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Rectora dice: “La UASD invierte el 30% de su presupuesto en nivelar a los bachilleres”
La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco Melo, está en campaña para que el Gobierno les asigne RD$ 15,888.9 millones en el presupuesto y así con sus ingresos propios poder llegar a RD$ 16,890 millones para el 2020. La universidad estatal dispone de un presupuesto de RD$ 8.5 millones, de los cuales invierte el 30% en nivelar a los bachilleres de nuevo ingreso que presentan debilidades educativa.
Polanco Melo informó que el Consejo Universitario estructuró un proyecto de presupuesto para el año 2020 de RD$16, 890. 7 millones con el que buscan responder a sus necesidades más urgentes, como son el rediseño curricular con un enfoque de competencia y la construcción de un recinto universitario en Santo Domingo Este para mejorar las labores académicas.
“Cómo vamos a tener calidad que usted espera, si no tenemos el equipamiento, recursos, buenos equipamientos y laboratorios”, comentó Polanco Melo.
El Consejo aprobó una distribución de los recursos en los siguientes renglones: RD$ 13,574 millones para el funcionamiento normal de la institución; RD$ 1 mil 700 millones para pagos atrasados; y RD$ 1 mil 600 millones para inversión en programas educativos, en obras y equipos.
La rectora dice que es difícil mantener la universidad con buen funcionamiento recibiendo un promedio semestral de 16 mil nuevos estudiantes, arrastrando un déficit de RD$ 1,325.8 millones y compromisos por pagar ascendente a RD$ 1,715.7 millones y con un presupuesto de RD$ 8.5 millones, que es el actual.
Polanco Melo y el vicerrector administrativo, Pablo Valdez son los invitados de esta semana del Diálogo Libre que dirige y conduce el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.
Otras prioridades son más aulas (500), educación virtual, sala digital, adecuación de la biblioteca central, renovación de la plataforma tecnológica.
“Ya la universidad tiene que cambiar, modernizarse, pero también nosotros tenemos que modernizar la mente de lo que tenemos, hay que hacer un cambio, porque los estudiantes que le van a llegar son puros tecnológicos”, dijo Polanco Melo.
Considera que el hecho de tener más de 250 mil alumnos es garantía de tener buenos ciudadanos, porque no van a delinquir, pues su meta es lograr un futuro mejor y en ese aspecto, la UASD viene a ser un soporte en contra de la delincuencia.
“El presupuesto que pedimos no es un deseo de las autoridades de la UASD, sino una necesidad urgente”, comentó Polanco.
Sin esa partida que solicitan – señala la rectora- es imposible abocarse a un proceso de modernización y eficientización de los servicios que ofrecen a los estudiantes.
A pesar de sus problemas financieros y de sus limitaciones académicas, la UASD siempre puede recibir estudiantes, porque es una institución abierta y es la que tiene la responsabilidad de formar los profesionales que requiere el país y por eso mantienen carreras como física, química, sociología, estadísticas y trabajo social.
“La mayoría de las universidades abren las carreras que dejan dinero y que no requieren grandes estructuras, nosotros abrimos las carreras que necesita el país no importa la estructura que tengan, pero también complementamos con otras”, sostuvo la rectora de la primera universidad del viejo mundo.
La rectora de la academia estatal dijo que no se debe aumentar el crédito estudiantil para lograr mayores ingresos, porque así lo dispone la Constitución que establece que la educación superior pública es gratuita.
Tampoco pueden tomar decisiones, porque no son colegiadas, sino que tienen organismos internos que representan a cada sector dentro del Consejo Universitario que es el que toma las decisiones académicas.
El costo del crédito por asignatura es de RD$ 6. En la mayoría de los casos se permite un mínimo de 24 créditos, por lo que si se multiplica ese número por la cantidad de estudiantes inscritos, la universidad recibe un ingreso de RD$ 36 millones por semestre.
Argumentan las autoridades de la UASD que la característica principal del financiamiento de la educación superior pública lo constituyen las transferencias hechas por el Gobierno Central que se nutren de los ingresos fiscales corrientes de las arcas del Estado que asciende aproximadamente al 90% de los ingresos percibidos por la universidad, un promedio equivalente al 1.05% del presupuesto General del Estado. Polanco Melo dijo que la llamada revolución educativa ha creado una explosión en cuanto al número de nuevos ingresos en las universidades, sobre todo en la UASD que es la principal receptora de los estudiantes que provienen de las escuelas públicas.
“El mantener la UASD, que es prácticamente la única universidad pública del país, de puertas abiertas, nos ha forzado ha manejarnos con un déficit que se hace prácticamente insostenible”, dijo la rectora.
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.