Análisis Noticiosos
Elecciones en estado de México pone en el foco violencia contra políticos y candidatos
Ambos estados, en manos del PRI, eligen gobernador y diputados, en caso del primero. Las últimas campañas electorales han sido de las más sangrientas desde que hay registros
México.- Empieza un nuevo año y México se prepara para la penúltima campaña electoral del sexenio. Los bastiones que aún conserva el PRI, Coahuila y el Estado de México, eligen gobernador el 4 de junio. Coahuila vota además a sus nuevos diputados en el Congreso local. Desde hace más de 15 años, cada campaña electoral a nivel presidencial, pero también en el ámbito estatal y local, se ha caracterizado por la violencia y los ataques contra candidatos, precandidatos y cargos electos. Los comicios de este año suponen una nueva prueba para el Estado de derecho mexicano.
No ha habido elección tranquila durante las últimas tres Administraciones. Los altos índices de violencia en el país, que cuenta más de 30.000 asesinatos anuales en el último lustro, contagian campañas, votaciones y tomas de posesión. También los mismos periodos de Gobierno, tres años en el ámbito local y seis en el estatal y el federal. Según la consultora Etellekt, que monitorea la violencia política y electoral en México, al menos 220 alcaldes, regidores y síndicos han sido asesinados desde diciembre de 2006, inicio del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que sumó un total de 48 asesinatos.
A esos 220 asesinatos registrados en estos 16 años, hay que sumar ataques, fatales o no, contra políticos y expolíticos de ámbito estatal y federal, fueran o no en campaña electoral. Es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar de Puerto Vallarta hace poco más de dos años. O el del candidato a diputado federal por el PRI en Coahuila, Fernando Purón, ultimado en junio de 2018 en Piedras Negras, a la salida de un debate con otros candidatos.
En esta vorágine violenta, la campaña electoral de 2021, la más grande que el país ha organizado en su historia moderna, ha sido también la más sangrienta, solo por detrás de la de 2018. México elegía entonces 20.415 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, regidores y diputados. El país contó alrededor de 800 agresiones contra candidatos y políticos, más que los registrados durante la última campaña presidencial, en 2018.
La magnitud de la oleada criminal es inversamente proporcional a la capacidad de las fiscalías para resolver crímenes, realidad que trasciende al tablero político. Según la organización Impunidad Cero, que en diciembre publicó un estudio sobre el grado de impunidad en los casos de asesinato y feminicidio en el país, solo siete de cada 100 casos se esclarecen. El resto quedan irresueltos.
En cuanto al resto de delitos, el panorama no es mucho mejor. La Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) elabora periódicamente el Índice Global de Impunidad, que calcula la posibilidad de que un delito se resuelva a partir de una serie de indicadores, por ejemplo, la cantidad de fiscales o jueces por habitante, los delitos registrados o las sentencias logradas. Para 2022, la UDLAP calcula que el índice del país ascendió a 60 puntos sobre 100, teniendo en cuenta la media de los datos de los Estados. Caso por caso, hay algunos Estados que presentan un índice inferior y otro superior, como el Estado de México, el peor en la lista, con un puntaje de 75 sobre 100.
El empuje de Morena
El tamaño menor de las elecciones de este año implica que la violencia bajará respecto a 2021 o 2018, al menos en términos absolutos. Falta por ver si cambian o no las dinámicas. En Coahuila y el Estado de México, el PRI enfrenta el empuje de Morena y la posibilidad de perder el poder en territorios que nunca ha dejado de gobernar. En ambos casos, la contienda parece reñida, aunque el panorama es algo distinto.
En el Estado norteño, el partido de López Obrador llega dividido al año nuevo, con parte de la estructura regional negando la candidatura del senador Armando Guadiana. A finales del año pasado, Guadiana ganó la encuesta interna de Morena y se alzó con la candidatura a gobernador. Su rival, el actual subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, desconoció en un primer momento el resultado de la encuesta, pero luego reculó. Parte del Consejo Estatal de Morena insiste, sin embargo, en negar la candidatura de Guadiana.
Algo diferente ocurre en el Estado de México. Morena tiene en la región más poblada del país a una candidata de consenso, Delfina Gómez. La exsecretaria federal de Educación ya contendió a las elecciones a gobernador en 2017, comicios que ganó el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, primo del entonces presidente Peña Nieto. Gómez quedó cerca de ganar, victoria que parece más posible que nunca este año, dada la división de la oposición, que todavía no sabe si irá en coalición o no.
En contiendas anteriores, el crimen organizado ha influido en las campañas hasta el punto de forzar la retirada de candidatos, aunque los ataque y amenazas apuntaban al ámbito local. En 2021, por ejemplo, La Familia Michoacana amenazó supuestamente a la candidata de la coalición Va por México a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez. La candidata renunció a la elección. En 2018, candidatas a diferentes alcaldías de Coahuila denunciaron igualmente amenazas en su contra.
elpais.com
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.