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Rectora dice: “La UASD invierte el 30% de su presupuesto en nivelar a los bachilleres”
La rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Emma Polanco Melo, está en campaña para que el Gobierno les asigne RD$ 15,888.9 millones en el presupuesto y así con sus ingresos propios poder llegar a RD$ 16,890 millones para el 2020. La universidad estatal dispone de un presupuesto de RD$ 8.5 millones, de los cuales invierte el 30% en nivelar a los bachilleres de nuevo ingreso que presentan debilidades educativa.
Polanco Melo informó que el Consejo Universitario estructuró un proyecto de presupuesto para el año 2020 de RD$16, 890. 7 millones con el que buscan responder a sus necesidades más urgentes, como son el rediseño curricular con un enfoque de competencia y la construcción de un recinto universitario en Santo Domingo Este para mejorar las labores académicas.
“Cómo vamos a tener calidad que usted espera, si no tenemos el equipamiento, recursos, buenos equipamientos y laboratorios”, comentó Polanco Melo.
El Consejo aprobó una distribución de los recursos en los siguientes renglones: RD$ 13,574 millones para el funcionamiento normal de la institución; RD$ 1 mil 700 millones para pagos atrasados; y RD$ 1 mil 600 millones para inversión en programas educativos, en obras y equipos.
La rectora dice que es difícil mantener la universidad con buen funcionamiento recibiendo un promedio semestral de 16 mil nuevos estudiantes, arrastrando un déficit de RD$ 1,325.8 millones y compromisos por pagar ascendente a RD$ 1,715.7 millones y con un presupuesto de RD$ 8.5 millones, que es el actual.
Polanco Melo y el vicerrector administrativo, Pablo Valdez son los invitados de esta semana del Diálogo Libre que dirige y conduce el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.
Otras prioridades son más aulas (500), educación virtual, sala digital, adecuación de la biblioteca central, renovación de la plataforma tecnológica.
“Ya la universidad tiene que cambiar, modernizarse, pero también nosotros tenemos que modernizar la mente de lo que tenemos, hay que hacer un cambio, porque los estudiantes que le van a llegar son puros tecnológicos”, dijo Polanco Melo.
Considera que el hecho de tener más de 250 mil alumnos es garantía de tener buenos ciudadanos, porque no van a delinquir, pues su meta es lograr un futuro mejor y en ese aspecto, la UASD viene a ser un soporte en contra de la delincuencia.
“El presupuesto que pedimos no es un deseo de las autoridades de la UASD, sino una necesidad urgente”, comentó Polanco.
Sin esa partida que solicitan – señala la rectora- es imposible abocarse a un proceso de modernización y eficientización de los servicios que ofrecen a los estudiantes.
A pesar de sus problemas financieros y de sus limitaciones académicas, la UASD siempre puede recibir estudiantes, porque es una institución abierta y es la que tiene la responsabilidad de formar los profesionales que requiere el país y por eso mantienen carreras como física, química, sociología, estadísticas y trabajo social.
“La mayoría de las universidades abren las carreras que dejan dinero y que no requieren grandes estructuras, nosotros abrimos las carreras que necesita el país no importa la estructura que tengan, pero también complementamos con otras”, sostuvo la rectora de la primera universidad del viejo mundo.
La rectora de la academia estatal dijo que no se debe aumentar el crédito estudiantil para lograr mayores ingresos, porque así lo dispone la Constitución que establece que la educación superior pública es gratuita.
Tampoco pueden tomar decisiones, porque no son colegiadas, sino que tienen organismos internos que representan a cada sector dentro del Consejo Universitario que es el que toma las decisiones académicas.
El costo del crédito por asignatura es de RD$ 6. En la mayoría de los casos se permite un mínimo de 24 créditos, por lo que si se multiplica ese número por la cantidad de estudiantes inscritos, la universidad recibe un ingreso de RD$ 36 millones por semestre.
Argumentan las autoridades de la UASD que la característica principal del financiamiento de la educación superior pública lo constituyen las transferencias hechas por el Gobierno Central que se nutren de los ingresos fiscales corrientes de las arcas del Estado que asciende aproximadamente al 90% de los ingresos percibidos por la universidad, un promedio equivalente al 1.05% del presupuesto General del Estado. Polanco Melo dijo que la llamada revolución educativa ha creado una explosión en cuanto al número de nuevos ingresos en las universidades, sobre todo en la UASD que es la principal receptora de los estudiantes que provienen de las escuelas públicas.
“El mantener la UASD, que es prácticamente la única universidad pública del país, de puertas abiertas, nos ha forzado ha manejarnos con un déficit que se hace prácticamente insostenible”, dijo la rectora.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.