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Embajador dominicano en Washington responde las acusaciones del cardenal O´Malley
SANTO DOMINGO . El embajador dominicano en Washington, Aníbal De Castro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad, sino que interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía.
En una misiva dirigida al cardenal Séan O’Malley,Arzobispo de Boston, EE.UU., el diplomático explica que cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad.
«Se nos ha vejado, insultado -añade- y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos.»
El diplomático dominicano respondió al obispo de Boston una misiva que éste le envió en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013.
A continuación el texto completo de la misiva de Aníbal de Castro al Cardenal Sean O’Malley:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Diciembre, 18, 2013
Washington, D.C.
Su Eminencia
Cardenal Séan O’Malley
Boston, Mass
Su Eminencia:
La esperanza es una virtud cristiana, como recordara recientemente el Papa Francisco. A ella me abrazo en el esfuerzo de rescatar la imagen de mi país, reiterar nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, hablar con la verdad como norte. Me anima el interés de aclarar sus preocupaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, objeto de tantas críticas infundadas e interpretaciones erradas que responden a propósitos inconfensables.
La sentencia, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad. Interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía y la referencia al año de 1929 es simplemente para indicar desde cuando nuestra cultura constitucional ha determinado con certeza quiénes son dominicanos. Como sabrá en razón de orígenes de sus antepasados, Su Eminencia, en la mayoría de los 194 países del mundo no se aplica el ius soli irrestricto. Más bien el ius sanguinis es la norma, como en Irlanda, el Reino Unido y toda la Unión Europea. E incluso en Haití, que tiene un régimen de nacionalidad mucho más severo que el dominicano. Los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano no son dominicanos, como tampoco los de extranjeros en tránsito o diplomáticos. Basta, sin embargo, que uno de los padres tenga un estatus migratorio legal para que su descendencia sea dominicana.
Cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad. Se realizó el recuento y poco menos de 14,000 descendientes de haitianos figuran entre los registros irregulares.
No se les deportará ni someterá a vejámenes. Cada caso será examinado cuidadosamente y remitido a una corte de haber sospecha válida. El debido proceso será observado escrupulosamente. Para aquellos que la nacionalidad les esté vedada por razones constitucionales, se les abrirá un caminó a la regularización de su estatus. De haber nacido en el país y probar afianzamiento, serán beneficiados por una ley en proyecto para una rápida naturalización.
La realidad es, Su Eminencia, que la actitud de República Dominicana frente a la inmigración ilegal dista mucho de lo que estamos viendo en todo el mundo y que el Papa Francisco comprobó en la isla de Lampedusa. No los deportamos ni les negamos derechos: los acogemos y, en virtud de la sentencia tan criticada, se les regularizará su estatus.
Yo sé de su amor por el país. Los años no han borrado mi recuerdo de cuando compartimos en una visita suya, si mal no recuerdo invitado por el P. Milton. Su trabajo pastoral es admirable y su preocupación por los inmigrantes y los más desvalidos nace de su profundo convencimiento cristiano y sentido humano. Sentimientos similares yacen en las disposiciones del presidente Danilo Medina para que se busque una solución humanitaria a las consecuencias de la sentencia, con la dignidad humana y derechos a resguardo. Es lo que estamos haciendo en el país, pero ha sido muy difícil separar el grano de la paja, los hechos de la ficción.
Ningún país, como conoce Su Eminencia de primera mano, ha sido más solidario con Haití. En ningún otro país han encontrado tantos puestos de trabajo, camas en los hospitales, acogida en las aulas escolares. Somos pobres, pero vemos en el vecino un hermano en peor situación que la nuestra. He visto, literalmente, a dominicanos quitarse el pan de la boca y dárselo a un haitiano.
Debemos guardar la frontera e impedir el tráfico humano y la inmigración ilegal. Es nuestro derecho, como también lo es la preservación de nuestra identidad. Quien nació en la República Dominicana y ha echado allí sus raíces continuará su vida normal. De quererlo, accederá a la nacionalidad, pero dentro de las reglas que impone nuestro ordenamiento legal.
Se nos ha vejado, insultado y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos. Sería un escándalo en cualquier en otro país. En cambio, en el nuestro es solo una muestra de solidaridad. Por eso, a diario niños y niñas haitianas cruzan la frontera para ir a la escuela en nuestro territorio. Quince mil haitianos estudian en las universidades dominicanas con tarifas reducidas. La verdad, Su Eminencia, es que los haitianos pobres viven junto a los dominicanos pobres, y loshaitianos ricos junto a los dominicanos ricos en esa patria que sé usted quiere y admira.
Quisiera pensar que estas Navidades nos traigan otro nacimiento: el de la verdad sobre la relación entre Haití y la República Dominicana. Pero, más que nada, entre dos países que sufren en mayor o menor grado la ignominia de la pobreza extrema .
Con el mayor respeto,
Le saluda,
Aníbal de Castro
Embajador
A continuación el texto de la carta que le dirigió O´Malley al embajdor De Castrto
15 de diciembre, 2013
Su Excelencia Aníbal de Castro Rodríguez
Embajador de República Dominicana en Estados Unidos
Excelencia:
A modo de presentación, por más de cuarenta años he tenido el privilegio de mantener asociaciones extraordinarias con la República Dominicana y los dominicanos de la diáspora. Hace unas cuatro décadas empecé a celebrar la Misa para la comunidad hispana en Washington que realmente ha crecido en torno a la celebración local de Nuestra Señora de la Altagracia.
Trabajé con la comunidad dominicana en Washington DC durante veinte años, después por diez años en el Caribe, y ahora en Massachusetts. El presidente Joaquín Balaguer me honró con la Orden de Cristóbal Colón por mi trabajo pastoral con dominicanos. Siempre he tenido un gran afecto por la República Dominicana y su gente, y es en el mismo espíritu que me dirijo a usted hoy para compartir mi tristeza por el fallo del Tribunal Constitucional que crea dificultades para tantas personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana, muchos de los cuales han nacido en su país. De hecho, su arduo trabajo y dedicación contribuyen mucho al bienestar del país.
Por esta sentencia desafortunada del Tribunal, se les revocará la ciudadanía aun a dominicanos nacidos de padres indocumentados. La sentencia tiene carácter retroactivo hasta 1929, y se estima que 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a muchos que no han tenido conexión real con Haití desde hace varias generaciones se verán afectadas. Ser una persona sin un Estado, «un hombre sin patria», hace casi imposible estudiar, conseguir un trabajo decente, adquirir seguros, contribuir al fondo de pensiones, casarse legalmente, abrir cuentas bancarias y hasta viajar dentro o fuera de su propio país de origen.
El destino de los pueblos de República Dominicana y Haití es compartir una isla. Hechos históricos han dejado cicatrices, pero creo que los dominicanos y haitianos de buena voluntad anhelan un futuro de una mayor solidaridad y amistad. Me animó mucho ver la respuesta generosa y sincera de muchos dominicanos que se apresuraron para acudir en ayuda de sus hermanos y hermanas haitianos afectados por la devastación del terrible terremoto. Cuando yo era un joven sacerdote en Washington, celebré misas para inmigrantes de la República Dominicana y de Haití en la misma parroquia. Nunca vi divisiones ni discriminación. La fe de la gente y su lucha común para atender a sus familias los unió en comunidad.
En la Navidad revivimos los acontecimientos de la vida de Cristo, comenzando con la búsqueda de la Sagrada Familia de alojamiento en Belén, donde no había espacio en la posada. Tengo la esperanza de que en este tiempo de Navidad el Gobierno y el pueblo de República Dominicana rechazarán esta sentencia injusta que causa tanto dolor y sufrimiento.
Todo país tiene el derecho de controlar sus propias fronteras, pero nadie tiene el derecho a pisotear la dignidad de las personas y disminuir su humanidad. Como estadounidense he visto de cerca la cara fea del racismo. A pesar de que todavía luchamos contra la realidad del racismo y el terrible legado que dejó la esclavitud en los Estados Unidos, me anima que nuestro gobierno, las organizaciones civiles y las iglesias hayan trabajado juntos con notable éxito para formar una sociedad más justa y más fuerte. Espero y rezo para que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se inspiren en los ideales del Evangelio de Jesucristo que aparece en su hermosa bandera nacional. El ejemplo de líderes como Martin Luther King y el presidente Mandela señalan el tipo de determinación y humanidad que se necesita para librar a nuestro mundo de la enfermedad espiritual del racismo.
En la Navidad los coros de ángeles nos piden a nosotros dar gloria a Dios y lograr la paz en la tierra; y nuestros quisqueyanos valientes pueden lograr ambas rompiendo las cadenas que esclavizan a sus hermanos y hermanas de La Española.
Por favor, comunique a su Gobierno las preocupaciones y la decepción de un sacerdote que se considera un amigo del pueblo de la República Dominicana. Rezo porque sus líderes cuenten con la sabiduría y el valor necesarios para corregir estas injusticias que se están cometiendo contra su propio pueblo.
Con garantías de oraciones y los mejores deseos para usted y su familia en Navidad y durante todo el Año Nuevo, quedo,
Suyo en Cristo,
Cardenal Sean P. O’Malley
Arzobispo de Boston
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Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.