Economía
Empresarios temen los efectos de la Ley contra el Lavado de Activos
Acoprovi estima que la actividad del sector construcción e inmobiliario se reducirá, y la AIRD considera que la aplicación de la ley es precipitada y que necesitan un periodo de transición
SANTO DOMINGO. Los empresarios están temerosos de lo que pueda ocurrir con la aplicación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. El sector construcción e inmobiliario cree que es posible que la actividad económica disminuya, mientras que los industriales estiman que la atracción de inversiones se puede ver impactada, tanto como la facilidad para hacer negocios en el país. Pero, además, consideran que la precipitada implementación de la norma les puede pasar factura, lo que, afirman, puede ser grave porque involucra elevadas sanciones administrativas e, incluso, penales.
Ahora, además de la banca, hay sectores como la construcción, inmobiliario y automotor, entre otros, que fungen como sujetos obligados por la Ley 155-17, lo que significa que las empresas de esas actividades están obligadas a investigar el origen de los recursos que pasen a través de ellas y deben reportar cualquier situación sospechosa de sus clientes o proveedores.
Para la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), María Gatón, el efecto inmediato sobre el sector —que es uno de los más sensibles al lavado de dinero— es que el costo administrativo de las empresas subirá porque ahora necesitan una unidad capacitada y calificada para hacer la debida diligencia a la que obliga la normativa, que no es otra cosa que vigilar que ni la empresa que les vende un solar o un terreno para la construcción de un complejo de viviendas, pasando por los proveedores de materiales, hasta llegar a los compradores finales de las unidades habitacionales, están involucrados en lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
“Además, al igual que los industriales, tenemos la preocupación de que pudiera disminuir la actividad del sector porque tal vez no mucha gente tiene todo su dinero transparente, no sé. Sí tenemos el temor de que la actividad pudiera mermar, pudiera disminuir”, dijo Gatón.
La ley permite que, discrecionalmente, se amplíe el número de sectores obligados a hacer la debida diligencia, y eso puede ocurrir a través del reglamento que está en pleno proceso de definición y a punto de abrirse a consulta pública.
“Allí deben estar los mecanismos de aplicación efectiva de la ley. Estamos preocupados porque muchas de las observaciones que hicimos como sector empresarial, a través del Conep, básicamente no se ponderaron los efectos que podía tener la vigencia de manera inmediata de la ley sin un período de transición”, dijo la presidenta ejecutiva de la AIRD, Circe Almánzar.
Agregó que muchos de los sujetos obligados que deben ajustarse a la Ley 155-17, que fue promulgada a inicios de junio, no estaban totalmente informados sobre su papel en la prevención del lavado de dinero, y que ello genera mucha incertidumbre en los agentes económicos. “La diferencia entre esta ley y la que había antes es que se agregaron sujetos obligados no financieros que tienen un impacto importante en la economía dominicana y eso es lo que puede generar mucha incertidumbre”, señaló.
La vicepresidenta ejecutiva de la AIRD añadió que la aplicación de la normativa puede generar trabas a la hora de registrar transacciones, hacer cambios en los títulos, y también tener ciertas repercusiones con el manejo y el uso de efectivo. “En la economía dominicana tiene mucha incidencia el manejo de efectivo y eso crea muchos problemas de carácter cultural y logísticos. Básicamente estamos trabajando para ver cómo se puede paliar un poco el efecto de la ley”, expresó.
Pero en la visión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no habrá cacerías de brujas, como temen empresarios. Entienden que pueda haber preocupación por el alcance de la Ley 155-17, pero “como ocurre con cualquier infracción, todo deberá llevarse a cabo dentro del marco de un debido proceso y con observancia de los derechos y garantías fundamentales”, dijo en una declaración a Diario Libre.La presidenta de Acoprovi, por su parte, dijo que a los promotores constructores e inmobiliarios les están recomendando que pidan tres pólizas a sus proveedores: una de avance inicial, otra de fiel cumplimiento y otra más de vicios ocultos, como una vía para cubrirse ante cualquier incidencia. “Hay promotores que ya lo requieren, otros que no. Le recomiendo a los asociados la importancia de estos tres requisitos”, puntualizó.
Entre tanto, al comprador de una vivienda ahora le pedirán referencias de cuentas bancarias, si sus ingresos o el de su grupo familiar concuerdan con la obra que están comprando. “Si, por ejemplo, un cliente quiere comprar una unidad de RD$10 millones, pero sus ingresos no son suficientes, entonces ese podría ser un cliente sospechoso. Es como si fuéramos la banca, que tenemos que reportarlo”, dijo Gatón.
Contó que desde hace años, si alguien quiere cubrir en efectivo una parte de la operación, pedían que depositara el dinero porque así el banco hacía la diligencia de preguntar el origen de los fondos. “Con esta ley no. Ahora si nos llega efectivo a la cuenta nuestra es como si ese dinero lo depositáramos nosotros”, explicó Gatón, quien dijo que eso los pone en riesgo de ser sancionados si resulta que esos recursos eran parte de una operación de lavado de dinero.Haber ampliado los sujetos obligados a otros agentes del sector privado distintos a la banca tiene su sentido. Dulce María Luciano, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos del Ministerio Público y actualmente procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, adscrita a la Dirección General de Aduanas, recordó que la ley anterior (la 72-02) solo consideraba como lavado de activos a las actividades que pretendían blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
El énfasis en la ley se puso en los sectores que suelen manejar efectivo o que no están monitoreados por el Estado, explicó la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero. “En la medida en que se pongan las reglas claras a la criminalidad organizada y que los sujetos obligados estén haciendo buena prevención ajustada a la ley, en esa medida veremos cómo disminuirá el lavado de activos en los sectores, o a través de ellos”, dijo.Y para la DGII esto supone un reto porque ahora el Ministerio Público, ayudado por todos los entes auxiliares de la ley (entre los que está la autoridad tributaria) tendrá que establecer la relación entre un delito —que puede ser fiscal, aduanero, y ya no solo narcotráfico— y el blanqueo de capitales.
Por su parte, para el economista de la firma Analytica, Enrique Penson, el resultado de la Ley 155-17 será positivo para el país, y no avizora mayores trabas sobre los sectores inmobiliario y automotor porque ya la mayoría de las operaciones se realizan con préstamos que transparentan el proceso. “En la medida que la legislación impulsa mayor formalidad y transparencia en el país, su impacto es positivo tanto para el sector privado como para el público”, manifestó Penson.
Delitos que generan activos susceptibles al lavado
– Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
– Terrorismo.
– Tráfico ilícito de personas, incluyendo inmigrantes ilegales.
– Trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo.
– Tráfico ilícito de órganos humanos, de armas.
– Secuestro, extorsión.
– Robo agravado.
– Falsificación de monedas, valores o títulos.
– Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y delitos cometidos por funcionarios públicos, soborno.
– Delito tributario, estafa agravada, contrabando, piratería, delito contra la propiedad intelectual, delito de medio ambiente.
– Testaferrato, sicariato, enriquecimiento no justificado, falsificación de documentos públicos, falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
– Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas.
– Delitos financieros, crímenes y delitos de alta tecnología, uso indebido de información confidencial o privilegiada, y manipulación del mercado.
diariolibre.com
Ley 155-17
Economía
Arroyo traza los lineamientos de su gestión con énfasis en las recaudaciones y lucha contra ilícitos
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, sostuvo reuniones de trabajo con el personal de las oficinas de Santiago y Puerto Plata, a los cuales le trazó los lineamientos generales de lo que será su gestión, con énfasis en el aumento de las recaudaciones, facilitación del comercio y la lucha contra los ilícitos aduaneros.
Allí, Arroyo pautó los principales objetivos de su gestión, y escuchó las inquietudes del personal de dicha oficina y conoció de primera mano los principales puntos de mejora para las operaciones en la región del Cibao.
Observó los procedimientos y equipos del área de carga, así como los equipos de tecnología no intrusiva (rayos x), que operan en esa terminal y su personal a cargo.
Sostuvo, además, reuniones con las autoridades del aeropuerto en la persona de Teófilo Gómez, administrador general del Aeropuerto Internacional del Cibao y Luis Díaz Monción, gerente de Operaciones.
En ese sentido, se dirigió a la zona franca de Puerto Plata, pulmón importante para la economía de esa provincia, donde abordó temas relacionados a la seguridad en las operaciones de ese régimen especial, e hizo un recorrido por la Corporación Zona Franca Industrial Puerto Plata de la mano de su directora ejecutiva, Karina Abbott.
Constató la cantidad y variedad de productos y marcas que son manufacturados por manos puertoplateñas, labor fundamental para las exportaciones y la generación de divisas.
Luego se trasladó a la Administración de Puerto Plata, lugar dónde conversó con el colector de Aduanas del puerto de esa ciudad, Damian Jiménez Gómez, y todo su equipo, a quienes los exhortó a trabajar enfocados en el bienestar del país, dada la importancia fiscal y presupuestaria que representa la entidad para el Gobierno.
Igualmente, los motivó a arreciar en la lucha contra los ilícitos aduaneros, en especial contra la subvaluación de mercancías, el contrabando de divisas y armas, así como otros ilícitos.
El director de aduanas concluyó su jornada dejando claro que no tolerará ninguna participación o complicidad por parte del personal de Aduanas en cualquier hecho contrario a la Ley de Aduanas 168-21, la ética y la transparencia que caracterizan la gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader.
También, visitó el puerto Taíno Bay, donde realizó un acercamiento con los colaboradores de esa importante terminal de cruceros, por donde arriban diariamente miles de visitantes que dinamizan la actividad turística y económica de la ciudad.
Qik Banco Digital informó que Crea Crédito, programa de inclusión y educación financiera, alcanza ya a más de 29,900 personas, quienes han comenzado a desarrollar su historial crediticio formal mientras aprenden a manejar sus finanzas personales responsablemente y crean el hábito del ahorro.
“Crea Crédito, el único programa 100% digital de inclusión financiera del país, se ha convertido en una oportunidad real para miles de dominicanos que antes no podían acceder al crédito formal. Hoy, ellos encuentran aquí un camino para avanzar. Nuestro compromiso es seguir creciendo a su lado, impulsando sus metas y aportando al bienestar de sus familias”, expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik.
Participación diversa y enfoque inclusivo
El neobanco destacó que el programa cuenta con una representación equilibrada entre hombres y mujeres, lo que evidencia el esfuerzo constante realizado para promover la inclusión financiera de manera equitativa en ambos géneros.
El programa cuenta con beneficiarios residentes en todas las provincias del país y presentan una edad promedio de 32 años, lo que evidencia su alcance entre jóvenes adultos que buscan construir una relación sólida y temprana con el sistema financiero.
Crea Crédito funciona mediante una tarjeta de crédito respaldada por garantía, vinculada a una cuenta de ahorro que genera intereses, mientras el cliente va construyendo su historial crediticio.
Además, el programa ofrece orientación personalizada y herramientas digitales de educación financiera, con el fin de promover un uso responsable del crédito y fomentar hábitos financieros saludables.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Central proyecta que la economía dominicana cerrará este año 2026 con un crecimiento de 4.0% del producto interno bruto (PIB), debido a que la demanda interna aumentará sustentada en una mayor inversión pública y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año.
Adicionalmente, República Dominicana se beneficiará de los altos precios del oro y del petróleo, relativamente bajos, dice.
Proyecciones.Externa
Indica que basa su análisis en supuestos prudentes y realistas sobre la economía internacional, la evolución del gasto público, la inversión y la demanda privada.
De igual modo, sustenta sus proyecciones en un sistema de pronósticos compuesto por distintos modelos que toman en cuenta diversos factores, destacando la evolución de la actividad productiva, la demanda interna y externa, las condiciones financieras y el entorno internacional.
Consciente de la relevancia de este pronóstico para el proceso de toma de decisiones de hogares y empresas, desde la Asesoría de la Gobernación se presenta a la opinión pública un análisis detallado sobre tan importante tema, indica.
No obstante, señala que la materialización de esta proyección depende en gran medida de cómo evolucione la geopolítica y la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales durante el último año.
Destaca que las proyecciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las de especialistas privados como Consensus Forecast y Focus Economics se encuentren en la misma dirección que las previsiones del Banco Central e incluso en algunos casos presentan un mayor optimismo.
Enfoques
Al analizar el crecimiento de una economía como la dominicana es importante tener en cuenta la diferencia entre el enfoque de corto plazo y el de largo plazo, dicen los analistas.
Explican que en el corto plazo, el ritmo de crecimiento ha estado influido por la alta incertidumbre internacional, por condiciones financieras restrictivas en los mercados globales y por una moderación de la inversión en sectores relacionados con la demanda interna como la construcción y la manufactura.
No obstante, con el proceso de normalización de las condiciones monetarias y el dinamismo de la inversión pública se espera una recuperación progresiva de la actividad productiva que permita alcanzar las previsiones del BCRD.
Para el análisis de largo plazo, se toma en cuenta el comportamiento de los principales determinantes de la producción, los cuales son impactados por reformas estructurales y factores institucionales, entre otros.
República Dominicana cuenta con sólidos fundamentos, reflejados en la estabilidad del sistema financiero, en posiciones externas y fiscales manejables, en un marco de política monetaria creíble y en expectativas de inflación adecuadamente ancladas, señala.
Se ha señalado también que nuevas reformas estructurales son fundamentales para elevar el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo, lo cual no deja de ser cierto. Pero se debe tener en cuenta que el diseño y ejecución de estos ajustes estructurales toma más tiempo y requiere del apropiado consenso entre los sectores público y privado, tal y como se viene trabajando en el programa META 2036.
Ven como algo natural que existan diferencias entre las proyecciones elaboradas por instituciones, por analistas y economistas privados, ya que responden a distintas metodologías, y supuestos al momento en que se estima la proyección.
En el caso del BCRD, aseguran, las estimaciones las realiza un equipo técnico de primerísima calidad y de alta formación que cuenta con un sistema de pronósticos reconocido en diversos foros internacionales.
El sistema, diseñado para actualizarse de manera continua conforme se dispone de nueva información, constituye un insumo clave en la toma de decisiones de empresas y hogares.