Editorial
El voto en blanco, un instrumento ideal para la renovación política nacional y evitar caer en un régimen de fuerza.
A propósito de lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado 19 de febrero de este año 2024, se ha esgrimido la necesidad de corregir una serie de debilidades en el sistema electoral mediante la implementación del voto en blanco.
Y ciertamente el momento es oportuno para buscar fórmulas que mejoren la democracia dominicana, porque parece no estar lejos el día en que todo el andamiaje institucional colapse en el país.
Si esto ocurriera el país podría estar expuesto a cualquier ensayo dictatorial, tanto es así que en la presente contienda vemos aspiraciones presidenciales que provienen de un pasado tenebroso.
Esto lo advertimos porque el Partido de la Esperanza Nacional (PED) nace en una familia de una triste y trágica recordación para todos los dominicanos, incluidos aquellos que no vivieron esa época.
Ese partido es sólo una pequeña muestra de lo que le podría venir a la República Dominicana, cuyo candidato presidencial de ahora Roque Espaillat sostiene que no le importa el pasado, sino el presente, lo cual resulta un contrasentido en razón de que nadie podría explicar y manejar el presente si no conoce el pasado.
Naturalmente, resulta preocupante lo poco pensante de muchas personas que han decidido apoyar abiertamente esta opción, incluyendo aquellos que fueron víctimas de una neo-dictadura como la encabezada por Joaquín Balaguer, cuyo principal ejemplo lo es cantautor Ramón Leonardo.
Y hay que decirlo con toda responsabilidad, principalmente porque la República Dominicana tiene un sistema presidencialista, donde cualquier insensato puede instaurar con cierta facilidad una dictadura tan férrea como la que encabezó el abuelo del dueño del partido que lleva como candidato a Roque Espaillat.
Hay que necesariamente preguntarse que podría ocurrir en un país donde las dictaduras han gravitado con mucha fuerza en su historia política nacional, pero donde además hay una herencia histórico-cultural fundamentada en el machismo, el patriarcado, el jefismo, el caudilllismo, entre otros antivalores.
Pero aun cuando su candidato Roque Espaillat tiene un movimiento que lleva como nombre “Rescate Democrático”, pero que se apoya en un partido creado e ideado por un miembro de la familia trujillista, cuyos méritos nadie conoce, a menos que no sea el apellido que simboliza el crimen, el robo del patrimonio público y una violencia en contra de los derechos a la disensión, lo que resulta ser una contradicción que revela que se quiere llegar a cualquier precio, sin importar cualquier vulgar manipulación.
Por esta y por muchas otras razones tiene que promoverse en el país el voto en blanco para evitar que el ciudadano se equivoque y ante el desastre que vive la nación como consecuencia de la distorsión y la corrupción generalizada soportada y promovida por los partidos políticos, la nación caiga en manos de una dictadura.
Tanto es así, que Ramfis Domínguez Trujillo e incluso los candidatos presidencial y vicepresidencial de su partido, Roque Espaillat y Ernesto Fadul, así como el mismo nieto del dictador, han querido repostar la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) con el argumento de que el órgano comicial no quiere saber de su líder, pero ello deja claro que no son capaces de leer o buscar un abogado con la suficiente formación para que entiendan las condicionantes que pone la Constitución de la República en sus artículos 18,79 y 82 para los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero y naturalizados en el país que quieran ser presidentes, senadores y diputados de la nación.
Esa sola muestra de intolerancia y del irrespeto a la ley de leyes de la República Dominicana por parte del nieto de Trujillo, proyecta una idea de cómo se manejaría desde el poder un hombre que lo único que puede exhibir en el país es su condición de ser miembro de la familia dictatorial, cuyas víctimas de ese régimen se encuentran por doquier.
Se impone promover el voto en blanco como una herramienta de mejorar la democracia, el cual podría servir también para erradicar los proyectos políticos personalistas e individualistas y preconizar en el sistema político-electoral aquellas propuestas manejadas desde una perspectiva colegiada y de ese modo defender y consolidar los intereses colectivos mediante la legitimación de candidaturas que provengan de un espíritu profundamente democrático.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.