Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
La República Dominicana podría recibir entre 300 y 400 millones de dólares adicionales durante este año, gracias al alza del precio internacional del oro, lo que representaría un apoyo clave al presupuesto nacional aprobado para el 2026.
Durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, Hebrard detalló que el presupuesto estatal fue formulado sobre una base de US$3,467 por onza de oro, sin embargo, el precio ya supera los US$4,600, con proyecciones de alcanzar los US$6,000 antes de fin de año.
“Estamos hablando de un precio 1,200 dólares por encima del previsto en el presupuesto. Si lo multiplicamos por unas 650,000 onzas de producción estimada, eso da alrededor de US$800 millones adicionales, de los cuales al menos la mitad corresponde al Estado dominicano”, explicó Hebrard.
Ese monto adicional se traduciría en más de RD$25,000 millones de ingresos fiscales extraordinarios, lo que podría elevar las recaudaciones por minería de los RD$30,000 millones estimados en el presupuesto a cerca de RD$50,000 millones, según proyecciones preliminares.
“Esto apenas comenzando el año es una excelente noticia para la economía dominicana y para la ecuación fiscal del gobierno”, afirmó.
El economista insistió, sin embargo, en que estos ingresos no deben confundirse con recursos recurrentes, y abogó por que se cree una ley que establezca un fondo soberano —similar al modelo peruano o colombiano— para asegurar que este dinero se invierta estratégicamente en el desarrollo de las comunidades mineras y en proyectos de infraestructura a largo plazo.
“Cada onza de oro que sale de la mina no vuelve. Por eso es fundamental diferenciar estos ingresos extraordinarios de otros como el ITBIS o el Impuesto Sobre la Renta. Hay que sembrar el oro, como dijo Arturo Uslar Pietri con el petróleo”, recordó Hebrard.
En respuesta a una inquietud del periodista Manuel Jiménez, Hebrard también consideró viable que el Banco Central explore la posibilidad de recibir parte de los pagos por impuestos mineros en oro físico, lo que permitiría fortalecer las reservas internacionales y, al mismo tiempo, estimular industrias como la joyería nacional.
“Eso ya está contemplado en el contrato con Barrick Gold. Parte del oro podría quedarse en el país, y no solo como reserva estratégica, sino como materia prima para desarrollar un sector de joyería dominicana con identidad propia”, agregó.
Además del oro, Hebrard destacó que otros productos como el cacao también han visto un aumento significativo de precios, lo que contribuyó a que las exportaciones del país alcanzaran un récord de 14,645 millones de dólares en 2025.
Sin embargo, advirtió que este crecimiento ha sido más por precio que por volumen, lo que explica por qué el PIB creció apenas entre un 2.2% y 2.3% en 2025.
A pesar de la buena salud de sectores como turismo, remesas y exportaciones, el economista subrayó que la caída sostenida del sector construcción —con cinco trimestres consecutivos a la baja— limitó el desempeño global de la economía.
“El motor interno de la economía está débil. Si no fuera por el impulso externo, especialmente la minería, el escenario sería muy distinto”, concluyó.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitió el pasado miércoles una resolución número que responde a los multiplicadores y ajustes para el cierre fiscal del 2025 y otros del ejercicio fiscal 2026, a fin de mostrar los topes exentos y tasas que regirán el cobro de impuestos de este año, según la inflación.
La razón de esta modificación responde al “ajuste por inflación del valor máximo para la calificación de Viviendas de Bajo Costo y del valor exento del impuesto a la transferencia para los adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos de vivienda de bajo costo”.
Es importante señalar que los planes que acompañan este tipo de proyectos, Mi Vivienda o Familia Feliz, no especifican los ingresos exactos que una familia debe tener, pero recomiendan de hasta RD$102,628 al mes.
El monto exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) destinado a viviendas y solares no edificados pertenecientes a personas físicas es ajustado a RD$10,695,494 en vez de RD$10,190,833 en relación al año 2025, representando un aumento de RD$504,661.
Las exenciones contributivas para personas físicas durante el año mantendrán una tasa exenta en las rentas de hasta RD$416,220 y para el Régimen Simplificado de Tributación (RST), impuesto que facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los ciudadanos, el monto máximo de ingresos para acogerse o permanecer será de RD$12,068,181.09, reflejando un ajuste por inflación de RD$569,430.99 en relación al año fiscal 2025.
El RST por compras será de RD$55,485,890.09 en vez de RD$52,867,816.54, un incremento de RD$2,618,073.55.
El monto a aplicar para el pago mensual por el impuesto sobre casinos de juegos para aquellos que tengan menos de 15 mesas será de RD$60,582; entre 16 y 35 mesas, de RD$69,902; y más de 36 mesas, de RD$93,202.
El tributo para las máquinas tragamonedas responde según la zona y en Santo Domingo es de RD$15,981, en Santiago de RD$13,584 y en las demás zonas de RD$11,530.
Impuesto al alcohol y precios de transferencia
El ajuste de inflación también afecta al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), donde el monto mínimo de la fianza a pagar para los importadores es de RD$11,637,976.60 y los fabricantes, productores e importadores de RD$72,737,353.60.
Para los precios de transferencia, el monto ajustado que regirá el 2026 corresponde a la suma de RD$16,025,436 para aquellos contribuyentes cuyas operaciones de vínculos cercanos pequeña no superen en conjunto el valor antes mencionado.
Santo Domingo, R.D.-República Dominicana recibió US$11,866.3 millones por concepto de remesas en el 2025, lo que representó un aumento de US$1,110.3 millones (10.3%) en comparación con 2024.
Estadísticas ofrecidas por el Banco Central refieren que particularmente, en diciembre se recibieron US$1,098.4 millones, unos US$94.9 millones (9.5%) más que en diciembre de 2024, y un incremento de US$208.9 millones (23.5%) respecto a noviembre de 2025.
El BCRD explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80% de los flujos formales del mes de diciembre, unos US$751.9 millones.
La entidad destacó que el índice de gestores de compras (PMI en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM en inglés) registró un valor de 54.4 en dicho mes, superior al 52.6 observado en noviembre, lo que indica un mayor dinamismo en el sector servicios, donde se emplea gran parte de la diáspora dominicana.
El Banco Central señaló la recepción de remesas por canales formales desde otros países en diciembre, como España, con un valor de US$65.1 millones, un 6.9% del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.
Haití contribuyó con 1.8% del total de flujos recibidos, mientras que Suiza e Italia aportaron el 1.5% y 1.4% respectivamente. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia, entre otros.
Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD detalló que el Distrito Nacional recibió una proporción del 45.8% durante diciembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 10.9% y 7.5%, respectivamente. Aproximadamente dos terceras partes de las remesas (64.2%) se reciben en las zonas metropolitanas del país.
Este resultado de las remesas a diciembre del pasado año, junto con las estimaciones de las demás variables del sector externo, con exportaciones por encima de los US$14,900 millones, aportes del turismo próximos a los US$11,200 millones, otras exportaciones de servicios que superarían los US$3,500 y una inversión extranjera directa (IED) superior a los US$4,800 millones, permiten anticipar un escenario optimista sobre la captación de divisas con un flujo total hacia la economía dominicana que rebasaría los US$46,800 millones al cierre de 2025.
impuesto de 1% no impactará flujos de remesas
Para este año, los analistas del Banco Central pronostican que las remesas superarán los US$12,200 millones, con un crecimiento de alrededor de 3.5% con respecto a 2025, tomando en cuenta la entrada en vigor del impuesto del 1% de las remesas desde Estados Unidos efectivo a partir de este mes de enero.
No obstante, el BCRD espera que este impuesto a las remesas tenga un impacto limitado sobre los flujos recibidos en República Dominicana ya que aplica a envíos en efectivo, y quedan exentos los envíos desde cuentas bancarias y plataformas digitales.
Apunta que los dominicanos en Estados Unidos tienen estatus migratorio mayormente legal, lo que les permite tener mayor acceso a la bancarización que otros migrantes, más alternativas distintas al efectivo, y mayor transparencia en las transacciones.
Del mismo modo, según estadísticas del Instituto de Políticas Migratorias de los Estados Unidos, alrededor del 56% de los dominicanos en ese país son ciudadanos naturalizados, los cuales, en caso de pagar el impuesto, podrían acceder al reembolso del gravamen, según lo establecido en la ley que aprobó el impuesto.
Otro aspecto destacado en un trabajo del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), es que este impuesto representa una proporción reducida de la masa salarial de los dominicanos en Estados Unidos, por lo que su efecto económico sería marginal, lo cual corrobora que el impacto sobre el envío de remesas hacia la República Dominicana sería mínimo.