Santo Domingo, R.D.-Los empleadores y trabajadores mantienen posiciones encontradas en torno el mantenimiento de la cesantía en la legislación actual, pese a que la propuesta de reforma laboral fue depositada en el Congreso Nacional a inicios del mes octubre.
Durante el foro realizado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), representantes de ambos sectores continuaron los debates con relación a la cesantía aunque la misma fue dejada en la propuesta tal y como está plasmado en el código laboral vigente.
Al tomar turno en el foro, tanto Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicaron que los empleadores no abogan por la eliminación total de la cesantía si no por una readecuación de la misma que permita brindar «mayor equilibrio» entre las partes.
«Entendemos que la sustitución del régimen actual por otro redundará en el beneficio de todos, sobre todo de aquellos empleadores y trabajadores que están vinculados a las micro y pequeñas empresas; no pretendemos desconocer derechos, no es la intención eliminar la cesantía, tratamos de generar un clima de negocios y un entorno más amigable para las Mipymes», señaló Peña Izquierdo.
La presidenta de Copardom solicitó la apertura un espacio de diálogo en dónde se analicen nueva vez todos las propuestas que han sido sometidas con relación a la aplicación o no se la cesantía laboral.
De su lado, Dargam indicó que los costos laborales pueden llegar a ser entre 54 y 65 pesos adicionales a cada 100 pesos generado por el trabajador.
«Abarcando dentro de los costos laborales las bonificaciones, las cotizaciones de pensiones, de salud, de riesgos laborales, el Infotep, el salario de Navidad, las vacaciones y efectivamente, el preaviso y la cesantía; digo esto porque también si nos comparamos con otros países de la región, nosotros estamos muy por encima en los costos laborales. No sé ha planteado la eliminación de la cesantía, si no explorar y poder ponderar diferentes modalidades que permitan mayor certeza al trabajador pero también mayor certidumbre a la empresa», argumentó el presidente del Dargam.
«El diálogo está cerrado»
Tras escuchar las intervenciones de estos, el líder sindicalista Rafael «Pepe» Abreu indicó que la propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional es el resultado de los acuerdos arribados en el diálogo tripartito y que las discusiones «están cerradas».
«Lo que ha surgido como la propuesta final con el acuerdo que fue posible, no ha sido por la falta de diálogo; ha sido porque hay intereses confrontados que no han permitido un consenso total; fíjense que ellos ganaron de tres, dos. En ese orden el empresario se puede decir que va ganando, yo pensé que estarían más contentos, que iban a celebrar el resultado que se depositó en el Congreso. Estamos aquí para decir que el diálogo sobre la reforma laboral concluyó en agosto, esa discusión no es una discusión que esté abierta», apuntó Abreu.
Llaman a construir desde el consenso
Tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, como el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hicieron un llamado a que se apruebe la reforma laboral depositada en el Congreso Nacional y que luego de aprobada ambos sectores se sienten en la mesa de diálogo para ver que factores pueden ser mejorados.
En su exposición, Ray Guevara acotó que la economía y el sector productivo de la República Dominicana ha crecido con la figura de la cesantía laboral colocada en la legislación sobre el código de trabajo.
Se realiza panel
También se realizó un panel de análisis junto a cinco expertos laboralistas: Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y los abogados de derecho laboral Tomás Hernández Metz, Rosalina Trueba y Javier A. Suárez A.
Este panel fue dirigido por el director de la Escuela de Derecho, Héctor Alies, quien destacó que la motivación de este foro es que cada sector pueda pronunciarse en un ambiente académico, impulsando un diálogo constructivo y critico que contribuya al diseño de un marco legal laboral justo y equilibrado, para todas sus partes.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.