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Embajador dominicano en Washington responde las acusaciones del cardenal O´Malley
SANTO DOMINGO . El embajador dominicano en Washington, Aníbal De Castro, afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad, sino que interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía.
En una misiva dirigida al cardenal Séan O’Malley,Arzobispo de Boston, EE.UU., el diplomático explica que cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad.
«Se nos ha vejado, insultado -añade- y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos.»
El diplomático dominicano respondió al obispo de Boston una misiva que éste le envió en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional 168-2013.
A continuación el texto completo de la misiva de Aníbal de Castro al Cardenal Sean O’Malley:
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Diciembre, 18, 2013
Washington, D.C.
Su Eminencia
Cardenal Séan O’Malley
Boston, Mass
Su Eminencia:
La esperanza es una virtud cristiana, como recordara recientemente el Papa Francisco. A ella me abrazo en el esfuerzo de rescatar la imagen de mi país, reiterar nuestro profundo compromiso con los derechos humanos y, sobre todo, hablar con la verdad como norte. Me anima el interés de aclarar sus preocupaciones con respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, objeto de tantas críticas infundadas e interpretaciones erradas que responden a propósitos inconfensables.
La sentencia, contrario a lo que se ha afirmado, a nadie despoja de la nacionalidad. Interpreta la Constitución dominicana en lo tocante a cómo se adquiere la ciudadanía y la referencia al año de 1929 es simplemente para indicar desde cuando nuestra cultura constitucional ha determinado con certeza quiénes son dominicanos. Como sabrá en razón de orígenes de sus antepasados, Su Eminencia, en la mayoría de los 194 países del mundo no se aplica el ius soli irrestricto. Más bien el ius sanguinis es la norma, como en Irlanda, el Reino Unido y toda la Unión Europea. E incluso en Haití, que tiene un régimen de nacionalidad mucho más severo que el dominicano. Los hijos de indocumentados nacidos en territorio dominicano no son dominicanos, como tampoco los de extranjeros en tránsito o diplomáticos. Basta, sin embargo, que uno de los padres tenga un estatus migratorio legal para que su descendencia sea dominicana.
Cuando el Tribunal Constitucional ordena una auditoría de los libros del Registro Civil, lo hace para determinar irregularidades en los asientos dada la experiencia con un sinnúmero preocupante de falsificaciones y robos de identidad. Se realizó el recuento y poco menos de 14,000 descendientes de haitianos figuran entre los registros irregulares.
No se les deportará ni someterá a vejámenes. Cada caso será examinado cuidadosamente y remitido a una corte de haber sospecha válida. El debido proceso será observado escrupulosamente. Para aquellos que la nacionalidad les esté vedada por razones constitucionales, se les abrirá un caminó a la regularización de su estatus. De haber nacido en el país y probar afianzamiento, serán beneficiados por una ley en proyecto para una rápida naturalización.
La realidad es, Su Eminencia, que la actitud de República Dominicana frente a la inmigración ilegal dista mucho de lo que estamos viendo en todo el mundo y que el Papa Francisco comprobó en la isla de Lampedusa. No los deportamos ni les negamos derechos: los acogemos y, en virtud de la sentencia tan criticada, se les regularizará su estatus.
Yo sé de su amor por el país. Los años no han borrado mi recuerdo de cuando compartimos en una visita suya, si mal no recuerdo invitado por el P. Milton. Su trabajo pastoral es admirable y su preocupación por los inmigrantes y los más desvalidos nace de su profundo convencimiento cristiano y sentido humano. Sentimientos similares yacen en las disposiciones del presidente Danilo Medina para que se busque una solución humanitaria a las consecuencias de la sentencia, con la dignidad humana y derechos a resguardo. Es lo que estamos haciendo en el país, pero ha sido muy difícil separar el grano de la paja, los hechos de la ficción.
Ningún país, como conoce Su Eminencia de primera mano, ha sido más solidario con Haití. En ningún otro país han encontrado tantos puestos de trabajo, camas en los hospitales, acogida en las aulas escolares. Somos pobres, pero vemos en el vecino un hermano en peor situación que la nuestra. He visto, literalmente, a dominicanos quitarse el pan de la boca y dárselo a un haitiano.
Debemos guardar la frontera e impedir el tráfico humano y la inmigración ilegal. Es nuestro derecho, como también lo es la preservación de nuestra identidad. Quien nació en la República Dominicana y ha echado allí sus raíces continuará su vida normal. De quererlo, accederá a la nacionalidad, pero dentro de las reglas que impone nuestro ordenamiento legal.
Se nos ha vejado, insultado y hasta pretendido que ignoremos el principio democrático de la separación de poderes. Nuestra respuesta ha sido el diálogo, sin maltratos ni deportaciones. El 53% de los partos en los hospitales de la zona fronteriza corresponden a mujeres haitianas. El 18% del presupuesto de salud pública se va en gasto a los haitianos. Sería un escándalo en cualquier en otro país. En cambio, en el nuestro es solo una muestra de solidaridad. Por eso, a diario niños y niñas haitianas cruzan la frontera para ir a la escuela en nuestro territorio. Quince mil haitianos estudian en las universidades dominicanas con tarifas reducidas. La verdad, Su Eminencia, es que los haitianos pobres viven junto a los dominicanos pobres, y loshaitianos ricos junto a los dominicanos ricos en esa patria que sé usted quiere y admira.
Quisiera pensar que estas Navidades nos traigan otro nacimiento: el de la verdad sobre la relación entre Haití y la República Dominicana. Pero, más que nada, entre dos países que sufren en mayor o menor grado la ignominia de la pobreza extrema .
Con el mayor respeto,
Le saluda,
Aníbal de Castro
Embajador
A continuación el texto de la carta que le dirigió O´Malley al embajdor De Castrto
15 de diciembre, 2013
Su Excelencia Aníbal de Castro Rodríguez
Embajador de República Dominicana en Estados Unidos
Excelencia:
A modo de presentación, por más de cuarenta años he tenido el privilegio de mantener asociaciones extraordinarias con la República Dominicana y los dominicanos de la diáspora. Hace unas cuatro décadas empecé a celebrar la Misa para la comunidad hispana en Washington que realmente ha crecido en torno a la celebración local de Nuestra Señora de la Altagracia.
Trabajé con la comunidad dominicana en Washington DC durante veinte años, después por diez años en el Caribe, y ahora en Massachusetts. El presidente Joaquín Balaguer me honró con la Orden de Cristóbal Colón por mi trabajo pastoral con dominicanos. Siempre he tenido un gran afecto por la República Dominicana y su gente, y es en el mismo espíritu que me dirijo a usted hoy para compartir mi tristeza por el fallo del Tribunal Constitucional que crea dificultades para tantas personas de origen haitiano que viven en la República Dominicana, muchos de los cuales han nacido en su país. De hecho, su arduo trabajo y dedicación contribuyen mucho al bienestar del país.
Por esta sentencia desafortunada del Tribunal, se les revocará la ciudadanía aun a dominicanos nacidos de padres indocumentados. La sentencia tiene carácter retroactivo hasta 1929, y se estima que 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo a muchos que no han tenido conexión real con Haití desde hace varias generaciones se verán afectadas. Ser una persona sin un Estado, «un hombre sin patria», hace casi imposible estudiar, conseguir un trabajo decente, adquirir seguros, contribuir al fondo de pensiones, casarse legalmente, abrir cuentas bancarias y hasta viajar dentro o fuera de su propio país de origen.
El destino de los pueblos de República Dominicana y Haití es compartir una isla. Hechos históricos han dejado cicatrices, pero creo que los dominicanos y haitianos de buena voluntad anhelan un futuro de una mayor solidaridad y amistad. Me animó mucho ver la respuesta generosa y sincera de muchos dominicanos que se apresuraron para acudir en ayuda de sus hermanos y hermanas haitianos afectados por la devastación del terrible terremoto. Cuando yo era un joven sacerdote en Washington, celebré misas para inmigrantes de la República Dominicana y de Haití en la misma parroquia. Nunca vi divisiones ni discriminación. La fe de la gente y su lucha común para atender a sus familias los unió en comunidad.
En la Navidad revivimos los acontecimientos de la vida de Cristo, comenzando con la búsqueda de la Sagrada Familia de alojamiento en Belén, donde no había espacio en la posada. Tengo la esperanza de que en este tiempo de Navidad el Gobierno y el pueblo de República Dominicana rechazarán esta sentencia injusta que causa tanto dolor y sufrimiento.
Todo país tiene el derecho de controlar sus propias fronteras, pero nadie tiene el derecho a pisotear la dignidad de las personas y disminuir su humanidad. Como estadounidense he visto de cerca la cara fea del racismo. A pesar de que todavía luchamos contra la realidad del racismo y el terrible legado que dejó la esclavitud en los Estados Unidos, me anima que nuestro gobierno, las organizaciones civiles y las iglesias hayan trabajado juntos con notable éxito para formar una sociedad más justa y más fuerte. Espero y rezo para que el Gobierno y el pueblo de la República Dominicana se inspiren en los ideales del Evangelio de Jesucristo que aparece en su hermosa bandera nacional. El ejemplo de líderes como Martin Luther King y el presidente Mandela señalan el tipo de determinación y humanidad que se necesita para librar a nuestro mundo de la enfermedad espiritual del racismo.
En la Navidad los coros de ángeles nos piden a nosotros dar gloria a Dios y lograr la paz en la tierra; y nuestros quisqueyanos valientes pueden lograr ambas rompiendo las cadenas que esclavizan a sus hermanos y hermanas de La Española.
Por favor, comunique a su Gobierno las preocupaciones y la decepción de un sacerdote que se considera un amigo del pueblo de la República Dominicana. Rezo porque sus líderes cuenten con la sabiduría y el valor necesarios para corregir estas injusticias que se están cometiendo contra su propio pueblo.
Con garantías de oraciones y los mejores deseos para usted y su familia en Navidad y durante todo el Año Nuevo, quedo,
Suyo en Cristo,
Cardenal Sean P. O’Malley
Arzobispo de Boston
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
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Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.