Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Santo Domingo, R.D.-Los ataques en Medio Oriente, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha impulsado el precio del oro a valores nunca vistos en el mercado mundial, el cual registra cotizaciones por encima de los US$2 ,654 la onza troy.
El alza del precio del metal figura en todas las plataformas de inversiones internacionales. A futuro, el valor cerrado hoy es de $1,654.55 euros en las primeras horas de la tarde, en Inversoro.es, con movimientos cambiantes en la bolsa, pero siempre no lejos de ese rango.
El valor de la onza troy en dólares es de US$2,649.63.
En un año el precio del oro ha subido un 33.33%.
Según analistas internacionales la verdadera razón por la tendencia alcista del precio del metal se debe a que los inversionistas buscan un valor refugio ante la amenaza de ataques bélicos por las tensiones geopolíticas.
No obstante, también sugieren cautela, por si los fundamentos de esos movimientos no se deben a fundamentos sólidos, sino a factores especulativos que terminen con una sobrevaloración del mercado.
Esta tarde, el “commodity” tenía un valor marcado en US$6,652.50, equivalente a US$21.50 por encima de la jornada anterior y en 0.82% más en términos porcentuales, de acuerdo con Bloomberg.
El alza en el precio del metal resulta positivo para la economía dominicana, no solo por las explotaciones mineras en operación con fines exportables, sino por la posibilidad de nuevas extracciones que garanticen mayores recursos y empleos, enmarcados en la sostenibilidad y el aprovechamiento de la alta tecnología para contribuir con el menor daño ambiental.
Economía
Empresas asiáticas bajo la mira del Gobierno por competencia desleal: DGA fiscaliza a 102 negocios
Santo Domingo, R.D.-Las empresas asiáticas están bajo la lupa del Gobierno por el comercio ilícito y la competencia desleal.
El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón, indicó este martes que en lo que va de año esa institución está en proceso de fiscalizar a 102 empresas de capital asiático, de las que ya se han finalizado 44. De esa cantidad, la DGA ha reliquidado un monto que ha alcanzado los RD$2,400 millones.
El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón.José A. Maldonado/LD.
Las acciones más recientes se produjeron el pasado sábado 16, hace cinco días: la DGA fiscalizó una cadena de tiendas asiáticas tanto en la Capital como en la provincia de Santiago, que se dedicaban al comercio de mercancías del hogar y decoraciones.
Sanz Lovatón apuntó que la DGA ha recaudado más de RD$15,000 millones a través de 1,270 fiscalizaciones, en su gran mayoría a empresas asiáticas.
El funcionario subrayó que el comercio ilícito es un “problema mundial”, y añadió que desde algunos mercados asiáticos se producen grandes cantidades de mercancías que no corresponden al licenciamiento, al pago de patentes, o a la propiedad intelectual necesaria.
“Esto no es un problema dominicano, es un problema internacional, que la República Dominicana tiene que enfrentar para proteger su comercio, su economía, sus industriales y su producción”, dijo.
A raíz del comercio ilícito, el Estado es vulnerable a dejar de percibir millones de pesos. Según el director de la DGII, Luis Valdez, “es muy difícil” cuantificar en términos absolutos la cantidad de lo que podría dejar de recaudar el Gobierno.
El director de la DGII, Luis Valdez, responde preguntas de los periodistas. José A. Maldonado/LD.
De las 102 empresas asiáticas que están en proceso de fiscalización, 30 han sido en colaboración con la DGII. Valdez se refirió a esa cantidad y afirmó que con esas 30 empresas el Estado dejó de percibir más de RD$5,000 millones por competencia desleal.
Tras ser consultado por la reciente fiscalización de comercios asiáticos, el titular de la DGII respondió: “Nosotros combatimos, como Gobierno, el comercio ilícito no importa la nacionalidad, porque no podemos hablar solamente de un país”.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, indicó, además, que en los últimos tres años el Gobierno ha incautado más de 75 millones de artículos de contrabando, en los puertos y aeropuertos del país.
Bisonó destacó que, producto de las acciones que el Estado ha realizado contra ese flagelo, en abril de este año se excluyó a República Dominicana de la lista de observación del informe especial 301 sobre propiedad intelectual.
Autoridades durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.Fuente externa
Los funcionarios ofrecieron estas declaraciones durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, que se ha celebrado en un hotel del Distrito Nacional.
Allí unos grupos de actores de los sectores público y privado, vinculados a la actividad comercial y logística, así como de los cuerpos castrenses y del sistema judicial, intercambiaron conocimientos sobre cómo el comercio ilícito y la competencia desleal afectan las finanzas públicas, la competitividad y la libre competencia de un país. También, sobre las modalidades de lavado de activos vía comercio de bienes.
Economía
Alto costo del servicio de internet: la principal “barrera” de desconexión en los hogares del país
Santo Domingo, R.D.-Aunque el uso del internet ha aumentado en últimos años, en algunas provincias de República Dominicana todavía quedan hogares que tienen un acceso muy limitado de este servicio, según un informe que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística (ONE) sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La principal razón de esa “barrera” tiene que ver con el bolsillo de las personas. Y es que el 35.5% de los hogares ha registrado una desconexión en línea debido a que el precio del servicio “es caro”, de acuerdo con los datos de la ONE.
El elevado costo de los dispositivos o equipos de internet, con un 19%, también representa otra traba para disponer del acceso en línea en los hogares que fueron encuestados, según el informe, que ha sido publicado el viernes 15.
“El porcentaje de hogares con servicio de internet ha aumentado; sin embargo, las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales se mantienen a través del tiempo, con una diferencia porcentual de más de 18 puntos”, indicó la ONE.
Por ejemplo, entre 2017 y 2022, el 50.8% de los hogares en zonas urbanas reportaron contar con servicio de internet, mientras que en las zonas rurales la cifra fue del 32.7%.
En términos de conectividad significativa a internet, como calidad, frecuencia y un dispositivo “adecuado”, el informe indicó que una tercera parte de la población no cuenta con esos beneficios.
Provincias con menor y mayor porcentaje de servicio de internet
En 2022, la provincia que registró el menor porcentaje de hogares con servicio de internet fue Elías Piña, con un 11.3%.
Con un 67.2%, los hogares de la provincia de Santiago registraron una mayor conexión de internet, según el informe.
Le sigue el Distrito Nacional (63.7%); Espaillat (56.4); Puerto Plata (54.4%); Valverde (54%); Monseñor Nouel (52.6%); Hermanas Mirabal (52%). Las casas de Santo Domingo reportaron un 49.6%.