Opinión
Elecciones degradadas y pervertidas
Narciso Isa Conde
El proceso electoral que culminó en las votaciones del domingo 15 de mayo ha sido el más tramposo, inequitativo, corrompido y adulterado a favor de las candidaturas oficialistas, en las últimas cinco décadas.
Estamos ante una verdadera estafa electoral a consecuencia de una gran cantidad de trampas, abusos y adulteraciones de larga y corta data; muchas de ellas aceptadas y/o compartidas dócilmente o oportunistamente por una oposición electoralista inconsecuente hasta con su propio rol.
Dos paquetes de fraudes han sido ejecutados para imponer de todas maneras, a costa de la aceleración de su proceso de putrefacción institucional, la continuidad forzada de la corrompida dictadura peledeísta:
* Uno que corresponde a un fraude estructural que se ha tornado crónico, fraguado y ejecutado previamente al día de las votaciones.
* Otro coyuntural, que se centra en graves adulteraciones en el curso del ejercicio y conteo de votos, que empecinadamente procura modificar resultados adversos al oficialismo.
INSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE ESTRUCTURAL.
La descomposición, corrupción y degradación de las instituciones y el proceso hacia la dictadura política (vía el control absoluto del Estado por una casta partidista corrompida y una especie de lumpen burguesía), así como el desguañangue del sistema tradicional de partidos, se aceleró y alcanzó niveles sin precedentes desde el 2010, mediante la aprobación de una Constitución a la medida de ese funesto propósito y haciendo provecho de los resultados de unos manipulados comicios de medio tiempo que le posibilitaron dominar absolutamente el Senado y otras entidades claves.
En ese contexto el Comité Político del PLD optó – prácticamente sin reacciones contrarias enérgicas de la oposición electoralista ni resistencias significativas- por implementar desde el Estado bajo su control los siguientes procedimientos espurios destinados a perfeccionar el fraude estructural a su favor:
-Monitoreo con fines clientelistas de más de un millón de personas dependientes de sueldos, dádivas, botellas, programas, nominillas y bonos de “solidaridad”. Compra de partidos, dirigentes y grupos opositores. Divisiones y cooptaciones de sectores adversos. Asaltos de matrículas electorales en
disputa por sentencias de tribunales manipulados. Empleo abusivo y brutal de la inversión pública para promover su continuismo, facilidades fiscales selectivas, privilegios escandalosos, programas de la presidencia y asistencialismo estatal en gran escala para torcer voluntades con fines clientelistas. Asociaciones ventajosas con todo tipo de gansterismo, incluida la narco-delincuencia. Creación de bandas civiles y enlaces con grupos delincuenciales armados para intimidar oportunamente. Uso sistemático del patrimonio y el poder del Estado para condicionar la competencia pre-electoral a su favor, con énfasis especial en la candidatura presidencial. Similar inconducta desde todas y cada una de las instituciones electivas y no electivas: Congreso, Alcaldías, JCE, “altas cortes”, cuerpos castrenses…
Pero eso no fue todo, hay más cosas y más graves como:
– El brutal enriquecimiento ilícito, escandalosamente impune, de la cúpula del partido de gobierno y sus facciones. El dominio de los órganos de decisión y administración del proceso electoral. La negación de democracia hacia dentro del partido y hacia la sociedad. El avasallamiento mediático-publicitario a través emisoras y televisoras bajo control estatal, redes de medios particulares afines y propias, nutridas cuentas de publicidad usadas para sobornar y controlar numerosos medios privados y productores de programas, y compra masiva de miles de comunicadores y “hacedores” de opinión.
Y a consecuencia de ese conjunto de procedimientos se transformó el cogollo del PLD en una corporación política y económica, plagada de pugnas y ambiciones personales, que se asienta en sistema estatal dictatorial avasallante y se nutre de él. Que electoralmente compite con un polo opositor también de derecha, sensiblemente debilitado, pero que logró exhibir -con la ayuda indirecta de sectores inteligentes de la clase dominante- cierta capacidad para generar falsas expectativas bipartidistas a nivel presidencial y reales situaciones de competencias cerradas en no pocas competencias congresuales y municipales.
Esto último fue facilitado por la enorme crisis que corroe, fracciona y desarticula importantes estructuras del PLD; crisis expresada en mayor grado en choques generados por las candidaturas impuestas por el pacto impunidad por reelección y las aspiraciones bloqueadas a nuevas camadas de cuadros.
Esta combinación y relación entre ese oficialismo y una oposición de derecha “competitiva”, redujo al mínimo a las minorías partidistas del “centro-progresista”, de derecha y extrema derecha, no subordinadas al Partido de la Liberación Dominicana-PLD o al Partido Revolucionario Moderno aliado al Partido Reformista Socialcristiano-PRSC).
Los mecanismos de sobornos y repartos empleados por el PLD para comprar previamente a las votaciones la matricula cuasi-vacía del PRD y los usados por el PRM para comprar al destartalado PRSC, crearon la posibilidad de una limitada recuperación electoral del estos dos cascarones políticos en extinción; los cuales por sí mismo jamás hubieran llegado al 5% de la votación que provisionalmente se anuncia van a ostentar; y que concomitantemente le dan “derecho” a recibir muchos millones de pesos del financiamiento estatal, equivalente a la escandalosa tajada que habrán de chuparse el PLD y el PRD. Y esa práctica en ambos casos, que además de ignominiosa tiende a revivir mafias políticas derrotadas- es a todas luces corrupción de la peor.
CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE COYUNTURAL O DE CONTIGENCIA.
A ese fraude estructural se le agregó el fraude de contingencia o coyuntural, dirigido a alterar votaciones donde fuera necesario y posible, para el oficialismo tramposo impedir reveses costosos.
La compra de cédulas y votos alrededor y dentro de los Colegio, la compra de delegados de partidos opositores y de funcionarios de colegios y juntas, alteración y desaparición de actas, robo de urnas por civiles y militares, tumultos violentos con daños a la votación, amenazas y agresiones directas…, entre otras fechorías, formaron parte del menú de la mafia electoral en la ejecución del fraude de contingencia.
Todo eso fue reforzado con la compra, instalación, imposición y empleo precipitado de un sistema electrónico, que además de responder a la ejecución de un jugoso negocio de millones de dólares a favor del Presidente de la JCE y la claque corrupta que controla esa entidad, perseguía acelerar la proyección de tendencias favorables al oficialismo, reemplazar parcialmente el conteo a manos, confundir y sustituir actas e introducir diversas trampas electrónicas; creando de paso – por todas las torpezas desatadas- una crisis post-electoral extensa y delicada que evidenció la intención de múltiples fraudes y la ejecución grotesca de otros que acompañan la pus que emana de todo el sistema.
Al mismo tiempo, la impopularidad de muchas opciones oficiales y las divisiones y pugnas que las corroen, han facilitado victorias evidentes de la alianza PRM-PRSC a nivel congresual y municipal; aunque no en gran escala y en la mayoría de los casos a favor de representantes de la partidocracia tradicional, provocando a la vez competencias cerradas en no pocos puntos del territorio nacional, donde las disputas asumen diferentes niveles de enfrentamientos, incluso violentos.
Vale destacar también que los abusos internos en espacios bajo control de ambas opciones y la presencia de algunas candidaturas jóvenes con liderazgos reales a su interior y en sus ámbitos territoriales, junto a puntuales postulaciones atractivas de corte progresista desde algunos de los pequeños partidos autónomo de las grandes alianzas tradicionales, incidieron para el crecimiento relativo del voto preferencial y el respaldo a liderazgo locales enfrentados a candidatos desacreditados.
Por esas razones se han ampliado limitadamente las posibilidades de candidaturas con esa tipificación, ajenas al interés de las cúpulas tradicionales al interior de sus partidos, como también algunas provenientes de opciones minoritarias, que aun reducidas a mínimas expresiones electorales, tienen cierta podrían lograr entrar al sistema por esas grietas; a lo que se le agrega lo relativamente fácil de lograr la plaza de diputados/as nacionales desde esas agrupaciones pequeñas independientes que logren alcanzar por sí mismas el 1% de los votos válidos, siempre que se respete lo establecido.
Esto último podría favorecer a Alianza País, opción que aun con una votación menor del 2% (la más alta de los llamados partidos chiquitos) tiene esas posibilidad; y también a ciertos grupos minoritarios integrados a las grandes alianza, y que subordinadas a ellas procuran cuotas propias con discursos relativamente distintos.
Por otra parte, está la singular postulación de David Collado, integrado y sustentado por el Grupo Vicini, que es la expresión más poderosa y voraz del capitalismo dominicano con vocación transnacional.
Postulado en la boleta del PRSC, militando formalmente en el PRM y respaldado por las elites empresariales y por el propio presidente Danilo Medina y la corriente distrital peledeísta que encabeza Domingo (ex-aspirante a esa posición), la candidatura de David Collado tiene las características de una soterrada y habil confabulación para derrotar la postulación del desgastado y corrupto Alcalde de la Capital Roberto Salcedo ( articulado en el PLD a la facción del ex–presidente Leonel Fernández) y traspasar la gestión de la Capital a la más rancia oligarquía capitalista.
RESULTADOS PROVISIONALES
Los resultados, profusamente enlodados, están a la vista:
-Una abstención que ronda entre el 30 y 40% del padrón electoral (según la zonas y la composición social), sin contar un volumen alto de electores/as jóvenes que no se inscribió o fue sacado del padrón electoral, que la sitúa cerca del 50%, con un componente de rechazo o desprecio al evento electoral, que forma parte no cuantificable de ese porcentaje.
– Un 61.5% de los votos válidos en a favor del Presidente reeleccionista.
-Un 35% para el principal candidato opositor Luís Abinader, seguido a mucha distancia de Guillermo Moreno con poco menos del 2%.
-Reducción a niveles ínfimos de las votaciones de los demás pequeños partidos.
-Algo más del 5% a favor del PRSC y del PRD, ambos artificialmente inflados y legalmente rehabilitados, además de ignominiosamente compensados y enriquecidos por el PLD y el PRM respectivamente.
-David Collado triunfante por amplio margen, propagandizado como un gran fenómeno electoral protagonizado por ese joven “emprededor”; aunque así gana cualquiera.
–Situaciones mucho más conflictivas y menos favorables para el oficialismo a nivel de los resultados congresuales y municipales, que van conformando una suma de crisis post-electorales en muchos puntos del territorio del país, que incluyen fuertes gestos de indignación y rebeldía de amplio sectores populares más allá de las reacciones de los líderes de la oposición electoral.
-Incremento de los déficits gubernamentales a consecuencia del enorme dispendio electoral y de la corruptela que le acompañaron, situación que
pasados los comicios de seguro generan reacciones gubernamentales y de la clase dominante a favor de los ajustes y paquetes de medidas económicas anti-populares, provocadoras de nuevas indignaciones y tensiones sociales.
REPUESTA ALTERNATIVA
Ese 61% de Danilo, además de coyuntural, es sumamente fofo, frágil, inconsistente. Ahora vienen, además, las cobranza de los apoyos brindados a la reelección por elites sociales y mafias políticas voraces.
Pasados estas elecciones traumáticas todo habrá de empeorarse. El régimen tendrá que enfrentar grandes dificultades económicas y fuertes reclamos fruto de grandes insatisfacciones sociales y de la dramática crisis ambiental; además de pagar el costo político de este desastre electoral y del agravamiento creciente de la descomposición institucional.
La indetenible crisis de decadencia de los partidos tradicionales, oficialistas y opositores, tendrá nuevas expresiones. Igual las instituciones que controlan.
Al tratarse de una imposición oficialista repleta de pus y de un salto más hacia la degradación institucional y la descomposición del tradicional sistema de partidos generador de desconfianzas, estos resultados no merecen ni aplaudirse ni respetarse, mucho menos refrendarlos con pasividad y resignación, sin promover y respaldar toda desobediencia contra el abuso y la negación de derechos.
Por el contrario es un deber -incluso de los que no votamos, de quienes advertimos y combatimos anticipadamente la trampa y sus resultantes- exhortar a los votantes timados, burlados a defender sus derechos, a exigir que les cuente sus votos y a demandarles a sus dirigentes que asuman la responsabilidad de no aceptar resultados truqueados, ni ahora ni después; lo que en muchos casos implica un comportamiento distinto a su consabida tendencia a negociarlo todo.
Pero más allá de esa pelea inmediata y de esos conflictos electorales sin mayores implicaciones de alternativas de cambios, pero que tampoco se resuelven favorablemente a los/as afectados/as sin movilizaciones y protestas contundentes, llamamos a impugnar la continuidad de esta dictadura política en su conjunto, ahora chorreando más lodo.
Hay que proponerse y convencer de eso a gran parte del pueblo, porque de nuevo se ha demostrado que es imposible de hacerlo a través de las urnas que el propio régimen controla y manipula.
Está cada vez más claro que esta corrompida y corruptora dictadura morada y sus perversidades, solo pueden derrotarse con la movilización del pueblo en ciudades y campos del país, al compás de todas las demandas en defensa de la vida, del respeto a los derechos ciudadanos y la dignidad del ser humano, a cargo de una fuerza impulsora diametralmente distinta al partidismo tradicional altamente maleado.
A falta de democracia en las instituciones -algo que profundizará en el marco de este continuismo montado sobre los dos fraudes denunciados- se impone ejercer la DEMOCRACIA DE CALLE.
A falta incluso de democracia electoral, se requiere transitar fundamentalmente por rutas y espacios situados fuera de estas instituciones, de estas normas constitucionales y estos sistemas electorales pervertidos, solo aptos para nuevos fraudes.
La destitución de la JCE debió plantearse desde su origen y debe seguirse demandando. Pero ya es insuficiente.
A lo interno del Estado y del gobierno, ambos secuestrados y monopolizados por la cúpula del PLD, estas elecciones marcan también un cambio en la correlación de fuerza a favor del presidente reeleccionista y en detrimento de Leonel Fernández, y es posible que el primero se proponga la restructuración de la JCE y las llamadas altas cortes bajo control del leonelismo.
Por eso decimos que re-estructurar la JCE y esos organismos -en marco de la misma dictadura, ahora bajo el mando del presidente Medina- es insuficiente y no rebasaría un simple cambio de hegemonía en el seno de la corporación que las controla, o un nuevo pacto con sectores de igual calaña.
Tal situación, por tanto, obliga a ir más allá: a desplegar la democracia de calle para impugnar todo el andamiaje de la dictadura, todas las instituciones prostituidas por ella, todo el poder constituido; creando contra-poder popular paralelo, en cada conflicto o confrontación y nacionalmente, en el marco de un proceso constituyente para la refundación de la república y transformación democrática del país hacia una sociedad justa y solidaria.
Asume, en consecuencia más pertinencia la CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA para cambiarlo todo lo degradado e inservible.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
………………………….
El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.