Análisis Noticiosos
Elecciones en estado de México pone en el foco violencia contra políticos y candidatos
Ambos estados, en manos del PRI, eligen gobernador y diputados, en caso del primero. Las últimas campañas electorales han sido de las más sangrientas desde que hay registros
México.- Empieza un nuevo año y México se prepara para la penúltima campaña electoral del sexenio. Los bastiones que aún conserva el PRI, Coahuila y el Estado de México, eligen gobernador el 4 de junio. Coahuila vota además a sus nuevos diputados en el Congreso local. Desde hace más de 15 años, cada campaña electoral a nivel presidencial, pero también en el ámbito estatal y local, se ha caracterizado por la violencia y los ataques contra candidatos, precandidatos y cargos electos. Los comicios de este año suponen una nueva prueba para el Estado de derecho mexicano.
No ha habido elección tranquila durante las últimas tres Administraciones. Los altos índices de violencia en el país, que cuenta más de 30.000 asesinatos anuales en el último lustro, contagian campañas, votaciones y tomas de posesión. También los mismos periodos de Gobierno, tres años en el ámbito local y seis en el estatal y el federal. Según la consultora Etellekt, que monitorea la violencia política y electoral en México, al menos 220 alcaldes, regidores y síndicos han sido asesinados desde diciembre de 2006, inicio del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que sumó un total de 48 asesinatos.
A esos 220 asesinatos registrados en estos 16 años, hay que sumar ataques, fatales o no, contra políticos y expolíticos de ámbito estatal y federal, fueran o no en campaña electoral. Es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado en un bar de Puerto Vallarta hace poco más de dos años. O el del candidato a diputado federal por el PRI en Coahuila, Fernando Purón, ultimado en junio de 2018 en Piedras Negras, a la salida de un debate con otros candidatos.
En esta vorágine violenta, la campaña electoral de 2021, la más grande que el país ha organizado en su historia moderna, ha sido también la más sangrienta, solo por detrás de la de 2018. México elegía entonces 20.415 cargos públicos, entre gobernadores, alcaldes, regidores y diputados. El país contó alrededor de 800 agresiones contra candidatos y políticos, más que los registrados durante la última campaña presidencial, en 2018.
La magnitud de la oleada criminal es inversamente proporcional a la capacidad de las fiscalías para resolver crímenes, realidad que trasciende al tablero político. Según la organización Impunidad Cero, que en diciembre publicó un estudio sobre el grado de impunidad en los casos de asesinato y feminicidio en el país, solo siete de cada 100 casos se esclarecen. El resto quedan irresueltos.
En cuanto al resto de delitos, el panorama no es mucho mejor. La Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP) elabora periódicamente el Índice Global de Impunidad, que calcula la posibilidad de que un delito se resuelva a partir de una serie de indicadores, por ejemplo, la cantidad de fiscales o jueces por habitante, los delitos registrados o las sentencias logradas. Para 2022, la UDLAP calcula que el índice del país ascendió a 60 puntos sobre 100, teniendo en cuenta la media de los datos de los Estados. Caso por caso, hay algunos Estados que presentan un índice inferior y otro superior, como el Estado de México, el peor en la lista, con un puntaje de 75 sobre 100.
El empuje de Morena
El tamaño menor de las elecciones de este año implica que la violencia bajará respecto a 2021 o 2018, al menos en términos absolutos. Falta por ver si cambian o no las dinámicas. En Coahuila y el Estado de México, el PRI enfrenta el empuje de Morena y la posibilidad de perder el poder en territorios que nunca ha dejado de gobernar. En ambos casos, la contienda parece reñida, aunque el panorama es algo distinto.
En el Estado norteño, el partido de López Obrador llega dividido al año nuevo, con parte de la estructura regional negando la candidatura del senador Armando Guadiana. A finales del año pasado, Guadiana ganó la encuesta interna de Morena y se alzó con la candidatura a gobernador. Su rival, el actual subsecretario federal de Seguridad, Ricardo Mejía, desconoció en un primer momento el resultado de la encuesta, pero luego reculó. Parte del Consejo Estatal de Morena insiste, sin embargo, en negar la candidatura de Guadiana.
Algo diferente ocurre en el Estado de México. Morena tiene en la región más poblada del país a una candidata de consenso, Delfina Gómez. La exsecretaria federal de Educación ya contendió a las elecciones a gobernador en 2017, comicios que ganó el candidato del PRI, Alfredo Del Mazo, primo del entonces presidente Peña Nieto. Gómez quedó cerca de ganar, victoria que parece más posible que nunca este año, dada la división de la oposición, que todavía no sabe si irá en coalición o no.
En contiendas anteriores, el crimen organizado ha influido en las campañas hasta el punto de forzar la retirada de candidatos, aunque los ataque y amenazas apuntaban al ámbito local. En 2021, por ejemplo, La Familia Michoacana amenazó supuestamente a la candidata de la coalición Va por México a la alcaldía de Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez. La candidata renunció a la elección. En 2018, candidatas a diferentes alcaldías de Coahuila denunciaron igualmente amenazas en su contra.
elpais.com
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.