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Diferentes sectores participan en vistas públicas sobre la reforma fiscal
Santo Domingo, R.D.-Diversos sectores de la vida nacional tienen la oportunidad de presentar durante cinco minutos ante el Congreso Nacional su parecer respecto al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo ante la sociedad hace una semana.
Uno de estos grupos fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), representada por su presidente y vicepresidente ejecutivo, Celso Juan Marranzini y Cesar Dargam, respectivamente, quienes indicaron que la propuesta del gremio que agrupa a los empresarios está guiada por trabajos de más de un año en conjunto a grupos empresariales.
“Nuestra propuesta se basa en un equilibrio entre el desarrollo productivo y el bienestar de las personas y de la población, nuestra propuesta se basa en tomar en cuenta la capacidad de la competitividad de las empresas siempre mirando hacia el exterior, a la importación, a otros sectores de otros países competidores de nosotros y nuestra propuesta se basa en la mejora continua del gasto público, de controlar la evasión, la elusión y también ver esto como un pacto de nación”, manifestó Marranzini.
Aludió que esto debe ir a la par de la mejora del gasto público, el déficit energético y temas con impacto a la ciudadanía.
Dargam resumió la propuesta que abarca aspectos relacionados a que los egresos actuales en el país superan los ingresos y temas estructurales que “drenan” la capacidad de recursos del Estado dominicano, citando en ese sentido el déficit eléctrico, el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación, la consolidación de la deuda pública y los niveles de informalidad.
Atendiendo a estas problemáticas el Conep presentó ante los legisladores planteamientos que busquen la solución de los aspectos versados en tres pilares, siendo estos la racionalización del gasto; aplicación de medidas no tributarias, más bien administrativas que apuesten a la digitalización y medidas tributarias.
“Al final del día coincidimos con todas las medidas que vayan orientadas a proteger a los sectores con menos poder adquisitivo, todas las medidas que permitan que la pujante y creciente clase media de la República Dominicana se pueda seguir desarrollando y todas las medidas que permitan que los distintos sectores de nuestra economía puedan desarrollarse y aportar también al futuro de nuestro país a través de la inversión y de la generación de empleo”, concluyó.
Opción Democrática
De su lado, el partido de oposición, Opción Democrática (OD) rechazó el proyecto de ley de modernización fiscal, alegando que se trata de un aumento de recaudación de impuestos “que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza”.
Virginia Antares, ex candidata presidencial de la organización, fue quien habló ante los presentes e indicó que en los últimos 40 años, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), cada vez es mayor y orientado a productos de consumo de la canasta básica, afectando a los más desfavorecidos.
“Ustedes honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo a comparación del salario promedio de nuestra República Dominicana que es de RD$ 33,000 pesos en promedio, pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro, el ajo, la cebolla, las habichuelas, la carne o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasaran a pagar el impuesto del patrimonio inmobiliario o IPI”, dijo.
Antares calificó como “injusto” someter a la población a pagar mayores impuestos y costos, al tiempo que resaltó que los legisladores no han reducido “gastos clientelares como el barrilito, cuando el gobierno malgasta ocho mil millones de pesos anuales en propaganda o cuando las perdidas en el sistema eléctrico han aumentado en los últimos cuatro años”.
Como contra propuesta, desde la organización política presentaron realizar una auditoría a la deuda pública y atacar la evasión de impuestos para evitar “cargar más a los que ya pagan”.
Colegio Médico
En representación del Colegio Médico Dominicano (CMD), el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, reconoció que el proyecto presenta “ventajas” como es la eliminación de anticipos a personas físicas, incorporación de oficio a contribuyentes que califiquen en el régimen simplificado de tributación, la excepción de pago de del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las micro y pequeñas empresas durante los primeros tres ejercicios fiscales.
Mientras que los que puntos desfavorables criticaron el cambio del monto de la excepción de la vivienda de bajo costo, así como el cambio del monto para la Declaración Jurada de Patrimonio, ambos aspectos sobre los que solicitaron debería mantenerse como se en establece en la actualidad.
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Por alegada difamacion e injuria se querella el abogado defensor de Jean Alain Rodríguez contra titular de la PEPCA.
Santo Domingo, RD. – Carlos Balcarce, abogado del exprocurador Jean Alain Rodríguez, presentó una querella contra Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), por presunta difamación e injuria en su perjuicio.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reprogramaron la audiencia para el próximo 23 de junio a las 11:00 a.m., con el fin de remitir el expediente a la Oficina Nacional de Defensoría Pública, para que se le asigne un defensor público a la titular de la PEPCA.
En la querella, el abogado Balcarce solicita que se imponga una pena suspendida y el pago de una indemnización de 25 millones de pesos a favor del Cuerpo de Bomberos de Jimaní, argumentando que los días 17 y 25 de febrero de este año, Mirna Ortiz declaró ante más de 10 millones de personas que “el consejo de Jean Alain lució desorganizado” y que supuestamente estaba “obstruyendo la marcha normativa del segundo colegio de jueces”.
Por su parte, Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, señaló que la querella busca amedrentar la lucha contra la corrupción y que Jean Alain Rodríguez intenta evadir el análisis de las pruebas en su contra. “Estaremos al pie del cañón y también en Ciudad Nueva, presentes en todo el proceso”, afirmó Camacho.
Agregó que este caso representa una estrategia de ensañamiento de Jean Alain Rodríguez contra una mujer, buscando apartar a Mirna Ortiz del proceso y continuar evitando la discusión de las pruebas que pesan sobre él.
Camacho enfatizó: “Jean Alain no nos amedrentó cuando era Procurador General de la República, y no lo hará ahora. Seguiremos firmes y vigilantes en este proceso y en los que se siguen en su contra”.
Santo Domingo. Las pandillas armadas que operan en Haití no pueden acercarse a la frontera y se han dado instrucciones precisas a las Fuerzas Armadas para responder ante cualquier amenaza contra el territorio nacional, según lo advirtió el presidente Luis Abinader.
«Nosotros no vamos a permitir que esas bandas se acerquen a nuestra frontera. Las Fuerzas Armadas saben cómo tienen que actuar», afirmó el mandatario durante una presentación de la estrategia «Frontera Fuerte», realizada junto al alto mando militar y ejecutivos de medios de comunicación.
La advertencia se produce en medio del agravamiento de la crisis de seguridad en Haití, donde grupos armados han ampliado su control territorial, situación que ha llevado al Gobierno dominicano a reforzar su capacidad operativa a lo largo de los 391 kilómetros de frontera terrestre que comparte con el vecino país.
Como parte de las medidas anunciadas, el Gobierno incorporará 1,500 soldados adicionales a los 9,500 militares que ya prestan servicio permanente en la frontera.
Además, Abinader ordenó acelerar la expansión de la verja perimetral inteligente mediante la construcción de 13 kilómetros adicionales, que se sumarán a los 54 kilómetros ya construidos, con el objetivo de fortalecer la capacidad de disuasión y respuesta ante cualquier amenaza.
La estrategia también contempla la reorganización de la vigilancia fronteriza mediante ocho áreas operativas supervisadas por oficiales superiores para aumentar el control territorial y la capacidad de reacción.
El Ministerio de Defensa informó que la frontera cuenta con una red integrada de vigilancia apoyada por drones, cámaras de circuito cerrado y sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar movimientos de personas y vehículos en zonas vulnerables.
La infraestructura tecnológica incluye además 19 sistemas de fibra óptica, 28 kilómetros de iluminación ya instalados y otros 13 kilómetros proyectados, como parte del fortalecimiento de la seguridad fronteriza.
Entre las capacidades incorporadas figura el empleo de los aviones TP-75 Dulus, la primera aeronave militar ensamblada en República Dominicana, utilizada para patrullaje, reconocimiento y vigilancia aérea de la frontera.
El Gobierno sostiene que la estrategia no se limita al componente militar, sino que busca impulsar el desarrollo económico de las provincias fronterizas.
Entre los proyectos presentados figuran la ampliación y modernización de los mercados binacionales de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, considerados puntos clave para el comercio formal entre ambos países. Según el Ministerio de Defensa, estos espacios contribuyen al abastecimiento regional, la generación de empleos y la formalización de las actividades comerciales.
Asimismo, se anunciaron nuevas escuelas vocacionales, la construcción de instalaciones militares, proyectos aeroportuarios en Dajabón y San Juan, así como la expansión del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 hacia provincias fronterizas.
Durante la presentación también se abordó la situación de Tilory, una zona fronteriza que las autoridades consideran un problema histórico debido a la ocupación irregular de espacios establecidos en los acuerdos fronterizos de 1936.
Según el informe oficial, durante décadas la franja de seguridad de 30 metros a ambos lados de la Carretera Internacional ha sido ocupada por asentamientos informales y mercados improvisados, dificultando el control territorial y las labores de vigilancia. Las autoridades sostienen que la recuperación y reorganización de esa área es fundamental para fortalecer la soberanía y la seguridad nacional.
Al concluir la actividad, Abinader reiteró que la prioridad del Gobierno es garantizar la seguridad del territorio dominicano frente a la crisis haitiana.
«Sin defensa no hay soberanía; sin soberanía no hay nación», señala el documento estratégico presentado por el Ministerio de Defensa.
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Quedan en estado de fallo en el TSE acciones contra reglamento de la JCE que limita publicación de encuestas
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo acciones legales interpuestas en contra del reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas antes del período de precampaña.
Esto significa que los magistrados del alto tribunal deliberarán sobre el caso, tomando en consideración los argumentos presentados por las partes durante la audiencia de este martes 9 de junio, y luego les notificará a través de su secretaría.
La fusión resultó de la agrupación de un recurso contencioso electoral en nulidad contra la referida disposición de la JCE y una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia para suspender la ejecución inmediata de la normativa.
- La audiencia estuvo encabezada por el presidente del TSE, Ygnacio Camacho Hidalgo, junto a los magistrados Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.
El pasado 27 de mayo, la entidad sin fines de lucro Justicia Sin Fronteras depositó ante el TSE dos acciones contra el reglamento de la JCE que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.
Esta decisión es la que prohíbe la divulgación de encuestas en medios de comunicación hasta el primer domingo de julio de 2027 (el inicio de la precampaña).
Asimismo, sostuvo que el reglamento contraviene el artículo 212 de la Carta Magna (de las atribuciones de la JCE) y los artículos 212 al 216 de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral (relativos a las encuestas políticas y su publicación).
«La Junta se ha adjudicado facultades que no le corresponden, que le corresponden al legislador; donde el legislador no previó, la JCE no puede decidir», expresó el jurista.
Feliz reiteró que la Ley 20-23 únicamente prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que, a su juicio, el órgano comicial no puede atribuirse competencias que no están expresamente contempladas en la legislación vigente.
Frente a los argumentos sobre un supuesto exceso en el ejercicio de sus facultades, la JCE, representada por su consultora jurídica, Nikauris Báez, sostuvo que la institución posee las competencias para regular estos aspectos como una derivación de las prohibiciones y limitaciones ya previstas en el marco jurídico dominicano.
«Los pasos que ha dado la Junta Central Electoral se corresponden con su deseo genuino de garantizarle al pueblo y al Estado dominicano un período de sosiego, la integridad de las elecciones y que nadie, ningún candidato o partido político, tenga una ventaja en la percepción ciudadana», expresó.
La funcionaria agregó que las disposiciones relativas a los plazos para la publicación de encuestas también encuentran sustento en principios previamente reconocidos por el propio Tribunal Superior Electoral y tienen como finalidad preservar la equidad en la competencia política.
Sorpresivamente, la JCE vio oportuno que el TSE acoja en cuanto al fondo el recurso contencioso electoral interpuesto por Justicia Sin Fronteras, al considerar que el conflicto presenta al tribunal la oportunidad de sentar un precedente en materia de jurisdicción electoral.
Báez señaló que el órgano electoral no pretende impedir que los partidos políticos realicen mediciones o estudios sobre el posicionamiento de sus aspirantes y estructuras partidarias. Sin embargo, precisó que la difusión pública de esos resultados podría influir en el electorado y convertirse en una actividad de carácter proselitista.
En ese sentido, argumentó que el posicionamiento anticipado de determinados aspirantes ante la opinión pública podría constituir un acto previo de precampaña o campaña electoral, afectando las condiciones de igualdad entre los competidores.