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Empresarios ponen otra vez el dedo en la llaga del sistema eléctrico
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Usuarios no Regulados, dijeron hoy entender que no existen mayores obstáculos para concertar un pacto eléctrico, si bien será “duro” no desviarse de él y dar estricto seguimiento al cronograma que se adopte para que no sea desviado por los intereses políticos o económicos “de turno”.
Hablando a nombre de ambas organizaciones durante un desayuno con la participación del administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, la empresaria Ligia Bonetti dijo en su discurso que la falta de solución integral a la prolongada crisis del sistema de electricidad ha tenido graves implicaciones en la vida social y económica “por la cantidad de recursos sustraídos de otras obligaciones estatales y del bolsillo de quienes sí pagan el servicio sin que haya mejoría”.
la dirigente empresarial citó la necesidad de un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo para cada área del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y regulación), y que los datos del sector sean publicados con periodicidad mensual.
Bonetti aprovechó para resaltar las coincidencias entre las propuestas de las organizaciones convocantes al encuentro con los planteamientos reiterados del presidente Danilo Medina, lo que la lleva a la conclusión de que no habrá grandes dificultades para arribar a un acuerdo.
Entre las propuestas en cuestión, la dirigente empresarial citó la necesidad de un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo para cada área del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y regulación), y que los datos del sector sean publicados con periodicidad mensual.
“Toda la información comercial y técnica de las EDEs, CDEEE, EGEHID, y ETED, debe transparentarse para poder monitorear los avances alcanzados o si existen desviaciones de la ruta crítica cuáles medidas hay que tomar para recuperar el tiempo perdido”, dijo Bonetti.
Los empresarios representados aspiran también a que, en cumplimiento del decreto 923-09, todavía no derogado, durante los próximos dos años la vicepresidencia ejecutiva de la CDEEE lidere y coordine las estrategias, objetivos, actuaciones, manejo de ingresos, gastos de inversión de las empresas eléctricas estatales.
Bonetti retomó las reservas del sector empresarial frente a la construcción de plantas eléctricas por el Estado.
Con ello se busca poner fin a la existencia de consejos de administración en cada distribuidora o institución que tomen decisiones particulares que no corresponden con una solución integral y que, por otro lado, exista En ese sentido, dijo que el país no puede seguirse dando el lujo de que existan consejos de administración en cada distribuidora o institución que tomen decisiones particulares y no alineadas a una solución integral y que por otro lado exista una Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) “que prácticamente se ha convertido en una CDEEE paralela, donde se gasta más que lo que se invierte”.
Bonetti retomó las reservas del sector empresarial frente a la construcción de plantas eléctricas por el Estado, decisión que si bien saluda no deja hacerlo pensar si la inversión que se realiza servirá de excusa para no tomar decisiones políticas que son indispensables para reducir las pérdidas y castigar el robo de electricidad.
Tras referirse a otros males consuetudinarios del sistema de electricidad dominicano, la dirigente empresarial concluyó solicitando al presidente Medina que su solución sea asumida de una vez por todas como objetivo de alta y estratégica prioridad para el desarrollo económico y social, de modo que en la tercera década del siglo “ “no tengamos que avergonzarnos del principal problema de competitividad de nuestro país y del sector industrial”.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.