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Embajador dominicano en Washington responde las acusaciones del cardenal O´Malley
SANTO DOMINGO . El embajador dominicano en Washington, Aníbal De Castro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad, sino que interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía.
En una misiva dirigida al cardenal Séan O’Malley,Arzobispo de Boston, EE.UU., el diplomático explica que cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad.
«Se nos ha vejado, insultado -añade- y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos.»
El diplomático dominicano respondió al obispo de Boston una misiva que éste le envió en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013.
A continuación el texto completo de la misiva de Aníbal de Castro al Cardenal Sean O’Malley:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Diciembre, 18, 2013
Washington, D.C.
Su Eminencia
Cardenal Séan O’Malley
Boston, Mass
Su Eminencia:
La esperanza es una virtud cristiana, como recordara recientemente el Papa Francisco. A ella me abrazo en el esfuerzo de rescatar la imagen de mi país, reiterar nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, hablar con la verdad como norte. Me anima el interés de aclarar sus preocupaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, objeto de tantas críticas infundadas e interpretaciones erradas que responden a propósitos inconfensables.
La sentencia, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad. Interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía y la referencia al año de 1929 es simplemente para indicar desde cuando nuestra cultura constitucional ha determinado con certeza quiénes son dominicanos. Como sabrá en razón de orígenes de sus antepasados, Su Eminencia, en la mayoría de los 194 países del mundo no se aplica el ius soli irrestricto. Más bien el ius sanguinis es la norma, como en Irlanda, el Reino Unido y toda la Unión Europea. E incluso en Haití, que tiene un régimen de nacionalidad mucho más severo que el dominicano. Los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano no son dominicanos, como tampoco los de extranjeros en tránsito o diplomáticos. Basta, sin embargo, que uno de los padres tenga un estatus migratorio legal para que su descendencia sea dominicana.
Cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad. Se realizó el recuento y poco menos de 14,000 descendientes de haitianos figuran entre los registros irregulares.
No se les deportará ni someterá a vejámenes. Cada caso será examinado cuidadosamente y remitido a una corte de haber sospecha válida. El debido proceso será observado escrupulosamente. Para aquellos que la nacionalidad les esté vedada por razones constitucionales, se les abrirá un caminó a la regularización de su estatus. De haber nacido en el país y probar afianzamiento, serán beneficiados por una ley en proyecto para una rápida naturalización.
La realidad es, Su Eminencia, que la actitud de República Dominicana frente a la inmigración ilegal dista mucho de lo que estamos viendo en todo el mundo y que el Papa Francisco comprobó en la isla de Lampedusa. No los deportamos ni les negamos derechos: los acogemos y, en virtud de la sentencia tan criticada, se les regularizará su estatus.
Yo sé de su amor por el país. Los años no han borrado mi recuerdo de cuando compartimos en una visita suya, si mal no recuerdo invitado por el P. Milton. Su trabajo pastoral es admirable y su preocupación por los inmigrantes y los más desvalidos nace de su profundo convencimiento cristiano y sentido humano. Sentimientos similares yacen en las disposiciones del presidente Danilo Medina para que se busque una solución humanitaria a las consecuencias de la sentencia, con la dignidad humana y derechos a resguardo. Es lo que estamos haciendo en el país, pero ha sido muy difícil separar el grano de la paja, los hechos de la ficción.
Ningún país, como conoce Su Eminencia de primera mano, ha sido más solidario con Haití. En ningún otro país han encontrado tantos puestos de trabajo, camas en los hospitales, acogida en las aulas escolares. Somos pobres, pero vemos en el vecino un hermano en peor situación que la nuestra. He visto, literalmente, a dominicanos quitarse el pan de la boca y dárselo a un haitiano.
Debemos guardar la frontera e impedir el tráfico humano y la inmigración ilegal. Es nuestro derecho, como también lo es la preservación de nuestra identidad. Quien nació en la República Dominicana y ha echado allí sus raíces continuará su vida normal. De quererlo, accederá a la nacionalidad, pero dentro de las reglas que impone nuestro ordenamiento legal.
Se nos ha vejado, insultado y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos. Sería un escándalo en cualquier en otro país. En cambio, en el nuestro es solo una muestra de solidaridad. Por eso, a diario niños y niñas haitianas cruzan la frontera para ir a la escuela en nuestro territorio. Quince mil haitianos estudian en las universidades dominicanas con tarifas reducidas. La verdad, Su Eminencia, es que los haitianos pobres viven junto a los dominicanos pobres, y loshaitianos ricos junto a los dominicanos ricos en esa patria que sé usted quiere y admira.
Quisiera pensar que estas Navidades nos traigan otro nacimiento: el de la verdad sobre la relación entre Haití y la República Dominicana. Pero, más que nada, entre dos países que sufren en mayor o menor grado la ignominia de la pobreza extrema .
Con el mayor respeto,
Le saluda,
Aníbal de Castro
Embajador
A continuación el texto de la carta que le dirigió O´Malley al embajdor De Castrto
15 de diciembre, 2013
Su Excelencia Aníbal de Castro Rodríguez
Embajador de República Dominicana en Estados Unidos
Excelencia:
A modo de presentación, por más de cuarenta años he tenido el privilegio de mantener asociaciones extraordinarias con la República Dominicana y los dominicanos de la diáspora. Hace unas cuatro décadas empecé a celebrar la Misa para la comunidad hispana en Washington que realmente ha crecido en torno a la celebración local de Nuestra Señora de la Altagracia.
Trabajé con la comunidad dominicana en Washington DC durante veinte años, después por diez años en el Caribe, y ahora en Massachusetts. El presidente Joaquín Balaguer me honró con la Orden de Cristóbal Colón por mi trabajo pastoral con dominicanos. Siempre he tenido un gran afecto por la República Dominicana y su gente, y es en el mismo espíritu que me dirijo a usted hoy para compartir mi tristeza por el fallo del Tribunal Constitucional que crea dificultades para tantas personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana, muchos de los cuales han nacido en su país. De hecho, su arduo trabajo y dedicación contribuyen mucho al bienestar del país.
Por esta sentencia desafortunada del Tribunal, se les revocará la ciudadanía aun a dominicanos nacidos de padres indocumentados. La sentencia tiene carácter retroactivo hasta 1929, y se estima que 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a muchos que no han tenido conexión real con Haití desde hace varias generaciones se verán afectadas. Ser una persona sin un Estado, «un hombre sin patria», hace casi imposible estudiar, conseguir un trabajo decente, adquirir seguros, contribuir al fondo de pensiones, casarse legalmente, abrir cuentas bancarias y hasta viajar dentro o fuera de su propio país de origen.
El destino de los pueblos de República Dominicana y Haití es compartir una isla. Hechos históricos han dejado cicatrices, pero creo que los dominicanos y haitianos de buena voluntad anhelan un futuro de una mayor solidaridad y amistad. Me animó mucho ver la respuesta generosa y sincera de muchos dominicanos que se apresuraron para acudir en ayuda de sus hermanos y hermanas haitianos afectados por la devastación del terrible terremoto. Cuando yo era un joven sacerdote en Washington, celebré misas para inmigrantes de la República Dominicana y de Haití en la misma parroquia. Nunca vi divisiones ni discriminación. La fe de la gente y su lucha común para atender a sus familias los unió en comunidad.
En la Navidad revivimos los acontecimientos de la vida de Cristo, comenzando con la búsqueda de la Sagrada Familia de alojamiento en Belén, donde no había espacio en la posada. Tengo la esperanza de que en este tiempo de Navidad el Gobierno y el pueblo de República Dominicana rechazarán esta sentencia injusta que causa tanto dolor y sufrimiento.
Todo país tiene el derecho de controlar sus propias fronteras, pero nadie tiene el derecho a pisotear la dignidad de las personas y disminuir su humanidad. Como estadounidense he visto de cerca la cara fea del racismo. A pesar de que todavía luchamos contra la realidad del racismo y el terrible legado que dejó la esclavitud en los Estados Unidos, me anima que nuestro gobierno, las organizaciones civiles y las iglesias hayan trabajado juntos con notable éxito para formar una sociedad más justa y más fuerte. Espero y rezo para que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se inspiren en los ideales del Evangelio de Jesucristo que aparece en su hermosa bandera nacional. El ejemplo de líderes como Martin Luther King y el presidente Mandela señalan el tipo de determinación y humanidad que se necesita para librar a nuestro mundo de la enfermedad espiritual del racismo.
En la Navidad los coros de ángeles nos piden a nosotros dar gloria a Dios y lograr la paz en la tierra; y nuestros quisqueyanos valientes pueden lograr ambas rompiendo las cadenas que esclavizan a sus hermanos y hermanas de La Española.
Por favor, comunique a su Gobierno las preocupaciones y la decepción de un sacerdote que se considera un amigo del pueblo de la República Dominicana. Rezo porque sus líderes cuenten con la sabiduría y el valor necesarios para corregir estas injusticias que se están cometiendo contra su propio pueblo.
Con garantías de oraciones y los mejores deseos para usted y su familia en Navidad y durante todo el Año Nuevo, quedo,
Suyo en Cristo,
Cardenal Sean P. O’Malley
Arzobispo de Boston
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Migración detecta cientos de extranjeros indocumentados en fincas agrícolas de seis provincias
Las inspecciones realizadas por la Dirección General de Migración identificaron cerca de 700 extranjeros en situación irregular, con la mayor concentración en una explotación tomatera de San Juan. Las autoridades también investigarán posibles incumplimientos laborales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) extendió sus labores de fiscalización a diferentes zonas de producción agrícola del país, donde identificó cerca de 700 ciudadanos extranjeros que presuntamente no contaban con la documentación requerida para permanecer legalmente en territorio dominicano.
Las inspecciones fueron realizadas los días 15 y 16 de octubre de 2026 y forman parte de las acciones desarrolladas por el organismo para verificar el cumplimiento de las disposiciones migratorias en actividades económicas que utilizan mano de obra extranjera.
Los equipos de inspección intervinieron en establecimientos agrícolas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana.
Durante las jornadas, las autoridades verificaron la situación documental de trabajadores y recopilaron información sobre las condiciones existentes en las explotaciones agrícolas visitadas.
Finca de San Juan concentra mayor cantidad de casos
Uno de los hallazgos más significativos se produjo en una explotación dedicada al cultivo de tomates, ubicada en San Juan de la Maguana.
En ese establecimiento, los inspectores identificaron aproximadamente 520 extranjeros que, según las informaciones ofrecidas por Migración, se encontraban en condición migratoria irregular.
La cantidad representa una proporción considerable de los casos detectados durante las jornadas realizadas en las distintas provincias.
En otros cinco centros de trabajo inspeccionados, los equipos oficiales contabilizaron 114 empleados, distribuidos entre 86 ciudadanos haitianos y 28 dominicanos.
De los trabajadores haitianos identificados en esos establecimientos, 80 carecían de una condición migratoria regular, de acuerdo con los registros levantados por las autoridades.
Estas cifras reflejan la presencia de trabajadores extranjeros en determinadas actividades agrícolas y plantean interrogantes sobre los mecanismos de contratación y verificación documental utilizados por los empleadores.
Autoridades examinarán posibles infracciones laborales
Además de comprobar la situación migratoria de los trabajadores, los inspectores recopilaron información relacionada con las condiciones encontradas en los lugares intervenidos.
La Dirección General de Migración informó que dará seguimiento a los resultados y remitirá a las instituciones competentes aquellos casos que requieran investigaciones adicionales.
Entre los aspectos que podrían ser examinados figuran posibles incumplimientos de las disposiciones laborales y situaciones que involucren la protección de niños, debido a que durante algunas inspecciones se constató la presencia de menores de edad.
La presencia de niños en un establecimiento agrícola no constituye por sí sola una prueba de explotación infantil, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las circunstancias particulares de cada caso.
De igual manera, las eventuales responsabilidades de empleadores o administradores deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes y conforme a la legislación aplicable.
Migración anuncia continuidad de las fiscalizaciones
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana, reiteró que las inspecciones continuarán en las áreas donde se registra una elevada concentración de trabajadores extranjeros.
El funcionario señaló que las acciones forman parte de los mecanismos de control dirigidos a garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración número 285-04.
Las intervenciones también buscan determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de infracciones identificadas durante las verificaciones.
El reforzamiento de las fiscalizaciones en actividades productivas coloca nuevamente en discusión la necesidad de establecer mecanismos eficaces para la contratación regular de trabajadores extranjeros, especialmente en sectores que requieren cantidades significativas de mano de obra.
Actividad agrícola y regulación migratoria
La producción agropecuaria dominicana utiliza trabajadores nacionales y extranjeros en labores de siembra, mantenimiento y recolección de productos.
En ese contexto, las inspecciones migratorias pueden tener repercusiones sobre la organización de las actividades productivas y las prácticas de contratación en determinadas explotaciones agrícolas.
La aplicación de las normas migratorias debe desarrollarse conjuntamente con el respeto a los derechos laborales y las garantías legales de las personas sometidas a verificación.
Asimismo, el seguimiento a los empleadores resulta fundamental para determinar si existen prácticas de contratación contrarias a las disposiciones migratorias o laborales vigentes.
Las autoridades deberán establecer, de manera individual, la condición jurídica de las personas identificadas y las medidas que correspondan conforme al ordenamiento dominicano.
Operativos se extenderán a otras actividades productivas
El fortalecimiento de los controles migratorios forma parte de las acciones oficiales dirigidas a fiscalizar la presencia de trabajadores extranjeros en distintos sectores de la economía.
Aunque las inspecciones cuyos resultados fueron divulgados se concentraron en explotaciones agrícolas, la estrategia de fiscalización también contempla espacios laborales como las obras de construcción.
La DGM mantiene su propósito de ampliar la supervisión en zonas de alta concentración de mano de obra extranjera, mientras las instituciones competentes deberán evaluar las posibles infracciones detectadas.
Los resultados de estas jornadas vuelven a colocar sobre la mesa el desafío de conciliar el cumplimiento de la legislación migratoria, las necesidades de los sectores productivos y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.
El organismo electoral amplía las facilidades para que los ciudadanos obtengan el nuevo documento de identidad antes de abril de 2027. Cerca de tres millones de dominicanos residentes en el país todavía tienen pendiente completar el trámite, según los datos divulgados.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Junta Central Electoral (JCE) intensificó las jornadas de renovación de la cédula de identidad y electoral mediante el desplazamiento de unidades móviles a diferentes comunidades del territorio nacional, acompañadas de un servicio de transporte gratuito para facilitar el acceso de la población a los centros de atención.
La iniciativa procura reducir las dificultades de desplazamiento que enfrentan algunos ciudadanos y acelerar la entrega del nuevo documento, cuyo proceso de sustitución deberá completarse antes de abril de 2027, de acuerdo con el calendario anunciado por las autoridades electorales.
Según las cifras divulgadas, aproximadamente cuatro millones de dominicanos han renovado su documento de identidad, mientras que cerca de tres millones de residentes en el país todavía tienen pendiente realizar el procedimiento.
Buscan facilitar el acceso a los servicios de cedulación
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, ha destacado la necesidad de acercar los servicios de identificación a las comunidades, particularmente aquellas donde los ciudadanos enfrentan mayores dificultades para trasladarse a las oficinas tradicionales.
Como parte de las medidas implementadas, el organismo dispone de vehículos que ofrecen transporte de ida y vuelta sin costo para las personas interesadas en completar el proceso.
Asimismo, unidades equipadas con sistemas de amplificación recorren diferentes sectores para informar a los residentes sobre las fechas de las jornadas, los lugares de atención y los puntos habilitados para abordar el transporte gratuito.
Esta modalidad permite ampliar el alcance del programa y facilitar la participación de ciudadanos que, por razones económicas, laborales o de movilidad, encuentran obstáculos para acudir a los centros permanentes de cedulación.
Operativos disponibles en varias localidades
Entre los lugares incluidos en el calendario divulgado por la institución figura la comunidad El Torito, en Santo Domingo Norte, donde se programó una jornada del 16 al 18 de octubre, en horario de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche.
El servicio fue ubicado en la parroquia San Pablo de la Cruz, situada en la calle principal número uno, esquina Proyecto, urbanización Santa Cruz.
Durante esas mismas fechas y horarios se estableció otro punto de atención en Las Cubayas, específicamente en el Liceo Secundario Don Juan Rodríguez, próximo al cruce del Abanico.
En La Gina, distrito municipal perteneciente a Miches, el operativo está previsto del 18 al 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.
Los servicios se ofrecerán en la Junta Distrital, ubicada en la carretera Miches-Sabana de la Mar.
Santiago contará con jornada extendida
En Santiago de los Caballeros, la JCE habilitó un operativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Santiago, cuya duración está prevista hasta el jueves 22 de octubre.
La jornada contempla atención de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.
Para los sábados y domingos, el horario establecido es de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
La ampliación de horarios busca ofrecer alternativas a quienes deben cumplir compromisos laborales o académicos durante las jornadas ordinarias.
Renovación forma parte de la actualización del registro ciudadano
El proceso de sustitución de la cédula constituye una de las principales iniciativas administrativas de la Junta Central Electoral, debido a la importancia del documento para la identificación de las personas y la realización de múltiples gestiones públicas y privadas.
Además de su utilización en los procesos electorales, la cédula es necesaria para operaciones bancarias, trámites institucionales, servicios comerciales y otras actividades que requieren acreditar la identidad de los ciudadanos.
La renovación también está vinculada con la actualización de los registros de identificación y del padrón electoral, instrumentos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático dominicano.
El organismo ha establecido abril de 2027 como fecha límite para la sustitución del documento anterior, conforme al calendario divulgado.
Llamado a completar el procedimiento
Las autoridades electorales procuran que la mayor cantidad posible de ciudadanos obtenga su nueva cédula dentro del plazo establecido, evitando acumulaciones de solicitudes durante las últimas etapas del proceso.
Con los operativos móviles y las facilidades de transporte, la JCE busca reducir las barreras de acceso y ampliar la cobertura territorial de los servicios de identificación.
Se recomienda a los interesados consultar los canales oficiales del organismo antes de desplazarse, debido a que los puntos móviles y sus horarios pueden experimentar modificaciones.
La institución continúa así con el despliegue de su programa de cedulación, con el propósito de facilitar que los dominicanos dispongan del nuevo documento de identidad dentro del calendario establecido.
El Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger seis integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida su presidencia, mientras continúa pendiente la publicación del acta que contiene las votaciones de la evaluación anterior.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se encamina hacia la conclusión del proceso de escogencia de seis jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en medio de interrogantes sobre la publicidad de las decisiones adoptadas durante la evaluación de los magistrados que aspiraban a permanecer en sus funciones.
El organismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, tiene previsto completar el procedimiento el próximo viernes 23 de octubre, fecha establecida provisionalmente para la juramentación de los nuevos integrantes del alto tribunal.
Sin embargo, el calendario llega a su fase final sin que, según una revisión del portal oficial reseñada este domingo, se haya publicado el acta correspondiente a la sesión del 8 de septiembre, cuando fueron ratificados cinco magistrados y otros dos quedaron fuera de la Suprema Corte.
Concluyen entrevistas a 83 aspirantes
El CNM agotó las jornadas de vistas públicas celebradas los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, durante las cuales fueron entrevistados 83 de los 88 candidatos preseleccionados para las posiciones disponibles.
Con la conclusión de esta etapa, corresponde a los integrantes del Consejo ponderar la trayectoria profesional, experiencia, conocimientos jurídicos y demás condiciones de los postulantes antes de adoptar las decisiones definitivas.
Entre las seis posiciones pendientes figura la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, una de las responsabilidades institucionales de mayor relevancia dentro del Poder Judicial dominicano.
El cronograma contempla que los nuevos jueces sean juramentados el 23 de octubre, aunque la fecha podría experimentar modificaciones.
Votaciones anteriores permanecen sin divulgarse
Uno de los principales aspectos que genera interrogantes es la ausencia del documento que permitiría conocer el sentido de los votos emitidos por cada integrante del Consejo durante la sesión del pasado 8 de septiembre.
En aquella reunión fueron ratificados para un nuevo período de siete años los magistrados Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.
Por el contrario, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta no obtuvieron la confirmación necesaria para continuar en sus funciones.
Las decisiones contribuyeron a elevar a seis el número de vacantes que deben ser cubiertas mediante el procedimiento actualmente en curso.
Tras aquella sesión, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, indicó que el registro de las votaciones quedaría incorporado en el acta correspondiente.
No obstante, según la información publicada este 18 de octubre, dicho documento todavía no estaba disponible para consulta en el portal institucional.
Publicidad de las decisiones vuelve al centro del debate
La falta de divulgación del acta adquiere especial relevancia por tratarse de decisiones relacionadas con la integración del máximo tribunal del Poder Judicial.
De acuerdo con la revisión periodística divulgada, el portal del CNM únicamente mostraba las actas 001-2026 y 002-2026, correspondientes a las sesiones del 3 y 28 de agosto.
Ambos documentos recogen actuaciones vinculadas con la organización del proceso, el calendario de evaluación y las objeciones formuladas contra postulantes, pero no contienen las votaciones individuales de la sesión de septiembre.
La publicación de las actas constituye un mecanismo importante para fortalecer la rendición de cuentas y permitir que la ciudadanía conozca cómo se desarrollan las decisiones de los órganos encargados de seleccionar a los integrantes de las altas cortes.
No obstante, la ausencia de publicación de un documento no demuestra por sí sola la existencia de irregularidades en las votaciones ni invalida automáticamente las decisiones adoptadas.
Una escogencia de trascendencia institucional
La composición de la Suprema Corte de Justicia tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento del sistema judicial dominicano, debido a las competencias constitucionales y legales asignadas a este tribunal.
En ese sentido, la selección de seis nuevos magistrados representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia mediante un procedimiento fundamentado en criterios objetivos, capacidad profesional e independencia judicial.
La transparencia sobre las evaluaciones y decisiones adoptadas adquiere una importancia particular cuando se trata de garantizar que la integración del tribunal responda a las exigencias institucionales y al principio de separación de poderes.
Con las entrevistas concluidas y la decisión final pendiente, la atención se concentra ahora en las deliberaciones del Consejo y en la eventual divulgación de la documentación correspondiente a las evaluaciones anteriores.
El CNM afronta así una etapa determinante, en la que no solo deberá completar la renovación parcial de la Suprema Corte de Justicia, sino también ofrecer garantías de transparencia que permitan fortalecer la credibilidad del proceso ante la sociedad dominicana.