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Figuras del arte, usurpadora de funciones y estafador regresan a los tribunales
Santo Domingo.-Fue declarado inadmisible por el juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional el recurso de habeas corpus interpuesto por los abogados de Elizabeth Silverio con el fin de lograr su libertad.
El abogado Cándido Simón fue quien expuso cómo le fue en su intento fallido ante el Noveno Juzgado. El Ministerio Público también confirmó la decisión tomada por el juez.
«Lo último del caso Elizabeth Silverio. El juez de la novena sala penal, sin siquiera guardar las formas ni citar a nadie, ayer mismo declaró inadmisible la acción de Habeas Corpus presentada cerca del mediodía en favor de Elizabeth Silverio. Justicia por prejuicio es un peligro», deploró Simón a través de su cuenta de Twitter.
Como ella, otros protagonistas de los caos más sonoros y mediáticos, también acudieron con sus abogados esta semana, ante los tribunales parar intentar variar sus medidas de coerción. Algunos salieron airosos mientras otros fueron ratificados en sus medidas iniciales.
Wilkin García Peguero, «Mantequilla», acusado de estafar a decenas de personas en Sabana Grande de Boyá, de esa provincia, también acudió a los tribunales. En su caso, el juez de Instrucción de Monte Plata aplazó para el próximo 5 de julio la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El abogado Moisés Fontanilla explicó a Diario Libre que la decisión fue tomada para revisarla en conjunto con el conocimiento de la audiencia preliminar y la acusación.
Mantequilla, a quien el 16 de diciembre del pasado año 2022 la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata, Carmen Daniela Araújo, impuso seis meses de prisión preventiva como medida de coerción para ser cumplida en el Centro Penitenciario de Najayo Hombres, acudió este jueves a los tribunales en busca de que le sea variada la medida por una «menos gravosa».
Dijo que aceptarán cualquiera de las variaciones que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, como la prisión domiciliaria, garantía económica o visita periódica.
Para poder lograr esa variación, la barra de la defensa de Mantequilla ha presentado ante el tribunal de Monte Plata algunos presupuestos, garantías personales y reales, cartas de recomendación. Además, han tenido acercamientos con algunos abogados de los querellantes, que según indica la defensa, han analizado que en los seis meses que lleva en prisión no ha podido pagar nada.
Uno que sí logró que le fuera variada la medida de coerción de prisión carcelaria a domiciliaria fue el abogado Emilio López, quien fuera acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja, la presentadora de televisión Tamara Martínez.
La jueza Rosalmi Guerrero del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la de otorgarle la prisión domiciliaria y el uso de un grillete electrónico, por considerar que el abogado no representa un peligro para la víctima y que tiene arraigo suficiente, por lo entendía debía mantenerse en una medida menos gravosa que la prisión preventiva.
Los abogados del imputado habían solicitado al tribunal la variación de la medida de coerción por considerar que la prisión dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, había sido desproporcionada.
También resultó airoso el exponente de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), a quien el Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad, aunque tendrá que presentarse periódicamente ante la Justicia. Asimismo, tiene impedimento de salida del país.
Al urbano se le acusa de conducir la jeepeta marca Mercedes Benz, color negro, modelo GL AMG 4WD, año 2017, por la avenida Duarte, cuando a las 4:30 de la madrugada impactó a Avener, quien se desplazaba en una motocicleta Bajaj Modelo Platina
Santos Alcántara estaba cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Esto, por un accidente de tránsito en el que se vio involucrado a finales del año pasado, donde él y un primo atropellaron a un hombre haitiano, quien murió.
De acuerdo al expediente, luego de cometer el hecho, el urbano y su familiar huyeron de la escena, buscaron a un motoconchista y dejaron a «la víctima destrozada en el pavimento».
El Ministerio Público indica que el imputado armó «una especie de conspiración», al buscar al joven Erick Rafel Peralta Ortega para que se presentara como responsable del accidente ante la Policía Nacional, el Ministerio Público e incluso ante la sociedad en general.
Otros casos judiciales
Aunque no buscaban variar la medida de coerción los abogados de imputados en casos judiciales de gran repercusión social acudieron con sus clientes a los tribunales, a continuación algunos de ellos:
Caso de corrupción Operación Medusa
El Ministerio Público leyó este viernes durante el conocimiento de la audiencia preliminar del sonado caso de corrupción Operación Medusa hasta la página 570 el expediente acusatorio de un total de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos de la acusación que tiene como principal implicado al exprocurador Jean Alain Rodríguez de un grupo de 41 personas físicas y 22 empresas.
El fiscal representante del Ministerio Público, Melbin Romero Suazo, comunicó que, parte de lo leído frente al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, giró en torno a la adquisición de insumos y equipos de un laboratorio de ADN ubicado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que al día de hoy, no está en funcionamiento fruto de los actos de corrupción que se cometieron.
«La estructura que dirigía Jean Alain Rodríguez exigía un 20 % como pago de soborno para poder conceder la obra a la empresa que resultó adjudicada», aclaró el litigante Romero Suazo.
En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos.
El tribunal recesó la audiencia preliminar del caso Medusa hasta el próximo martes 4 de julio, a las 9:00 de la mañana.
Caso Esmeralda Richiez
El Juzgado de la Instrucción de la provincia La Altagracia fijó para el 23 de agosto el inicio del juicio preliminar en contra de los imputados John Kelly Martínez y Rubiel Morillo Martínez por la muerte de la adolescente de Esmeralda Richiez, en un hecho ocurrido en febrero de este año en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en el municipio Higüey.
En la audiencia programada para iniciar las 9: de la mañana, el juzgado revisará la medida de coerción de profesor de matemáticas Kelly Martínez.
Cabe destacar que, esta etapa del proceso judicial es privada y se realiza entre las partes involucradas.
Se recuerda que el pasado 12 de junio, la Fiscalía de La Altagracia presentó ante el Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, la acusación y solicitud de la apertura a juicio en contra de él y su primo Rubiel Morillo Martínez, por la muerte de la adolescente de 16 años de edad.
Según el expediente preliminar del Ministerio Público, Kelly Martínez sostuvo una relación sexual violenta con la menor y le provocó de forma voluntaria, laceraciones, abrasiones y contusiones que le produjeron el deceso, debido al desgarro vaginal, con hemorragia aguda severa externa e interna y shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte.
La acusación indica que en horas de la noche del pasado 12 de febrero la adolescente salió desde el hogar donde residía con sus padres en Vista Alegre, en compañía del maestro, así como de Morrillo Martínez y otras tres alumnas menores de edad.
Condena de 30 años a un chino
Esta semana el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión y el pago de una indemnización de RD$75,000, 000 al ciudadano chino Guo Sen Liang Situ (Frank), tras hallarlo culpable de haber matado y enterrado en el sotano de un edificio de su propiedad a prestamistas en marzo de 2016.
De acuerdo con el expediente acusatorio «Frank» ultimó a los prestamistas José Silva y Héctor Antonio Méndez tras citarlos a un edificio en construcción ubicado en el sector Gascue del Distrito Nacional donde prometió pagar una deuda de 13 millones de pesos que había tomado de ellos.
Tras cometer el crimen Guo Sen Liang Situ huyó del país y burló a las autoridades dominicanas por tres años, hasta que fue detenido en el año 2019 cuando intentaba penetrar a territorio de Estados Unidos desde México portando documentos falsos, en cuya depuración se descubrió su verdadera identidad.
Tras dar parte a la Interpol, se descubrió la orden de captura internacional y fue dejado arrestado.
Tras agotar los trámites correspondientes Liang Situ fue extraditado a República Dominicana en octubre del año 2019, dando inicio al proceso judicial en el que la defensa técnica de Liang Situ argumentó que escapó del país por temor.
Juicio contra empresarios del transporten por red de sicariato
El empresario del transporte Arsenio Quevedo y el exregidor Erickson de los Santos Solís, acusados de ser parte de una red de sicariato a la que se le atribuye asesinar choferes por el control de rutas, recusaron nuevamente a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, acción que se extendió esta vez a la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
A ambos acusados se le lleva un nuevo juicio de fondo, el que va para un año y apenas se ha podido leer la acusación por parte del Ministerio Público.
Manuel Soto Lara, abogado de las familias de los choferes de la Federación de Transportistas la Nueva Opción (Fenatrano) Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús, asesinados en el 2015, dijo que los magistrados han sido recusados unas ocho veces por los representantes de los imputados.
Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado son Keila Pérez, Elías Santini y Arisleyda Méndez.
Soto Lara explicó que luego de ser favorecidos por la acción de habeas corpus, hace dos semanas, que los puso en libertad, Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís recusaron a los magistados que días siguientes tenían que revisarles la medida de coerción, a fin de evitar que se le impusiera nuevamente la prisión.
Los jueces no pueden tomar ninguna decisión ni seguir con el proceso hasta que la corte decida la recusación. En el caso de la corte, la Suprema Corte de Justicia deberá decidir sobre la acción que interpusieron contra los magistrados de ese tribunal de alzada.
Prisión a implicados en crimen de niño en Santiago
La jueza Kimberly Tatis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra cuatro jóvenes, acusados de matar a tiros a un niño de 10 años y de herir a otras dos personas.
La sanción fue impuesta contra Starlin Fernando Núñez Jiménez, Yeifri Francisco Fajardo Rodríguez (Trini), Kelfry Antonio Toribio Payan y Daniel Vargas Pérez (Danielito).
Los cuatro están imputados por la muerte a causa de heridas de bala de Kerventz Derosier, de 10 años, así como de propinarle heridas de proyectil a Luis Fernando Valerio Alcántara y un adolescente de 16 años, cuyo nombre se omite por asuntos legales.
Según la acusación, los jóvenes originaron la balacera que le segó la vida al menor de edad el viernes 9 de junio del presente año en el sector La Cambronal, en la parte baja de Santiago, mientras se desplazaban a bordo del carro Hyundai Sonata Y20, color blanco.
El órgano acusador establece que el objetivo de los pistoleros era implantar el terror a fuerza de balas, para agenciarse el dominio de un supuesto punto de venta de drogas que opera en el lugar por donde pasaban de manera coincidencial las víctimas.
Garantía económica a chofer que atropelló oficial retirado
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de una garantía económica de RD$ 800 mil, como medida de coerción, al chofer Julio César Jiménez Lorenzo, imputado por el Ministerio Público de intento de homicidio en perjuicio de un oficial retirado de la Policía, durante un incidente ocurrido el 23 de este mes en la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.
Además de la garantía económica, el tribunal, presidido por la jueza Fátima Veloz, le impuso impedimento de salida del país, visita periódica y mantenerse en contacto con el fiscal investigador a cargo del caso.
Conforme a la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en la que fueron entrevistados varios testigos, fundamentada en la prueba audiovisual de un video grabado por otro conductor, el chofer embistió al mayor retirado Julio César de la Rosa luego de una discusión por un accidente de tránsito registrado el jueves en la avenida Independencia, esquina República de Ecuador, del Distrito Nacional.
En un video que se hizo viral en las redes sociales se observa el momento en que, por un aparente roce vehicular, la víctima, el chofer de la yipeta roja, placa G-01791, se desmonta con una pistola en mano y desafía al conductor del minibús que pertenece a la ruta Santo Domingo-San Cristóbal, quien reaccionó de manera violenta lanzando la guagua contra el oficial retirado, quien resultó herido.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.