Análisis Noticiosos
Empieza una temporada de huracanes más activa que el promedio y con la amenaza de los recortes de Estados Unidos
A los despidos en la NOAA, se suma la suspensión de varios programas de USAID dirigidos a la gestión del riesgo de desastres
Bogotá.-La temporada de huracanes en al Atlántico acaba de empezar cuando el sinsabor que dejaron tormentas como Milton, Beryl o Helene en 2024 aún no se ha ido. Con un pronóstico de entre 13 y 19 tormentas tropicales, de las cuales entre seis y diez se pueden convertir en huracanes, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha dicho que, a pesar de esperar una temporada menos activa que la del año pasado, lo que viene en 2025 sigue por encima del promedio normal.
Monitorear huracanes con una NOAA minimizada
Las cifras no son claras, pero lo cierto es que la NOAA, encargada de hacer investigación y monitoreo de las tormentas a lo largo de todo el continente, ha sido víctima del tijeretazo de Trump. Medios como la BBC reportan despidos de casi 800 trabajadores, mientras que expertos cercanos al sector han escuchado que a uno de cada cinco trabajadores les han terminado su contrato.
Esto, asegura Mario Salgado, oficial para Conocimiento del Riesgo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riegos de Desastres (UNDRR) de las Américas y el Caribe, se podría traducir en menos datos y de menor calidad. “Es un trabajo que se hace con casi 120 radares Doppler, 16 satélites ambientales y lo que se conoce como cazadores de huracanes”, recuerda. Y, aunque hasta el momento no hay cómo saber si todo este sistema se está viendo golpeado, las señales serán evidentes cuando se rastree la primera tormenta de 2025.
“Hasta ese momento, podremos medir qué tan grande es el impacto”, agrega el doctor Rafael Méndez Tejeda, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y miembro del Comité de Cambio Climático del Gobierno de la isla. “No hay que olvidar que la NOAA está dentro del Departamento de Comercio de Estados Unidos porque, precisamente, los pronósticos sirven para informar las decisiones de los cruceros, de los buques petroleros, de los aviones”. Así que, si el cambio climático no le preocupa a Trump, quizá sí lo haga el comercio.
Prepararse sin USAID
Si una posible falta de información inquieta, el desasosiego es aún mayor sobre cómo se vivirá la primera temporada de huracanes tras la pausa de las ayudas de USAID a lo largo de América Latina y el Caribe. Cálculos realizados por el Centro del Desarrollo Global (CGD) a partir de los últimos documentos compartidos por el Congreso en marzo, estiman que 265.038.208 dólares fueron cortados para la preparación ante catástrofes a nivel mundial.
“USAID ha sido una fuente muy confiable de financiamiento para diferentes actividades de reducción, preparación y respuesta de desastres”, insiste Salgado. “En la región, una de las iniciativas que se ha visto altamente afectada es la de sistemas de alerta temprana para todas las personas que, es, además, una iniciativa encomendada por el secretario General de las Naciones Unidas”. Un aviso de 24 horas, recuerda, puede reducir las pérdidas económicas y de subsistencia en hasta un 30%.
Toda esa cadena, desde la alerta temprana hasta poder recuperarse tras un huracán, se ha tambaleado en la región. Saber hasta qué punto es difícil por la poca transparencia del Gobierno de Estados Unidos, pero hay casos específicos. La periodista de ciencia Justine Calma reveló en The Verge que el Programa Regional de Asistencia en Casos de Desastre (RDAP) que USAID financiaba desde 1989 fue terminado en América Latina y el Caribe. Este incluía actividades como realizar simulacros, comprar insumos para los refugios de evacuación o garantizar acceso a recursos para personas en condición de discapacidad.
En una carta pública, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción del Riesgo de Catástrofes (GNDR) también denunció que un proyecto dirigido a Honduras, Colombia y Guatemala para aumentar la resiliencia de las comunidades en riesgo de catástrofes, incluyendo las relacionadas con el cambio climático, fue cancelado.
Desde Honduras, Juan José Reyes, jefe del Sistema de Alerta Temprana, confirma ambas cosas: que no se ha “percibido una baja en la información técnica de la NOAA” hasta el momento y que la ausencia de USAID sí ha limitado ciertas acciones de gestión del riesgo. En el valle de Sula, en concreto, se hacían ejercicios de alerta temprana de inundaciones junto a la agencia estadunidense. De todas formas, Reyes prefiere quedarse con un parte de esperanza. “Se va a cubrir el hueco”, dice, comentando que hay otros cooperantes, como Alemania e Irlanda, que ya los apoyan.
La sensación es similar en el Caribe. La semana pasada, ante la temporada de huracanes, Elizabeth Riley, directora de la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), explicó que los recortes de USAID no han perjudicado a la agencia directamente, ya que no recibe financiación de Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que los países bajo esta sombrilla, incluyendo los 15 miembros de la Comunidad del Caribe, Caricom, han visto algunos frentes desprotegidos con la suspensión de los programas de asistencia.
Otros Estados, sin embargo, ya están llenando un rompecabezas que veían desmoronarse. CDEMA y el Reino Unido, por ejemplo, firmaron un memorando para garantizar el apoyo financiero para la respuesta rápida ante emergencias como las que se podrían dar con las venideras tormentas. Cada país miembro puede recibir hasta 375.000 dólares de apoyo por esta alianza.
La temporada de huracanes será una de las primeras pruebas de realidad para medir el nuevo orden mundial que quiere instaurar Trump. “Personalmente, creo que lo que vamos a ver no es una falta de información, sino una privatización de esta”, lanza con cierto miedo Salgado. Los datos científicos, del clima, de los huracanes, se necesitan para los seguros y para los bonos catastróficos que emiten los países para cubrir los riesgos soberanos. “Nadie se puede dar el lujo de desaparecer esa información, pero la duda es si su acceso seguirá siendo gratis”, se pregunta. Como concluye Tejeda, ahora mismo “se puede dar un pronóstico del tiempo, pero no un pronóstico de Trump”.
elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.