Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Santo Domingo, R.D.-El dólar estadounidense abrió este sábado con una ligera variación en el mercado local, de acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
La institución monetaria informó que la divisa se compra a RD$62.94 y se vende a RD$63.56, una diferencia moderada frente al cierre previo.
Comportamiento del mercado cambiario
El euro también reflejó estabilidad al inicio de la jornada, con una tasa de compra situada en RD$71.00. Con estos valores, US$100 equivalen hoy a RD$6,294, mientras que €100 representan RD$7,100.
Plataformas de envío como Western Union (Vimenca) reportan una tasa de RD$63.41 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 6341.20 pesos dominicanos.
Por su parte, Caribe Express reporta una tasa de RD$62.60 por dólar, ligeramente superior al promedio bancario. Esto implica que un envío de US$100 entrega hoy 63.3102 pesos dominicanos.
Comparación bancaria y datos internacionales
En el caso de Banreservas, el tipo de cambio inicia en RD$61.80 para la compra y RD$63.80 para la venta. Mientras tanto, el Banco Popular Dominicano fija la compra en RD$61.65 y la venta en RD$64.05. Entre los agentes de cambio, los precios se mantienen dentro del rango habitual.
Según Bloomberg, el dólar se posiciona en RD$62.79 en el mercado dominicano. Aunque durante la última semana el valor muestra un pequeño descenso de 0.36%, en una perspectiva de un año presenta un incremento acumulado de 8.01%.
SANTO DOMINGO.- Las principales cadenas de supermercados del país solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) la suspensión inmediata del proceso de investigación por salvaguarda a las galletas, alegando fallas graves en el procedimiento y una situación de “indefensión” para el sector importador.
La solicitud fue presentada por Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo, quienes denunciaron que el proceso avanza con imprecisiones que impiden evaluar la pertinencia de la medida solicitada por los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao.
Según los importadores, desde el inicio de la investigación la CDC no ha entregado documentos esenciales del expediente, incluidos anexos con datos financieros, estudios de causalidad y evidencias que sustentan el supuesto “daño grave” alegado por las empresas solicitantes. Aseguran que, pese a que la Ley 1-02 obliga a proveer el expediente íntegro, esta información no ha sido puesta a disposición de las partes interesadas.
Otro punto señalado es que el plazo para completar los formularios obligatorios vence el 25 de noviembre, pero los documentos indispensables para su llenado, como estados financieros y estudios técnicos, no han sido entregados. Esto, sostienen, bloquea por completo su derecho a la defensa.
Las cadenas advierten que estas fallas no solo afectan a los actores involucrados, sino que ponen en riesgo la legitimidad del procedimiento y la seguridad jurídica del país, al tiempo que podrían generar eventual responsabilidad para el Estado dominicano.
Mientras la CDC analiza la medida provisional solicitada por los fabricantes, que elevaría los aranceles hasta un 87.1 %, aumenta la presión para revisar las condiciones en que avanza la investigación. Para los importadores, el debate trasciende la conveniencia de una salvaguarda y se centra en si el país puede adoptar una decisión de alto impacto social basada en un expediente incompleto y un procedimiento cuestionado.
Santo Domingo, R.D.-El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (Micm), Víctor Ito Bisonó, precisó que la suspensión de la operaciones de la zona franca Global Cigars Croup, SRL, que opera en Esperanza, Valverde y en Baní, provincia Peravia, se debe a la detección de una plaga altamente dañina, conocida como el escarabajo del tabaco o Lasioderma Serricorne y, según informes de la propia empresa será por 90 días hasta tanto la situación sea controlada.
El ministro Bisonó también aclaró que el cierre temporal de las operaciones solo afecta a 315 trabajadores y no a mil como se publicó.
Dijo que se reunió con ejecutivos de la zona franca de Baní, una comisión de empleados de la empresa y con el diputado Luís Báez, quienes le informaron de la suspensión, no cierre.
Sostuvo que las operaciones hacia Baní serán reanudadas desde que la situación esté normal.
Se trata de una plaga altamente dañina que afecta críticamente la materia prima y los procesos productivos, lo que impide continuar las operaciones bajo los estándares de calidad y sanidad requeridos por las normas, explicó el presidente de Global Cigars Group GGC, SRL, en la carta enviada a la Dirección de Proindustria el 21 de este mes.
Están suspendiendo sus operaciones en Bonao y Baní por la presencia del Escarabajo de Tabaco (Lasioderma Serricorne), plaga que fue certificada por la empresa Fumax y un técnico del Ministerio de Agricultura. Esta suspensión está solicitada al Ministerio de trabajo desde el 20 de noviembre al 23 de febrero del 2026, reiteró el ministro Bisonó al respecto.
Explicó en Baní se han afectado 245 empleos y 70 en Bonao para un total de 315 colaboradores, representando el 15% del total de colaboradores.
Operaciones de ZF en Baní
Actualmente, dijo Bisonó, en el parque de Baní hay aproximadamente 847 empleados en 10 empresas que ocupan 15 naves de un total de 24.
De las 9 restantes hay dos en proceso de firma de contrato para empezar a operar (Abapromango, AAA Clothing), dos de las cuales están ocupadas por el Ministerio de Salud Pública.
También hay 33 solicitudes de industriales que se quieren instalar en este parque.
Con la inauguración de la Circunvalación de Baní este parque toma un atractivo mayúsculo, ya que esta vía conecta al parque de manera más rápida y directa con los principales muelles y regiones del país.