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Figuras del arte, usurpadora de funciones y estafador regresan a los tribunales
Santo Domingo.-Fue declarado inadmisible por el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional el recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Elizabeth Silverio con el fin de lograr su libertad.
El abogado Cándido Simón fue quien expuso cómo le fue en su intento fallido ante el Noveno Juzgado. El Ministerio Público también confirmó la decisión tomada por el juez.
«Lo último del caso Elizabeth Silverio. El juez de la novena sala penal, sin siquiera guardar las formas ni citar a nadie, ayer mismo declaró inadmisible la acción de Habeas Corpus presentada cerca del mediodía en favor de Elizabeth Silverio. Justicia por prejuicio es un peligro», deploró Simón a través de su cuenta de Twitter.
Como ella, otros protagonistas de los caos más sonoros y mediáticos, también acudieron con sus abogados esta semana, ante los tribunales parar intentar variar sus medidas de coerción. Algunos salieron airosos mientras otros fueron ratificados en sus medidas iniciales.
Wilkin García Peguero, «Mantequilla», acusado de estafar a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá, de esa provincia, también acudió a los tribunales. En su caso, el juez de Instrucción de Monte Plata aplazó para el próximo 5 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El abogado Moisés Fontanilla explicó a Diario Libre que la decisión fue tomada para revisarla en conjunto con el conocimiento de la audiencia preliminar y la acusación.
Mantequilla, a quien el 16 de diciembre del pasado año 2022 la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araújo, impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, acudió este jueves a los tribunales en busca de que le sea variada la medida por una «menos gravosa».
Dijo que aceptarán cualquiera de las variaciones que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, como la prisión domiciliaria, garantía económica o visita periódica.
Para poder lograr esa variación, la barra de la defensa de Mantequilla ha presentado ante el tribunal de Monte Plata algunos presupuestos, garantías personales y reales, cartas de recomendación. Además, han tenido acercamientos con algunos abogados de los querellantes, que según indica la defensa, han analizado que en los seis meses que lleva en prisión no ha podido pagar nada.
Uno que sí logró que le fuera variada la medida de coerción de prisión carcelaria a domiciliaria fue el abogado Emilio López, quien fuera acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja, la presentadora de televisión Tamara Martínez.
La jueza Rosalmi Guerrero del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la de otorgarle la prisión domiciliaria y el uso de un grillete electrónico, por considerar que el abogado no representa un peligro para la víctima y que tiene arraigo suficiente, por lo entendía debía mantenerse en una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Los abogados del imputado habían solicitado al tribunal la variación de la medida de coerción por considerar que la prisión dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había sido desproporcionada.
También resultó airoso el exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), a quien el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad, aunque tendrá que presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.
Al urbano se le acusa de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó a Avener, quien se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina
Santos Alcántara estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Esto, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado, donde él y un primo atropellaron a un hombre haitiano, quien murió.
De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, el urbano y su familiar huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a «la víctima destrozada en el pavimento».
El Ministerio Público indica que el imputado armó «una especie de conspiración», al buscar al joven Erick Rafel Peralta Ortega para que se presentara como responsable del accidente ante la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso ante la sociedad en general.
Otros casos judiciales
Aunque no buscaban variar la medida de coerción los abogados de imputados en casos judiciales de gran repercusión social acudieron con sus clientes a los tribunales, a continuación algunos de ellos:
Caso de corrupción Operación Medusa
El Ministerio Público leyó este viernes durante el conocimiento de la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción Operación Medusa hasta la página 570 el expediente acusatorio de un total de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos de la acusación que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez de un grupo de 41 personas físicas y 22 empresas.
El fiscal representante del Ministerio Público, Melbin Romero Suazo, comunicó que, parte de lo leído frente al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, giró en torno a la adquisición de insumos y equipos de un laboratorio de ADN ubicado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que al día de hoy, no está en funcionamiento fruto de los actos de corrupción que se cometieron.
«La estructura que dirigía Jean Alain Rodríguez exigía un 20 % como pago de soborno para poder conceder la obra a la empresa que resultó adjudicada», aclaró el litigante Romero Suazo.
En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El tribunal recesó la audiencia preliminar del caso Medusa hasta el próximo martes 4 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Caso Esmeralda Richiez
El Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia fijó para el 23 de agosto el inicio del juicio preliminar en contra de los imputados John Kelly Martínez y Rubiel Morillo Martínez por la muerte de la adolescente de Esmeralda Richiez, en un hecho ocurrido en febrero de este año en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.
En la audiencia programada para iniciar las 9: de la mañana, el juzgado revisará la medida de coerción de profesor de matemáticas Kelly Martínez.
Cabe destacar que, esta etapa del proceso judicial es privada y se realiza entre las partes involucradas.
Se recuerda que el pasado 12 de junio, la Fiscalía de La Altagracia presentó ante el Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, la acusación y solicitud de la apertura a juicio en contra de él y su primo Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años de edad.
Según el expediente preliminar del Ministerio Público, Kelly Martínez sostuvo una relación sexual violenta con la menor y le provocó de forma voluntaria, laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.
La acusación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.
Condena de 30 años a un chino
Esta semana el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión y el pago de una indemnización de RD$75,000, 000 al ciudadano chino Guo Sen Liang Situ (Frank), tras hallarlo culpable de haber matado y enterrado en el sotano de un edificio de su propiedad a prestamistas en marzo de 2016.
De acuerdo con el expediente acusatorio «Frank» ultimó a los prestamistas José Silva y Héctor Antonio Méndez tras citarlos a un edificio en construcción ubicado en el sector Gascue del Distrito Nacional donde prometió pagar una deuda de 13 millones de pesos que había tomado de ellos.
Tras cometer el crimen Guo Sen Liang Situ huyó del país y burló a las autoridades dominicanas por tres años, hasta que fue detenido en el año 2019 cuando intentaba penetrar a territorio de Estados Unidos desde México portando documentos falsos, en cuya depuración se descubrió su verdadera identidad.
Tras dar parte a la Interpol, se descubrió la orden de captura internacional y fue dejado arrestado.
Tras agotar los trámites correspondientes Liang Situ fue extraditado a República Dominicana en octubre del año 2019, dando inicio al proceso judicial en el que la defensa técnica de Liang Situ argumentó que escapó del país por temor.
Juicio contra empresarios del transporten por red de sicariato
El empresario del transporte Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red de sicariato a la que se le atribuye asesinar choferes por el control de rutas, recusaron nuevamente a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, acción que se extendió esta vez a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A ambos acusados se le lleva un nuevo juicio de fondo, el que va para un año y apenas se ha podido leer la acusación por parte del Ministerio Público.
Manuel Soto Lara, abogado de las familias de los choferes de la Federación de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano) Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, asesinados en el 2015, dijo que los magistrados han sido recusados unas ocho veces por los representantes de los imputados.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keila Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez.
Soto Lara explicó que luego de ser favorecidos por la acción de habeas corpus, hace dos semanas, que los puso en libertad, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís recusaron a los magistados que días siguientes tenían que revisarles la medida de coerción, a fin de evitar que se le impusiera nuevamente la prisión.
Los jueces no pueden tomar ninguna decisión ni seguir con el proceso hasta que la corte decida la recusación. En el caso de la corte, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir sobre la acción que interpusieron contra los magistrados de ese tribunal de alzada.
Prisión a implicados en crimen de niño en Santiago
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra cuatro jóvenes, acusados de matar a tiros a un niño de 10 años y de herir a otras dos personas.
La sanción fue impuesta contra Starlin Fernando Núñez Jiménez, Yeifri Francisco Fajardo Rodríguez (Trini), Kelfry Antonio Toribio Payan y Daniel Vargas Pérez (Danielito).
Los cuatro están imputados por la muerte a causa de heridas de bala de Kerventz Derosier, de 10 años, así como de propinarle heridas de proyectil a Luis Fernando Valerio Alcántara y un adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales.
Según la acusación, los jóvenes originaron la balacera que le segó la vida al menor de edad el viernes 9 de junio del presente año en el sector La Cambronal, en la parte baja de Santiago, mientras se desplazaban a bordo del carro Hyundai Sonata Y20, color blanco.
El órgano acusador establece que el objetivo de los pistoleros era implantar el terror a fuerza de balas, para agenciarse el dominio de un supuesto punto de venta de drogas que opera en el lugar por donde pasaban de manera coincidencial las víctimas.
Garantía económica a chofer que atropelló oficial retirado
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de RD$ 800 mil, como medida de coerción, al chofer Julio César Jiménez Lorenzo, imputado por el Ministerio Público de intento de homicidio en perjuicio de un oficial retirado de la Policía, durante un incidente ocurrido el 23 de este mes en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.
Además de la garantía económica, el tribunal, presidido por la jueza Fátima Veloz, le impuso impedimento de salida del país, visita periódica y mantenerse en contacto con el fiscal investigador a cargo del caso.
Conforme a la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en la que fueron entrevistados varios testigos, fundamentada en la prueba audiovisual de un video grabado por otro conductor, el chofer embistió al mayor retirado Julio César de la Rosa luego de una discusión por un accidente de tránsito registrado el jueves en la avenida Independencia, esquina República de Ecuador, del Distrito Nacional.
En un video que se hizo viral en las redes sociales se observa el momento en que, por un aparente roce vehicular, la víctima, el chofer de la yipeta roja, placa G-01791, se desmonta con una pistola en mano y desafía al conductor del minibús que pertenece a la ruta Santo Domingo-San Cristóbal, quien reaccionó de manera violenta lanzando la guagua contra el oficial retirado, quien resultó herido.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.