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Embajada EEUU: “Los beneficios del DR-CAFTA se perciben principalmente en mejoras institucionales”
El jefe de la misión de la embajada en el país, Robert E. Copley, enfatizó la necesidad de la educación en la competitividad del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los beneficios de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert E. Copley.
El diplomático hizo las declaraciones en el almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) de noviembre, celebrado con motivo del Día de Acción de Gracias.
En una ponencia titulada “DR-CAFTA: Los próximos 10 años”, Copley, quien fue orador invitado y huésped de honor en el evento, indicó que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioambiental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, impuestos y transparencia fiscal. Expresó que con esos cambios legales llegaron los cambios institucionales, incluyendo un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad y de protección laboral.
El presidente de AMCHAMDR, David Fernández, ofreció contexto a las palabras de Copley. “Hace 10 años, en marzo del 2007, la República Dominicana suscribió el DR-CAFTA, en cuyo marco se han realizado importantes reformas para facilitar los negocios entre estas naciones y mejorar la competitividad […] Así, mirando 10 años hacia el pasado, podemos analizar con detenimiento los 10 años hacia el futuro”, dijo.
Copley se refirió a la administración Trump al contextualizar el rol del DR-CAFTA dentro de la economía dominicana.
“La actual administración de los Estados Unidos ha sido coherente en su expresado deseo de crear más empleos en los Estados Unidos y hacer crecer la economía estadounidense. El DR-CAFTA es parte de eso porque, en nuestra perspectiva, el acuerdo ha sido beneficioso para los dos países. Estados Unidos ha sido un socio de buena voluntad en cuanto al cumplimiento de los términos del acuerdo, tal como fueron redactados, y ha invertido cuantiosos recursos para ayudar a los dominicanos a modernizar y mejorar sus prácticas comerciales.
“La gran promesa del DR-CAFTA hacia el futuro es proporcionar el marco legal e institucional que nos permita continuar creciendo juntos, cada uno usando y desarrollando nuestras ventajas comparativas, donde existan. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos que abordar desafíos importantes, muchos de los cuales no tienen soluciones simples, y tenemos que hacer esto frente a una competencia global que es incesante”, indicó.
El diplomático hizo referencia también a la importancia de la educación en materia de competitividad en el país.
“No podemos hablar de competitividad sin hablar de educación. Todos sabemos que una fuerza laboral educada y calificada conduce a la innovación, y la innovación es la vía para ser más competitivo. Se necesitan de grandes inversiones en el sector de educación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM como se los conoce comúnmente). Una población educada es la base de un país saludable, seguro y próspero.
“Como amigos, compañeros y vecinos, nos preocupa el aumento de la tasa de delincuencia que afecta a los dominicanos. Es esencial que todos los que viven o visiten a República Dominicana puedan disfrutar de una isla segura y próspera. La inseguridad es una acción sistemática de fuerzas mayores que deben y pueden ser en gran medida erradicadas colectivamente como región. En los próximos 10 años, debemos continuar explorando cómo podemos colaborar para mitigar la inseguridad ciudadana del pueblo dominicano.
“Espero que todos podamos mirar atrás en este momento e identificarlo como un punto crucial para la República Dominicana. Que este sea un momento en el que las posibilidades económicas comenzaron a convertirse en realidades para todos los dominicanos y el país se alejó de las garras de la corrupción, el crimen generalizado y los bajos estándares educativos”.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.