Economía
Empresa del sector Mipymes demanda al Estado por incumplimiento de la cuota en compras y contrataciones públicas
SANTO DOMINGO. Una empresa del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de varias instituciones del Estado por supuesto incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes del presupuesto general de las compras y contrataciones públicas.
La empresa ESC-GROUP, SRL depositó el recurso de amparo en contra de la Presidencia de la República, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), los Comedores Económicos del Estado Dominicano y de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
La empresa, que se dedica a la fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana, asegura que a la fecha no ha podido aprovechar las prerrogativas legales de estímulo e incentivo a las Mipymes, supuestamente por razones atribuibles a las constantes violaciones del sistema de compras y contrataciones por parte de diversas instituciones públicas.
La accionante ESC-GROUP, SRL. ostenta una serie de prerrogativas legales que la favorecen en el marco de procesos de compras y contrataciones, dada su condición de empresa Mipymes, dirigida por mujeres, Mipymes de producción nacional y considerada proveedor único de fabricación nacional luminarias LED en la República Dominicana.
Explica que para un mejor entendimiento del problema jurídico que se plantea ante el Tribunal Superior Administrativo, expone de manera específica, que la forma como ha sido malinterpretada y distorsionada, en la práctica, toda la normativa que regula el sector Mipymes, incluyendo, pero no limitándose a la Ley número 340-06 y sus modificaciones, la Ley 488-08 (que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Mipymes y los decretos números 543- 12 y 164-13, así como los principios de participación, de libre concurrencia, equidad e igualdad de trato y de competencia efectiva.
“A esos fines, procedemos a clasificar el conflicto jurídico que trata la presente acción, en tres grupos y escenarios de incumplimientos por parte de las Accionadas que perjudican directamente a la Accionante, a saber: incumplimiento de la cuota legal del 20% a la Mipymes, en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas; contratación de grandes obras públicas bajo modalidad de llave en mano, sin la debida supervisión de la entidad contratante para asegurar que el contratista o concesionario de la obra adquiera los bienes y servicios de Mipymes para asegurar el cumplimiento de la cuota legal del 20%; incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes (del presupuesto general) de las compras y contrataciones públicas”, indica el documento.
Precisa que el incumplimiento de la cuota legal del 20% a las Mipymes en cada proceso de selección de las compras y contrataciones públicas es notorio y la referida ley 488-08, dispone en su artículo 25 que las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar el 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las Mipymes.
“ESC GROUP SRL., es una sociedad comercial con una triple condición jurídica de relevancia para el sistema de compras y contrataciones que la protege, otorgadas por las normas del ordenamiento jurídico citado: i) MIPYME de mujer; ii) MIPYME de producción nacional; iii) MIPYME y/o proveedores con la condición de proveedor único fabricante del mercado sobre la actividad económica a la que se dedica, en este caso fabricación de luminarias LED de alta eficiencia y ahorro de energía”, explica el recurso.
Se recuerda que mediante el decreto 164-13 el presidente Danilo Medina dispuso el 10 de junio de 2013 que todas las instituciones públicas, sujetas a la Ley 340-06 y sus modificaciones, deberán en lo adelante realizar sus compras y contrataciones a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La disposición gubernamental establece que los bienes y servicios que adquieran las instituciones públicas tendrán que ser exclusivamente de origen, manufactura o de producción nacional, siempre y cuando existan Mipymes que puedan ofrecerlos.
El artículo 2 del decreto establece que para los productos manufacturados o industriales sean considerados de producción nacional, su valor total de insumos importados no deberá superar el 65 por ciento del precio de venta del bien terminado.
En caso de los productos farmacéuticos, la fabricación debe realizarse en un laboratorio farmacéutico cuyas instalaciones estén establecidas en la República Dominicana, mientras que los bienes primarios agrícolas y pecuarios, su cultivo y nacimiento deben tener la condición de nacional.
“En las compras y contrataciones de bienes y servicios, destinadas a Mipymes, se privilegiará también la contratación con micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas, técnicos, profesionales y artesanos, preferiblemente domiciliados en la región, provincia o municipio en el que se vaya a realizar la compra o contratación, cuyos proveedores deberán acreditar tal condición de acuerdo a las disposiciones que se establezcan en los pliegos de condiciones”, indica el artículo 3.
Esta acción de amparo fue depositada el cinco de mayo del presente año y la próxima semana tendrán audiencia.
Desde el 2016 el Gobierno viene siendo demandado por incumplimiento de la cuota que les corresponde a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) en los procesos de compras y contrataciones públicas.
“Se concluyó al fondo hace cerca de dos meses, y la sentencia que emitió el tribunal fue que, de oficio, o sea, a motu proprio, declaró una reapertura de los debates para que compareciera la Presidencia de la República bajo el precepto del derecho fundamental de la defensa porque no había comparecido. Para garantizar el derecho a la defensa la Presidencia debe estar presente en las audiencias. La primera audiencia después de la reapertura de los debates fue la semana pasada y la próxima audiencia será el jueves 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana”, según el abogado Félix Pujols Jerez, quien dijo que desde octubre de 2016 se ha estado procediendo con todo lo que se puede hacer en materia de derecho administrativo.
Dijo que desde solicitudes de información desde octubre de 2016 a Obras Públicas y la OISOE, a depositado acciones de amparo por derecho a la información contra Obras Públicas “para que nos entreguen información y ganamos el derecho de que se nos entregaran las informaciones y no se nos entregó”.
“Desde octubre se vienen construyendo el caso y en febrero o marzo se emplazó a todas las instituciones que hoy son demandadas para que en 15 días laborables cumplieran con todas las normas jurídicas que se les están imputando. Y fue después de todo este proceso que se depositó la acción de amparo, se notificó a las partes y desde principio de año hasta la fecha aún estamos en el proceso porque siguen incumpliendo”, expresó.
Reveló, y así lo indica la acción de amparo, que la información de que están incumpliendo con la cuota legal que les corresponde a las Mipymes, la entregó precisamente la dirección de Compras y Contrataciones Pública.
“Nosotros solicitamos no solo de esas que están demandadas sino a 20 instituciones para saber si estaban cumpliendo y todas estaban incumpliendo, o sea, eso lo dice Compras y Contrataciones, no nosotros”, expuso el abogado Félix Pujols Jerez, representante de los demandantes.
diariolibre.com
Economía
Gobierno destina RD$1,209.1 millones para mantener congelados precios de principales combustibles
El subsidio correspondiente a la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre permitirá mantener sin variación las gasolinas, los principales tipos de gasoil, el GLP y el gas natural
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano destinará RD$1,209.1 millones al subsidio de los combustibles durante la semana comprendida entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2026, como parte de las medidas implementadas para contener el impacto de las alzas internacionales sobre los consumidores.
De acuerdo con las informaciones suministradas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la intervención permitirá mantener sin variación los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoiles regular y óptimo, así como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.
La medida forma parte de los esfuerzos oficiales para amortiguar los efectos que el comportamiento del mercado energético internacional podría provocar sobre la economía doméstica y, particularmente, sobre los sectores de menores ingresos.
Subsidios de hasta RD$95.65 por galón
La mayor compensación será aplicada al gasoil regular, cuyo subsidio alcanzará los RD$95.65 por galón, mientras que para el gasoil óptimo será de RD$88.36.
Asimismo, el Gobierno asumirá RD$35.02 por cada galón de gasolina regular, RD$16.55 en la gasolina premium y RD$19.40 en el GLP.
Con esta nueva asignación, los recursos destinados por el Estado a subsidiar los combustibles superan los RD$28,000 millones en lo que va de 2026, según los datos suministrados.
Presiones provenientes del mercado internacional
La decisión se produce en un escenario internacional caracterizado por fuertes presiones sobre los precios de los productos derivados del petróleo.
Según la información suministrada para la noticia, las dificultades experimentadas por refinerías internacionales, vinculadas a los conflictos bélicos mencionados en el reporte, han incidido sobre los precios de productos terminados como las gasolinas y los gasoiles.
Los precios actualmente protegidos mediante el subsidio corresponden a los establecidos el pasado 13 de junio, cuando se anunció un período de congelamiento por 90 días dentro del denominado Plan Anticrisis, dirigido a preservar la estabilidad económica y reducir el impacto de las fluctuaciones internacionales sobre los hogares.
Algunos combustibles bajan y otros aumentan
Aunque los combustibles de mayor consumo permanecerán congelados, otros productos experimentarán modificaciones durante la semana.
El avtur disminuirá RD$6.27 por galón, mientras que el kerosene bajará RD$7.00. En sentido contrario, el fuel oil número 6 aumentará RD$0.30 y el fuel oil 1 % subirá RD$1.99.
La información suministrada establece, además, una tasa de cambio promedio semanal de RD$58.60, conforme a las publicaciones del Banco Central.
Mientras tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró el viernes en US$83.40 por barril, después de registrar una disminución de 0.16 %.
Una política para contener el impacto interno
La magnitud de los recursos destinados al subsidio refleja el costo fiscal que representa para el Estado mantener temporalmente aislados los precios internos de las presiones procedentes del mercado energético internacional.
Al mismo tiempo, la medida procura evitar que aumentos significativos en los combustibles se trasladen a otros componentes de la economía, especialmente transporte, producción y comercialización de bienes y servicios.
Fuente de los datos suministrados: El Caribe / Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Economía
Ahorro en dólares gana terreno entre dominicanos como alternativa para proteger sus recursos
Cerca del 30 % de los ahorros y captaciones del sistema financiero dominicano está denominado en moneda extranjera, una tendencia asociada a la búsqueda de estabilidad, planificación financiera y adquisición futura de activos.
SANTO DOMINGO.– El dólar continúa ganando espacio dentro de las estrategias de ahorro de los dominicanos, especialmente entre quienes buscan preservar el valor de sus recursos, planificar inversiones futuras o prepararse para compromisos financieros denominados en moneda extranjera.
La tendencia se refleja en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, según las cuales cerca del 30 % de los ahorros y captaciones del sistema financiero de República Dominicana está expresado en moneda extranjera, mientras que alrededor del 21.9 % de la cartera de crédito de las entidades bancarias corresponde a operaciones en dólares.
Aunque tradicionalmente el peso dominicano constituye la moneda utilizada por la mayoría de los hogares para manejar sus ingresos y gastos cotidianos, la posibilidad de diversificar los ahorros ha llevado a determinados segmentos de la población a mantener una parte de sus recursos en dólares.
Una decisión vinculada a la planificación
El economista y consultor financiero Jesús Martínez explica que el perfil de quienes acostumbran ahorrar en dólares generalmente está relacionado con personas que tienen compromisos futuros en esa moneda, contemplan adquirir determinados activos o utilizan la divisa como instrumento para trasladar valor económico del presente hacia el futuro.
Desde esta perspectiva, mantener recursos en dólares puede facilitar posteriormente operaciones que también estén denominadas en esa moneda, evitando realizar la conversión en el momento de efectuar la compra.
No obstante, esta alternativa no necesariamente resulta conveniente o accesible para todos los ciudadanos.
Martínez advierte que la decisión debe responder a una planificación financiera y a las condiciones económicas particulares de cada persona, especialmente cuando existe una finalidad concreta para esos recursos.
Inflación y depreciación influyen en las decisiones
El interés por diversificar los ahorros también está relacionado con la búsqueda de mecanismos que permitan enfrentar los efectos que pueden producir la inflación y las variaciones del tipo de cambio sobre el poder adquisitivo.
En ese contexto, algunos ahorrantes consideran conveniente distribuir sus recursos entre pesos dominicanos y monedas extranjeras, en lugar de concentrarlos completamente en una sola moneda.
Sin embargo, ahorrar en dólares tampoco significa automáticamente obtener una mayor rentabilidad.
La conveniencia de esta estrategia dependerá, entre otros elementos, de las tasas de interés ofrecidas, los costos de conversión, las comisiones bancarias y el objetivo para el cual se está acumulando el dinero.
Bancos ofrecen cuentas en moneda extranjera
Actualmente, numerosas entidades financieras dominicanas permiten abrir cuentas de ahorro en dólares.
Las condiciones varían dependiendo de cada institución y pueden incluir montos mínimos de apertura, balances mínimos y determinados cargos o comisiones.
Por esa razón, antes de abrir una cuenta de este tipo resulta conveniente conocer las condiciones aplicables y determinar cuánto dinero puede destinarse periódicamente al ahorro sin comprometer los gastos ordinarios.
También debe evaluarse la diferencia existente entre las tasas utilizadas para comprar y vender dólares.
Casas de cambio entran en la ecuación
Otro elemento que consideran los ahorrantes es el lugar donde adquieren las divisas.
Martínez señala que los agentes de cambio pueden ofrecer tasas diferentes a las disponibles en determinadas entidades bancarias, por lo que recomienda comparar antes de realizar una operación.
Asimismo, plantea prestar atención a los costos asociados a las transferencias y conversiones entre cuentas en pesos y dólares, debido a que esas condiciones pueden variar dependiendo de la entidad financiera y del tipo de operación realizada.
Diversificar, pero con objetivos claros
El crecimiento del ahorro en moneda extranjera muestra una transformación en la manera en que una parte de los dominicanos administra sus recursos.
Más que sustituir completamente el ahorro en pesos, la utilización del dólar aparece como una alternativa de diversificación financiera, particularmente para quienes tienen obligaciones, inversiones o proyectos futuros relacionados con esa moneda.
La clave, según las recomendaciones financieras recogidas, está en evitar convertir la adquisición de dólares en una decisión improvisada.
Definir el objetivo del ahorro, comparar tasas, conocer las comisiones y determinar la capacidad real de separar una parte de los ingresos son factores esenciales antes de adoptar esta estrategia.
En una economía cada vez más vinculada a los mercados internacionales, el dólar no solamente funciona como moneda para operaciones comerciales o viajes, sino que comienza a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de las decisiones de ahorro de los hogares dominicanos.
Fuente base: información suministrada por la usuaria, publicada originalmente por Listín Diario, con datos atribuidos a la Superintendencia de Bancos y declaraciones del economista Jesús Martínez.
Santo Domingo, R.D.-La empresa Central Romana manifestó que las acusaciones realizadas por el grupo humanitario Corporate Accountability Lab (CAL), indicando que en los campos de caña de la entidad persiste el “trabajo forzoso”, son “malintencionadas” con el objetivo de “interferir y afectar” al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
A través de una carta enviada al director del de un medio de comunicación, Miguel Franjul, Central Romana rechazó “categóricamente” la acusación y que el contenido de ese informe es “completamente difamatorio” y que ya dieron curso legal a la situación.
“Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS”, reseña la carta firmada por Jorge A. Sturla, quien es el vicepresidente de la empresa.
“A través de este gremio, los trabajadores negocian conquistas laborales como el Pacto Colectivo desde el año 1966, que incluye aumentos salariales y otros beneficios, como recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley al finalizar cada zafra azucarera, sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo”, explica Central Romana mediante la comunicación.
A continuación la carta integra enviada a este medio
En respuesta a la noticia publicada en el periódico LISTÍN DIARIO, tomada de la fuente de Associated Press, en la que un grupo de derechos humanos ha supuestamente determinado que en campos de caña de nuestra propiedad “persiste el trabajo forzado”, nos vemos en la necesidad de aclarar las siguientes peticiones que exige dicho grupo humanitario: “Corporate Accountability Lab (CAL) pidió a Central Romana que inscriba a los trabajadores en el sistema de seguridad social del país, les pague al menos el salario mínimo diario, les permita afiliarse a un sindicato independiente y proteja su salud, entre otras medidas”.
Primeramente, Central Romana rechaza categóricamente las acusaciones de trabajo forzoso contenidas en dicha publicación. No es sorpresa para nosotros estas alegaciones de CAL, que interpretamos como mal intencionadas para interferir y afectar al sector azucarero productivo de la República Dominicana.
El contenido de su informe es completamente difamatorio, como ya le hemos notificado en una carta dirigida a CAL por nuestros abogados. Nuestra empresa cumple con el debido registro de sus trabajadores ante el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), en el caso de todo aquél cuyo estatus migratorio esté regularizado. El SDSS no admite el registro de un trabajador sin su debida documentación. Sin embargo, nuestra empresa no distingue en la remuneración salarial ni aplica deducciones al sueldo de un empleado que no esté registrado en el SDSS.
Todos los trabajadores cañeros del Central Romana ganan por encima del salario mínimo diario establecido por ley en el sector azucarero. En cuanto a la afiliación a un sindicato independiente indicado por CAL, los empleados de Central Romana, incluyendo los trabajadores agrícolas, cuentan con la libertad de asociación al Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país.
Sobre la petición de proteger la salud de nuestros trabajadores, Central Romana proporciona un seguro médico privado, mediante un acuerdo con ARS Abel González, sin ningún tipo de descuento para los empleados que son trabajadores agrícolas y que no están amparados por el sistema de seguridad social. Esta iniciativa, pionera en el país, ha permitido brindar cobertura de salud privada a trabajadores cañeros y recibir atención médica en cualquier hospital del país.
Sin embargo, nuestra empresa ha complementado sus servicios de salud en las comunidades agrícolas durante décadas con dos Subcentros Médicos, que ofrecen atención primaria y medicamentos de manera gratuita a nuestros empleados y sus familiares.
Todo lo descrito anteriormente son acciones palpables y verificables que implementamos por convicción, por llevar a cabo una cultura empresarial de responsabilidad social certera y trascendental en la vida de nuestros empleados. Estas difamaciones se levantan en contra de la República Dominicana por sectores con intereses de afectar la imagen del país, su capacidad productiva y su incidencia socio-económica en los mercados comerciales internacionales.