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Opinión

El yo puteado de la dominicanidad

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Por Andrés L. Mateo

Jacques Lacan, el dificilísimo sicoanalista francés del sujeto paranoico de la civilización científica de nuestros días, repite siempre a lo largo de todos sus escritos que “el inconsciente es el discurso del otro”. Es como si fuera imposible captarse a sí mismo sin el discurso del otro, pues nada existe sino sobre  un fondo supuesto de ausencias, que “el otro” se encarga de enseñarnos a ver.

¿No es, acaso, lo que le ha ocurrido a la dominicanidad? ¿Quién nos ha enseñado a reconocernos a nosotros mismos, sino las agudas lamentaciones del pensamiento dominicano del siglo XIX?

Según eso, somos la ingenuidad de la metáfora de la historia repetida hasta el cansancio en el fracaso y la frustración. Hay un Yo puteado que emerge de la historia nacional, y es la trabazón entre lo simbólico y lo real, modo de reacción que la culturología criolla ha llamado “pesimismo”, refiriéndose a la antología llorosa e iracunda de intelectuales que verbalizaron los males de la patria casi como taras genéticas; pero que es un sésamo sombrío que se abre siempre hacia la fatalidad.  Balaguer se quitaba el sombrero y lo arrojaba hacia atrás sin el menor cuidado, y un general afanoso lo atrapaba en el aire tintineando en sus cinco estrellas. En la ancianidad, ciego, todo el poder de ese general estaba en la evidencia de atrapar el sombrero, en ese campo privilegiado que fundaba la coartada que hacía del presidente Balaguer un portador “natural” del poder, un ser sin límite, dueño de una claridad feliz, que iba más allá de todas las instituciones.

Como el inconsciente es el discurso del otro- según Jacques Lacan-  es sacando a flote la cosa oculta de ese Yo puteado que la dominicanidad podrá entender el sentido previo que la marca en esa  desazón, en ese martirio de ver siempre los mismos factores en la historia.  Porque esa amargura que interpela es la voz del pasado y el presente al mismo tiempo, y si los sicólogos no hablan  de ese Yo puteado es porque no han estudiado a profundidad la resultante sicológica de nuestra aventura espiritual, y el desgarramiento de  nuestros humanistas y culturólogos.  ¿No es el presidente Danilo Medina el general afanoso que atrapa en el aire el sombrero que Leonel  Fernández arroja hacia atrás?  ¿No es todo lo que está ocurriendo en este país en este momento, un modelo contemporáneo de ese Yo puteado dela dominicanidad? ¿No es esa jauría del PLD  la misma  oficiante de la política del manigüerismocaudillesco,  cuyo único interés era enriquecerse?

Nos jodieron. De aquí en adelante ya no hay sueños. Gestos sin aventura, aunque fueron ellos quienes han desfalcado el Estado, ahora nos piden “comprensión”, “sacrificios”, “gestos patrióticos”. ¡Nos jodieron!  ¿Por qué estamos todos inmersos en el gesto de vivir la última degradación de la historia? ¿Se merece éste pueblo, después de tantas luchas, ese espectáculo ridículo en el que un Dios yacente(Leonel Fernández) escucha las filípicas aduladoras de sus súbditos, un conjunto de ineptos que no han podido, ni siquiera nombrarlo , pese a que fue ese Dios agobiado el que metió a éste país en ese hoyo negro?  Lo que se confirma es que la práctica política en nuestro país es rehén de su propia inconstancia, y que esta crisis es también una expresión de las increíbles escaleras inversas por las que se desplaza el atraso político de la nación dominicana.

Nos jodieron, nos han puteado siempre éstos  ladrones que históricamente han dirigido la cosa pública en nuestro país.  Una clase política que  no ha  podido superar los métodos del conchoprimismo, y nos dejan mordidos por los perros del desconsuelo. “¡Pronto, apaguemos la lámpara/ para hundirnos en lo oscuro!”- como exclamaba Charles Baudelaire, el maldito, ante un mundo embotado, en cuyos enjambres de maléficos sueños él se ahogaba. Igual que yo, en esta media isla desolada, tan inconmensurablemente pobre, en que la simulación es una virtud.

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Opinión

La Corte Penal Internacional y la Justicia Internacional (3 de 3)

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Por Rommel Santos Diaz

 Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones  de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre  8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de  niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.

La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.

A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.

El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.

Finalmente, en  la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una  de ayuda  y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.

rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

Los políticos profesionales no roban

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Por Nelson Encarnación

El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.

Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.

Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.

Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.

Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.

Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.

Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.

En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.

Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.

En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.

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Opinión

Honrar la Constitución o perder la República

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Por Isaías Ramos

Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.

Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.

No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.

La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.

La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.

Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.

Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.

Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.

La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.

Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.

Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.

Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.

¡Despierta RD!

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