Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Agencia AFP
Washington, Estados Unidos.-La Reserva Federal estadounidense (Fed) recortó el miércoles sus tasas por primera vez desde 2020 y optó por una fuerte baja de medio punto porcentual, para dejarlas en 4,75-5,00%.
La segunda ola de reformas con la cual el Gobierno busca eficientizar el gasto público, que también contempla unificar a las direcciones de Aduanas (DGA) y de Impuestos Internos (DGII) en una Administración Tributaria, comenzará con una única Oficina Virtual, integrada, donde imperaría el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el cruce de datos.
En esta fase, seguirá el proceso de fusiones entre instituciones del Gobierno central, entre las que figuran pendientes una única administración tributaria, y se creará un Ministerio de la Familia con la integración en este de los ministerios de la Juventud y el de la Mujer.
Tambiéb se ha hablado de los ministerios de Deportes y el de Cultura, sobre los cuales expertos en finanzas públicas estiman que estarán dentro del paquete de reducciones y eliminaciones, y del que el Gobierno deberá emitir un derecho de austeridad para que las demás instituciones puedan dar cumplimiento a los lineamientos de recortes en el Estado.
Pasado todo el proceso de eficientización y reducción del gasto público, se infiere que habrá un portal de transparencia donde todo el mudo podrá ver el salario y los ingresos públicos que se asignan con los recursos públicos, incluyendo contratos y subcontratos, nóminas y posibles “nominillas”.
Esto así, porque aún en el Estado hay un gran personal que recibe salarios muy por encima en una misma función o de menor posición que en el sector privado.
Un ejemplo de casos es el de un encargado de un departamento público con un salario de RD$150,000 y RD$300,000 más viáticos, comida y representación, que agota un horario de 9 am a 4 pm y, otro en el mismo sector público, que es diplomático de segundo nivel ganando RD$175,000 y múltiples responsabilidades en el país y en el exterior.
En otros puestos, de personal no tan imprescindibles, hay quien gana RD$300,000 al mes y obtienen beneficios como asignación de vehículos, chofer, y combustibles. El sueldo similar al del Presidente de la República, ocupando apenas una dirección pública.
Todavía hay salarios por encima del sueldo mensual presidencial que, debería ser el mayor, en el Gobierno central.
Esas “ineficiencias” y “filtraciones” son las que organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha recomendado eliminar y con la cual entiende que el Estado se puede ahorrar hasta un 7% del producto interno bruto (PIB). Además, el Estado se aliviaría de la rigidez presupuestaria que le impide aumentar el gasto de capital con inversiones en infraestructuras y servicios sociales y comenzaría a eliminar la figura del “Estado clientelar”, en República Dominicana.
Datos de la reforma
Como una forma de reducir la evasión y elusión fiscal, que hoy ronda el 47% en el caso del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), y de casi un 63% en el Impuesto Sobre la Renta, el Gobierno buscará presentar en los próximos días su propuesta de reforma fiscal integral.
Ya se inició la parte del gasto, mediante la reducción y eliminación de instituciones. En adelante, se contempla ampliar la base del ITBIS dejando exentas de impuestos muy pocos bienes y servicios, esencialmente los de gran peso en la canasta básica. La tasa del ITBIS será menor que el 18% actual.
El gravamen le será aplicado solamente prestadores de servicios que, desde el extranjero, prestan servicios en el territorio nacional, como Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Expedia, Airbnb, Indriver, entre otros.
Se reducirán las leyes de incentivos, se aplicará un motributo a las mipymes. Y el anticipo de renta se calculará en base a las ventas en el año corriente, no en base a las ventas del año anterior, lo que ayudará a la liquidez de las empresas. El IPI (Patrimonio) es el de la propuesta de 2021.
Los incentivos que permanecerán estarán condicionados al resultado de una análisis costo-beneficio. Si el costo es mayor que el beneficio el incentivo será eliminado.
Economía
Costo de la canasta familiar de la región Ozama alcanza los RD$52,535.8 en julio, según Economía
Santo Domingo, R.D.-Una familia dominicana, típica, que reside en la región Ozama paga más por los bienes y servicios que adquiere de manera habitual, frente al resto de la población del país.
Según datos del Ministerio de Economía, en julio de este año el costo de la canasta de consumo familiar de la región Ozama alcanzó los RD$52,535.8.
Con esa suma, la zona metropolitana que abarca el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este, Norte, Oeste, entre otros, superó el costo de la canasta básica de las demás regiones, e incluso el costo a nivel nacional, que se situó en RD$45,494.6.
El incremento mensual que experimentó esa región fue de RD$209.6, lo que representa un aumento de 0.40%; mientras que la variación anual fue de RD$1,767.4, lo que equivale un incremento de 3.48%, según Economía.
“En magnitud le sigue la región Norte, con una canasta de consumo de RD$43,341.1”, precisó la institución en su informe de situación macroeconómica, edición especial.
La entidad, además, indicó que la región Sur, aunque registró el menor costo de la canasta entre las regiones (RD$36,756.8), ha experimentado la mayor variación positiva tanto mensual de 0.73%, como anual de 4.11%, respectivamente.