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Senadores con la posibilidad de satisfacer empresarios sobre propuestas para modificar la cesantía laboral
Santo Domingo, R.D.-Este martes fue sometido nuevamente el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo en un proceso de revisión en el que participaron senadores, empresarios y sindicalistas, tras el mismo haber perimido el pasado 25 de julio al concluir la primera legislatura ordinaria de 2025 en el Congreso Nacional.
En esa ocasión, los representantes de la Cámara Alta lograron aprobar y enviar la pieza a la Cámara de Diputados sin alterar los artículos que versan sobre la cesantía laboral. Sin embargo, 10 asociaciones empresariales del país continúan considerando que este tema debe ser tocado por los congresistas.
Así lo afirmó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), César Dargam, quien, según dijo, intentan, por segunda vez consecutiva, que los senadores “ponderen” las múltiples opciones que variarían esta figura contenida en la ley.
Dargam no especificó ante los medios de comunicación todas las formas diferentes de cesantía que el país podría utilizar.
Mientras tanto, la opinión pública solo conoce el modelo compartido el pasado 4 de diciembre por el presidente del Conep, Celso Marranzini, de colocar un doble tope con el límite de seis años por antigüedad y un máximo de 10 salarios.
Dargam reiteró que las sugerencias de los sectores comerciales «no son un capricho», sino que, más bien, es el «sentimiento generalizado» para garantizar el desarrollo laboral de la sociedad dominicana.
«Reiteramos que no estamos aferrados a una posición y que tampoco en ningún momento hemos presentado la eliminación de la cesantía. Presentamos diferentes opciones que, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, generan mayor certidumbre y pueden contribuir con la formalidad del mercado», expresó.
Otras modificaciones
Por otro lado, Dargam presentó otras modificaciones que mejorarían la reforma legislativa al marco laboral.
Estas son la modernización de los procedimientos, digitalización de trámites contenidos en la ley vigente, así como incorporación de nuevos elementos.
«Incorporación de normativas. Por ejemplo, resoluciones que han sido tomadas por el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años», precisó.
El presidente de la comisión especial, senador Rafael Duluc, adelantó que revisarán las multas y sanciones establecidas en el proyecto de ley.
«Confianza en los legisladores»
Los sectores sindicalistas han trazado un repentino cambio en su manera de visualizar a los senadores.
Pasando de advertir con la realización de protestas sociales a confiar en que estos mantendrán intactos los derechos adquiridos de los trabajadores, dentro de lo que se encuentra la cesantía.
«Hemos venido a reconocer el trabajo de esta comisión y un poquito a rendir tributo a su coherencia. En un momento tuvimos divergencia, choques, pero eso es natural en los procesos democráticos. Damos las gracias…».
Estas fueron las palabras de Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en representación de otras tres entidades que también participaron en la mesa de diálogo.
No obstante, el senador Duluc recordó que «al igual que los trabajadores mantienen su posición de que la cesantía no sea tocada. También es un derecho del empresario presentar sus posiciones».
La comisión informó que leerán de manera íntegra el documento para lograr entregar al pleno del Senado un informe favorable, recomendando la aprobación de la pieza.
Sectores consultados
Como parte del conglomerado sindicalistas participaron en la primera etapa de la reunión representaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
Mientras que en la segunda fase, sin la presencia de las agrupaciones antes mencionadas, estuvo la Asociación de Industrias (AIRD), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).
Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Confederación Patronal (Copardom) y Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).
SANTO DOMINGO.- Fueron aumentada 20 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y se mantienen siete en verde, ya que continuarán las lluvias como consecuencia de una vaguada y del colentamiento diurno, segun el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)
Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Monte Cristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte(el Bajo Yuna), El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.
Mientras que en alerta verde están María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Elías Piña y Azúa.
Más de 500 mil usuarios recuperan servicio agua potable tras lluvias, informa el COE
En ese sentido, el organismo recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
Mientras que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
Nacionales
PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Fue dejado en estado de fallo el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos implicados en el presunto entramado de corrupción administrativa fueron procesados tras haber sido desarticulada la red mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
La magistrada Gisselle Méndez destacó que el tribunal recibió todos los argumentos, conclusiones y réplicas de las partes, asegurando que se ha cumplido con el debido proceso para garantizar una decisión apegada a la ley.
El Ministerio Público, representado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un equipo de fiscales, solicitó al tribunal condenas que oscilan entre los cinco y 20 años de prisión. Además, el órgano persecutor requiere el decomiso de bienes millonarios, alegando que fueron adquiridos con fondos sustraídos del erario.
A esta petición se sumaron los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), quienes representan al Estado dominicano como parte civil, solicitando la reparación económica por los daños causados.
Los abogados defensores de los encartados solicitaron al tribunal una sentencia de absolución total.
Los abogados argumentaron que el Ministerio Público no logró sustentar las acusaciones ni destruir la presunción de inocencia de sus representados, calificando las pruebas presentadas como insuficientes para una condena.
El caso Coral involucra una supuesta red criminal que habría sustraído más de RD$4,500 millones del Estado dominicano. Entre los principales acusados figuran los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo De los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.
También figuran en el expediente Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.