Nacionales
Embajadores se destapan y denuncian la inseguridad en el país
Diplomáticos plantearon los problemas que afectan a los turistas en República Dominicana. (Danny Polanco)
La representante de la OEA denunció que a la segunda semana de llegar al país le clonaron tres tarjetas de crédito
Representantes diplomáticos de varios países y organismos internacionales se quejaron ayer de las dificultades que les causa a los turistas que vienen al país el caos en el tránsito del Gran Santo Domingo, la detención de personas por causas menores hasta por cuatro horas y la retención de documentos. Los diplomáticos externaron sus quejas en el marco de un encuentro que organizó la Policía Turística (Politur) con representantes de distintos países para explicar los planes de seguridad que desarrolla para los puntos turísticos.
La encargada de asuntos de ciudadanos estadounidenses de la embajada de los Estados Unidos en el país, Mary Fisk Telchi, denunció que con frecuencia a los visitantes de su país les retienen los documentos personas sin competencia para eso. “Una queja frecuente que tenemos es la retención del pasaporte americano por entidades que no tienen competencia… como los arrendadores de autos o los hospitales donde retienen el pasaporte”, afirmó. La representante diplomática dijo que es inaceptable que un particular sin representar ninguna autoridad retenga el documento. Fisk Telchi resaltó que cada año alrededor de un millón y medio de turistas de los Estados Unidos visitan la República Dominicana.
En tanto, la embajada británica denunció que muchos de los turistas que vienen al país son detenidos hasta por cuatro horas por asuntos menores y hasta sin justificación por lo que demandó el establecimiento de mecanismos que impidan que eso suceda o que al menos agilicen la libertad de las personas que son afectadas con ese tipo de prácticas.
La representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Araceli Azuara, denunció que a las dos semanas de iniciar su misión en el país, sus tres tarjetas de crédito fueron clonadas por lo que pidió que se tomen mayores controles para los visitantes extranjeros al momento de usar sus tarjetas.
Azuara también se quejó de la mala calidad de los carros que ofrecen servicios de taxis en el país “porque siempre están chocados y uno se pregunta si será el próximo chocado”. Agregó que los carros de taxis en el país no están identificados y que eso genera inseguridad.
El embajador de México, José Ignacio Piña, se quejó de que los arreglos que hacen las autoridades en la Ciudad Colonial, donde está ubicada la sede de la embajada mexicana, están causando grandes dificultades para el acceso al lugar, tanto a las personas que trabajan o viven en ese lugar, como para los turistas. En ese sentido, señaló que las autoridades deben tomar algún tipo de medida que permita el tránsito en la Zona Colonial sin tantos inconvenientes mientras duren los trabajos de remodelación.
“Con las obras de remodelación que están haciendo es un problema entrar y salir y para los turistas me imagino que debe ser igual, es caótico porque además no hay opciones, hay muy pocas calles, varias calles están cerradas, entonces tenemos estos inconvenientes temporales pero se debe tomar alguna medida para mejorar este caos”, afirmó. Igualmente dijo que a diario se observan grandes cantidades de basura regada en distintos puntos de la Zona Colonial. El diplomático resaltó el valor histórico y turístico de la Ciudad Intramuros.
Chile, es seguro
El representante de Chile en el país, Manuel Hinojosa, contrario al resto de los diplomáticos, expresó que por la Ciudad Colonial se puede transitar sin temor y que la imagen de inseguridad que se ha vendido del sector es más de percepción.
Politur garantiza seguridad
El director de Politur, Amílcar Fernández Tejada, afirmó que ese cuerpo está comprometido con la seguridad turística en el país y que una muestra de la efectividad de las nuevas políticas es que a esa entidad no llegan denuncias de ciudadanos que han sido víctima de atracos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Puso como ejemplo que a septiembre del 2012 hubo 97 denuncias de personas que habían sido atacadas en esa terminal aeroportuaria.
Al explicar el Plan Estratégico de Seguridad Turística Integral, resaltó la seguridad vial implementada en las principales vías del país que conectan con los polos turísticos. Especificó que el proyecto se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas. “El objetivo de este encuentro es concienciar a los organismos internacionales y el cuerpo diplomático sobre cuáles son los niveles de seguridad que se vive en los entornos turísticos del país”, dijo. Fernández Tejada Agregó que el plan incluye mayor tecnología y formación de los miembros de Politur por lo que fue reabierta la escuela de educación para los integrantes de ese cuerpo.
Inseguridad, cáncer del turismo
En el encuentro también participó el consultor internacional en seguridad turística Peter Tarlow, quien advirtió de la importancia de la inversión de recursos para lograr mejorar la imagen de inseguridad que afecta a la República Dominicana.
Observó que la seguridad es la principal demanda de los turistas en la actualidad, cuando anteriormente era de precios y calidad. “La inseguridad es como un cáncer para la industria turística que la carcome poco a poco”. La actividad fue efectuada en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asonahores resalta las medidas por seguridad
El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santo Domingo (Asonahores), Arturo Villanueva, resaltó las medidas de seguridad que ha venido implementado el Gobierno a fin de garantizar la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros. Villanueva aseguró que el número de turistas aumentó en el último año, aunque no especificó en cuanto. También resaltó las políticas que desarrolla el presidente Danilo Medina.
1,246
Miembros La Politur cuenta con mil 246 agentes para cubrir todas las zonas turísticas del país.
Elcaribe
Santo Domingo. El Sistema Electrónico de Manejo de Casos de Inspección (SICIT) fue puesto en marcha por Ministerio de Trabajo, con la finalidad de mejorar el acceso a información, disponibilidad y recolección de datos de las actividades de cumplimiento laboral e inspección del trabajo.
El nuevo sistema se integra con los programas informáticos que maneja el Ministerio de Trabajo y permite que los usuarios del mismo puedan verificar y consultar, desde cualquier lugar, toda la información relacionada con la labor de inspección del trabajo.
Esta nueva herramienta está disponible en las Representaciones Locales y asegura el inicio, seguimiento y gestión del proceso de la inspección del trabajo, registro administrativo y generación de estadísticas.
La nueva plataforma digital facilita la digitalización de la información recopilada por los inspectores de trabajo, el planeamiento y programación de visitas a empresas, centros y lugares de trabajo, administrar usuarios y sus perfiles y poder realizar auditorías de los procesos.
Santo Domingo, R.D.-Mucha oscuridad prevalece todavía sobre la incautación histórica de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo a principio de diciembre, lo que ha generado diversas contradicciones sobre su procedencia, que incluye a Colombia, Guatemala y Honduras, cuyas autoridades dominicanas aun no cuentan con una versión definitiva del caso.
Mientras declaraciones presidenciales confunden sobre la trazabilidad, las autoridades dominicanas aún no dan su versión definitiva.
Fue el pasado 6 de diciembre cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscó dos contenedores con sustancias ilícitas. Eran movilizadas en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. Ese día, las autoridades informaron que llegaron al país procedentes de Guatemala y el destino final era Bélgica.
Aunque ningún país había asumido la responsabilidad, ya que esto pondría en evidencia la falta de seguridad e incluso la posible complicidad entre entidades gubernamentales y el narcotráfico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó ayer que la droga provenía de su país, específicamente de grupos armados del Catatumbo.
«Ya quedó claro que la contaminación tuvo lugar en la República Dominicana y que aquí las luchas de seguridad siguen firmas en la lucha contra el narcotráfico«, dijo el 12 de diciembre el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.
Estas declaraciones surgieron un día después de que Francisco Jiménez, ministro de Gobernación para Guatemala, asegurara que en su país el caso estaba «cerrado», debido a que la República Dominicana descartó que el cargamento se produjera en ese país centroamericano.
Monto en el que se valoró la carga de la cocaína.
«No tocó suelo hondureño»
El Gobierno de Guatemala explicó que el contenedor fue inspeccionado mediante tecnología de escáner. El cargamento partió desde Veracruz, México, y realizó una escala en Puerto Cortés, Honduras, antes de ser interceptado en el puerto de Caucedo, en la provincia Santo Domingo.
Sin embargo, la Dirección General de Aduanas de Honduras confirmó que, según los registros y la trazabilidad del contenedor, este no llegó a ningún puerto hondureño, según los informes certificados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
«No hay actualizaciones sobre las 9.8 toneladas»
A pesar de que el presidente Luis Abinader informó el 13 de diciembre que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) elaboraban un informe sobre el alijo de 9.8 toneladas de droga, Diario Libre contactó hoy a la DNCD, desde donde se reiteró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la entidad encargada de la investigación.
El operativo para el histórico decomiso se extendió por más de 20 horas, luego de que un aviso de inteligencia alertara a los agentes sobre movimientos inusuales en uno de los bloques de la terminal portuaria. Esta alerta permitió coordinar un despliegue estratégico para inspeccionar y asegurar el área, lo que culminó en el decomiso.
- Ese día, la DNCD dijo que el contenedor en que fue encontrada la droga provenía de Guatemala y estaba destinado para llegar a Bélgica, en Europa. El 9 de diciembre las autoridades incineraron el cargamento.
Santo Domingo, R.D.-En opinión de diversos sectores de la vida nacional la sentencia del Tribunal Constitucional representa una nueva esperanza para el pueblo dominicano, por lo que La Republica reproduce un articulo publicado con respecto al tema.
La importancia de esta decisión no debe subestimarse. Históricamente, los partidos políticos han monopolizado las candidaturas, estableciendo barreras que excluyen a ciudadanos honestos y capaces que no desean someterse a la maquinaria partidaria. En este sentido, la sentencia del Tribunal Constitucional abre una puerta hacia la diversificación y la renovación política, algo imprescindible en nuestro contexto.
He escuchado opiniones divididas sobre este fallo. Algunos detractores argumentan que podría facilitar la entrada de recursos ilícitos en las campañas, ya que los candidatos independientes no contarían con los controles internos que supuestamente ejercen los partidos. Sin embargo, esta preocupación ignora un hecho evidente: desde 1961, los partidos en nuestro país han sido cómplices de candidaturas financiadas por lavadores, narcotraficantes y otros elementos oscuros.
Los datos son claros: numerosos congresistas de los partidos mayoritarios han sido sometidos a la justicia, y varios cumplen condenas en el extranjero. Este historial demuestra que la corrupción no es exclusiva de candidatos independientes, sino un problema sistémico en la política dominicana.
La sentencia de marras permite que personas desvinculadas de los partidos tradicionales puedan aspirar a cargos como senador, diputado o regidor. Este cambio es revolucionario porque reduce la dependencia del clientelismo partidario y abre espacios para ciudadanos con agendas independientes, capaces de priorizar el bienestar colectivo sobre los intereses particulares de los partidos.
Esta disposición no es exclusiva de la República Dominicana. Países como México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Canadá y Estados Unidos permiten candidaturas independientes, con variaciones en los requisitos y regulaciones. En muchos de estos países, las candidaturas independientes han demostrado ser una herramienta para oxigenar la política y acercarla a los ciudadanos.
La Junta Central Electoral ha anunciado la asignación de 1,500 millones de pesos a los partidos políticos para el 2025, una medida originalmente impulsada por José Francisco Peña Gómez con el objetivo de evitar que los partidos dependieran de recursos ilícitos. No obstante, la realidad dista mucho del ideal de Peña. Los partidos han convertido este financiamiento en una herramienta de control, en lugar de un medio para promover la transparencia.
Por si fuera poco, los partidos han abandonado las elecciones primarias en favor de encuestas manipuladas, utilizando estos métodos para seleccionar a candidatos que protegen sus intereses. Las cifras son alarmantes: un aspirante a regidor necesita aproximadamente 20 millones de pesos para competir; un diputado, más de 50 millones; y un senador dijo que había invertido más de 150 millones. Estas cantidades plantean preguntas inevitables: ¿De dónde proviene este dinero? ¿Deben los políticos recurrir al uso indebido de sus funciones para recuperarlo? ¿O estarán sometidos a la voluntad de sus donantes?
El fallo del Tribunal Constitucional ha sido bien recibido por la mayoría del Pueblo dominicano, y su alcance no puede pasarse por alto: permite la candidatura presidencial independiente. Este avance abre una oportunidad sin precedentes para que ciudadanos ajenos a los partidos políticos tradicionales aspiren a la posición más alta del país.
Con esta decisión, el sistema político dominicano se acerca un poco más a la verdadera representación democrática, donde el poder no es monopolio de los partidos, sino una expresión genuina de la voluntad ciudadana. Sin embargo, este nuevo panorama trae consigo retos importantes, como garantizar la transparencia en el financiamiento de estas candidaturas y establecer reglas claras que fomenten la equidad en la competencia electoral.
El desafío ahora recae en la sociedad dominicana: aprovechar este hito para fortalecer nuestra democracia y evitar que los mismos vicios que han plagado a los partidos tradicionales se trasladen a esta nueva modalidad de participación política.