Nacionales
Dinero pagado a hermano del expresidente Medina fue por un combustible que nunca entregó.
Santo Domingo, RD.-La Cámara de Cuentas pudo determinar en una auditoría realizada en la Policía Nacional que Alexis Medina, hermano de Danilo, recibió un pago de 32 millones de pesos de la institución del orden, pero que nunca entregó el producto vendido.
Un informe presentado este martes por la Cámara de Cuentas, en el marco de las investigaciones que sigue la Procuraduría General de la República, en el caso Anti Pulpo que señala a Alexis Medina Sánchez como cabecilla, establece que la Policía Nacional pagó a la empresa Fuel América Inc. Dominicana, SRL, desde el 2015 al 2017, RD$220,739,721 por compra de combustibles.
Esta empresa, que figura a nombre de Julián Estaban Suriel Suazo, señalado por el Ministerio Público como presta nombre para servir de testaferro a Medina Sánchez, al momento de la suscripción del contrato con la Policía Nacional “no poseía licencia para la distribución de combustibles por la unidad móvil, que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, bajo el reglamento 307-01 de aplicación de la Ley de Hidrocarburos 112-00, en sus artículos 16 y 17”.
Asimismo, se constató que el contrato de suministro de combustible suscrito el 4 de septiembre de 2015 entre la Policía Nacional y la empresa, no fue registrado en la Contraloría General de la República.
La Cámara de Cuentas señala que Alexis Medina era uno de los principales socios de Fuel América, por lo que también se violaba la Ley de Compras y Contrataciones en su artículo 14 que prohíbe como oferentes del Estado a parientes consanguinidad hasta el tercer grado.
El informe establece que la Policía Nacional pagó RD $32,379,621 entre el 2015-2017 a Fuel América por 583,836 galones de gasolina y 653,000 galones de gasoil en varias estaciones «sin que se tengan evidencias de que el combustible fue recibido».
De igual forma, en el análisis realizado al proceso de pagos por concepto de compra de combustible en el 2015, por un monto de RD$15,564,900, no tenían conduce de entrega del proveedor Fuel América.
Los expedientes encontrados no contienen requisición que indique quién requiere la compra del combustible.
“Observamos que en el combustible adquirido en el período 2015-2017 no se evidenció que la Policía Nacional (PN) lo haya incluido en los planes y programas anuales de contratación de bienes y servicios”, dice el informe.
En el documento se evidenció además que 46 registros de 27 empleados o agentes de la Policía, recibieron combustibles en las estaciones sin una acción de personal formal emitida por la Dirección Central de Recursos Humanos de esa institución.
Explican que en el periodo en que está establecida la investigación ( 1ero de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017), la Policía Nacional no poseía un formulario para la recepción de combustible, que permitiera evidenciar el control efectivo para la recepción del producto, utilizando un reporte de cuadre diario de combustible sin un detalle claro de recepción.
Otro de los hallazgos es que las órdenes de compras emitidas por la Policía Nacional a favor de la empresa distribuidora de combustible, desde el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, no presentan la fecha en que fueron elaboradas, cantidad de galones comprados, precio y detalle del lugar donde se suministraron.
“Se verificaron números de conduce repetidos, que, aunque se validaron, soportan facturas diferentes; lo que indica que no se realizaron los procedimientos de verificación que permitan evidenciar de forma transparente los controles que garanticen la claridad de las operaciones y evitar posibles duplicaciones en el pago”, indican.
El análisis de pago durante el año 2015 de la Policía Nacional se verifica una mezcla de dos productos diferentes y el incremento en el gasto por la diferencia de los precios pagados, ya que esa entidad solo cuenta con dos tanques de depósitos, uno para gasolina regular y otro para gasoil regular y se adquirió, además de estos, gasolina premium y gasoil óptimo.
“Por concepto de gasolina Premium la PN efectuó pagos por RD $20,669,400, por la cantidad de 108,000 galones, y RD $10,200,400 por 67,000 galones de gasoil óptimo.
Asimismo la Cámara de Cuentas establece que durante este periodo, facturas, solicitud de pagos, conduce, entro otros documentos no cuentan con sellos de pagados, por lo que en caso de pérdida o extravío se corría el riesgo de que se pagaran dos veces.
Esta investigación fue solicitada por el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, el primero de junio de 2021, para que se investigue el suministro de combustible de la empresa Fuel América Inc. Dominicana a la Policía Nacional.
En la misma la Cámara de Cuentas realiza una serie de recomendaciones a la Policía Nacional, para transparentar los procesos de compras, en las que incluye gestionar la recuperación de los valores de mercancía pagada y no recibida.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.