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Dinero pagado a hermano del expresidente Medina fue por un combustible que nunca entregó.
Santo Domingo, RD.-La Cámara de Cuentas pudo determinar en una auditoría realizada en la Policía Nacional que Alexis Medina, hermano de Danilo, recibió un pago de 32 millones de pesos de la institución del orden, pero que nunca entregó el producto vendido.
Un informe presentado este martes por la Cámara de Cuentas, en el marco de las investigaciones que sigue la Procuraduría General de la República, en el caso Anti Pulpo que señala a Alexis Medina Sánchez como cabecilla, establece que la Policía Nacional pagó a la empresa Fuel América Inc. Dominicana, SRL, desde el 2015 al 2017, RD$220,739,721 por compra de combustibles.
Esta empresa, que figura a nombre de Julián Estaban Suriel Suazo, señalado por el Ministerio Público como presta nombre para servir de testaferro a Medina Sánchez, al momento de la suscripción del contrato con la Policía Nacional “no poseía licencia para la distribución de combustibles por la unidad móvil, que otorga el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes, bajo el reglamento 307-01 de aplicación de la Ley de Hidrocarburos 112-00, en sus artículos 16 y 17”.
Asimismo, se constató que el contrato de suministro de combustible suscrito el 4 de septiembre de 2015 entre la Policía Nacional y la empresa, no fue registrado en la Contraloría General de la República.
La Cámara de Cuentas señala que Alexis Medina era uno de los principales socios de Fuel América, por lo que también se violaba la Ley de Compras y Contrataciones en su artículo 14 que prohíbe como oferentes del Estado a parientes consanguinidad hasta el tercer grado.
El informe establece que la Policía Nacional pagó RD $32,379,621 entre el 2015-2017 a Fuel América por 583,836 galones de gasolina y 653,000 galones de gasoil en varias estaciones «sin que se tengan evidencias de que el combustible fue recibido».
De igual forma, en el análisis realizado al proceso de pagos por concepto de compra de combustible en el 2015, por un monto de RD$15,564,900, no tenían conduce de entrega del proveedor Fuel América.
Los expedientes encontrados no contienen requisición que indique quién requiere la compra del combustible.
“Observamos que en el combustible adquirido en el período 2015-2017 no se evidenció que la Policía Nacional (PN) lo haya incluido en los planes y programas anuales de contratación de bienes y servicios”, dice el informe.
En el documento se evidenció además que 46 registros de 27 empleados o agentes de la Policía, recibieron combustibles en las estaciones sin una acción de personal formal emitida por la Dirección Central de Recursos Humanos de esa institución.
Explican que en el periodo en que está establecida la investigación ( 1ero de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017), la Policía Nacional no poseía un formulario para la recepción de combustible, que permitiera evidenciar el control efectivo para la recepción del producto, utilizando un reporte de cuadre diario de combustible sin un detalle claro de recepción.
Otro de los hallazgos es que las órdenes de compras emitidas por la Policía Nacional a favor de la empresa distribuidora de combustible, desde el primero de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2017, no presentan la fecha en que fueron elaboradas, cantidad de galones comprados, precio y detalle del lugar donde se suministraron.
“Se verificaron números de conduce repetidos, que, aunque se validaron, soportan facturas diferentes; lo que indica que no se realizaron los procedimientos de verificación que permitan evidenciar de forma transparente los controles que garanticen la claridad de las operaciones y evitar posibles duplicaciones en el pago”, indican.
El análisis de pago durante el año 2015 de la Policía Nacional se verifica una mezcla de dos productos diferentes y el incremento en el gasto por la diferencia de los precios pagados, ya que esa entidad solo cuenta con dos tanques de depósitos, uno para gasolina regular y otro para gasoil regular y se adquirió, además de estos, gasolina premium y gasoil óptimo.
“Por concepto de gasolina Premium la PN efectuó pagos por RD $20,669,400, por la cantidad de 108,000 galones, y RD $10,200,400 por 67,000 galones de gasoil óptimo.
Asimismo la Cámara de Cuentas establece que durante este periodo, facturas, solicitud de pagos, conduce, entro otros documentos no cuentan con sellos de pagados, por lo que en caso de pérdida o extravío se corría el riesgo de que se pagaran dos veces.
Esta investigación fue solicitada por el titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, el primero de junio de 2021, para que se investigue el suministro de combustible de la empresa Fuel América Inc. Dominicana a la Policía Nacional.
En la misma la Cámara de Cuentas realiza una serie de recomendaciones a la Policía Nacional, para transparentar los procesos de compras, en las que incluye gestionar la recuperación de los valores de mercancía pagada y no recibida.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.