Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El famoso “clavito” en la jerga popular dominicana hace referencia a la reserva de una parte de los ingresos actuales con el propósito de usarlos en el futuro, bien sea para emergencias, compras importantes que requieran grandes sumas de dinero, inversiones o garantizar necesidades a largo plazo.
Para lograrlo, algunos expertos en finanzas personales aseguran que lo mejor es dividir las ganancias en un 50%-70% para cubrir los gastos fijos, como el alquiler de vivienda, comida y transporte; un 30%-20% para el ocio y el restante que sea exclusivo para el ahorro.
Aunque esta es considerada como la regla universal para la administración de los ingresos mensuales, ¿resulta funcional para la mayoría de los trabajadores del sector privado y público que cobran el sueldo mínimo en el país?
En el mejor de los casos, la recomendación sería conseguir ingresos adicionales. Si esta opción no resulta factible para el usuario, entonces optimizar los gastos sería el paso a tomar, reduciéndolos al máximo para así lograr un pequeño monto para el ahorro.
“El ahorro no es imposible; quizás una persona con el sueldo mínimo no puede ahorrar como una persona promedio, pero sí es posible ahorrar aun estando en el sueldo mínimo, dependiendo evidentemente de los compromisos que vayamos asumiendo”, argumentó.
Así, si el usuario solo puede ahorrar RD$15 o RD$20 mensuales, será mejor eso que nada.
Consciente de que los trabajadores que ganan menos suelen ser los que más responsabilidades familiares poseen, la financiera recordó que la organización financiera no es magia y es un compromiso con uno mismo que se adquiere empezando de a poco para hacer la costumbre y “el colchón de dinero” suba poco a poco.
Santo Domingo, RD-l país importa una amplia variedad de productos, como combustibles, alimentos, bebidas, maquinarias y vehículos, entre otros bienes que en conjunto generan miles de millones de pesos dominicanos en recaudaciones para el Estado.
De 2022 a 2025, la entrada de estos componentes al país alcanzó un total de 44,105,171 unidades, lo que refleja la magnitud del comercio vinculado al sector automotor.
Este monto es el resultado de los impuestos aplicados a dichas importaciones, específicamente el Gravamen Aduanero y el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Durante el período analizado, el Gravamen Aduanero aportó RD$2,511,336,320.23, mientras que el ITBIS concentró la mayor parte de la recaudación, al alcanzar RD$6,319,214,085.47.
Imagen ilustrativa a piezas y repuestos de vehículos.Istock
A lo largo de los años evaluados, la recaudación mostró un comportamiento variable. En 2022 se registraron ingresos por RD$2,326,927,983.83, mientras que en 2023 el monto ascendió a RD$1,998,537,973.97.
Para 2024 se observó un incremento que situó la recaudación en RD$2,236,772,283.13 y, en el caso de 2025, las cifras provisionales hasta octubre alcanzaron RD$2,268,312,164.76.
El análisis por tipo de mercancía revela que la partida residual identificada como “los demás”, correspondiente al arancel 8708.99.90, encabezó la recaudación general al generar RD$2,055,013,087.55, consolidándose como el principal renglón dentro del total de ingresos.
Los sistemas de suspensión y sus partes, incluidos los amortiguadores, generaron RD$794,213,954.57, seguidos por las guarniciones de frenos montadas, con RD$747,793,973.92.
Asimismo, las ruedas y sus partes alcanzaron una recaudación de RD$517,909,869.84, mientras que los radiadores y sus componentes sumaron RD$502,757,072.70.
El sector de zonas francas alcanzó en octubre de este año su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país.
El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó; la presidenta de Adozona, Claudia Pellerano y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, junto a representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.
En el evento se destacó que, entre abril de 2020, el punto más bajo de empleos producto de la pandemia, y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó de 119,974 a 200,134 puestos, para un crecimiento acumulado de 67% en cinco años.
El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este hito al indicar que “es una cifra que representa trabajo digno, oportunidades reales y confianza renovada en la República Dominicana”, al tiempo que reiteró que “esto es fruto de una estrategia sostenida, del compromiso de los trabajadores, del empuje del sector privado y de políticas públicas orientadas a generar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.”
“Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro”, enfatizó el ministro Ito Bisonó.
Todo esto se genera en un contexto de expansión de parques industriales, diversificación productiva y fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestro talento humano.
El ministro Bisonó destacó que “a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.”
Mientras que Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, expresó: “El sector ha evolucionado desde la manufactura tradicional hacia ecosistemas productivos intensivos en conocimiento, donde actividades como servicios, dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos y logística suman decenas de miles de empleos especializados. En octubre 2025, los servicios registraron 45,460 puestos de trabajo, con un incremento de 6.03% frente a octubre del año pasado. Esta diversificación se sostiene en la formación: entre el año 2020 y octubre de 2025 se desarrollaron 24,494 acciones formativas que acumulan 606,292 horas de entrenamiento técnico, en coordinación con Infotep y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores”.
Tecnificación del empleo en el sector ZF
El MICM destacó que el modelo de zonas francas ha experimentado una transformación profunda en su composición laboral. Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86% a 63.4%, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. En paralelo, los empleos técnicos pasaron de 9.1% a 25.3%, triplicándose en dos décadas, mientras que los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3%. Este cambio refleja la transición hacia actividades de mayor valor agregado, vinculadas a manufactura médica, electrónica, servicios globales y logística.
Participación de la mujer e inversión
El 54% del empleo generado en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras. A ello se suma un robusto encadenamiento productivo con la industria local: las compras locales de zonas francas pasaron de RD$83 mil millones en 2020 a más de RD$155,400 millones en 2024, un crecimiento de 87%. En términos de inversión, la acumulada en el régimen llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49% respecto a 2020.