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Embajada EEUU: “Los beneficios del DR-CAFTA se perciben principalmente en mejoras institucionales”
El jefe de la misión de la embajada en el país, Robert E. Copley, enfatizó la necesidad de la educación en la competitividad del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los beneficios de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert E. Copley.
El diplomático hizo las declaraciones en el almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) de noviembre, celebrado con motivo del Día de Acción de Gracias.
En una ponencia titulada “DR-CAFTA: Los próximos 10 años”, Copley, quien fue orador invitado y huésped de honor en el evento, indicó que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioambiental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, impuestos y transparencia fiscal. Expresó que con esos cambios legales llegaron los cambios institucionales, incluyendo un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad y de protección laboral.
El presidente de AMCHAMDR, David Fernández, ofreció contexto a las palabras de Copley. “Hace 10 años, en marzo del 2007, la República Dominicana suscribió el DR-CAFTA, en cuyo marco se han realizado importantes reformas para facilitar los negocios entre estas naciones y mejorar la competitividad […] Así, mirando 10 años hacia el pasado, podemos analizar con detenimiento los 10 años hacia el futuro”, dijo.
Copley se refirió a la administración Trump al contextualizar el rol del DR-CAFTA dentro de la economía dominicana.
“La actual administración de los Estados Unidos ha sido coherente en su expresado deseo de crear más empleos en los Estados Unidos y hacer crecer la economía estadounidense. El DR-CAFTA es parte de eso porque, en nuestra perspectiva, el acuerdo ha sido beneficioso para los dos países. Estados Unidos ha sido un socio de buena voluntad en cuanto al cumplimiento de los términos del acuerdo, tal como fueron redactados, y ha invertido cuantiosos recursos para ayudar a los dominicanos a modernizar y mejorar sus prácticas comerciales.
“La gran promesa del DR-CAFTA hacia el futuro es proporcionar el marco legal e institucional que nos permita continuar creciendo juntos, cada uno usando y desarrollando nuestras ventajas comparativas, donde existan. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos que abordar desafíos importantes, muchos de los cuales no tienen soluciones simples, y tenemos que hacer esto frente a una competencia global que es incesante”, indicó.
El diplomático hizo referencia también a la importancia de la educación en materia de competitividad en el país.
“No podemos hablar de competitividad sin hablar de educación. Todos sabemos que una fuerza laboral educada y calificada conduce a la innovación, y la innovación es la vía para ser más competitivo. Se necesitan de grandes inversiones en el sector de educación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM como se los conoce comúnmente). Una población educada es la base de un país saludable, seguro y próspero.
“Como amigos, compañeros y vecinos, nos preocupa el aumento de la tasa de delincuencia que afecta a los dominicanos. Es esencial que todos los que viven o visiten a República Dominicana puedan disfrutar de una isla segura y próspera. La inseguridad es una acción sistemática de fuerzas mayores que deben y pueden ser en gran medida erradicadas colectivamente como región. En los próximos 10 años, debemos continuar explorando cómo podemos colaborar para mitigar la inseguridad ciudadana del pueblo dominicano.
“Espero que todos podamos mirar atrás en este momento e identificarlo como un punto crucial para la República Dominicana. Que este sea un momento en el que las posibilidades económicas comenzaron a convertirse en realidades para todos los dominicanos y el país se alejó de las garras de la corrupción, el crimen generalizado y los bajos estándares educativos”.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.