Nacionales
Senadores con la posibilidad de satisfacer empresarios sobre propuestas para modificar la cesantía laboral
Santo Domingo, R.D.-Este martes fue sometido nuevamente el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo en un proceso de revisión en el que participaron senadores, empresarios y sindicalistas, tras el mismo haber perimido el pasado 25 de julio al concluir la primera legislatura ordinaria de 2025 en el Congreso Nacional.
En esa ocasión, los representantes de la Cámara Alta lograron aprobar y enviar la pieza a la Cámara de Diputados sin alterar los artículos que versan sobre la cesantía laboral. Sin embargo, 10 asociaciones empresariales del país continúan considerando que este tema debe ser tocado por los congresistas.
Así lo afirmó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), César Dargam, quien, según dijo, intentan, por segunda vez consecutiva, que los senadores “ponderen” las múltiples opciones que variarían esta figura contenida en la ley.
Dargam no especificó ante los medios de comunicación todas las formas diferentes de cesantía que el país podría utilizar.
Mientras tanto, la opinión pública solo conoce el modelo compartido el pasado 4 de diciembre por el presidente del Conep, Celso Marranzini, de colocar un doble tope con el límite de seis años por antigüedad y un máximo de 10 salarios.
Dargam reiteró que las sugerencias de los sectores comerciales «no son un capricho», sino que, más bien, es el «sentimiento generalizado» para garantizar el desarrollo laboral de la sociedad dominicana.
«Reiteramos que no estamos aferrados a una posición y que tampoco en ningún momento hemos presentado la eliminación de la cesantía. Presentamos diferentes opciones que, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, generan mayor certidumbre y pueden contribuir con la formalidad del mercado», expresó.
Otras modificaciones
Por otro lado, Dargam presentó otras modificaciones que mejorarían la reforma legislativa al marco laboral.
Estas son la modernización de los procedimientos, digitalización de trámites contenidos en la ley vigente, así como incorporación de nuevos elementos.
«Incorporación de normativas. Por ejemplo, resoluciones que han sido tomadas por el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años», precisó.
El presidente de la comisión especial, senador Rafael Duluc, adelantó que revisarán las multas y sanciones establecidas en el proyecto de ley.
«Confianza en los legisladores»
Los sectores sindicalistas han trazado un repentino cambio en su manera de visualizar a los senadores.
Pasando de advertir con la realización de protestas sociales a confiar en que estos mantendrán intactos los derechos adquiridos de los trabajadores, dentro de lo que se encuentra la cesantía.
«Hemos venido a reconocer el trabajo de esta comisión y un poquito a rendir tributo a su coherencia. En un momento tuvimos divergencia, choques, pero eso es natural en los procesos democráticos. Damos las gracias…».
Estas fueron las palabras de Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en representación de otras tres entidades que también participaron en la mesa de diálogo.
No obstante, el senador Duluc recordó que «al igual que los trabajadores mantienen su posición de que la cesantía no sea tocada. También es un derecho del empresario presentar sus posiciones».
La comisión informó que leerán de manera íntegra el documento para lograr entregar al pleno del Senado un informe favorable, recomendando la aprobación de la pieza.
Sectores consultados
Como parte del conglomerado sindicalistas participaron en la primera etapa de la reunión representaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
Mientras que en la segunda fase, sin la presencia de las agrupaciones antes mencionadas, estuvo la Asociación de Industrias (AIRD), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).
Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Confederación Patronal (Copardom) y Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).
Nacionales
Jueza escuchó varios testigos del Ministerio Público contra Elizabeth Silverio y aplaza juicio
SANTO DOMINGO.- La jueza de la Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Aplazan para marzo nuevo juicio contra Elizabeth Silverio por ejercicio ilegal de la medicina
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Nacionales
Aplazan para abril inicio de la audiencia preliminar del exjefe de la DEA en República Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia concedió un aplazamiento de la audiencia inicial en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado abusando del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Motivos para la prórroga
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
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Tribunal ratifica medida de coerción contra ejecutivas del colegio Da Vinci por muerte de Stephora
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.