Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Economía
Denuncian pérdida de decenas de contenedores lanzados al mar durante traslado de mercancías hacia República Dominicana
El incidente habría afectado a empresas consolidadoras de carga y a cientos de familias dominicanas. FECODECA anunció reclamaciones formales contra la naviera y gestiones ante las aseguradoras.
Puerto Plata, República Dominicana.– Decenas de contenedores pertenecientes a empresas consolidadoras de carga dominicanas habrían sido lanzados al mar durante una travesía desde Brooklyn, Nueva York, hacia el puerto de Río Haina, en República Dominicana, provocando pérdidas millonarias y afectando a cientos de familias que esperaban recibir mercancías enviadas desde Estados Unidos.
La situación ha generado preocupación entre empresas del sector, varias de ellas establecidas en Puerto Plata, así como reclamos de personas que remitieron electrodomésticos, ropa, alimentos y otros artículos para sus familiares residentes en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Federación de Consolidadores de Carga (FECODECA), el incidente ocurrió durante el transporte de mercancías a bordo del buque M.V. Seaboard Explorer v77SB, perteneciente a la empresa Seaboard Marine.
La organización indicó que, según una comunicación remitida por la naviera, la embarcación habría enfrentado condiciones marítimas adversas durante las primeras horas del 26 de septiembre, situación relacionada con la pérdida de los contenedores.
FECODECA aclara responsabilidades
La Federación de Consolidadores de Carga precisó que la documentación recibida hasta el momento no atribuye la pérdida de las mercancías a los pequeños negocios consolidadores ni demuestra que estos se hayan apropiado de los artículos enviados por sus clientes.
La entidad explicó que estas empresas recibieron las mercancías y gestionaron su transporte hacia República Dominicana, pero no tenían control sobre la navegación, la estiba ni las operaciones del buque durante la travesía.
Asimismo, advirtió que también se han recibido informaciones sobre contenedores que sí fueron descargados en el puerto de Río Haina, por lo que consideró necesario examinar cada caso de manera individual.
En ese sentido, recomendó verificar las facturas, los recibos, los conocimientos de embarque, los números de contenedores y los inventarios correspondientes para determinar el destino de cada envío y establecer las responsabilidades pertinentes.
Anuncian reclamaciones formales
Ante las pérdidas reportadas, FECODECA informó que está encaminando reclamaciones formales ante la naviera, notificando a las compañías aseguradoras y recopilando la documentación necesaria para determinar las responsabilidades legales derivadas del incidente.
Hasta el momento, no se ha establecido el monto exacto de los daños económicos. Sin embargo, por la cantidad de contenedores presuntamente afectados y el volumen de mercancías transportadas, las pérdidas podrían ascender a millones de pesos.
Entre los artículos enviados habitualmente por esta vía figuran televisores, neveras, estufas, lavadoras, ropa, alimentos y otros enseres domésticos adquiridos por dominicanos residentes en Estados Unidos para sus familiares en el país.
Los envíos proceden principalmente de comunidades dominicanas establecidas en Nueva York y Nueva Jersey, donde numerosas familias utilizan los servicios de consolidación de carga para hacer llegar bienes a sus hogares.
Afectados esperan respuestas
La situación ha generado inquietud entre los propietarios de las empresas consolidadoras y las familias que aún desconocen el paradero de sus mercancías o cómo serán compensadas por las pérdidas.
Según la información difundida, hasta el momento no se había ofrecido una respuesta oficial de la Dirección General de Aduanas ni de la Autoridad Portuaria Dominicana sobre los reclamos de los afectados.
Mientras avanzan las gestiones ante la naviera y las aseguradoras, los perjudicados esperan que se esclarezcan las circunstancias del incidente, se identifiquen los embarques afectados y se determinen los mecanismos para responder por las mercancías perdidas.
Economía
Ministro de Agricultura niega que Danilo Medina solicitara dispensa para extender protección arancelaria al arroz hasta 2035
Oliverio Espaillat Bencosme afirma que los productores arroceros desconocían la supuesta gestión realizada en 2019 y defiende las medidas gubernamentales para proteger la producción nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, negó que el expresidente Danilo Medina haya solicitado formalmente una dispensa a Estados Unidos para extender hasta 2035 la protección arancelaria del arroz dominicano, como parte de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
El funcionario sostuvo que los principales representantes del sector arrocero nacional desconocían la supuesta gestión atribuida al exmandatario, por lo que consideró poco creíble que una iniciativa de esa magnitud se realizara sin informar a los productores, las federaciones, los industriales y los demás actores de la cadena productiva.
Espaillat Bencosme explicó que, durante su gestión como dirigente del sector arrocero y asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, solicitó en varias ocasiones reunirse con el presidente Medina para abordar los riesgos que representaba el calendario de desgravación arancelaria del DR-Cafta. Sin embargo, aseguró que ese encuentro nunca llegó a concretarse.
El ministro también recordó que en 2019 un alto funcionario estadounidense visitó el país para analizar la situación del arroz, pero afirmó que los representantes del sector productivo tampoco fueron informados sobre una eventual solicitud de dispensa en los términos planteados actualmente por Medina.
Gobierno defiende medidas de protección
El titular de Agricultura defendió las acciones del Gobierno del presidente Luis Abinader para preservar la producción arrocera nacional y rechazó las críticas que califican de populista el decreto 693-24, mediante el cual se establecieron medidas para proteger el cereal frente a las importaciones.
Explicó que la disposición se fundamentó en una interpretación del artículo 21.2 del DR-Cafta, relativo a la seguridad esencial, que contempla la facultad de los países de adoptar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad.
En ese sentido, afirmó que República Dominicana considera la seguridad alimentaria un componente estratégico de la seguridad nacional, debido a la importancia del arroz en la dieta de la población, la economía rural y la estabilidad social.
“Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano”, sostuvo el ministro al defender la necesidad de proteger el sector.
Asimismo, aseguró que el Gobierno no abandonará a los productores arroceros y que continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.
Medina cuestiona actuación del Gobierno
Por su parte, el expresidente Danilo Medina afirmó que el Gobierno conocía que el 1 de enero de 2025 vencía la protección arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, pero que no adoptó oportunamente las medidas necesarias para proteger a los productores locales frente a las importaciones, principalmente procedentes de Estados Unidos.
Medina calificó de populista el decreto 693-24, al considerar que establecía una cuota de importación y un arancel de hasta un 99 % para las importaciones fuera de cuota, lo que, a su juicio, contravenía las disposiciones del acuerdo comercial.
El exmandatario también señaló que durante su Gobierno se realizaron gestiones en 2019 para abordar el problema y recordó que posteriormente la pandemia de COVID-19 y las elecciones presidenciales incidieron en el proceso, cuyo seguimiento, según afirmó, no recibió la debida continuidad de la administración entrante.
El arroz ante la apertura comercial
La eliminación progresiva de los aranceles al arroz forma parte de los compromisos asumidos por República Dominicana en el DR-Cafta, acuerdo firmado en 2004, ratificado en 2005 y puesto en vigor en 2006. El calendario de desgravación establecía la entrada plena del arroz estadounidense libre de aranceles a partir de 2025.
Ante este escenario, el Gobierno emitió el decreto 693-24 como mecanismo de protección para el sector arrocero, aunque posteriormente lo derogó.
Actualmente, las autoridades mantienen negociaciones y evalúan alternativas para proteger la producción nacional frente a la apertura comercial, mientras aseguran que continuarán ofreciendo acompañamiento técnico, mecanización, financiamiento y mejores condiciones para preservar la competitividad del sector.
La controversia entre Medina y el actual ministro de Agricultura pone nuevamente en el centro del debate la gestión de las medidas de protección comercial, el cumplimiento de los compromisos del DR-Cafta y el futuro de uno de los principales productos de la canasta básica dominicana.
Agencia EFE
El Banco Mundial proyecta una expansión de 4.7 % para el país, por encima de El Salvador y Panamá, y mantiene una perspectiva favorable hasta 2028
Ciudad de Panamá.— República Dominicana encabeza las previsiones de crecimiento económico para 2026 entre los países vinculados al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo con las más recientes estimaciones del Banco Mundial.
El organismo internacional proyecta para la economía dominicana una expansión de 4.7 % del producto interno bruto (PIB) durante este año, seguida por El Salvador, con 4.5 %, y Panamá, con 4.2 %.
Las cifras forman parte del informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, en el que el Banco Mundial analiza el comportamiento y las perspectivas de las economías de la región.
Otros países mantienen crecimiento moderado
Después de República Dominicana, El Salvador y Panamá, las proyecciones para 2026 sitúan a Guatemala en 3.7 %, Nicaragua en 3.6 %, Honduras en 3.4 %, Costa Rica en 3.3 % y Belice en 2.4 %.
El desempeño proyectado para República Dominicana la coloca no solo entre las economías con mayor dinamismo de este grupo, sino también como una de las que presenta mejores perspectivas en los próximos años.
RD seguiría liderando en 2027
Para 2027, el Banco Mundial estima que República Dominicana continuará a la cabeza, con un crecimiento de 4.4 %.
Le seguirían Panamá, con 4.1 %; El Salvador, con 3.9 %; Guatemala, con 3.8 %; Honduras, con 3.7 %; Costa Rica, con 3.5 %; Nicaragua, con 3.2 %, y Belice, con 2.2 %.
Las proyecciones para 2028 también mantienen una tendencia favorable para la economía dominicana.
En ese año, el organismo multilateral calcula una expansión de 4.8 % para República Dominicana, mientras Panamá crecería 4.1 %, Guatemala y Honduras 3.8 %, El Salvador y Costa Rica 3.5 %, Nicaragua 3.1 % y Belice 2 %.
Banco Mundial resalta fundamentos macroeconómicos
En su análisis, el Banco Mundial señala que el crecimiento sostenido de algunas economías de la región se encuentra vinculado a decisiones de política económica dirigidas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos.
El organismo menciona de manera particular los casos de Panamá y República Dominicana como ejemplos de países que han mantenido un crecimiento sólido apoyado en políticas económicas de mayor continuidad.
También destaca el desempeño de El Salvador, cuya economía ha mostrado una evolución superior al promedio regional.
Entre los factores señalados se encuentran la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y el impulso de la inversión privada.
América Latina crecería 2.2 %
A pesar de las mejores perspectivas para algunas economías, el panorama general de América Latina y el Caribe continúa siendo moderado.
El Banco Mundial proyecta un crecimiento regional de 2.2 %, al tiempo que advierte sobre la necesidad de encontrar nuevos motores capaces de aumentar la productividad.
El organismo considera que uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe será precisamente fortalecer la productividad para generar un crecimiento económico más sostenible y mejorar las condiciones de desarrollo de sus países.