Comunidad en el exterior
Empresarios caribeños se entrenan en Miami para enfrentar posibles secuestros
MIAMI (Florida).- Ante el aumento de los secuestros en varios países latinoamericanos, empresarios de la región buscan con frecuencia entrenamiento para prevenirse de este tipo de delitos en Miami, una ciudad que se está convirtiendo en la meca de entrenamiento de protección personal.
El auge delictivo en algunos países de América Latina y el Caribe como México, Venezuela o Haití, obliga también a los ciudadanos de esas naciones que residen en EE.UU. a contratar servicios especiales de escolta en la ciudad estadounidense cuando viajan a sus lugares de origen, según expertos en seguridad.
«En los últimos años he visto el aumento de clientes provenientes de México y el Caribe. Supongo que es debido al incremento del índice delictivo y los asuntos relacionadas con el narcotráfico», dijo Orlando Wilson, presidente de Risks Incorporated.
Más de dos tercios de los secuestros en el mundo ocurren en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell.
Las estadísticas sobre seguridad de varios países de la región muestran que el secuestro es un fenómeno que se ha agravado con el paso del tiempo en América Latina, en particular en países como México y Venezuela por causa del crimen organizado.
En Venezuela el número de secuestros pasó de cerca de un centenar a finales de los años 1990, según fuentes judiciales, a unos 1.200 en 2011, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, una organización no gubernamental.
México, por su parte, registró el año pasado la cifra más alta en su historia de secuestros con un total de 2.979 plagios, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
También en Brasil, Colombia y algunos países de Centroamérica y el Caribe son frecuentes este tipo de delitos.
Wilson, un exmilitar británico especializado en consultoría de seguridad y prevención de secuestro, dijo que comenzó a impartir cursos en Miami en el 2002 al detectar «una necesidad de este tipo de entrenamiento, especialmente para aquellos que viven en países de Latinoamérica y el Caribe».
«Los cursos están dirigidos a quienes están bajo potencial amenaza de secuestro y a los que están preocupados por su seguridad personal. Muchas personas no pueden costear o no quieren tener guardaespaldas y desean poder proteger su familia y a sí mismo», explicó.
Empresarios, ejecutivos y otros profesionales, aprenden tácticas de prevención, las dificultades de negociar el pago de un rescate, cómo comportarse durante las primeras horas de un rapto y a manejar armas de fuego.
«Nosotros enseñamos técnicas efectivas y simples que pueden ser usadas para evitar potenciales situaciones hostiles y si es necesario poder lidiar con ellas», dijo Wilson.
Su empresa ofrece además servicios de seguridad y de entrenamiento en armas de fuego para individuos e instituciones gubernamentales.
Por su parte, la compañía Grupo Opi de Venezuela suministra servicios de escolta, vehículos blindados y hasta helicópteros a quienes residen en Miami y viajan con frecuencia a Latinoamérica por negocios o para visitar a familiares.
«Decidimos poner el servicio a disposición de los venezolanos en Miami que viajan con frecuencia a ver a sus familiares. La idea es prestarles el servicio de seguridad desde el momento en que se bajan del avión hasta que vuelven a montarse», dijo a Efe el director comercial de esa empresa, Alfredo Palacios Ramírez.
El directivo explicó que las personas contactan a su empresa desde EE.UU. para contratar un vehículo blindado con chófer y escolta que las esperan en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en las afueras de Caracas, para trasladarlas hasta las residencias de sus familiares o a sus hoteles.
El servicio tiene un costo aproximado de entre 200 y 300 dólares y si se trata de ejecutivos de compañías trasnacionales que requieren el servicio 24 horas deben pagar alrededor de 1.000 dólares.
«La demanda se ha incrementado por los niveles de inseguridad que existen, pero donde hemos visto una mayor alza es en el sector corporativo. Cada vez es mayor la cantidad de ejecutivos que piden el servicio, fundamentalmente de empresas de España, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México», detalló el directivo.
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.