Opinión
Elecciones en febrero: aberración de la Constitución de 2010
Por Rosario Espinal
La reforma constitucional que impulsó Leonel Fernández en el año 2009 y culminó con la proclamación de una nueva Constitución el 26 de enero de 2010 tuvo, en términos electorales, dos propósitos: 1) rehabilitar a Leonel para que pudiera postularse nuevamente en el 2016 (no pudo por razones conocidas), y 2) favorecer la permanencia del PLD en el poder. De lo primero se ha hablado bastante, de lo segundo no.
Para contextualizar, recordemos que Leonel dijo en diversas ocasiones que el PLD gobernaría hasta el 2044, celebración del bicentenario de la Independencia de la República. Lograrlo no es fácil, y, en aquel momento de cambio constitucional, lo que pudiera ayudar a ese objetivo se contemplaba.
Recordemos también que en la reforma constitucional de 1994 se estableció la separación de elecciones a dos años: una presidencial y otra legislativa-municipal. Así se hizo entre 1996 y 2008.
Para el 2010, la nueva Constitución estableció que, en las elecciones legislativas-municipales de mayo de ese año, se iniciaría un período de seis años para los funcionarios electos, de manera que en el 2016 se hicieran elecciones generales conjuntas a todos los niveles (presidencial, legislativo y municipal). El PLD ganó en el 2010 la mayoría de las posiciones legislativas y municipales, y en el 2016 en los tres niveles.
Esa misma Constitución de 2010 estableció que para el 2020 se separarían de nuevo las elecciones; pero esta vez se harían elecciones municipales en febrero y elecciones legislativas y presidenciales en mayo, y así posteriormente. Con esta disposición se complacía a las personas que siempre han dicho (sin fundamento empírico) que separar las elecciones evita el arrastre.
Pero, el nuevo formato de separación con elecciones municipales en febrero resulta beneficioso al partido gobernante y en nada contribuye a disminuir el arrastre. Aquí tres razones:
Primero, a las elecciones no presidenciales acuden menos votantes que a las presidenciales y se pierde representatividad. En las no presidenciales votan, sobre todo, los militantes de los partidos, los que cobran por votar, y quienes conocen personalmente algún candidato.
De hecho, cuando se separaban las elecciones municipales-legislativas de las presidenciales, votó, en promedio, alrededor del 50% del padrón, en comparación con el 70% en las elecciones presidenciales. Esto permite asumir que en las municipales de febrero votará cerca de un 50%, y quien más capacidad de movilizar votantes tenga, lleva la ventaja.
Segundo, febrero está muy cerca de diciembre, cuando el gobierno tiene mucho más dinero que la oposición para hacer repartos. Si la oposición se queja, los votantes se molestan porque quieren sus cajas y juguetes navideños; así que, en diciembre, el gobierno tiene licencia para solidificar adhesiones clientelares.
Tercero, en febrero la gente no está en política: en enero hay beisbol, en febrero carnaval, y el 14 es Día del Amor y la Amistad. El domingo 16, día de las elecciones municipales, mucha gente estará resacada de celebrar, o molesta porque 24 horas antes de las elecciones no se puede vender bebidas alcohólicas. Y, mientras menos gente vote, más fácil es para el PLD ganar con su maquinaria electoral.
En el 2010, cuando Leonel Fernández promulgó la Constitución con disposiciones como las elecciones municipales de febrero, para ayudar a que el PLD perdurara en el poder, no se imaginaba que hoy estaría fuera del PLD y no le interesaría que su viejo partido siguiera ganando. ¡Paradojas del poder!
Celebrar elecciones en febrero es una aberración de la Constitución del 2010.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.