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Figuras del arte, usurpadora de funciones y estafador regresan a los tribunales
Santo Domingo.-Fue declarado inadmisible por el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional el recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Elizabeth Silverio con el fin de lograr su libertad.
El abogado Cándido Simón fue quien expuso cómo le fue en su intento fallido ante el Noveno Juzgado. El Ministerio Público también confirmó la decisión tomada por el juez.
«Lo último del caso Elizabeth Silverio. El juez de la novena sala penal, sin siquiera guardar las formas ni citar a nadie, ayer mismo declaró inadmisible la acción de Habeas Corpus presentada cerca del mediodía en favor de Elizabeth Silverio. Justicia por prejuicio es un peligro», deploró Simón a través de su cuenta de Twitter.
Como ella, otros protagonistas de los caos más sonoros y mediáticos, también acudieron con sus abogados esta semana, ante los tribunales parar intentar variar sus medidas de coerción. Algunos salieron airosos mientras otros fueron ratificados en sus medidas iniciales.
Wilkin García Peguero, «Mantequilla», acusado de estafar a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá, de esa provincia, también acudió a los tribunales. En su caso, el juez de Instrucción de Monte Plata aplazó para el próximo 5 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El abogado Moisés Fontanilla explicó a Diario Libre que la decisión fue tomada para revisarla en conjunto con el conocimiento de la audiencia preliminar y la acusación.
Mantequilla, a quien el 16 de diciembre del pasado año 2022 la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araújo, impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, acudió este jueves a los tribunales en busca de que le sea variada la medida por una «menos gravosa».
Dijo que aceptarán cualquiera de las variaciones que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, como la prisión domiciliaria, garantía económica o visita periódica.
Para poder lograr esa variación, la barra de la defensa de Mantequilla ha presentado ante el tribunal de Monte Plata algunos presupuestos, garantías personales y reales, cartas de recomendación. Además, han tenido acercamientos con algunos abogados de los querellantes, que según indica la defensa, han analizado que en los seis meses que lleva en prisión no ha podido pagar nada.
Uno que sí logró que le fuera variada la medida de coerción de prisión carcelaria a domiciliaria fue el abogado Emilio López, quien fuera acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja, la presentadora de televisión Tamara Martínez.
La jueza Rosalmi Guerrero del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la de otorgarle la prisión domiciliaria y el uso de un grillete electrónico, por considerar que el abogado no representa un peligro para la víctima y que tiene arraigo suficiente, por lo entendía debía mantenerse en una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Los abogados del imputado habían solicitado al tribunal la variación de la medida de coerción por considerar que la prisión dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había sido desproporcionada.
También resultó airoso el exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), a quien el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad, aunque tendrá que presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.
Al urbano se le acusa de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó a Avener, quien se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina
Santos Alcántara estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Esto, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado, donde él y un primo atropellaron a un hombre haitiano, quien murió.
De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, el urbano y su familiar huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a «la víctima destrozada en el pavimento».
El Ministerio Público indica que el imputado armó «una especie de conspiración», al buscar al joven Erick Rafel Peralta Ortega para que se presentara como responsable del accidente ante la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso ante la sociedad en general.
Otros casos judiciales
Aunque no buscaban variar la medida de coerción los abogados de imputados en casos judiciales de gran repercusión social acudieron con sus clientes a los tribunales, a continuación algunos de ellos:
Caso de corrupción Operación Medusa
El Ministerio Público leyó este viernes durante el conocimiento de la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción Operación Medusa hasta la página 570 el expediente acusatorio de un total de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos de la acusación que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez de un grupo de 41 personas físicas y 22 empresas.
El fiscal representante del Ministerio Público, Melbin Romero Suazo, comunicó que, parte de lo leído frente al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, giró en torno a la adquisición de insumos y equipos de un laboratorio de ADN ubicado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que al día de hoy, no está en funcionamiento fruto de los actos de corrupción que se cometieron.
«La estructura que dirigía Jean Alain Rodríguez exigía un 20 % como pago de soborno para poder conceder la obra a la empresa que resultó adjudicada», aclaró el litigante Romero Suazo.
En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El tribunal recesó la audiencia preliminar del caso Medusa hasta el próximo martes 4 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Caso Esmeralda Richiez
El Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia fijó para el 23 de agosto el inicio del juicio preliminar en contra de los imputados John Kelly Martínez y Rubiel Morillo Martínez por la muerte de la adolescente de Esmeralda Richiez, en un hecho ocurrido en febrero de este año en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.
En la audiencia programada para iniciar las 9: de la mañana, el juzgado revisará la medida de coerción de profesor de matemáticas Kelly Martínez.
Cabe destacar que, esta etapa del proceso judicial es privada y se realiza entre las partes involucradas.
Se recuerda que el pasado 12 de junio, la Fiscalía de La Altagracia presentó ante el Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, la acusación y solicitud de la apertura a juicio en contra de él y su primo Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años de edad.
Según el expediente preliminar del Ministerio Público, Kelly Martínez sostuvo una relación sexual violenta con la menor y le provocó de forma voluntaria, laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.
La acusación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.
Condena de 30 años a un chino
Esta semana el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión y el pago de una indemnización de RD$75,000, 000 al ciudadano chino Guo Sen Liang Situ (Frank), tras hallarlo culpable de haber matado y enterrado en el sotano de un edificio de su propiedad a prestamistas en marzo de 2016.
De acuerdo con el expediente acusatorio «Frank» ultimó a los prestamistas José Silva y Héctor Antonio Méndez tras citarlos a un edificio en construcción ubicado en el sector Gascue del Distrito Nacional donde prometió pagar una deuda de 13 millones de pesos que había tomado de ellos.
Tras cometer el crimen Guo Sen Liang Situ huyó del país y burló a las autoridades dominicanas por tres años, hasta que fue detenido en el año 2019 cuando intentaba penetrar a territorio de Estados Unidos desde México portando documentos falsos, en cuya depuración se descubrió su verdadera identidad.
Tras dar parte a la Interpol, se descubrió la orden de captura internacional y fue dejado arrestado.
Tras agotar los trámites correspondientes Liang Situ fue extraditado a República Dominicana en octubre del año 2019, dando inicio al proceso judicial en el que la defensa técnica de Liang Situ argumentó que escapó del país por temor.
Juicio contra empresarios del transporten por red de sicariato
El empresario del transporte Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red de sicariato a la que se le atribuye asesinar choferes por el control de rutas, recusaron nuevamente a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, acción que se extendió esta vez a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A ambos acusados se le lleva un nuevo juicio de fondo, el que va para un año y apenas se ha podido leer la acusación por parte del Ministerio Público.
Manuel Soto Lara, abogado de las familias de los choferes de la Federación de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano) Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, asesinados en el 2015, dijo que los magistrados han sido recusados unas ocho veces por los representantes de los imputados.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keila Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez.
Soto Lara explicó que luego de ser favorecidos por la acción de habeas corpus, hace dos semanas, que los puso en libertad, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís recusaron a los magistados que días siguientes tenían que revisarles la medida de coerción, a fin de evitar que se le impusiera nuevamente la prisión.
Los jueces no pueden tomar ninguna decisión ni seguir con el proceso hasta que la corte decida la recusación. En el caso de la corte, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir sobre la acción que interpusieron contra los magistrados de ese tribunal de alzada.
Prisión a implicados en crimen de niño en Santiago
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra cuatro jóvenes, acusados de matar a tiros a un niño de 10 años y de herir a otras dos personas.
La sanción fue impuesta contra Starlin Fernando Núñez Jiménez, Yeifri Francisco Fajardo Rodríguez (Trini), Kelfry Antonio Toribio Payan y Daniel Vargas Pérez (Danielito).
Los cuatro están imputados por la muerte a causa de heridas de bala de Kerventz Derosier, de 10 años, así como de propinarle heridas de proyectil a Luis Fernando Valerio Alcántara y un adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales.
Según la acusación, los jóvenes originaron la balacera que le segó la vida al menor de edad el viernes 9 de junio del presente año en el sector La Cambronal, en la parte baja de Santiago, mientras se desplazaban a bordo del carro Hyundai Sonata Y20, color blanco.
El órgano acusador establece que el objetivo de los pistoleros era implantar el terror a fuerza de balas, para agenciarse el dominio de un supuesto punto de venta de drogas que opera en el lugar por donde pasaban de manera coincidencial las víctimas.
Garantía económica a chofer que atropelló oficial retirado
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de RD$ 800 mil, como medida de coerción, al chofer Julio César Jiménez Lorenzo, imputado por el Ministerio Público de intento de homicidio en perjuicio de un oficial retirado de la Policía, durante un incidente ocurrido el 23 de este mes en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.
Además de la garantía económica, el tribunal, presidido por la jueza Fátima Veloz, le impuso impedimento de salida del país, visita periódica y mantenerse en contacto con el fiscal investigador a cargo del caso.
Conforme a la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en la que fueron entrevistados varios testigos, fundamentada en la prueba audiovisual de un video grabado por otro conductor, el chofer embistió al mayor retirado Julio César de la Rosa luego de una discusión por un accidente de tránsito registrado el jueves en la avenida Independencia, esquina República de Ecuador, del Distrito Nacional.
En un video que se hizo viral en las redes sociales se observa el momento en que, por un aparente roce vehicular, la víctima, el chofer de la yipeta roja, placa G-01791, se desmonta con una pistola en mano y desafía al conductor del minibús que pertenece a la ruta Santo Domingo-San Cristóbal, quien reaccionó de manera violenta lanzando la guagua contra el oficial retirado, quien resultó herido.
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Abinader es felicitado por presidente de Honduras por organización de Santo Domingo 2026
Nasry Asfura, presidente de Honduras, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
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Jueces reprograman para el 23 septiembre lectura íntegra de sentencia contra Adán Cáceres y coimputados
Santo Domingo, R.D.-La lectura integra de la sentencia número 249-02-2026 SSEN-00040 fue reprogramada para el 23 de septiembre a las dos de la tarde por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual condena a Adam Caceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robipu, acusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- Ciento nueve armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la region de Enriquillo, fueron ocupados por la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.
an/am