Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas, obligará a los consumidores dominicanos a realizar un gasto adicional que estima en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos recursos energéticos.
Explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones de la República Dominicana, cuya cotización pasó de aproximadamente US$2.87 por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a US$3.49 por galón en mayo, un incremento de US$0.62, equivalente a 21.7%.
El tercer indicador es la tasa de cambio, señalando que durante la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de RD$60.02, mientras que para la tercera semana de junio descendió a RD$58.90, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87%, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.
El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50. En cambio, la resolución No. 145-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Pipymes (MICM) mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50, respectivamente.
«Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente RD$6,323 millones adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional», sostuvo.
Asimismo, señaló que las propias resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón en la gasolina premium y de RD$22.32 a RD$27.80 en la gasolina regular.
Con base en los niveles de consumo nacional, Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que retirarían todas las terminales de pago electrónico de sus estaciones de combustibles al denunciar lo que entienden son cobros de comisiones excesivos de la banca dominicana.
“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, se quejó.
Anadegas dijo que, adicional al 27 %, la banca nacional les cobra 7 pesos en cada ocasión que se utiliza una tarjeta de crédito en sus instalaciones.
“Es una decisión ya pensada, razonada y que en otros países están también llevando a cabo” respaldó.
Elías Pérez explicó que la medida sirve a modo de paro nacional, considerando que el precio de la comisión que se cobra en las tarjetas en relación a las ventas es bastante alto, calificándolo de abusivo al considerar que las estaciones de combustibles solo reciben 25 pesos por cada galón que venden y de ahí le pagan 7 pesos más por el uso de las tarjetas.
“No hicieron caso, no nos han llamado, no han vuelto a hablar con nosotros”, reveló.
Santo Domingo. La trampa de ingreso medio, la concentración territorial de la producción y las brechas en el capital humano figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana para alcanzar una nueva etapa de desarrollo económico sostenible.
Así lo expresó Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
La ejecutiva destacó que el país ha logrado construir una sólida base de crecimiento durante la última década, pero señaló que el reto actual consiste en transformar ese avance en mayores niveles de productividad para mantener la competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.
Tres retos que condicionan el desarrollo
Alvarado explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada trampa del ingreso medio, una situación que afecta a países que logran crecer de manera sostenida, pero encuentran dificultades para convertirse en economías de altos ingresos sin fortalecer la innovación. También la productividad y el capital humano.
Otro desafío identificado es la concentración territorial de la actividad económica. Según indicó, más del 50 % de la producción nacional se genera en apenas el 11 % del territorio, una realidad que impulsa el crecimiento en determinadas zonas. También provoca congestión urbana, presión sobre la infraestructura y desigualdades regionales.
En cuanto al capital humano, destacó que aunque el 33 % de la población dominicana tiene entre 15 y 34 años, lo que representa una importante ventaja demográfica, el 54 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar personal calificado. Además, cerca del 25 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
“Detrás de ese 25 % hay una generación que espera herramientas para competir y oportunidades para integrarse plenamente a la economía”, señaló.
Crecimiento económico con nuevos desafíos
La representante del BID resaltó que República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio de 4.3 % durante la última década, una cifra que supera ampliamente el promedio regional.
No obstante, advirtió que la nueva etapa del desarrollo requiere mejorar la calidad del crecimiento económico, apostando por mayores niveles de productividad y competitividad.
Nearshoring y transformción tecnológica
Alvarado afirmó que los cambios en la economía global representan oportunidades para el país. Explicó que la reorganización de las cadenas de suministro internacionales podría favorecer a economías competitivas como la dominicana.
En ese sentido, estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para la región, siempre que los países fortalezcan aspectos clave como la logística, la infraestructura y la sofisticación productiva.
Asimismo, mencionó otros desafíos relacionados con la dependencia energética, ya que el 83 % de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles. Además de la vulnerabilidad climática, cuyas pérdidas representan aproximadamente el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
Inversiones del BID en República Dominicana
La representante del organismo informó que el Grupo BID mantiene actualmente una cartera activa de 23 proyectos en República Dominicana. El mismo con una inversión aproximada de 2,900 millones de dólares.
A esto se suman operaciones de BID Invest que han alcanzado los 3,305 millones de dólares en los últimos tres años. Los mismos están destinados a sectores estratégicos como energía, infraestructura, inclusión financiera y desarrollo productivo.
Finalmente, Alvarado consideró que iniciativas como Meta RD 2036 representan una oportunidad para coordinar esfuerzos de largo plazo. También fortalecer los pilares que permitan elevar la productividad nacional.
“La próxima etapa del desarrollo dominicano requerirá fortalecer lo que ya funciona y, al mismo tiempo, construir nuevos motores de crecimiento basados en innovación, talento y productividad”, concluyó.