Todos los días el Gobierno de Luis Abinader da muestra de que no está en capacidad del manejo del Estado, cuyos errores son totalmente infantiles y propios de personas que no tienen la menor idea de su metida de patas.

Las torpezas del Gobierno legitiman las críticas de una oposición desacreditada por sus acciones al margen de la ética y de la moral, la cual está conformada, principalmente, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.

La última metida de patas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de su líder Abinader ha sido anunciar una nueva Constitución de la República, pero al propio tiempo toma medidas que lesionan derechos fundamentales contenidos en la carta magna y los tratados y convenciones internacionales.

De esa manera, el presidente Abinader y el PRM les otorgan toda la legitimidad del mundo a aquellos que han tenido el control del Estado y han hecho lo mismo, porque cómo se explica que no entiendan que lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que obliga a los empleados del Estado a presentar sus contratos de agua y de energía eléctrica lesiona  el derecho a la intimidad de las personas.

El asunto tiene mayor gravedad, no sólo porque revela la ignorancia y la doble moral de los perremeístas y su Gobierno, sino también porque si las autoridades se respetaran ni mencionaran los servicios de agua y de energía eléctrica, dado lo deficiente de los mismos.

Hay una famosa expresión que dice que se debe saber nadar y guardar bien la ropa, lo cual no parece que sea aplicable en lo respecta a los funcionarios del gobierno, cuya torpeza no les permite comportarse con prudencia y sensatez.

Es decir, que en el preciso momento en que se habla de que el país tiene una ley sustantiva que es más acorde con el estado de derecho, los perremeistas someten a los empleados públicos a una medida inconstitucional y que va en contra de los derechos consignados en el bloque de constitucionalidad del país, lo cual pone en peligro un derecho tan sagrado como el de la intimidad, el honor personal, que está en primer orden en los derechos interamericanos e internacionales.

La medida en cuestión violenta el artículo 44 de la ley de leyes, lo que representa un contrasentido que amenaza de todos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país.

Todo el mundo sabe que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de ellas.

Sin embargo, en el presente caso se debe destacar que en lo respecta al agua potable el Gobierno tampoco cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que por un asunto de derechos humanos  se produzcan cortes del servicio por falta de pago.

En esa línea de violaciones el gobierno de Luis Abinader procede al corte del agua potable en desacato de lo decidido por el TC a través de los órganos que manejan el preciado líquido como la Corporación de Acuerdo de Alcantarillado de Santiago (CORASAN), entre otras.

La realidad es que el Gobierno, tal y como lo dice la oposición, no cumple con ofrecer un mejor servicio  que satisfagan las necesidades del interés colectivo y respondan a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria establecidos en la Constitución.

Como que no luce racional que las autoridades tengan un doble discurso, primero de fortalecimiento de la Constitución y segundo de violación de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad de las familias y tire por el suelo el derecho al  honor, al buen nombre e imagen.

Por Elba García

La  economía dominicana ha sido impactada por un proceso de conversión de exportadora a importadora, cuyos únicos renglones con mucha fortaleza, tal vez su tabla de salvación, son el turismo y las remesas, producto de la emigración de dominicanos hacia países  mediana y altamente desarrollados.

El manejo de la economía en el país no ha estado al margen de lo que representa una cultura de falta de planificación que proviene  desde los tiempos de la colonia, cuyo nivel de endeudamiento  supera las líneas de peligro para cualquier nación.

Un buen ejemplo del manejo dislocado de una economía es Argentina, la cual entró a niveles de devaluación e impago que llevó a que ambos términos se convirtieran en sinónimos, tanto fue así que una cosa no se concebía sin la otra y viceversa.

En los comienzos del año 2000 la economía argentina se convirtió en un verdadero drama, cuyas supuestas soluciones siempre han sido un salto al vacío, lo que ha implicado que los recursos de los bancos estén expuestos al sector público y la opción buscada era imprimir dinero inorgánico a través de su Banco Central, lo cual convirtió en ingobernable el régimen de convertibilidad en vigor en ese momento.

Pero hasta el momento la economía de este país ha sido una bomba de tiempo que no ha habido magos políticos que encuentren la fórmula de su saneamiento, cuyo sendero también llevan otras naciones del mundo, incluida la República Dominicana.

El otro caso donde el caos de la economía tenia a esa nación  al borde del colapso total fue Grecia, en razón de que la troika liderada por las autoridades del continente europeo declaró un impago que  era prácticamente imposible para que un  país de la zona escogiera esa vía  y si bien se buscó resolver el asunto con una serie de recortes, pero esa medida no bastaba para darle una salida a la deuda de este país.

Entonces, la crisis de estos dos países Argentina y Grecia ha dejado las lecciones de que  la deuda y el dinero no son lo mismo, pero que si se deja que el problema se agrave se corre el riesgo de ser impactado por una recesión, la cual trae consigo la disminución de la demanda de crédito privado, debilitamiento de los balances de los bancos y un gobierno que se financia cada vez más con la utilización de éstos porque están bajo su control, lo cual convierte el futuro de la deuda y del sistema bancario en prácticamente uno solo.

Esta situación está apoyada por una evidencia empírica, ya que desafortunadamente este problema compartido, desde luego, no soluciona nada,  más bien lo que hace es amplificar y expandir  muchas veces el asunto, dado que   los bancos y la deuda están más entrelazados y puede advertirse que  lo mismo ocurre con el futuro de la moneda, lo cual genera el espectro de la inestabilidad monetaria con su amenaza endémica para el sustento -con frecuencia, de los más vulnerables, cuya lección es no retrasar, sino  reestructurar de manera más oportuna antes de que el agujero se vuelva demasiado profundo.

En este mismo contexto está  Puerto Rico, pero en el Caribe y con el soporte de alguna manera de los Estados Unidos, lo cual le permite abrir nuevos caminos, pero sin estar exentos de grandes problemas y con desventajas frente a las posibilidades de los que cuentan con una moneda propia, ya que está totalmente dolarizado y pertenece al Segundo Distrito del Sistema de la Reserva Federal, cuyos bancos están protegidos por un seguro de depósitos de E.U., pero donde por igual sus autoridades han declarado que no se pueden pagar todas las deudas de la isla en razón de que las mismas absorben todos los ingresos públicos.

El endeudamiento del Gobierno de Luis Abinader comienza a dejar profundas preocupaciones en esta materia en los diferentes sectores que conforman la vida nacional, sobre todo en los principales de la economía nacional, porque la agresividad mostrada en este aspecto conduce a la nación a un cuadro parecido a lo que ocurre en  las tres naciones citadas en este trabajo periodístico..

Luis Abinader en el 2023  rompió récord de endeudamiento público durante  un año al tomar prestado US$9,249 millones dólares, unos RD$527 mil 193 millones, según evaluaciones de los partidos de la oposición.

Este monto de US$2,649 millones corresponden a préstamos con organismos crediticios internacionales y US$6,600 millones a la colocación de bonos soberanos.

Algunos sectores indican que las futuras generaciones tendrán que pagar los gastos corrientes de la presente administración, cuya deuda ya alcanza niveles de mucha  preocupación.

«En la Cámara de Diputados se aprobaron préstamos por US$2, 649 millones, aparte de esto se ejecutó para este presupuesto la colocación de bonos por RD$ 363 mil millones, que son el equivalente a US$6,600 millones».

En el orden de los endeudamientos las  AFP dicen que la gestión Abinader les ha  tomado préstamos RD$3.1 billones, cuyo endeudamiento público no sólo alcanza lo nacional, sino también lo externo.

El cuadro de la deuda compromete las futuras generaciones, ya que pagarán  todos los compromisos internacionales que irracionalmente asume el país, sin que ese dinero represente la construcción de obras que impacten a los niños que nacen en la actualidad.

Sin embargo, los críticos de la oposición cuando tienen la oportunidad de volver a controlar el Estado repiten el mismo comportamiento en lo referente al endeudamiento público, sobre todo con el propósito de sostener la corrupción administrativa.

La deuda del sector público no financiero representa el 46.3% del PIB al 31 de agosto del 2024, pero  el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$57,596.0 millones, representando el 46.3% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado.

La deuda pública en República Dominicana en 2023 fue de 67.581 millones de euros73.094 millones de dólares, creció 3.239 millones desde 2022 cuando fue de 64.342 millones de euros 67.808 millones de dólares,.

Consultores en política fiscal y tributaria plantean que la deuda pública se ha multiplicado por 17 en los últimos 23 años, producto de la gran cantidad de préstamos, lo que ha llevado a que cada dominicano tenga que pagar per cápita seis mil novecientos noventa y tres dólares.

En una conferencia con el título de  “Impacto de la Deuda Pública en la Formulación de la Política Presupuestaria”, en el marco de la conmemoración del Primer Congreso de Economía Dominicana organizado por la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se afirmó que todos los años se debe tener la responsabilidad de definir y establecer cómo se van a asignar los recursos del Estado que se manejan a través del presupuesto nacional

La medición del crecimiento económico en el país en los últimos 23 años ha tenido muy poco impacto distributivo en la riqueza de los ingresos, pese a que todo el mundo destaca lo ocurrido en esta materia.

Otro elemento importante es que  el crecimiento económico tiene muy poco impacto en las recaudaciones fiscales del Gobierno y que en los últimos veintitrés años el país ha tenido una presión tributaria de un trece por ciento fija.

De modo, que  el crecimiento económico que tiene la República Dominicana no se refleja en mayores recaudaciones tributarias del Gobierno para fortalecer el  producto interno bruto,  lo que ha provocado recurrentes déficit fiscales que han obligado a endeudarnos  para poder  hacer  frente a una proporción importante de las obligaciones

La deuda entre el 2000 y 2023 se ha multiplicado por 17 diecisiete en el país, como resultado de  un  crecimiento de ésta que advierte serios peligros para el país, ya que  la política fiscal  del  Gobierno afecta el ciclo  económico que lesiona la distribución de la riqueza y la cohesión social.

Desde marzo del presente año  la deuda de la República Dominicana es de setenta y cuatro  mil millones de dólares, cuyo crecimiento  desde el 2020 ha sido realmente exponencial, la cual  con relación al PIB ya resulta preocupante con implicaciones de sobreendeudamiento por el Covid 19.

La deuda per cápita pasó en el país  de 522 dólares en el año 2000 a seis mil novecientos  noventa y tres dólares por cada dominicano en 2023, cuyo  crecimiento acelerado se ha traducido en una retranca para el Estado.

Las naciones que suelen pedir dinero prestado cuando lo recaudado a través de los impuestos no es suficiente para el financiamiento de proyectos o gastos del Estado terminan en un callejón sin salida con consecuentes crisis sociales y políticas.

Guatemala es el país de Centroamérica que menos ha recurrido a esta práctica, cuya deuda pública es la más baja de la región con 22.593 millones de dólares, lo que equivale a un aproximado del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Mientras que los países con la mayor deuda pública son El Salvador, con el 76 % de su PIB comprometido y Costa Rica con el 63 %, los cuales regularmente sirven de punto de referencia para las comparaciones que se hacen, por ejemplo, en la República Dominicana

La deuda de El Salvador ha sido considerada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su evaluación del Artículo IV 2023, como “elevada y se encuentra en una senda insostenible”, por lo que recomendó, en febrero de este año, “el desarrollo de un plan fiscal y de financiamiento completo y ambicioso, destinado a reconducirla a una senda sostenible y a facilitar el acceso al mercado internacional de capitales».

Por su parte, Costa Rica sostiene que “la orientación general de las políticas debe seguir centrada en hacer que la inflación regrese a la meta y que la deuda pública se mantenga en una firme trayectoria descendente”.

Las entidades financieras  para medir si un nivel de deuda es correcto o excesivo es mediante la  comparación de  lo que se debe con el PIB de cada país, es decir,  el monto de la misma  con el valor de los bienes y servicios finales que produce.

Un ejemplo válido en este caso es  si un país debe 80 millones de dólares y su PIB es de 100 millones, de lo producido, ya debe la mayor parte y su capacidad de riqueza queda reducida.

Por Elba Rosa

Fueron muchas las quejas de la gente común y otros sectores de la vida nacional, los cuales con mucha legitimidad dejaron claro que ya no soportan una carta impositiva que para lo que más se utiliza es para promover corrupción administrativa, déficits fiscales y otras variantes del mal manejo del Estado.

En la discusión de la propuesta se ha visto de todo, desde la improvisación del Gobierno hasta la presunta buena fe de los actores de la vida política tradicional de la oposición de la República Dominicana, pese a que tienen muy poca moral para ello.

Sin embargo, ocurrió lo que tenía que pasar, ya que el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, que tienen tan poca coordinación y planificación interna, que mientras el presidente anunciaba que hablaría al país para retirar la propuesta, el PRM contradictoriamente anunciaba una marcha para darle respaldo a la misma.

Es decir, que hay una evidente falta de coordinación, ya que los dirigentes del partido oficial tenían que saber que Abinader anunciaría el retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional.

Pero eso es recurrente como resultado de la falta de coordinación y la improvisación del Gobierno, pese a que ello no justifica que los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo, con el expresidente Leonel Fernández a la cabeza, sean los principales críticos de la propuesta cuando ellos son responsables de la mayor parte de la desgracia nacional y de la promoción de la corrupción e incluso a través de pasadas reformas fiscales.

A propósito de la reforma fiscal se impone que se repita la expresión muy popular de que una cosa es con «guitarra y otra es con violín», lo cual también es aplicable a Luis Abinader y a su partido, el Revolucionario Moderno.

Estas son de las cosas que han erosionado la democracia nacional, porque la manipulación, la mentira y la doble moral es su mejor carta de presentación.

En realidad, no les luce a Danilo Medina y a Leonel hablar de una reforma fiscal que favorezca a los mismos sectores que la rechazaron ahora, evidentemente que no, pero igual debe decirse de los demás partidos que han gobernado el país.

Ahora falta ver cuál será la maniobra del gobierno para atacar el déficit fiscal y el preocupante endeudamiento externo, lo cual podría implicar tanto riesgo o más que las consecuencias que pudieran haber generado la propuesta tributaria.

La República Dominicana en los actuales momentos tiene una deuda que alcanza los 72 mil millones de dólares, el cual supera el sesenta por ciento del PIB, constituyéndose en una amenaza de la estabilidad de la economía nacional.

Lo que queda latente en los actuales momentos es preguntarse  de qué arma se dotará el gobierno de la improvisación para enfrentar el déficit fiscal y el pago de los intereses de la deuda externa, cuya respuesta no está clara en razón de que la calidad del gasto no hay forma de que mejore y que en consecuencia el país pueda ser encausado por otro sendero.

El problema ahora con el retiro del Congreso Nacional de la reforma fiscal es estar atento de cuál será la maniobra del gobierno para solucionar un problema para el que evidentemente no está preparado para resolver.