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Senadores con la posibilidad de satisfacer empresarios sobre propuestas para modificar la cesantía laboral
Santo Domingo, R.D.-Este martes fue sometido nuevamente el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo en un proceso de revisión en el que participaron senadores, empresarios y sindicalistas, tras el mismo haber perimido el pasado 25 de julio al concluir la primera legislatura ordinaria de 2025 en el Congreso Nacional.
En esa ocasión, los representantes de la Cámara Alta lograron aprobar y enviar la pieza a la Cámara de Diputados sin alterar los artículos que versan sobre la cesantía laboral. Sin embargo, 10 asociaciones empresariales del país continúan considerando que este tema debe ser tocado por los congresistas.
Así lo afirmó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), César Dargam, quien, según dijo, intentan, por segunda vez consecutiva, que los senadores “ponderen” las múltiples opciones que variarían esta figura contenida en la ley.
Dargam no especificó ante los medios de comunicación todas las formas diferentes de cesantía que el país podría utilizar.
Mientras tanto, la opinión pública solo conoce el modelo compartido el pasado 4 de diciembre por el presidente del Conep, Celso Marranzini, de colocar un doble tope con el límite de seis años por antigüedad y un máximo de 10 salarios.
Dargam reiteró que las sugerencias de los sectores comerciales «no son un capricho», sino que, más bien, es el «sentimiento generalizado» para garantizar el desarrollo laboral de la sociedad dominicana.
«Reiteramos que no estamos aferrados a una posición y que tampoco en ningún momento hemos presentado la eliminación de la cesantía. Presentamos diferentes opciones que, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, generan mayor certidumbre y pueden contribuir con la formalidad del mercado», expresó.
Otras modificaciones
Por otro lado, Dargam presentó otras modificaciones que mejorarían la reforma legislativa al marco laboral.
Estas son la modernización de los procedimientos, digitalización de trámites contenidos en la ley vigente, así como incorporación de nuevos elementos.
«Incorporación de normativas. Por ejemplo, resoluciones que han sido tomadas por el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años», precisó.
El presidente de la comisión especial, senador Rafael Duluc, adelantó que revisarán las multas y sanciones establecidas en el proyecto de ley.
«Confianza en los legisladores»
Los sectores sindicalistas han trazado un repentino cambio en su manera de visualizar a los senadores.
Pasando de advertir con la realización de protestas sociales a confiar en que estos mantendrán intactos los derechos adquiridos de los trabajadores, dentro de lo que se encuentra la cesantía.
«Hemos venido a reconocer el trabajo de esta comisión y un poquito a rendir tributo a su coherencia. En un momento tuvimos divergencia, choques, pero eso es natural en los procesos democráticos. Damos las gracias…».
Estas fueron las palabras de Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en representación de otras tres entidades que también participaron en la mesa de diálogo.
No obstante, el senador Duluc recordó que «al igual que los trabajadores mantienen su posición de que la cesantía no sea tocada. También es un derecho del empresario presentar sus posiciones».
La comisión informó que leerán de manera íntegra el documento para lograr entregar al pleno del Senado un informe favorable, recomendando la aprobación de la pieza.
Sectores consultados
Como parte del conglomerado sindicalistas participaron en la primera etapa de la reunión representaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
Mientras que en la segunda fase, sin la presencia de las agrupaciones antes mencionadas, estuvo la Asociación de Industrias (AIRD), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).
Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Confederación Patronal (Copardom) y Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.