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Figuras del arte, usurpadora de funciones y estafador regresan a los tribunales
Santo Domingo.-Fue declarado inadmisible por el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional el recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Elizabeth Silverio con el fin de lograr su libertad.
El abogado Cándido Simón fue quien expuso cómo le fue en su intento fallido ante el Noveno Juzgado. El Ministerio Público también confirmó la decisión tomada por el juez.
«Lo último del caso Elizabeth Silverio. El juez de la novena sala penal, sin siquiera guardar las formas ni citar a nadie, ayer mismo declaró inadmisible la acción de Habeas Corpus presentada cerca del mediodía en favor de Elizabeth Silverio. Justicia por prejuicio es un peligro», deploró Simón a través de su cuenta de Twitter.
Como ella, otros protagonistas de los caos más sonoros y mediáticos, también acudieron con sus abogados esta semana, ante los tribunales parar intentar variar sus medidas de coerción. Algunos salieron airosos mientras otros fueron ratificados en sus medidas iniciales.
Wilkin García Peguero, «Mantequilla», acusado de estafar a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá, de esa provincia, también acudió a los tribunales. En su caso, el juez de Instrucción de Monte Plata aplazó para el próximo 5 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El abogado Moisés Fontanilla explicó a Diario Libre que la decisión fue tomada para revisarla en conjunto con el conocimiento de la audiencia preliminar y la acusación.
Mantequilla, a quien el 16 de diciembre del pasado año 2022 la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araújo, impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, acudió este jueves a los tribunales en busca de que le sea variada la medida por una «menos gravosa».
Dijo que aceptarán cualquiera de las variaciones que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, como la prisión domiciliaria, garantía económica o visita periódica.
Para poder lograr esa variación, la barra de la defensa de Mantequilla ha presentado ante el tribunal de Monte Plata algunos presupuestos, garantías personales y reales, cartas de recomendación. Además, han tenido acercamientos con algunos abogados de los querellantes, que según indica la defensa, han analizado que en los seis meses que lleva en prisión no ha podido pagar nada.
Uno que sí logró que le fuera variada la medida de coerción de prisión carcelaria a domiciliaria fue el abogado Emilio López, quien fuera acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja, la presentadora de televisión Tamara Martínez.
La jueza Rosalmi Guerrero del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la de otorgarle la prisión domiciliaria y el uso de un grillete electrónico, por considerar que el abogado no representa un peligro para la víctima y que tiene arraigo suficiente, por lo entendía debía mantenerse en una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Los abogados del imputado habían solicitado al tribunal la variación de la medida de coerción por considerar que la prisión dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había sido desproporcionada.
También resultó airoso el exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), a quien el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad, aunque tendrá que presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.
Al urbano se le acusa de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó a Avener, quien se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina
Santos Alcántara estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Esto, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado, donde él y un primo atropellaron a un hombre haitiano, quien murió.
De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, el urbano y su familiar huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a «la víctima destrozada en el pavimento».
El Ministerio Público indica que el imputado armó «una especie de conspiración», al buscar al joven Erick Rafel Peralta Ortega para que se presentara como responsable del accidente ante la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso ante la sociedad en general.
Otros casos judiciales
Aunque no buscaban variar la medida de coerción los abogados de imputados en casos judiciales de gran repercusión social acudieron con sus clientes a los tribunales, a continuación algunos de ellos:
Caso de corrupción Operación Medusa
El Ministerio Público leyó este viernes durante el conocimiento de la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción Operación Medusa hasta la página 570 el expediente acusatorio de un total de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos de la acusación que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez de un grupo de 41 personas físicas y 22 empresas.
El fiscal representante del Ministerio Público, Melbin Romero Suazo, comunicó que, parte de lo leído frente al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, giró en torno a la adquisición de insumos y equipos de un laboratorio de ADN ubicado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que al día de hoy, no está en funcionamiento fruto de los actos de corrupción que se cometieron.
«La estructura que dirigía Jean Alain Rodríguez exigía un 20 % como pago de soborno para poder conceder la obra a la empresa que resultó adjudicada», aclaró el litigante Romero Suazo.
En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El tribunal recesó la audiencia preliminar del caso Medusa hasta el próximo martes 4 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Caso Esmeralda Richiez
El Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia fijó para el 23 de agosto el inicio del juicio preliminar en contra de los imputados John Kelly Martínez y Rubiel Morillo Martínez por la muerte de la adolescente de Esmeralda Richiez, en un hecho ocurrido en febrero de este año en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.
En la audiencia programada para iniciar las 9: de la mañana, el juzgado revisará la medida de coerción de profesor de matemáticas Kelly Martínez.
Cabe destacar que, esta etapa del proceso judicial es privada y se realiza entre las partes involucradas.
Se recuerda que el pasado 12 de junio, la Fiscalía de La Altagracia presentó ante el Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, la acusación y solicitud de la apertura a juicio en contra de él y su primo Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años de edad.
Según el expediente preliminar del Ministerio Público, Kelly Martínez sostuvo una relación sexual violenta con la menor y le provocó de forma voluntaria, laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.
La acusación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.
Condena de 30 años a un chino
Esta semana el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión y el pago de una indemnización de RD$75,000, 000 al ciudadano chino Guo Sen Liang Situ (Frank), tras hallarlo culpable de haber matado y enterrado en el sotano de un edificio de su propiedad a prestamistas en marzo de 2016.
De acuerdo con el expediente acusatorio «Frank» ultimó a los prestamistas José Silva y Héctor Antonio Méndez tras citarlos a un edificio en construcción ubicado en el sector Gascue del Distrito Nacional donde prometió pagar una deuda de 13 millones de pesos que había tomado de ellos.
Tras cometer el crimen Guo Sen Liang Situ huyó del país y burló a las autoridades dominicanas por tres años, hasta que fue detenido en el año 2019 cuando intentaba penetrar a territorio de Estados Unidos desde México portando documentos falsos, en cuya depuración se descubrió su verdadera identidad.
Tras dar parte a la Interpol, se descubrió la orden de captura internacional y fue dejado arrestado.
Tras agotar los trámites correspondientes Liang Situ fue extraditado a República Dominicana en octubre del año 2019, dando inicio al proceso judicial en el que la defensa técnica de Liang Situ argumentó que escapó del país por temor.
Juicio contra empresarios del transporten por red de sicariato
El empresario del transporte Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red de sicariato a la que se le atribuye asesinar choferes por el control de rutas, recusaron nuevamente a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, acción que se extendió esta vez a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A ambos acusados se le lleva un nuevo juicio de fondo, el que va para un año y apenas se ha podido leer la acusación por parte del Ministerio Público.
Manuel Soto Lara, abogado de las familias de los choferes de la Federación de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano) Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, asesinados en el 2015, dijo que los magistrados han sido recusados unas ocho veces por los representantes de los imputados.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keila Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez.
Soto Lara explicó que luego de ser favorecidos por la acción de habeas corpus, hace dos semanas, que los puso en libertad, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís recusaron a los magistados que días siguientes tenían que revisarles la medida de coerción, a fin de evitar que se le impusiera nuevamente la prisión.
Los jueces no pueden tomar ninguna decisión ni seguir con el proceso hasta que la corte decida la recusación. En el caso de la corte, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir sobre la acción que interpusieron contra los magistrados de ese tribunal de alzada.
Prisión a implicados en crimen de niño en Santiago
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra cuatro jóvenes, acusados de matar a tiros a un niño de 10 años y de herir a otras dos personas.
La sanción fue impuesta contra Starlin Fernando Núñez Jiménez, Yeifri Francisco Fajardo Rodríguez (Trini), Kelfry Antonio Toribio Payan y Daniel Vargas Pérez (Danielito).
Los cuatro están imputados por la muerte a causa de heridas de bala de Kerventz Derosier, de 10 años, así como de propinarle heridas de proyectil a Luis Fernando Valerio Alcántara y un adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales.
Según la acusación, los jóvenes originaron la balacera que le segó la vida al menor de edad el viernes 9 de junio del presente año en el sector La Cambronal, en la parte baja de Santiago, mientras se desplazaban a bordo del carro Hyundai Sonata Y20, color blanco.
El órgano acusador establece que el objetivo de los pistoleros era implantar el terror a fuerza de balas, para agenciarse el dominio de un supuesto punto de venta de drogas que opera en el lugar por donde pasaban de manera coincidencial las víctimas.
Garantía económica a chofer que atropelló oficial retirado
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de RD$ 800 mil, como medida de coerción, al chofer Julio César Jiménez Lorenzo, imputado por el Ministerio Público de intento de homicidio en perjuicio de un oficial retirado de la Policía, durante un incidente ocurrido el 23 de este mes en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.
Además de la garantía económica, el tribunal, presidido por la jueza Fátima Veloz, le impuso impedimento de salida del país, visita periódica y mantenerse en contacto con el fiscal investigador a cargo del caso.
Conforme a la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en la que fueron entrevistados varios testigos, fundamentada en la prueba audiovisual de un video grabado por otro conductor, el chofer embistió al mayor retirado Julio César de la Rosa luego de una discusión por un accidente de tránsito registrado el jueves en la avenida Independencia, esquina República de Ecuador, del Distrito Nacional.
En un video que se hizo viral en las redes sociales se observa el momento en que, por un aparente roce vehicular, la víctima, el chofer de la yipeta roja, placa G-01791, se desmonta con una pistola en mano y desafía al conductor del minibús que pertenece a la ruta Santo Domingo-San Cristóbal, quien reaccionó de manera violenta lanzando la guagua contra el oficial retirado, quien resultó herido.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am