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La cesantía causa de diferencias entre empleadores y trabajadores.
Santo Domingo, R.D.-Los empleadores y trabajadores mantienen posiciones encontradas en torno el mantenimiento de la cesantía en la legislación actual, pese a que la propuesta de reforma laboral fue depositada en el Congreso Nacional a inicios del mes octubre.
Durante el foro realizado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), representantes de ambos sectores continuaron los debates con relación a la cesantía aunque la misma fue dejada en la propuesta tal y como está plasmado en el código laboral vigente.
Al tomar turno en el foro, tanto Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicaron que los empleadores no abogan por la eliminación total de la cesantía si no por una readecuación de la misma que permita brindar «mayor equilibrio» entre las partes.
«Entendemos que la sustitución del régimen actual por otro redundará en el beneficio de todos, sobre todo de aquellos empleadores y trabajadores que están vinculados a las micro y pequeñas empresas; no pretendemos desconocer derechos, no es la intención eliminar la cesantía, tratamos de generar un clima de negocios y un entorno más amigable para las Mipymes», señaló Peña Izquierdo.
La presidenta de Copardom solicitó la apertura un espacio de diálogo en dónde se analicen nueva vez todos las propuestas que han sido sometidas con relación a la aplicación o no se la cesantía laboral.
De su lado, Dargam indicó que los costos laborales pueden llegar a ser entre 54 y 65 pesos adicionales a cada 100 pesos generado por el trabajador.
«El diálogo está cerrado»
Tras escuchar las intervenciones de estos, el líder sindicalista Rafael «Pepe» Abreu indicó que la propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional es el resultado de los acuerdos arribados en el diálogo tripartito y que las discusiones «están cerradas».
«Lo que ha surgido como la propuesta final con el acuerdo que fue posible, no ha sido por la falta de diálogo; ha sido porque hay intereses confrontados que no han permitido un consenso total; fíjense que ellos ganaron de tres, dos. En ese orden el empresario se puede decir que va ganando, yo pensé que estarían más contentos, que iban a celebrar el resultado que se depositó en el Congreso. Estamos aquí para decir que el diálogo sobre la reforma laboral concluyó en agosto, esa discusión no es una discusión que esté abierta», apuntó Abreu.
Tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, como el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hicieron un llamado a que se apruebe la reforma laboral depositada en el Congreso Nacional y que luego de aprobada ambos sectores se sienten en la mesa de diálogo para ver que factores pueden ser mejorados.
En su exposición, Ray Guevara acotó que la economía y el sector productivo de la República Dominicana ha crecido con la figura de la cesantía laboral colocada en la legislación sobre el código de trabajo.
Se realiza panel
También se realizó un panel de análisis junto a cinco expertos laboralistas: Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y los abogados de derecho laboral Tomás Hernández Metz, Rosalina Trueba y Javier A. Suárez A.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.