Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.Más Noticias
Empresario solicitó a la Procuraduría invalidar concurso de brazaletes
Santo Domingo, RD.-Robert Rivera, presidente de la empresa Systemsflex, dedicada a los servicios de localización y rastreo satelital, envió una comunicación el pasado 18 de agosto a la procuradora Miriam Germán Brito, con copia a su adjunta Yeni Brenice Reynoso, en la que solicitaba invalidar el concurso realizado por la Procuraduría General de la República, sobre los brazaletes electrónicos que fueron adjudicados a una empresa denominada Data Track Soluctions, Datrasolt.El empresario indicó que el concurso fue realizado en medio de las elecciones del 5 de julio y la pandemia del Covid-19 (entre el 29 de junio al 10 de julio 2020), donde las empresas tenían 11 días para presentar sus propuestas y estaban trabajando a media capacidad.
“Es evidente que el concurso fue diseñado a la medida, y para favorecer personas de mucha influencia en las alturas del Palacio Nacional y el Procurador General de la República saliente, pues solo así se explica que se obviara la mala experiencia vivida con la empresa Monitoreo Dominicana”, dijo en la comunicación.
Indicó que la única empresa que hizo una propuesta y ganó la licitación fue Datrasolt, propiedad de Yuacal Leonel Elsevyf Báez, empezando los trabajos 18 días después de cerrado el concurso.
“Hacemos esta solicitud en vista de que dicho concurso fue realizado de manera apresurada, sospechosa y poco transparente en plenas elecciones nacionales presidenciales, congresuales y el subsiguiente período de transición del nuevo gobierno, afirmación que hacemos basados en el cronograma contenido en las bases del concurso aprobadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, el 25 de junio 2020, y publicadas rápidamente el 26 de junio del 2020”, aseguró.
La comunicación recibida a las 12: 50 de la tarde advierte que la empresa era de carpeta y tenía domicilio en la Eduardo Vicioso 87 donde estaban las oficinas de Global Monitoring Tracker.
“Según tenemos entendido ésta es una empresa de carpeta registrada con la misma dirección Eduardo Vicioso 87, y en el mismo local que funciona la empresa Global Monitoring Tracker que sí cuenta con las capacidades que demandan las bases para ofrecer el servicio y tiene cierto tiempo operando. Lo que evidencia es una suplantación de empresas, lo cual amerita ser investigado por las nuevas autoridades”, explicó.
Rivera señaló, además, varios de los procesos que desde el 2016 ocurrieron en la Procuraduría con la contratación de otras empresas para la adquisición de brazaletes, donde señala que Monitoreo Dominicana, cobraba los servicios a 500 dólares al mes, por imputado y tenía serias debilidades con el monitoreo de los imputados, había deficiencia en la supervisión de las personas que estaban como presos domiciliarios y la violación de las áreas de confinamiento por la deficiencias con los grilletes.
CONTROVERSIA
Alexis Medina.
En el conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el caso Anti Pulpo, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que los grilletes de localización que utiliza la Procuraduría General de la República (PGR) eran vendidos por empresas de Alexis Medina.
Oposición.
“No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes de la PGR, nuestra institución de trabajo, eran de Alexis Medina”, dijo Berenice.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.