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Empresarios ponen otra vez el dedo en la llaga del sistema eléctrico
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) y la Asociación Nacional de Usuarios no Regulados, dijeron hoy entender que no existen mayores obstáculos para concertar un pacto eléctrico, si bien será “duro” no desviarse de él y dar estricto seguimiento al cronograma que se adopte para que no sea desviado por los intereses políticos o económicos “de turno”.
Hablando a nombre de ambas organizaciones durante un desayuno con la participación del administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Bichara, la empresaria Ligia Bonetti dijo en su discurso que la falta de solución integral a la prolongada crisis del sistema de electricidad ha tenido graves implicaciones en la vida social y económica “por la cantidad de recursos sustraídos de otras obligaciones estatales y del bolsillo de quienes sí pagan el servicio sin que haya mejoría”.
la dirigente empresarial citó la necesidad de un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo para cada área del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y regulación), y que los datos del sector sean publicados con periodicidad mensual.
Bonetti aprovechó para resaltar las coincidencias entre las propuestas de las organizaciones convocantes al encuentro con los planteamientos reiterados del presidente Danilo Medina, lo que la lleva a la conclusión de que no habrá grandes dificultades para arribar a un acuerdo.
Entre las propuestas en cuestión, la dirigente empresarial citó la necesidad de un cronograma de actividades a corto, mediano y largo plazo para cada área del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y regulación), y que los datos del sector sean publicados con periodicidad mensual.
“Toda la información comercial y técnica de las EDEs, CDEEE, EGEHID, y ETED, debe transparentarse para poder monitorear los avances alcanzados o si existen desviaciones de la ruta crítica cuáles medidas hay que tomar para recuperar el tiempo perdido”, dijo Bonetti.
Los empresarios representados aspiran también a que, en cumplimiento del decreto 923-09, todavía no derogado, durante los próximos dos años la vicepresidencia ejecutiva de la CDEEE lidere y coordine las estrategias, objetivos, actuaciones, manejo de ingresos, gastos de inversión de las empresas eléctricas estatales.
Bonetti retomó las reservas del sector empresarial frente a la construcción de plantas eléctricas por el Estado.
Con ello se busca poner fin a la existencia de consejos de administración en cada distribuidora o institución que tomen decisiones particulares que no corresponden con una solución integral y que, por otro lado, exista En ese sentido, dijo que el país no puede seguirse dando el lujo de que existan consejos de administración en cada distribuidora o institución que tomen decisiones particulares y no alineadas a una solución integral y que por otro lado exista una Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) “que prácticamente se ha convertido en una CDEEE paralela, donde se gasta más que lo que se invierte”.
Bonetti retomó las reservas del sector empresarial frente a la construcción de plantas eléctricas por el Estado, decisión que si bien saluda no deja hacerlo pensar si la inversión que se realiza servirá de excusa para no tomar decisiones políticas que son indispensables para reducir las pérdidas y castigar el robo de electricidad.
Tras referirse a otros males consuetudinarios del sistema de electricidad dominicano, la dirigente empresarial concluyó solicitando al presidente Medina que su solución sea asumida de una vez por todas como objetivo de alta y estratégica prioridad para el desarrollo económico y social, de modo que en la tercera década del siglo “ “no tengamos que avergonzarnos del principal problema de competitividad de nuestro país y del sector industrial”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.