a la disensión, lo que resulta ser una contradicción que revela que se quiere llegar a cualquier precio, sin importar cualquier vulgar manipulación.
Por esta y por muchas otras razones tiene que promoverse en el país el voto en blanco para evitar que el ciudadano se equivoque y ante el desastre que vive la nación como consecuencia de la distorsión y la corrupción generalizada soportada y promovida por los partidos políticos, la nación caiga en manos de una dictadura.
Tanto es así, que Ramfis Domínguez Trujillo e incluso los candidatos presidencial y vicepresidencial de su partido, Roque Espaillat y Ernesto Fadul, así como el mismo nieto del dictador, han querido repostar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) con el argumento de que el órgano comicial no quiere saber de su líder, pero ello deja claro que no son capaces de leer o buscar un abogado con la suficiente formación para que entiendan las condicionantes que pone la Constitución de la República en sus artículos 18,79 y 82 para los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero y naturalizados en el país que quieran ser presidentes, senadores y diputados de la nación.
Esa sola muestra de intolerancia y del irrespeto a la ley de leyes de la República Dominicana por parte del nieto de Trujillo, proyecta una idea de cómo se manejaría desde el poder un hombre que lo único que puede exhibir en el país es su condición de ser miembro de la familia dictatorial, cuyas víctimas de ese régimen se encuentran por doquier.
Se impone promover el voto en blanco como una herramienta de mejorar la democracia, el cual podría servir también para erradicar los proyectos políticos personalistas e individualistas y preconizar en el sistema político-electoral aquellas propuestas manejadas desde una perspectiva colegiada y de ese modo defender y consolidar los intereses colectivos mediante la legitimación de candidaturas que provengan de un espíritu profundamente democrático.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.