Opinión
Elecciones degradadas y pervertidas
Narciso Isa Conde
El proceso electoral que culminó en las votaciones del domingo 15 de mayo ha sido el más tramposo, inequitativo, corrompido y adulterado a favor de las candidaturas oficialistas, en las últimas cinco décadas.
Estamos ante una verdadera estafa electoral a consecuencia de una gran cantidad de trampas, abusos y adulteraciones de larga y corta data; muchas de ellas aceptadas y/o compartidas dócilmente o oportunistamente por una oposición electoralista inconsecuente hasta con su propio rol.
Dos paquetes de fraudes han sido ejecutados para imponer de todas maneras, a costa de la aceleración de su proceso de putrefacción institucional, la continuidad forzada de la corrompida dictadura peledeísta:
* Uno que corresponde a un fraude estructural que se ha tornado crónico, fraguado y ejecutado previamente al día de las votaciones.
* Otro coyuntural, que se centra en graves adulteraciones en el curso del ejercicio y conteo de votos, que empecinadamente procura modificar resultados adversos al oficialismo.
INSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE ESTRUCTURAL.
La descomposición, corrupción y degradación de las instituciones y el proceso hacia la dictadura política (vía el control absoluto del Estado por una casta partidista corrompida y una especie de lumpen burguesía), así como el desguañangue del sistema tradicional de partidos, se aceleró y alcanzó niveles sin precedentes desde el 2010, mediante la aprobación de una Constitución a la medida de ese funesto propósito y haciendo provecho de los resultados de unos manipulados comicios de medio tiempo que le posibilitaron dominar absolutamente el Senado y otras entidades claves.
En ese contexto el Comité Político del PLD optó – prácticamente sin reacciones contrarias enérgicas de la oposición electoralista ni resistencias significativas- por implementar desde el Estado bajo su control los siguientes procedimientos espurios destinados a perfeccionar el fraude estructural a su favor:
-Monitoreo con fines clientelistas de más de un millón de personas dependientes de sueldos, dádivas, botellas, programas, nominillas y bonos de “solidaridad”. Compra de partidos, dirigentes y grupos opositores. Divisiones y cooptaciones de sectores adversos. Asaltos de matrículas electorales en
disputa por sentencias de tribunales manipulados. Empleo abusivo y brutal de la inversión pública para promover su continuismo, facilidades fiscales selectivas, privilegios escandalosos, programas de la presidencia y asistencialismo estatal en gran escala para torcer voluntades con fines clientelistas. Asociaciones ventajosas con todo tipo de gansterismo, incluida la narco-delincuencia. Creación de bandas civiles y enlaces con grupos delincuenciales armados para intimidar oportunamente. Uso sistemático del patrimonio y el poder del Estado para condicionar la competencia pre-electoral a su favor, con énfasis especial en la candidatura presidencial. Similar inconducta desde todas y cada una de las instituciones electivas y no electivas: Congreso, Alcaldías, JCE, “altas cortes”, cuerpos castrenses…
Pero eso no fue todo, hay más cosas y más graves como:
– El brutal enriquecimiento ilícito, escandalosamente impune, de la cúpula del partido de gobierno y sus facciones. El dominio de los órganos de decisión y administración del proceso electoral. La negación de democracia hacia dentro del partido y hacia la sociedad. El avasallamiento mediático-publicitario a través emisoras y televisoras bajo control estatal, redes de medios particulares afines y propias, nutridas cuentas de publicidad usadas para sobornar y controlar numerosos medios privados y productores de programas, y compra masiva de miles de comunicadores y “hacedores” de opinión.
Y a consecuencia de ese conjunto de procedimientos se transformó el cogollo del PLD en una corporación política y económica, plagada de pugnas y ambiciones personales, que se asienta en sistema estatal dictatorial avasallante y se nutre de él. Que electoralmente compite con un polo opositor también de derecha, sensiblemente debilitado, pero que logró exhibir -con la ayuda indirecta de sectores inteligentes de la clase dominante- cierta capacidad para generar falsas expectativas bipartidistas a nivel presidencial y reales situaciones de competencias cerradas en no pocas competencias congresuales y municipales.
Esto último fue facilitado por la enorme crisis que corroe, fracciona y desarticula importantes estructuras del PLD; crisis expresada en mayor grado en choques generados por las candidaturas impuestas por el pacto impunidad por reelección y las aspiraciones bloqueadas a nuevas camadas de cuadros.
Esta combinación y relación entre ese oficialismo y una oposición de derecha “competitiva”, redujo al mínimo a las minorías partidistas del “centro-progresista”, de derecha y extrema derecha, no subordinadas al Partido de la Liberación Dominicana-PLD o al Partido Revolucionario Moderno aliado al Partido Reformista Socialcristiano-PRSC).
Los mecanismos de sobornos y repartos empleados por el PLD para comprar previamente a las votaciones la matricula cuasi-vacía del PRD y los usados por el PRM para comprar al destartalado PRSC, crearon la posibilidad de una limitada recuperación electoral del estos dos cascarones políticos en extinción; los cuales por sí mismo jamás hubieran llegado al 5% de la votación que provisionalmente se anuncia van a ostentar; y que concomitantemente le dan “derecho” a recibir muchos millones de pesos del financiamiento estatal, equivalente a la escandalosa tajada que habrán de chuparse el PLD y el PRD. Y esa práctica en ambos casos, que además de ignominiosa tiende a revivir mafias políticas derrotadas- es a todas luces corrupción de la peor.
CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE COYUNTURAL O DE CONTIGENCIA.
A ese fraude estructural se le agregó el fraude de contingencia o coyuntural, dirigido a alterar votaciones donde fuera necesario y posible, para el oficialismo tramposo impedir reveses costosos.
La compra de cédulas y votos alrededor y dentro de los Colegio, la compra de delegados de partidos opositores y de funcionarios de colegios y juntas, alteración y desaparición de actas, robo de urnas por civiles y militares, tumultos violentos con daños a la votación, amenazas y agresiones directas…, entre otras fechorías, formaron parte del menú de la mafia electoral en la ejecución del fraude de contingencia.
Todo eso fue reforzado con la compra, instalación, imposición y empleo precipitado de un sistema electrónico, que además de responder a la ejecución de un jugoso negocio de millones de dólares a favor del Presidente de la JCE y la claque corrupta que controla esa entidad, perseguía acelerar la proyección de tendencias favorables al oficialismo, reemplazar parcialmente el conteo a manos, confundir y sustituir actas e introducir diversas trampas electrónicas; creando de paso – por todas las torpezas desatadas- una crisis post-electoral extensa y delicada que evidenció la intención de múltiples fraudes y la ejecución grotesca de otros que acompañan la pus que emana de todo el sistema.
Al mismo tiempo, la impopularidad de muchas opciones oficiales y las divisiones y pugnas que las corroen, han facilitado victorias evidentes de la alianza PRM-PRSC a nivel congresual y municipal; aunque no en gran escala y en la mayoría de los casos a favor de representantes de la partidocracia tradicional, provocando a la vez competencias cerradas en no pocos puntos del territorio nacional, donde las disputas asumen diferentes niveles de enfrentamientos, incluso violentos.
Vale destacar también que los abusos internos en espacios bajo control de ambas opciones y la presencia de algunas candidaturas jóvenes con liderazgos reales a su interior y en sus ámbitos territoriales, junto a puntuales postulaciones atractivas de corte progresista desde algunos de los pequeños partidos autónomo de las grandes alianzas tradicionales, incidieron para el crecimiento relativo del voto preferencial y el respaldo a liderazgo locales enfrentados a candidatos desacreditados.
Por esas razones se han ampliado limitadamente las posibilidades de candidaturas con esa tipificación, ajenas al interés de las cúpulas tradicionales al interior de sus partidos, como también algunas provenientes de opciones minoritarias, que aun reducidas a mínimas expresiones electorales, tienen cierta podrían lograr entrar al sistema por esas grietas; a lo que se le agrega lo relativamente fácil de lograr la plaza de diputados/as nacionales desde esas agrupaciones pequeñas independientes que logren alcanzar por sí mismas el 1% de los votos válidos, siempre que se respete lo establecido.
Esto último podría favorecer a Alianza País, opción que aun con una votación menor del 2% (la más alta de los llamados partidos chiquitos) tiene esas posibilidad; y también a ciertos grupos minoritarios integrados a las grandes alianza, y que subordinadas a ellas procuran cuotas propias con discursos relativamente distintos.
Por otra parte, está la singular postulación de David Collado, integrado y sustentado por el Grupo Vicini, que es la expresión más poderosa y voraz del capitalismo dominicano con vocación transnacional.
Postulado en la boleta del PRSC, militando formalmente en el PRM y respaldado por las elites empresariales y por el propio presidente Danilo Medina y la corriente distrital peledeísta que encabeza Domingo (ex-aspirante a esa posición), la candidatura de David Collado tiene las características de una soterrada y habil confabulación para derrotar la postulación del desgastado y corrupto Alcalde de la Capital Roberto Salcedo ( articulado en el PLD a la facción del ex–presidente Leonel Fernández) y traspasar la gestión de la Capital a la más rancia oligarquía capitalista.
RESULTADOS PROVISIONALES
Los resultados, profusamente enlodados, están a la vista:
-Una abstención que ronda entre el 30 y 40% del padrón electoral (según la zonas y la composición social), sin contar un volumen alto de electores/as jóvenes que no se inscribió o fue sacado del padrón electoral, que la sitúa cerca del 50%, con un componente de rechazo o desprecio al evento electoral, que forma parte no cuantificable de ese porcentaje.
– Un 61.5% de los votos válidos en a favor del Presidente reeleccionista.
-Un 35% para el principal candidato opositor Luís Abinader, seguido a mucha distancia de Guillermo Moreno con poco menos del 2%.
-Reducción a niveles ínfimos de las votaciones de los demás pequeños partidos.
-Algo más del 5% a favor del PRSC y del PRD, ambos artificialmente inflados y legalmente rehabilitados, además de ignominiosamente compensados y enriquecidos por el PLD y el PRM respectivamente.
-David Collado triunfante por amplio margen, propagandizado como un gran fenómeno electoral protagonizado por ese joven “emprededor”; aunque así gana cualquiera.
–Situaciones mucho más conflictivas y menos favorables para el oficialismo a nivel de los resultados congresuales y municipales, que van conformando una suma de crisis post-electorales en muchos puntos del territorio del país, que incluyen fuertes gestos de indignación y rebeldía de amplio sectores populares más allá de las reacciones de los líderes de la oposición electoral.
-Incremento de los déficits gubernamentales a consecuencia del enorme dispendio electoral y de la corruptela que le acompañaron, situación que
pasados los comicios de seguro generan reacciones gubernamentales y de la clase dominante a favor de los ajustes y paquetes de medidas económicas anti-populares, provocadoras de nuevas indignaciones y tensiones sociales.
REPUESTA ALTERNATIVA
Ese 61% de Danilo, además de coyuntural, es sumamente fofo, frágil, inconsistente. Ahora vienen, además, las cobranza de los apoyos brindados a la reelección por elites sociales y mafias políticas voraces.
Pasados estas elecciones traumáticas todo habrá de empeorarse. El régimen tendrá que enfrentar grandes dificultades económicas y fuertes reclamos fruto de grandes insatisfacciones sociales y de la dramática crisis ambiental; además de pagar el costo político de este desastre electoral y del agravamiento creciente de la descomposición institucional.
La indetenible crisis de decadencia de los partidos tradicionales, oficialistas y opositores, tendrá nuevas expresiones. Igual las instituciones que controlan.
Al tratarse de una imposición oficialista repleta de pus y de un salto más hacia la degradación institucional y la descomposición del tradicional sistema de partidos generador de desconfianzas, estos resultados no merecen ni aplaudirse ni respetarse, mucho menos refrendarlos con pasividad y resignación, sin promover y respaldar toda desobediencia contra el abuso y la negación de derechos.
Por el contrario es un deber -incluso de los que no votamos, de quienes advertimos y combatimos anticipadamente la trampa y sus resultantes- exhortar a los votantes timados, burlados a defender sus derechos, a exigir que les cuente sus votos y a demandarles a sus dirigentes que asuman la responsabilidad de no aceptar resultados truqueados, ni ahora ni después; lo que en muchos casos implica un comportamiento distinto a su consabida tendencia a negociarlo todo.
Pero más allá de esa pelea inmediata y de esos conflictos electorales sin mayores implicaciones de alternativas de cambios, pero que tampoco se resuelven favorablemente a los/as afectados/as sin movilizaciones y protestas contundentes, llamamos a impugnar la continuidad de esta dictadura política en su conjunto, ahora chorreando más lodo.
Hay que proponerse y convencer de eso a gran parte del pueblo, porque de nuevo se ha demostrado que es imposible de hacerlo a través de las urnas que el propio régimen controla y manipula.
Está cada vez más claro que esta corrompida y corruptora dictadura morada y sus perversidades, solo pueden derrotarse con la movilización del pueblo en ciudades y campos del país, al compás de todas las demandas en defensa de la vida, del respeto a los derechos ciudadanos y la dignidad del ser humano, a cargo de una fuerza impulsora diametralmente distinta al partidismo tradicional altamente maleado.
A falta de democracia en las instituciones -algo que profundizará en el marco de este continuismo montado sobre los dos fraudes denunciados- se impone ejercer la DEMOCRACIA DE CALLE.
A falta incluso de democracia electoral, se requiere transitar fundamentalmente por rutas y espacios situados fuera de estas instituciones, de estas normas constitucionales y estos sistemas electorales pervertidos, solo aptos para nuevos fraudes.
La destitución de la JCE debió plantearse desde su origen y debe seguirse demandando. Pero ya es insuficiente.
A lo interno del Estado y del gobierno, ambos secuestrados y monopolizados por la cúpula del PLD, estas elecciones marcan también un cambio en la correlación de fuerza a favor del presidente reeleccionista y en detrimento de Leonel Fernández, y es posible que el primero se proponga la restructuración de la JCE y las llamadas altas cortes bajo control del leonelismo.
Por eso decimos que re-estructurar la JCE y esos organismos -en marco de la misma dictadura, ahora bajo el mando del presidente Medina- es insuficiente y no rebasaría un simple cambio de hegemonía en el seno de la corporación que las controla, o un nuevo pacto con sectores de igual calaña.
Tal situación, por tanto, obliga a ir más allá: a desplegar la democracia de calle para impugnar todo el andamiaje de la dictadura, todas las instituciones prostituidas por ella, todo el poder constituido; creando contra-poder popular paralelo, en cada conflicto o confrontación y nacionalmente, en el marco de un proceso constituyente para la refundación de la república y transformación democrática del país hacia una sociedad justa y solidaria.
Asume, en consecuencia más pertinencia la CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA para cambiarlo todo lo degradado e inservible.
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.