Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Economía
Mercado laboral dominicano suma más de 147 mil ocupados y mujeres lideran creación de empleos
El 86.6 % de los nuevos ocupados fueron mujeres, mientras la tasa de desocupación abierta se situó en 5.3 % durante el segundo trimestre de 2026
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El mercado laboral dominicano incorporó 147,456 nuevos ocupados netos durante los doce meses terminados en el segundo trimestre de 2026, con una participación particularmente significativa de las mujeres, que representaron el 86.6 % del aumento, de acuerdo con datos divulgados por el Banco Central.
Entre abril y junio, el número total de personas ocupadas en la República Dominicana alcanzó 5,271,005, equivalente a un crecimiento interanual de 2.9 %.
Del incremento neto registrado en comparación con igual período de 2025, unas 127,742 nuevas ocupadas fueron mujeres, mientras el resto correspondió a hombres.
En la composición general del mercado laboral, sin embargo, los hombres continúan representando la mayoría de la población ocupada, con un 57 %, frente al 43 % correspondiente a las mujeres.
Empleos formales e informales crecen casi en igual proporción
Los datos muestran una distribución prácticamente equilibrada entre los nuevos puestos formales e informales.
De los 147,456 ocupados adicionales, 74,794, equivalentes al 50.7 %, ingresaron al sector formal, mientras 72,663, un 49.3 %, correspondieron al sector informal.
Pese al crecimiento registrado, la informalidad continúa teniendo un peso considerable dentro de la estructura laboral dominicana.
La tasa de informalidad total se situó en 53.8 %, aunque el Banco Central destaca que ese porcentaje se encuentra por debajo del promedio histórico de 56.7 % observado desde 2014 en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT).
Esto significa que, aun con la reducción respecto al promedio de la serie, más de la mitad de la ocupación continúa vinculada a condiciones de informalidad laboral.
Desocupación abierta baja a 5.3 %
Otro de los indicadores presentados por el Banco Central corresponde a la tasa de desocupación abierta (SU1).
Durante el período abril-junio de 2026, el indicador se colocó en 5.3 %, por debajo del promedio histórico de 6.0 % registrado en la serie de la ENCFT.
Este indicador mide la proporción de personas que se encuentran sin empleo y buscan activamente trabajo respecto de la fuerza laboral.
Mayoría de ocupados conservó su empleo
El informe también analiza los movimientos de las personas entre la ocupación, la desocupación y la inactividad durante el último año.
De quienes estaban ocupados, 92.6 % permaneció realizando alguna actividad productiva, mientras un 5.9 % salió de la fuerza laboral y pasó a la condición de inactivo.
Otro 1.5 % pasó de estar ocupado a encontrarse desocupado.
Entre las personas que estaban desempleadas un año antes, 44 % logró pasar a la condición de ocupado, mientras un 28.3 % permaneció en situación de desocupación.
Participación femenina marca crecimiento del empleo
Uno de los datos más relevantes del comportamiento laboral durante el período fue la participación de las mujeres en la creación neta de puestos de trabajo.
Que aproximadamente 87 de cada 100 nuevos ocupados netos hayan sido mujeres evidencia que el crecimiento interanual estuvo fuertemente concentrado en la incorporación femenina al mercado laboral.
Los resultados muestran simultáneamente avances en el número de ocupados y en la tasa de desocupación abierta, aunque mantienen como uno de los principales desafíos estructurales el elevado peso de la informalidad.
Los indicadores corresponden al segundo trimestre de 2026 y forman parte de las mediciones del mercado laboral realizadas por el Banco Central mediante la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo.
Economía
Inteligencia artificial transforma el fraude financiero y obliga a reforzar la seguridad digital
Deepfakes, identidades sintéticas y documentos manipulados aumentan los riesgos para bancos, fintechs y usuarios ante el crecimiento de las transacciones digitales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está abriendo nuevas oportunidades para la economía digital, pero al mismo tiempo proporciona a los ciberdelincuentes herramientas cada vez más sofisticadas para cometer fraudes financieros.
La posibilidad de crear rostros, voces, documentos e identidades digitales aparentemente auténticas está modificando los métodos tradicionales utilizados para engañar a usuarios y entidades financieras, lo que obliga a bancos, fintechs y plataformas de pago a fortalecer sus sistemas de verificación.
Pilar Pereira, directora de alianzas estratégicas y partnerships para Latinoamérica de la empresa de verificación de identidad Jumio, advierte que el fraude apoyado en inteligencia artificial representa actualmente uno de los principales desafíos para los sistemas de pagos digitales.
Entre las modalidades que generan mayor preocupación se encuentran los deepfakes, las identidades sintéticas, los bots y la toma de control de cuentas.
¿Qué son las identidades sintéticas?
Una de las modalidades que gana terreno es el denominado fraude de identidad sintética, mediante el cual los delincuentes combinan información verdadera de una persona con datos falsos para construir una nueva identidad aparentemente legítima.
El mecanismo puede incorporar nombres, documentos, fotografías y otros datos reales junto con información inventada o modificada digitalmente.
La inteligencia artificial aumenta el nivel de sofisticación de estas operaciones al permitir la creación de documentos, imágenes faciales y perfiles digitales con un mayor grado de realismo.
Esta realidad plantea un desafío adicional para las entidades financieras: comprobar la autenticidad de un documento ya no necesariamente resulta suficiente.
Los sistemas de seguridad deben procurar determinar también si la persona realmente existe, si corresponde con la identidad presentada y si está físicamente presente durante el proceso de validación.
Deepfakes elevan el nivel de riesgo
Los llamados deepfakes permiten utilizar inteligencia artificial para generar o manipular imágenes, videos y voces con un elevado nivel de realismo.
En el ámbito financiero, esta tecnología puede ser utilizada para intentar superar mecanismos tradicionales de reconocimiento facial o hacerse pasar por otra persona durante determinadas operaciones digitales.
Pereira señala que datos manejados por Jumio indican que un 69 % de los consumidores consultados considera que el fraude impulsado por inteligencia artificial constituye una amenaza mayor que el robo de identidad tradicional.
La cifra corresponde a información de la compañía y refleja la percepción de los consumidores incluidos en sus mediciones.
Seguridad deberá operar en tiempo real
El desafío adquiere especial importancia con el crecimiento de los pagos instantáneos, debido a que la rapidez con la que se completa una operación también reduce el tiempo disponible para identificar y detener una transacción fraudulenta.
Por esta razón, los especialistas consideran necesario que la prevención deje de funcionar únicamente como un mecanismo posterior a una operación sospechosa y pase a formar parte de todo el proceso transaccional.
Entre las tecnologías utilizadas para fortalecer esos controles se encuentran la biometría, las pruebas de vida, los sistemas para detectar deepfakes y documentos manipulados, el análisis del comportamiento del usuario y el monitoreo continuo de las transacciones.
La finalidad es identificar señales anormales antes de que una operación potencialmente fraudulenta pueda completarse.
República Dominicana prepara nuevo sistema de pagos instantáneos
El tema adquiere particular relevancia para República Dominicana ante los trabajos anunciados por el Banco Central para la implementación de un nuevo Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos, proyectado para entrar en funcionamiento en 2027.
De acuerdo con Pereira, el desarrollo de este tipo de infraestructura debe incorporar mecanismos robustos de verificación desde el momento en que una persona se registra como cliente y mantener controles durante toda la relación con la entidad financiera.
La especialista plantea que verificar una identidad una sola vez no necesariamente garantiza que esa cuenta continuará siendo utilizada siempre por la misma persona.
Por ello, recomienda integrar diferentes señales de identidad, comportamiento y actividad transaccional.
El reto: proteger sin complicar al usuario
El fortalecimiento de la seguridad también plantea otro desafío: evitar que los nuevos controles conviertan las operaciones digitales en procesos excesivamente complicados para los usuarios legítimos.
Una de las alternativas planteadas es la denominada identidad reutilizable, mediante la cual una validación previamente realizada, y utilizada con consentimiento del cliente, puede facilitar futuros procesos de identificación.
La estrategia busca combinar rapidez y seguridad sin obligar al usuario a repetir constantemente procedimientos complejos.
Entre las principales medidas recomendadas frente al fraude impulsado por IA se encuentran la combinación de documentos con biometría y pruebas de vida, la detección de posibles deepfakes, el análisis de señales de riesgo y el monitoreo de operaciones en tiempo real.
La IA también puede convertirse en herramienta de defensa
La inteligencia artificial no representa únicamente una amenaza para el sistema financiero.
Las mismas capacidades tecnológicas utilizadas por los ciberdelincuentes pueden ser aprovechadas por bancos y empresas especializadas para analizar grandes cantidades de información, identificar comportamientos atípicos y detectar intentos de fraude con mayor rapidez.
La batalla por la seguridad financiera digital se desarrolla así en ambos sentidos: mientras los delincuentes incorporan herramientas de inteligencia artificial para perfeccionar sus métodos, las instituciones financieras necesitan utilizar tecnologías cada vez más avanzadas para reconocerlos y detenerlos.
El desafío para la economía digital será conseguir que la velocidad y facilidad de las nuevas formas de pago avancen acompañadas de sistemas de seguridad capaces de demostrar que detrás de cada operación se encuentra realmente la persona que afirma realizarla.
El organismo reclama mayores esfuerzos para eliminar las barreras estructurales y garantizar igual remuneración por trabajo de igual valor
SANTO DOMINGO.– Las mujeres continúan enfrentando una importante brecha salarial frente a los hombres y, a escala mundial, perciben alrededor de un 18 % menos, según advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al reiterar la necesidad de avanzar hacia una remuneración equitativa.
Con motivo del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el organismo internacional recordó el principio de que un trabajo de igual valor debe recibir igual remuneración y llamó a gobiernos, empleadores y trabajadores a fortalecer las acciones destinadas a reducir las desigualdades económicas entre hombres y mujeres.
La OIT sostuvo que detrás de las estadísticas existen millones de mujeres cuyo trabajo contribuye al sostenimiento de hogares, empresas y economías, pero que continúan enfrentando diferencias en sus ingresos.
OIT plantea eliminar barreras estructurales
El organismo considera que parte de la desigualdad salarial está vinculada a barreras estructurales que pueden ser enfrentadas mediante políticas públicas, legislación laboral, instituciones más fuertes y mecanismos de diálogo entre trabajadores y empleadores.
Entre las medidas señaladas se encuentran una mayor transparencia salarial, estructuras de remuneración más equitativas y mecanismos que permitan valorar adecuadamente trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres.
La negociación colectiva y el diálogo social también pueden contribuir, según la organización, a reducir las diferencias y garantizar una mayor participación femenina en las decisiones relacionadas con el ámbito laboral.
Para la OIT, alcanzar la igualdad salarial no constituye únicamente un asunto económico, sino también una cuestión relacionada con derechos laborales, dignidad y justicia social.
Brecha salarial también afecta a las dominicanas
En República Dominicana, la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres también ha sido objeto de estudios.
Un análisis divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2022 situaba entonces la brecha salarial de género en alrededor del 18 %.
De acuerdo con ese estudio, por cada RD$100 percibidos por los hombres, las mujeres recibían aproximadamente RD$82, aunque las diferencias podían variar considerablemente dependiendo de factores como la situación socioeconómica y el tipo de empleo.
El informe también señalaba una paradoja en materia educativa: pese al importante avance de las mujeres en la formación universitaria, las diferencias de ingresos laborales persistían.
Informalidad profundiza diferencias
El análisis del PNUD advertía que las desigualdades eran mayores entre las mujeres incorporadas al sector informal de la economía.
Según los datos citados en el estudio, la diferencia de ingresos podía alcanzar aproximadamente un 40 % en el empleo informal, mientras que en el sector formal se situaba alrededor del 14 %.
Las cifras dominicanas corresponden al análisis publicado en 2022 y, por tanto, no deben interpretarse automáticamente como una medición actual de la brecha salarial en 2026.
La OIT insiste en que reducir estas diferencias requiere acciones coordinadas de los Estados, empleadores y trabajadores para avanzar hacia mercados laborales donde la remuneración responda al valor del trabajo y no al género de quien lo desempeña.