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Opinión

Elecciones degradadas y pervertidas

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Narciso Isa Conde

NARCISO-ISA-CONDE11111121El proceso electoral que culminó en las votaciones del domingo 15 de mayo ha sido el más tramposo, inequitativo, corrompido y adulterado a favor de las candidaturas oficialistas, en las últimas cinco décadas.

Estamos ante una verdadera estafa electoral a consecuencia de una gran cantidad de trampas, abusos y adulteraciones de larga y corta data; muchas de ellas aceptadas y/o compartidas dócilmente o oportunistamente por una oposición electoralista inconsecuente hasta con su propio rol.

Dos paquetes de fraudes han sido ejecutados para imponer de todas maneras, a costa de la aceleración de su proceso de putrefacción institucional, la continuidad forzada de la corrompida dictadura peledeísta:

* Uno que corresponde a un fraude estructural que se ha tornado crónico, fraguado y ejecutado previamente al día de las votaciones.

* Otro coyuntural, que se centra en graves adulteraciones en el curso del ejercicio y conteo de votos, que empecinadamente procura modificar resultados adversos al oficialismo.

INSTITUCIONALIDAD Y FRAUDE ESTRUCTURAL.

La descomposición, corrupción y degradación de las instituciones y el proceso hacia la dictadura política (vía el control absoluto del Estado por una casta partidista corrompida y una especie de lumpen burguesía), así como el desguañangue del sistema tradicional de partidos, se aceleró y alcanzó niveles sin precedentes desde el 2010, mediante la aprobación de una Constitución a la medida de ese funesto propósito y haciendo provecho de los resultados de unos manipulados comicios de medio tiempo que le posibilitaron dominar absolutamente el Senado y otras entidades claves.

En ese contexto el Comité Político del PLD optó – prácticamente sin reacciones contrarias enérgicas de la oposición electoralista ni resistencias significativas- por implementar desde el Estado bajo su control los siguientes procedimientos espurios destinados a perfeccionar el fraude estructural a su favor:

-Monitoreo con fines clientelistas de más de un millón de personas dependientes de sueldos, dádivas, botellas, programas, nominillas y bonos de “solidaridad”. Compra de partidos, dirigentes y grupos opositores. Divisiones y cooptaciones de sectores adversos. Asaltos de matrículas electorales en

disputa por sentencias de tribunales manipulados. Empleo abusivo y brutal de la inversión pública para promover su continuismo, facilidades fiscales selectivas, privilegios escandalosos, programas de la presidencia y asistencialismo estatal en gran escala para torcer voluntades con fines clientelistas. Asociaciones ventajosas con todo tipo de gansterismo, incluida la narco-delincuencia. Creación de bandas civiles y enlaces con grupos delincuenciales armados para intimidar oportunamente. Uso sistemático del patrimonio y el poder del Estado para condicionar la competencia pre-electoral a su favor, con énfasis especial en la candidatura presidencial. Similar inconducta desde todas y cada una de las instituciones electivas y no electivas: Congreso, Alcaldías, JCE, “altas cortes”, cuerpos castrenses…

Pero eso no fue todo, hay más cosas y más graves como:

– El brutal enriquecimiento ilícito, escandalosamente impune, de la cúpula del partido de gobierno y sus facciones. El dominio de los órganos de decisión y administración del proceso electoral. La negación de democracia hacia dentro del partido y hacia la sociedad. El avasallamiento mediático-publicitario a través emisoras y televisoras bajo control estatal, redes de medios particulares afines y propias, nutridas cuentas de publicidad usadas para sobornar y controlar numerosos medios privados y productores de programas, y compra masiva de miles de comunicadores y “hacedores” de opinión.

Y a consecuencia de ese conjunto de procedimientos se transformó el cogollo del PLD en una corporación política y económica, plagada de pugnas y ambiciones personales, que se asienta en sistema estatal dictatorial avasallante y se nutre de él. Que electoralmente compite con un polo opositor también de derecha, sensiblemente debilitado, pero que logró exhibir -con la ayuda indirecta de sectores inteligentes de la clase dominante- cierta capacidad para generar falsas expectativas bipartidistas a nivel presidencial y reales situaciones de competencias cerradas en no pocas competencias congresuales y municipales.

Esto último fue facilitado por la enorme crisis que corroe, fracciona y desarticula importantes estructuras del PLD; crisis expresada en mayor grado en choques generados por las candidaturas impuestas por el pacto impunidad por reelección y las aspiraciones bloqueadas a nuevas camadas de cuadros.

Esta combinación y relación entre ese oficialismo y una oposición de derecha “competitiva”, redujo al mínimo a las minorías partidistas del “centro-progresista”, de derecha y extrema derecha, no subordinadas al Partido de la Liberación Dominicana-PLD o al Partido Revolucionario Moderno aliado al Partido Reformista Socialcristiano-PRSC).

Los mecanismos de sobornos y repartos empleados por el PLD para comprar previamente a las votaciones la matricula cuasi-vacía del PRD y los usados por el PRM para comprar al destartalado PRSC, crearon la posibilidad de una limitada recuperación electoral del estos dos cascarones políticos en extinción; los cuales por sí mismo jamás hubieran llegado al 5% de la votación que provisionalmente se anuncia van a ostentar; y que concomitantemente le dan “derecho” a recibir muchos millones de pesos del financiamiento estatal, equivalente a la escandalosa tajada que habrán de chuparse el PLD y el PRD. Y esa práctica en ambos casos, que además de ignominiosa tiende a revivir mafias políticas derrotadas- es a todas luces corrupción de la peor.

CARACTERÍSTICAS DEL FRAUDE COYUNTURAL O DE CONTIGENCIA.

A ese fraude estructural se le agregó el fraude de contingencia o coyuntural, dirigido a alterar votaciones donde fuera necesario y posible, para el oficialismo tramposo impedir reveses costosos.

La compra de cédulas y votos alrededor y dentro de los Colegio, la compra de delegados de partidos opositores y de funcionarios de colegios y juntas, alteración y desaparición de actas, robo de urnas por civiles y militares, tumultos violentos con daños a la votación, amenazas y agresiones directas…, entre otras fechorías, formaron parte del menú de la mafia electoral en la ejecución del fraude de contingencia.

Todo eso fue reforzado con la compra, instalación, imposición y empleo precipitado de un sistema electrónico, que además de responder a la ejecución de un jugoso negocio de millones de dólares a favor del Presidente de la JCE y la claque corrupta que controla esa entidad, perseguía acelerar la proyección de tendencias favorables al oficialismo, reemplazar parcialmente el conteo a manos, confundir y sustituir actas e introducir diversas trampas electrónicas; creando de paso – por todas las torpezas desatadas- una crisis post-electoral extensa y delicada que evidenció la intención de múltiples fraudes y la ejecución grotesca de otros que acompañan la pus que emana de todo el sistema.

Al mismo tiempo, la impopularidad de muchas opciones oficiales y las divisiones y pugnas que las corroen, han facilitado victorias evidentes de la alianza PRM-PRSC a nivel congresual y municipal; aunque no en gran escala y en la mayoría de los casos a favor de representantes de la partidocracia tradicional, provocando a la vez competencias cerradas en no pocos puntos del territorio nacional, donde las disputas asumen diferentes niveles de enfrentamientos, incluso violentos.

Vale destacar también que los abusos internos en espacios bajo control de ambas opciones y la presencia de algunas candidaturas jóvenes con liderazgos reales a su interior y en sus ámbitos territoriales, junto a puntuales postulaciones atractivas de corte progresista desde algunos de los pequeños partidos autónomo de las grandes alianzas tradicionales, incidieron para el crecimiento relativo del voto preferencial y el respaldo a liderazgo locales enfrentados a candidatos desacreditados.

Por esas razones se han ampliado limitadamente las posibilidades de candidaturas con esa tipificación, ajenas al interés de las cúpulas tradicionales al interior de sus partidos, como también algunas provenientes de opciones minoritarias, que aun reducidas a mínimas expresiones electorales, tienen cierta podrían lograr entrar al sistema por esas grietas; a lo que se le agrega lo relativamente fácil de lograr la plaza de diputados/as nacionales desde esas agrupaciones pequeñas independientes que logren alcanzar por sí mismas el 1% de los votos válidos, siempre que se respete lo establecido.

Esto último podría favorecer a Alianza País, opción que aun con una votación menor del 2% (la más alta de los llamados partidos chiquitos) tiene esas posibilidad; y también a ciertos grupos minoritarios integrados a las grandes alianza, y que subordinadas a ellas procuran cuotas propias con discursos relativamente distintos.

Por otra parte, está la singular postulación de David Collado, integrado y sustentado por el Grupo Vicini, que es la expresión más poderosa y voraz del capitalismo dominicano con vocación transnacional.

Postulado en la boleta del PRSC, militando formalmente en el PRM y respaldado por las elites empresariales y por el propio presidente Danilo Medina y la corriente distrital peledeísta que encabeza Domingo (ex-aspirante a esa posición), la candidatura de David Collado tiene las características de una soterrada y habil confabulación para derrotar la postulación del desgastado y corrupto Alcalde de la Capital Roberto Salcedo ( articulado en el PLD a la facción del ex–presidente Leonel Fernández) y traspasar la gestión de la Capital a la más rancia oligarquía capitalista.

RESULTADOS PROVISIONALES

Los resultados, profusamente enlodados, están a la vista:

-Una abstención que ronda entre el 30 y 40% del padrón electoral (según la zonas y la composición social), sin contar un volumen alto de electores/as jóvenes que no se inscribió o fue sacado del padrón electoral, que la sitúa cerca del 50%, con un componente de rechazo o desprecio al evento electoral, que forma parte no cuantificable de ese porcentaje.

– Un 61.5% de los votos válidos en a favor del Presidente reeleccionista.

-Un 35% para el principal candidato opositor Luís Abinader, seguido a mucha distancia de Guillermo Moreno con poco menos del 2%.

-Reducción a niveles ínfimos de las votaciones de los demás pequeños partidos.

-Algo más del 5% a favor del PRSC y del PRD, ambos artificialmente inflados y legalmente rehabilitados, además de ignominiosamente compensados y enriquecidos por el PLD y el PRM respectivamente.

-David Collado triunfante por amplio margen, propagandizado como un gran fenómeno electoral protagonizado por ese joven “emprededor”; aunque así gana cualquiera.

–Situaciones mucho más conflictivas y menos favorables para el oficialismo a nivel de los resultados congresuales y municipales, que van conformando una suma de crisis post-electorales en muchos puntos del territorio del país, que incluyen fuertes gestos de indignación y rebeldía de amplio sectores populares más allá de las reacciones de los líderes de la oposición electoral.

-Incremento de los déficits gubernamentales a consecuencia del enorme dispendio electoral y de la corruptela que le acompañaron, situación que
pasados los comicios de seguro generan reacciones gubernamentales y de la clase dominante a favor de los ajustes y paquetes de medidas económicas anti-populares, provocadoras de nuevas indignaciones y tensiones sociales.

REPUESTA ALTERNATIVA

Ese 61% de Danilo, además de coyuntural, es sumamente fofo, frágil, inconsistente. Ahora vienen, además, las cobranza de los apoyos brindados a la reelección por elites sociales y mafias políticas voraces.

Pasados estas elecciones traumáticas todo habrá de empeorarse. El régimen tendrá que enfrentar grandes dificultades económicas y fuertes reclamos fruto de grandes insatisfacciones sociales y de la dramática crisis ambiental; además de pagar el costo político de este desastre electoral y del agravamiento creciente de la descomposición institucional.

La indetenible crisis de decadencia de los partidos tradicionales, oficialistas y opositores, tendrá nuevas expresiones. Igual las instituciones que controlan.

Al tratarse de una imposición oficialista repleta de pus y de un salto más hacia la degradación institucional y la descomposición del tradicional sistema de partidos generador de desconfianzas, estos resultados no merecen ni aplaudirse ni respetarse, mucho menos refrendarlos con pasividad y resignación, sin promover y respaldar toda desobediencia contra el abuso y la negación de derechos.

Por el contrario es un deber -incluso de los que no votamos, de quienes advertimos y combatimos anticipadamente la trampa y sus resultantes- exhortar a los votantes timados, burlados a defender sus derechos, a exigir que les cuente sus votos y a demandarles a sus dirigentes que asuman la responsabilidad de no aceptar resultados truqueados, ni ahora ni después; lo que en muchos casos implica un comportamiento distinto a su consabida tendencia a negociarlo todo.

Pero más allá de esa pelea inmediata y de esos conflictos electorales sin mayores implicaciones de alternativas de cambios, pero que tampoco se resuelven favorablemente a los/as afectados/as sin movilizaciones y protestas contundentes, llamamos a impugnar la continuidad de esta dictadura política en su conjunto, ahora chorreando más lodo.

Hay que proponerse y convencer de eso a gran parte del pueblo, porque de nuevo se ha demostrado que es imposible de hacerlo a través de las urnas que el propio régimen controla y manipula.

Está cada vez más claro que esta corrompida y corruptora dictadura morada y sus perversidades, solo pueden derrotarse con la movilización del pueblo en ciudades y campos del país, al compás de todas las demandas en defensa de la vida, del respeto a los derechos ciudadanos y la dignidad del ser humano, a cargo de una fuerza impulsora diametralmente distinta al partidismo tradicional altamente maleado.

A falta de democracia en las instituciones -algo que profundizará en el marco de este continuismo montado sobre los dos fraudes denunciados- se impone ejercer la DEMOCRACIA DE CALLE.

A falta incluso de democracia electoral, se requiere transitar fundamentalmente por rutas y espacios situados fuera de estas instituciones, de estas normas constitucionales y estos sistemas electorales pervertidos, solo aptos para nuevos fraudes.

La destitución de la JCE debió plantearse desde su origen y debe seguirse demandando. Pero ya es insuficiente.

A lo interno del Estado y del gobierno, ambos secuestrados y monopolizados por la cúpula del PLD, estas elecciones marcan también un cambio en la correlación de fuerza a favor del presidente reeleccionista y en detrimento de Leonel Fernández, y es posible que el primero se proponga la restructuración de la JCE y las llamadas altas cortes bajo control del leonelismo.

Por eso decimos que re-estructurar la JCE y esos organismos -en marco de la misma dictadura, ahora bajo el mando del presidente Medina- es insuficiente y no rebasaría un simple cambio de hegemonía en el seno de la corporación que las controla, o un nuevo pacto con sectores de igual calaña.

Tal situación, por tanto, obliga a ir más allá: a desplegar la democracia de calle para impugnar todo el andamiaje de la dictadura, todas las instituciones prostituidas por ella, todo el poder constituido; creando contra-poder popular paralelo, en cada conflicto o confrontación y nacionalmente, en el marco de un proceso constituyente para la refundación de la república y transformación democrática del país hacia una sociedad justa y solidaria.

Asume, en consecuencia más pertinencia la CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA para cambiarlo todo lo degradado e inservible.

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Opinión

La Semana Santa: Un Espacio de tiempo Apropiado para Pensar en Valores.

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Por José Cabral

La Semana Santa, la cual es utilizada para invertir ese tiempo en asuntos que generalmente no son los más recomendables, debían servir en esta época  de crisis de valores para pensar en aquellas cosas que pueden repercutir en favor de nuestros hijos, nietos, la familia en sentido general y toda la sociedad.

Ello así, porque la República Dominicana prácticamente ha tocado fondo en lo que respecta a los valores, no sólo cívicos y democráticos, sino también morales y éticos.

La cercanía de las elecciones para escoger las autoridades nacionales, dígase presidente, vicepresidente, diputados y senadores, manda que los paradigmas que prevalecen ahora puedan ser cambiados para que de alguna manera nos acerquemos a una democracia más acorde con una nación civilizada.

Las pasadas elecciones municipales enviaron un mensaje muy contundente en lo que respecta a que por lo menos los gobiernos municipales han sido escogidos afectados de una peligrosa ilegitimidad, es decir, que no representan a la mayoría de los munícipes, lo cual podría implicar un profundo problema de gobernabilidad.

A este fenómeno se le ha dado una y mil explicaciones, pero el asunto radica en que la sociedad dominicana se rige por valores profundamente antidemocráticos, tal vez como una expresión fiel de su herencia histórico-cultural, la cual se fundamenta en el machismo, el caudillismo, el patriarcado, el jefismo y el amiguismo.

Estas distorsiones ahora también son alimentadas por el fenómeno del clientelismo, es decir, que porcentajes importantes de votantes acuden a depositar su voto no sobre la base de que haya mayores garantías para sus hijos, la familia y la sociedad, sino con la exigencia de que primera se les entregue los suyos.

Entonces, esta crisis de valores tiene que ser una razón más que suficiente para que reflexionemos cómo vamos a afrontar una distorsión que podría llevar al abismo a la sociedad dominicana.

La Semana Santa aparte de ser un momento importante para fortalecer los lazos afectivos familiares, también debe servir para que reflexionemos con mucha profundidad sobre el destino que nos espera si continuamos por este derrotero.

Una consecuencia evidente esta crisis tiene que ver con el colapso de prácticamente todos los partidos políticos dominicanos, los cuales hoy atraviesan por una falta de credibilidad que muy difícilmente en algunos años puedan permanecer con vida.

Naturalmente, entre los dominicanos ya es una cultura que se espere la desgracia total para entonces pensar en las que pueden ser las soluciones.

La sociedad dominicana, dentro de cuyo contexto hay que incluir al Estado, está gravemente amenazada por la falta de credibilidad de las instituciones que deben servir de soporte a la democracia, pero nadie parece tomar el asunto en serio.

La Semana Santa podría ser un espacio de tiempo para que se asuma con seriedad una crisis que tiene una diversidad de aristas que no se ven a simple vista, pero que corroen el sistema de una forma muy acelerada.

Ya hemos llegado a tener autoridades ilegitimas a nivel de los gobiernos locales, ahora falta ver cuál será el comportamiento del ciudadano frente a las elecciones presidenciales y congresuales, porque podría ser que ahí sí la puerca tuerza el rabo.

Aprovechemos la Semana Mayor para escrudiñar como asumir el reto, ya que la democracia nacional está agonizante, cuyas debilidades deben repartirse entre todos los actores que han propiciado la actual situación.

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Opinión

Momento de reconciliarnos con nuestro lema nacional.

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Por Isaías Ramos

En estos tiempos tan inciertos y complicados que vive la nación dominicana, una nación cuyo espíritu danza al ritmo del merengue y cuya fortaleza se ha forjado en la fe y el valor, nos encontramos ante una encrucijada que pone a prueba nuestra esencia. Una élite política ha oscurecido las esperanzas de muchos, sembrando un sentimiento de amargura en gran parte de nuestra población. Mientras tanto, las continuas crisis de nuestros vecinos nos recuerdan el valor de la estabilidad y la importancia de la unidad.

Recordemos las palabras de Juan Pablo Duarte, el padre de nuestra independencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor». Estas palabras resuenan con una verdad inquebrantable, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. La nación se ve sacudida no solo por los vaivenes internos, sino también por las crisis que azotan a nuestros vecinos, recordándonos la fragilidad de nuestra estabilidad y la importancia de la unidad.

La Semana Santa se nos presenta como una pausa reflexiva, un momento sagrado para mirar hacia dentro y preguntarnos: ¿Hemos sido fieles al legado de quienes nos precedieron? En el silencio de estas jornadas, hallamos un espacio para la introspección, para volver a conectar con esos valores eternos de fe en Dios, amor patrio y libertad que nos legaron nuestros fundadores.

¿Cómo podemos, entonces, trascender la amargura y el descontento que parecen nublar nuestro horizonte? La respuesta yace en el poder transformador de la fe en Dios y en el amor incondicional por nuestra tierra. Al igual que en las luchas pasadas por nuestra independencia y soberanía, la fe en algo más grande que nosotros mismos fue el faro que guió a nuestros héroes. En esta Semana Santa, miramos hacia la cruz no solo como símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio de la esperanza y la renovación.

La historia nos sirve de espejo, mostrándonos las huellas de aquellos que nos precedieron y las encrucijadas donde otros han tropezado. Las lecciones de naciones hermanas como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua resuenan como ecos de advertencia y guía. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a nuestros principios y los peligros de desviarnos del camino.

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana renacida, donde el temor, la inseguridad y la corrupción sean meras sombras del pasado. Una nación donde cada ciudadano, movido por el temor reverente a Dios y el amor a su patria, contribuya a forjar un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Este es el futuro que podemos construir juntos.

Que esta Semana Santa marque el inicio de un compromiso renovado, no solo con nuestras creencias personales, sino también con el legado que deseamos dejar. La cruz de Cristo, más allá de su significado religioso, simboliza la intersección entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestros errores y nuestra redención.

Así, en este momento sagrado, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado a cada corazón dominicano: despertemos a la grandeza de nuestra herencia, a la fortaleza que reside en nuestra unidad y fe en Dios. Juntos, podemos transitar este camino hacia la redención, abrazando los desafíos como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y propósito.

Que la Semana Santa sea el umbral que crucemos hacia un nuevo capítulo de nuestra historia, uno lleno de luz, paz y prosperidad.

¡Despierta, RD!

 

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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