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Embajada EEUU: “Los beneficios del DR-CAFTA se perciben principalmente en mejoras institucionales”
El jefe de la misión de la embajada en el país, Robert E. Copley, enfatizó la necesidad de la educación en la competitividad del país.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los beneficios de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA por sus siglas en inglés) se perciben principalmente en las mejoras institucionales, señaló el encargado de negocios y jefe de la misión de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Robert E. Copley.
El diplomático hizo las declaraciones en el almuerzo-conferencia mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR por sus siglas en inglés) de noviembre, celebrado con motivo del Día de Acción de Gracias.
En una ponencia titulada “DR-CAFTA: Los próximos 10 años”, Copley, quien fue orador invitado y huésped de honor en el evento, indicó que el tratado conllevó cambios sustanciales en las leyes dominicanas vinculadas a la resolución de conflictos; los derechos laborales; la protección medioambiental; y los procesos de compras gubernamentales, telecomunicaciones, competencia, impuestos y transparencia fiscal. Expresó que con esos cambios legales llegaron los cambios institucionales, incluyendo un mayor fortalecimiento de los derechos de propiedad y de protección laboral.
El presidente de AMCHAMDR, David Fernández, ofreció contexto a las palabras de Copley. “Hace 10 años, en marzo del 2007, la República Dominicana suscribió el DR-CAFTA, en cuyo marco se han realizado importantes reformas para facilitar los negocios entre estas naciones y mejorar la competitividad […] Así, mirando 10 años hacia el pasado, podemos analizar con detenimiento los 10 años hacia el futuro”, dijo.
Copley se refirió a la administración Trump al contextualizar el rol del DR-CAFTA dentro de la economía dominicana.
“La actual administración de los Estados Unidos ha sido coherente en su expresado deseo de crear más empleos en los Estados Unidos y hacer crecer la economía estadounidense. El DR-CAFTA es parte de eso porque, en nuestra perspectiva, el acuerdo ha sido beneficioso para los dos países. Estados Unidos ha sido un socio de buena voluntad en cuanto al cumplimiento de los términos del acuerdo, tal como fueron redactados, y ha invertido cuantiosos recursos para ayudar a los dominicanos a modernizar y mejorar sus prácticas comerciales.
“La gran promesa del DR-CAFTA hacia el futuro es proporcionar el marco legal e institucional que nos permita continuar creciendo juntos, cada uno usando y desarrollando nuestras ventajas comparativas, donde existan. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos porque tenemos que abordar desafíos importantes, muchos de los cuales no tienen soluciones simples, y tenemos que hacer esto frente a una competencia global que es incesante”, indicó.
El diplomático hizo referencia también a la importancia de la educación en materia de competitividad en el país.
“No podemos hablar de competitividad sin hablar de educación. Todos sabemos que una fuerza laboral educada y calificada conduce a la innovación, y la innovación es la vía para ser más competitivo. Se necesitan de grandes inversiones en el sector de educación, especialmente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (o STEM como se los conoce comúnmente). Una población educada es la base de un país saludable, seguro y próspero.
“Como amigos, compañeros y vecinos, nos preocupa el aumento de la tasa de delincuencia que afecta a los dominicanos. Es esencial que todos los que viven o visiten a República Dominicana puedan disfrutar de una isla segura y próspera. La inseguridad es una acción sistemática de fuerzas mayores que deben y pueden ser en gran medida erradicadas colectivamente como región. En los próximos 10 años, debemos continuar explorando cómo podemos colaborar para mitigar la inseguridad ciudadana del pueblo dominicano.
“Espero que todos podamos mirar atrás en este momento e identificarlo como un punto crucial para la República Dominicana. Que este sea un momento en el que las posibilidades económicas comenzaron a convertirse en realidades para todos los dominicanos y el país se alejó de las garras de la corrupción, el crimen generalizado y los bajos estándares educativos”.
acento.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.