Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Santo Domingo, R.D.-El famoso “clavito” en la jerga popular dominicana hace referencia a la reserva de una parte de los ingresos actuales con el propósito de usarlos en el futuro, bien sea para emergencias, compras importantes que requieran grandes sumas de dinero, inversiones o garantizar necesidades a largo plazo.
Para lograrlo, algunos expertos en finanzas personales aseguran que lo mejor es dividir las ganancias en un 50%-70% para cubrir los gastos fijos, como el alquiler de vivienda, comida y transporte; un 30%-20% para el ocio y el restante que sea exclusivo para el ahorro.
Aunque esta es considerada como la regla universal para la administración de los ingresos mensuales, ¿resulta funcional para la mayoría de los trabajadores del sector privado y público que cobran el sueldo mínimo en el país?
En el mejor de los casos, la recomendación sería conseguir ingresos adicionales. Si esta opción no resulta factible para el usuario, entonces optimizar los gastos sería el paso a tomar, reduciéndolos al máximo para así lograr un pequeño monto para el ahorro.
“El ahorro no es imposible; quizás una persona con el sueldo mínimo no puede ahorrar como una persona promedio, pero sí es posible ahorrar aun estando en el sueldo mínimo, dependiendo evidentemente de los compromisos que vayamos asumiendo”, argumentó.
Así, si el usuario solo puede ahorrar RD$15 o RD$20 mensuales, será mejor eso que nada.
Consciente de que los trabajadores que ganan menos suelen ser los que más responsabilidades familiares poseen, la financiera recordó que la organización financiera no es magia y es un compromiso con uno mismo que se adquiere empezando de a poco para hacer la costumbre y “el colchón de dinero” suba poco a poco.
Santo Domingo, RD-l país importa una amplia variedad de productos, como combustibles, alimentos, bebidas, maquinarias y vehículos, entre otros bienes que en conjunto generan miles de millones de pesos dominicanos en recaudaciones para el Estado.
De 2022 a 2025, la entrada de estos componentes al país alcanzó un total de 44,105,171 unidades, lo que refleja la magnitud del comercio vinculado al sector automotor.
Este monto es el resultado de los impuestos aplicados a dichas importaciones, específicamente el Gravamen Aduanero y el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Durante el período analizado, el Gravamen Aduanero aportó RD$2,511,336,320.23, mientras que el ITBIS concentró la mayor parte de la recaudación, al alcanzar RD$6,319,214,085.47.
Imagen ilustrativa a piezas y repuestos de vehículos.Istock
A lo largo de los años evaluados, la recaudación mostró un comportamiento variable. En 2022 se registraron ingresos por RD$2,326,927,983.83, mientras que en 2023 el monto ascendió a RD$1,998,537,973.97.
Para 2024 se observó un incremento que situó la recaudación en RD$2,236,772,283.13 y, en el caso de 2025, las cifras provisionales hasta octubre alcanzaron RD$2,268,312,164.76.
El análisis por tipo de mercancía revela que la partida residual identificada como “los demás”, correspondiente al arancel 8708.99.90, encabezó la recaudación general al generar RD$2,055,013,087.55, consolidándose como el principal renglón dentro del total de ingresos.
Los sistemas de suspensión y sus partes, incluidos los amortiguadores, generaron RD$794,213,954.57, seguidos por las guarniciones de frenos montadas, con RD$747,793,973.92.
Asimismo, las ruedas y sus partes alcanzaron una recaudación de RD$517,909,869.84, mientras que los radiadores y sus componentes sumaron RD$502,757,072.70.
El sector de zonas francas alcanzó en octubre de este año su máximo histórico de 200,134 empleos directos, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento económico y social del país.
El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó; la presidenta de Adozona, Claudia Pellerano y el director del Consejo Nacional de Zonas Francas, Daniel Liranzo, junto a representantes de los sectores público y privado, la academia y organismos internacionales.
En el evento se destacó que, entre abril de 2020, el punto más bajo de empleos producto de la pandemia, y octubre de 2025, el empleo en zonas francas aumentó de 119,974 a 200,134 puestos, para un crecimiento acumulado de 67% en cinco años.
El presidente Luis Abinader destacó la importancia de este hito al indicar que “es una cifra que representa trabajo digno, oportunidades reales y confianza renovada en la República Dominicana”, al tiempo que reiteró que “esto es fruto de una estrategia sostenida, del compromiso de los trabajadores, del empuje del sector privado y de políticas públicas orientadas a generar empleos de calidad, atraer nuevas inversiones y fortalecer la competitividad del país.”
“Desde 2020 hemos venido trabajando para llevar empleos donde antes no lo había. Reabrimos parques que tenían más de 15 años cerrados y construimos nuevos espacios productivos como el de San Juan de la Maguana. Todo este esfuerzo se traduce hoy en más de 200,000 empleos y en una economía que avanza con la gente en el centro”, enfatizó el ministro Ito Bisonó.
Todo esto se genera en un contexto de expansión de parques industriales, diversificación productiva y fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestro talento humano.
El ministro Bisonó destacó que “a noviembre de 2025, el valor de las exportaciones del sector zonas francas asciende a US$7,936.1 millones, siendo lideradas por subsectores como dispositivos médicos, tabaco y sus derivados, así como productos eléctricos y electrónicos.”
Mientras que Claudia Pellerano, presidenta de Adozona, expresó: “El sector ha evolucionado desde la manufactura tradicional hacia ecosistemas productivos intensivos en conocimiento, donde actividades como servicios, dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos y logística suman decenas de miles de empleos especializados. En octubre 2025, los servicios registraron 45,460 puestos de trabajo, con un incremento de 6.03% frente a octubre del año pasado. Esta diversificación se sostiene en la formación: entre el año 2020 y octubre de 2025 se desarrollaron 24,494 acciones formativas que acumulan 606,292 horas de entrenamiento técnico, en coordinación con Infotep y las empresas del sector, lo que permite elevar la productividad y la trayectoria salarial de los colaboradores”.
Tecnificación del empleo en el sector ZF
El MICM destacó que el modelo de zonas francas ha experimentado una transformación profunda en su composición laboral. Entre 2004 y 2024, la participación de operarios se redujo de 86% a 63.4%, lo que equivale a más de 39,000 plazas menos en funciones tradicionales. En paralelo, los empleos técnicos pasaron de 9.1% a 25.3%, triplicándose en dos décadas, mientras que los puestos administrativos se duplicaron, al pasar de 4.9 % a 11.3%. Este cambio refleja la transición hacia actividades de mayor valor agregado, vinculadas a manufactura médica, electrónica, servicios globales y logística.
Participación de la mujer e inversión
El 54% del empleo generado en zonas francas es ocupado por mujeres, superando las 106,000 trabajadoras. A ello se suma un robusto encadenamiento productivo con la industria local: las compras locales de zonas francas pasaron de RD$83 mil millones en 2020 a más de RD$155,400 millones en 2024, un crecimiento de 87%. En términos de inversión, la acumulada en el régimen llegó a US$7,735.7 millones en 2024, para un aumento de 49% respecto a 2020.