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Embajador dominicano en Washington responde las acusaciones del cardenal O´Malley
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12 años agoon
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LA REDACCIÓN
SANTO DOMINGO . El embajador dominicano en Washington, Aníbal De Castro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad, sino que interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía.
En una misiva dirigida al cardenal Séan O’Malley,Arzobispo de Boston, EE.UU., el diplomático explica que cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad.
«Se nos ha vejado, insultado -añade- y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos.»
El diplomático dominicano respondió al obispo de Boston una misiva que éste le envió en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013.
A continuación el texto completo de la misiva de Aníbal de Castro al Cardenal Sean O’Malley:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Diciembre, 18, 2013
Washington, D.C.
Su Eminencia
Cardenal Séan O’Malley
Boston, Mass
Su Eminencia:
La esperanza es una virtud cristiana, como recordara recientemente el Papa Francisco. A ella me abrazo en el esfuerzo de rescatar la imagen de mi país, reiterar nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, hablar con la verdad como norte. Me anima el interés de aclarar sus preocupaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, objeto de tantas críticas infundadas e interpretaciones erradas que responden a propósitos inconfensables.
La sentencia, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad. Interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía y la referencia al año de 1929 es simplemente para indicar desde cuando nuestra cultura constitucional ha determinado con certeza quiénes son dominicanos. Como sabrá en razón de orígenes de sus antepasados, Su Eminencia, en la mayoría de los 194 países del mundo no se aplica el ius soli irrestricto. Más bien el ius sanguinis es la norma, como en Irlanda, el Reino Unido y toda la Unión Europea. E incluso en Haití, que tiene un régimen de nacionalidad mucho más severo que el dominicano. Los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano no son dominicanos, como tampoco los de extranjeros en tránsito o diplomáticos. Basta, sin embargo, que uno de los padres tenga un estatus migratorio legal para que su descendencia sea dominicana.
Cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad. Se realizó el recuento y poco menos de 14,000 descendientes de haitianos figuran entre los registros irregulares.
No se les deportará ni someterá a vejámenes. Cada caso será examinado cuidadosamente y remitido a una corte de haber sospecha válida. El debido proceso será observado escrupulosamente. Para aquellos que la nacionalidad les esté vedada por razones constitucionales, se les abrirá un caminó a la regularización de su estatus. De haber nacido en el país y probar afianzamiento, serán beneficiados por una ley en proyecto para una rápida naturalización.
La realidad es, Su Eminencia, que la actitud de República Dominicana frente a la inmigración ilegal dista mucho de lo que estamos viendo en todo el mundo y que el Papa Francisco comprobó en la isla de Lampedusa. No los deportamos ni les negamos derechos: los acogemos y, en virtud de la sentencia tan criticada, se les regularizará su estatus.
Yo sé de su amor por el país. Los años no han borrado mi recuerdo de cuando compartimos en una visita suya, si mal no recuerdo invitado por el P. Milton. Su trabajo pastoral es admirable y su preocupación por los inmigrantes y los más desvalidos nace de su profundo convencimiento cristiano y sentido humano. Sentimientos similares yacen en las disposiciones del presidente Danilo Medina para que se busque una solución humanitaria a las consecuencias de la sentencia, con la dignidad humana y derechos a resguardo. Es lo que estamos haciendo en el país, pero ha sido muy difícil separar el grano de la paja, los hechos de la ficción.
Ningún país, como conoce Su Eminencia de primera mano, ha sido más solidario con Haití. En ningún otro país han encontrado tantos puestos de trabajo, camas en los hospitales, acogida en las aulas escolares. Somos pobres, pero vemos en el vecino un hermano en peor situación que la nuestra. He visto, literalmente, a dominicanos quitarse el pan de la boca y dárselo a un haitiano.
Debemos guardar la frontera e impedir el tráfico humano y la inmigración ilegal. Es nuestro derecho, como también lo es la preservación de nuestra identidad. Quien nació en la República Dominicana y ha echado allí sus raíces continuará su vida normal. De quererlo, accederá a la nacionalidad, pero dentro de las reglas que impone nuestro ordenamiento legal.
Se nos ha vejado, insultado y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos. Sería un escándalo en cualquier en otro país. En cambio, en el nuestro es solo una muestra de solidaridad. Por eso, a diario niños y niñas haitianas cruzan la frontera para ir a la escuela en nuestro territorio. Quince mil haitianos estudian en las universidades dominicanas con tarifas reducidas. La verdad, Su Eminencia, es que los haitianos pobres viven junto a los dominicanos pobres, y loshaitianos ricos junto a los dominicanos ricos en esa patria que sé usted quiere y admira.
Quisiera pensar que estas Navidades nos traigan otro nacimiento: el de la verdad sobre la relación entre Haití y la República Dominicana. Pero, más que nada, entre dos países que sufren en mayor o menor grado la ignominia de la pobreza extrema .
Con el mayor respeto,
Le saluda,
Aníbal de Castro
Embajador
A continuación el texto de la carta que le dirigió O´Malley al embajdor De Castrto
15 de diciembre, 2013
Su Excelencia Aníbal de Castro Rodríguez
Embajador de República Dominicana en Estados Unidos
Excelencia:
A modo de presentación, por más de cuarenta años he tenido el privilegio de mantener asociaciones extraordinarias con la República Dominicana y los dominicanos de la diáspora. Hace unas cuatro décadas empecé a celebrar la Misa para la comunidad hispana en Washington que realmente ha crecido en torno a la celebración local de Nuestra Señora de la Altagracia.
Trabajé con la comunidad dominicana en Washington DC durante veinte años, después por diez años en el Caribe, y ahora en Massachusetts. El presidente Joaquín Balaguer me honró con la Orden de Cristóbal Colón por mi trabajo pastoral con dominicanos. Siempre he tenido un gran afecto por la República Dominicana y su gente, y es en el mismo espíritu que me dirijo a usted hoy para compartir mi tristeza por el fallo del Tribunal Constitucional que crea dificultades para tantas personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana, muchos de los cuales han nacido en su país. De hecho, su arduo trabajo y dedicación contribuyen mucho al bienestar del país.
Por esta sentencia desafortunada del Tribunal, se les revocará la ciudadanía aun a dominicanos nacidos de padres indocumentados. La sentencia tiene carácter retroactivo hasta 1929, y se estima que 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a muchos que no han tenido conexión real con Haití desde hace varias generaciones se verán afectadas. Ser una persona sin un Estado, «un hombre sin patria», hace casi imposible estudiar, conseguir un trabajo decente, adquirir seguros, contribuir al fondo de pensiones, casarse legalmente, abrir cuentas bancarias y hasta viajar dentro o fuera de su propio país de origen.
El destino de los pueblos de República Dominicana y Haití es compartir una isla. Hechos históricos han dejado cicatrices, pero creo que los dominicanos y haitianos de buena voluntad anhelan un futuro de una mayor solidaridad y amistad. Me animó mucho ver la respuesta generosa y sincera de muchos dominicanos que se apresuraron para acudir en ayuda de sus hermanos y hermanas haitianos afectados por la devastación del terrible terremoto. Cuando yo era un joven sacerdote en Washington, celebré misas para inmigrantes de la República Dominicana y de Haití en la misma parroquia. Nunca vi divisiones ni discriminación. La fe de la gente y su lucha común para atender a sus familias los unió en comunidad.
En la Navidad revivimos los acontecimientos de la vida de Cristo, comenzando con la búsqueda de la Sagrada Familia de alojamiento en Belén, donde no había espacio en la posada. Tengo la esperanza de que en este tiempo de Navidad el Gobierno y el pueblo de República Dominicana rechazarán esta sentencia injusta que causa tanto dolor y sufrimiento.
Todo país tiene el derecho de controlar sus propias fronteras, pero nadie tiene el derecho a pisotear la dignidad de las personas y disminuir su humanidad. Como estadounidense he visto de cerca la cara fea del racismo. A pesar de que todavía luchamos contra la realidad del racismo y el terrible legado que dejó la esclavitud en los Estados Unidos, me anima que nuestro gobierno, las organizaciones civiles y las iglesias hayan trabajado juntos con notable éxito para formar una sociedad más justa y más fuerte. Espero y rezo para que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se inspiren en los ideales del Evangelio de Jesucristo que aparece en su hermosa bandera nacional. El ejemplo de líderes como Martin Luther King y el presidente Mandela señalan el tipo de determinación y humanidad que se necesita para librar a nuestro mundo de la enfermedad espiritual del racismo.
En la Navidad los coros de ángeles nos piden a nosotros dar gloria a Dios y lograr la paz en la tierra; y nuestros quisqueyanos valientes pueden lograr ambas rompiendo las cadenas que esclavizan a sus hermanos y hermanas de La Española.
Por favor, comunique a su Gobierno las preocupaciones y la decepción de un sacerdote que se considera un amigo del pueblo de la República Dominicana. Rezo porque sus líderes cuenten con la sabiduría y el valor necesarios para corregir estas injusticias que se están cometiendo contra su propio pueblo.
Con garantías de oraciones y los mejores deseos para usted y su familia en Navidad y durante todo el Año Nuevo, quedo,
Suyo en Cristo,
Cardenal Sean P. O’Malley
Arzobispo de Boston
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
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19 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
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19 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar
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19 horas agoon
diciembre 5, 2025
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
