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Diferentes sectores participan en vistas públicas sobre la reforma fiscal
Santo Domingo, R.D.-Diversos sectores de la vida nacional tienen la oportunidad de presentar durante cinco minutos ante el Congreso Nacional su parecer respecto al proyecto de reforma fiscal presentado por el Poder Ejecutivo ante la sociedad hace una semana.
Uno de estos grupos fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), representada por su presidente y vicepresidente ejecutivo, Celso Juan Marranzini y Cesar Dargam, respectivamente, quienes indicaron que la propuesta del gremio que agrupa a los empresarios está guiada por trabajos de más de un año en conjunto a grupos empresariales.
“Nuestra propuesta se basa en un equilibrio entre el desarrollo productivo y el bienestar de las personas y de la población, nuestra propuesta se basa en tomar en cuenta la capacidad de la competitividad de las empresas siempre mirando hacia el exterior, a la importación, a otros sectores de otros países competidores de nosotros y nuestra propuesta se basa en la mejora continua del gasto público, de controlar la evasión, la elusión y también ver esto como un pacto de nación”, manifestó Marranzini.
Aludió que esto debe ir a la par de la mejora del gasto público, el déficit energético y temas con impacto a la ciudadanía.
Dargam resumió la propuesta que abarca aspectos relacionados a que los egresos actuales en el país superan los ingresos y temas estructurales que “drenan” la capacidad de recursos del Estado dominicano, citando en ese sentido el déficit eléctrico, el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación, la consolidación de la deuda pública y los niveles de informalidad.
Atendiendo a estas problemáticas el Conep presentó ante los legisladores planteamientos que busquen la solución de los aspectos versados en tres pilares, siendo estos la racionalización del gasto; aplicación de medidas no tributarias, más bien administrativas que apuesten a la digitalización y medidas tributarias.
“Al final del día coincidimos con todas las medidas que vayan orientadas a proteger a los sectores con menos poder adquisitivo, todas las medidas que permitan que la pujante y creciente clase media de la República Dominicana se pueda seguir desarrollando y todas las medidas que permitan que los distintos sectores de nuestra economía puedan desarrollarse y aportar también al futuro de nuestro país a través de la inversión y de la generación de empleo”, concluyó.
Opción Democrática
De su lado, el partido de oposición, Opción Democrática (OD) rechazó el proyecto de ley de modernización fiscal, alegando que se trata de un aumento de recaudación de impuestos “que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza”.
Virginia Antares, ex candidata presidencial de la organización, fue quien habló ante los presentes e indicó que en los últimos 40 años, el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), cada vez es mayor y orientado a productos de consumo de la canasta básica, afectando a los más desfavorecidos.
“Ustedes honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo a comparación del salario promedio de nuestra República Dominicana que es de RD$ 33,000 pesos en promedio, pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro, el ajo, la cebolla, las habichuelas, la carne o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasaran a pagar el impuesto del patrimonio inmobiliario o IPI”, dijo.
Antares calificó como “injusto” someter a la población a pagar mayores impuestos y costos, al tiempo que resaltó que los legisladores no han reducido “gastos clientelares como el barrilito, cuando el gobierno malgasta ocho mil millones de pesos anuales en propaganda o cuando las perdidas en el sistema eléctrico han aumentado en los últimos cuatro años”.
Como contra propuesta, desde la organización política presentaron realizar una auditoría a la deuda pública y atacar la evasión de impuestos para evitar “cargar más a los que ya pagan”.
Colegio Médico
En representación del Colegio Médico Dominicano (CMD), el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, reconoció que el proyecto presenta “ventajas” como es la eliminación de anticipos a personas físicas, incorporación de oficio a contribuyentes que califiquen en el régimen simplificado de tributación, la excepción de pago de del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las micro y pequeñas empresas durante los primeros tres ejercicios fiscales.
Mientras que los que puntos desfavorables criticaron el cambio del monto de la excepción de la vivienda de bajo costo, así como el cambio del monto para la Declaración Jurada de Patrimonio, ambos aspectos sobre los que solicitaron debería mantenerse como se en establece en la actualidad.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.