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La cesantía causa de diferencias entre empleadores y trabajadores.
Santo Domingo, R.D.-Los empleadores y trabajadores mantienen posiciones encontradas en torno el mantenimiento de la cesantía en la legislación actual, pese a que la propuesta de reforma laboral fue depositada en el Congreso Nacional a inicios del mes octubre.
Durante el foro realizado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), representantes de ambos sectores continuaron los debates con relación a la cesantía aunque la misma fue dejada en la propuesta tal y como está plasmado en el código laboral vigente.
Al tomar turno en el foro, tanto Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), indicaron que los empleadores no abogan por la eliminación total de la cesantía si no por una readecuación de la misma que permita brindar «mayor equilibrio» entre las partes.
«Entendemos que la sustitución del régimen actual por otro redundará en el beneficio de todos, sobre todo de aquellos empleadores y trabajadores que están vinculados a las micro y pequeñas empresas; no pretendemos desconocer derechos, no es la intención eliminar la cesantía, tratamos de generar un clima de negocios y un entorno más amigable para las Mipymes», señaló Peña Izquierdo.
La presidenta de Copardom solicitó la apertura un espacio de diálogo en dónde se analicen nueva vez todos las propuestas que han sido sometidas con relación a la aplicación o no se la cesantía laboral.
De su lado, Dargam indicó que los costos laborales pueden llegar a ser entre 54 y 65 pesos adicionales a cada 100 pesos generado por el trabajador.
«El diálogo está cerrado»
Tras escuchar las intervenciones de estos, el líder sindicalista Rafael «Pepe» Abreu indicó que la propuesta que se encuentra en el Congreso Nacional es el resultado de los acuerdos arribados en el diálogo tripartito y que las discusiones «están cerradas».
«Lo que ha surgido como la propuesta final con el acuerdo que fue posible, no ha sido por la falta de diálogo; ha sido porque hay intereses confrontados que no han permitido un consenso total; fíjense que ellos ganaron de tres, dos. En ese orden el empresario se puede decir que va ganando, yo pensé que estarían más contentos, que iban a celebrar el resultado que se depositó en el Congreso. Estamos aquí para decir que el diálogo sobre la reforma laboral concluyó en agosto, esa discusión no es una discusión que esté abierta», apuntó Abreu.
Tanto el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, como el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, hicieron un llamado a que se apruebe la reforma laboral depositada en el Congreso Nacional y que luego de aprobada ambos sectores se sienten en la mesa de diálogo para ver que factores pueden ser mejorados.
En su exposición, Ray Guevara acotó que la economía y el sector productivo de la República Dominicana ha crecido con la figura de la cesantía laboral colocada en la legislación sobre el código de trabajo.
Se realiza panel
También se realizó un panel de análisis junto a cinco expertos laboralistas: Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República Dominicana y los abogados de derecho laboral Tomás Hernández Metz, Rosalina Trueba y Javier A. Suárez A.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.