Nacionales
Embajadores se destapan y denuncian la inseguridad en el país
Diplomáticos plantearon los problemas que afectan a los turistas en República Dominicana. (Danny Polanco)
La representante de la OEA denunció que a la segunda semana de llegar al país le clonaron tres tarjetas de crédito
Representantes diplomáticos de varios países y organismos internacionales se quejaron ayer de las dificultades que les causa a los turistas que vienen al país el caos en el tránsito del Gran Santo Domingo, la detención de personas por causas menores hasta por cuatro horas y la retención de documentos. Los diplomáticos externaron sus quejas en el marco de un encuentro que organizó la Policía Turística (Politur) con representantes de distintos países para explicar los planes de seguridad que desarrolla para los puntos turísticos.
La encargada de asuntos de ciudadanos estadounidenses de la embajada de los Estados Unidos en el país, Mary Fisk Telchi, denunció que con frecuencia a los visitantes de su país les retienen los documentos personas sin competencia para eso. “Una queja frecuente que tenemos es la retención del pasaporte americano por entidades que no tienen competencia… como los arrendadores de autos o los hospitales donde retienen el pasaporte”, afirmó. La representante diplomática dijo que es inaceptable que un particular sin representar ninguna autoridad retenga el documento. Fisk Telchi resaltó que cada año alrededor de un millón y medio de turistas de los Estados Unidos visitan la República Dominicana.
En tanto, la embajada británica denunció que muchos de los turistas que vienen al país son detenidos hasta por cuatro horas por asuntos menores y hasta sin justificación por lo que demandó el establecimiento de mecanismos que impidan que eso suceda o que al menos agilicen la libertad de las personas que son afectadas con ese tipo de prácticas.
La representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Araceli Azuara, denunció que a las dos semanas de iniciar su misión en el país, sus tres tarjetas de crédito fueron clonadas por lo que pidió que se tomen mayores controles para los visitantes extranjeros al momento de usar sus tarjetas.
Azuara también se quejó de la mala calidad de los carros que ofrecen servicios de taxis en el país “porque siempre están chocados y uno se pregunta si será el próximo chocado”. Agregó que los carros de taxis en el país no están identificados y que eso genera inseguridad.
El embajador de México, José Ignacio Piña, se quejó de que los arreglos que hacen las autoridades en la Ciudad Colonial, donde está ubicada la sede de la embajada mexicana, están causando grandes dificultades para el acceso al lugar, tanto a las personas que trabajan o viven en ese lugar, como para los turistas. En ese sentido, señaló que las autoridades deben tomar algún tipo de medida que permita el tránsito en la Zona Colonial sin tantos inconvenientes mientras duren los trabajos de remodelación.
“Con las obras de remodelación que están haciendo es un problema entrar y salir y para los turistas me imagino que debe ser igual, es caótico porque además no hay opciones, hay muy pocas calles, varias calles están cerradas, entonces tenemos estos inconvenientes temporales pero se debe tomar alguna medida para mejorar este caos”, afirmó. Igualmente dijo que a diario se observan grandes cantidades de basura regada en distintos puntos de la Zona Colonial. El diplomático resaltó el valor histórico y turístico de la Ciudad Intramuros.
Chile, es seguro
El representante de Chile en el país, Manuel Hinojosa, contrario al resto de los diplomáticos, expresó que por la Ciudad Colonial se puede transitar sin temor y que la imagen de inseguridad que se ha vendido del sector es más de percepción.
Politur garantiza seguridad
El director de Politur, Amílcar Fernández Tejada, afirmó que ese cuerpo está comprometido con la seguridad turística en el país y que una muestra de la efectividad de las nuevas políticas es que a esa entidad no llegan denuncias de ciudadanos que han sido víctima de atracos en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Puso como ejemplo que a septiembre del 2012 hubo 97 denuncias de personas que habían sido atacadas en esa terminal aeroportuaria.
Al explicar el Plan Estratégico de Seguridad Turística Integral, resaltó la seguridad vial implementada en las principales vías del país que conectan con los polos turísticos. Especificó que el proyecto se desarrolla conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas. “El objetivo de este encuentro es concienciar a los organismos internacionales y el cuerpo diplomático sobre cuáles son los niveles de seguridad que se vive en los entornos turísticos del país”, dijo. Fernández Tejada Agregó que el plan incluye mayor tecnología y formación de los miembros de Politur por lo que fue reabierta la escuela de educación para los integrantes de ese cuerpo.
Inseguridad, cáncer del turismo
En el encuentro también participó el consultor internacional en seguridad turística Peter Tarlow, quien advirtió de la importancia de la inversión de recursos para lograr mejorar la imagen de inseguridad que afecta a la República Dominicana.
Observó que la seguridad es la principal demanda de los turistas en la actualidad, cuando anteriormente era de precios y calidad. “La inseguridad es como un cáncer para la industria turística que la carcome poco a poco”. La actividad fue efectuada en uno de los salones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asonahores resalta las medidas por seguridad
El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santo Domingo (Asonahores), Arturo Villanueva, resaltó las medidas de seguridad que ha venido implementado el Gobierno a fin de garantizar la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros. Villanueva aseguró que el número de turistas aumentó en el último año, aunque no especificó en cuanto. También resaltó las políticas que desarrolla el presidente Danilo Medina.
1,246
Miembros La Politur cuenta con mil 246 agentes para cubrir todas las zonas turísticas del país.
Elcaribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.