Nacionales
Senadores con la posibilidad de satisfacer empresarios sobre propuestas para modificar la cesantía laboral
Santo Domingo, R.D.-Este martes fue sometido nuevamente el proyecto que busca reformar la Ley 16-92 del Código de Trabajo en un proceso de revisión en el que participaron senadores, empresarios y sindicalistas, tras el mismo haber perimido el pasado 25 de julio al concluir la primera legislatura ordinaria de 2025 en el Congreso Nacional.
En esa ocasión, los representantes de la Cámara Alta lograron aprobar y enviar la pieza a la Cámara de Diputados sin alterar los artículos que versan sobre la cesantía laboral. Sin embargo, 10 asociaciones empresariales del país continúan considerando que este tema debe ser tocado por los congresistas.
Así lo afirmó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), César Dargam, quien, según dijo, intentan, por segunda vez consecutiva, que los senadores “ponderen” las múltiples opciones que variarían esta figura contenida en la ley.
Dargam no especificó ante los medios de comunicación todas las formas diferentes de cesantía que el país podría utilizar.
Mientras tanto, la opinión pública solo conoce el modelo compartido el pasado 4 de diciembre por el presidente del Conep, Celso Marranzini, de colocar un doble tope con el límite de seis años por antigüedad y un máximo de 10 salarios.
Dargam reiteró que las sugerencias de los sectores comerciales «no son un capricho», sino que, más bien, es el «sentimiento generalizado» para garantizar el desarrollo laboral de la sociedad dominicana.
«Reiteramos que no estamos aferrados a una posición y que tampoco en ningún momento hemos presentado la eliminación de la cesantía. Presentamos diferentes opciones que, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, generan mayor certidumbre y pueden contribuir con la formalidad del mercado», expresó.
Otras modificaciones
Por otro lado, Dargam presentó otras modificaciones que mejorarían la reforma legislativa al marco laboral.
Estas son la modernización de los procedimientos, digitalización de trámites contenidos en la ley vigente, así como incorporación de nuevos elementos.
«Incorporación de normativas. Por ejemplo, resoluciones que han sido tomadas por el Ministerio de Trabajo desde hace muchos años», precisó.
El presidente de la comisión especial, senador Rafael Duluc, adelantó que revisarán las multas y sanciones establecidas en el proyecto de ley.
«Confianza en los legisladores»
Los sectores sindicalistas han trazado un repentino cambio en su manera de visualizar a los senadores.
Pasando de advertir con la realización de protestas sociales a confiar en que estos mantendrán intactos los derechos adquiridos de los trabajadores, dentro de lo que se encuentra la cesantía.
«Hemos venido a reconocer el trabajo de esta comisión y un poquito a rendir tributo a su coherencia. En un momento tuvimos divergencia, choques, pero eso es natural en los procesos democráticos. Damos las gracias…».
Estas fueron las palabras de Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en representación de otras tres entidades que también participaron en la mesa de diálogo.
No obstante, el senador Duluc recordó que «al igual que los trabajadores mantienen su posición de que la cesantía no sea tocada. También es un derecho del empresario presentar sus posiciones».
La comisión informó que leerán de manera íntegra el documento para lograr entregar al pleno del Senado un informe favorable, recomendando la aprobación de la pieza.
Sectores consultados
Como parte del conglomerado sindicalistas participaron en la primera etapa de la reunión representaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).
Mientras que en la segunda fase, sin la presencia de las agrupaciones antes mencionadas, estuvo la Asociación de Industrias (AIRD), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).
Asimismo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Confederación Patronal (Copardom) y Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo).
Nacionales
Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032
Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.
Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.
El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.
«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.
Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.
El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez
Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.
«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.
El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.
Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.
«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.
Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.
La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.
Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.
Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.
Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.
Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.
Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía que incluye la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.
Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.
En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.
El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.
La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.
El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.
Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.
Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.
En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.
En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.
El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.