Nacionales
Empresas afirman que el comercio está sumergido en una gran recesión
SANTO DOMINGO. El sector comercial en República Dominicana está sumergido en una profunda recesión, situación que afecta la estabilidad de aproximadamente 860,000 empleados y, en parte, las recaudaciones tributarias provenientes del comercio.
Los principales directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) mostraron su preocupación al país, porque en los últimos cuatro trimestres el comercio ha estado decreciendo significativamente.
Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que el comportamiento de la economía, el año pasado, mantuvo un crecimiento muy estable, cercano al 4%; sin embargo, el sector comercio, de forma particular, estuvo creciendo sólo hasta los primeros tres trimestres, registrando una caída significativa en el cuarto trimestre del año 2012.
«Específicamente hemos decrecido un 2.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y en lo que va de año hemos decrecido un 2.6%, un 3.20% y el último trimestre, el que acaba de concluir ahora en septiembre, un 3.9%», precisó Martínez, quien participó en el Diálogo Libre de este periódico, acompañado de Antonio Ramos y Odile Miniño Bogaert, pasado presidente y directora ejecutiva de la ONEC, respectivamente.
Martínez alertó que la situación que vive el sector es muy preocupante, porque cuando la economía, en sentido general, crece, y el comercio, que es uno de los termómetros claves para medir el comportamiento económico del país, decrece de una manera tan continua es una muestra de que hay problemas estructurales que deben ser atendidos.
«En la historia reciente, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos cuatro trimestres decreciendo», dijo.
Martínez expresó que, en sentido general, la preocupación del sector es la gran disparidad entre el comportamiento de la economía y el sector comercio, lo que según explicó se está traduciendo no solamente en ventas menores del comercio, sino también en una pérdida de empleos significativa.
Destacó que esta situación afecta a todo el país, porque los números negativos del comercio también se reflejan en una caída en las recaudaciones tributarias.
El ejecutivo manifestó que, en términos económicos, una economía está técnicamente en recesión después de dos trimestres decreciendo y que, a pesar de que la economía, como tal, está presentando señales positivas de crecimiento, el sector comercio viene decreciendo de manera muy pronunciada.
Se pierden 5,000 empleos
El presidente de la ONEC manifestó que hasta ahora el momento el sector comercio ha perdido alrededor de 5,000 empleos formales y que, de seguir la tendencia, esa cifra pudiera llegar hasta 100,000 empleos en los próximos tres o cinco años.
«Por qué pensamos eso? Claro no podemos hacer una estimación exacta, porque es muy difícil uno poder predecir, sin embargo, una reducción de casi 4% en el sector comercio que emplea casi 900,000 personas, si fuera directa la relación estaríamos hablando de 36,000 empleos, pero la cifra oficial que tenemos es de como cinco mil empleos en este momento, pero de continuar así, las pérdidas pueden ser significativas», precisó.
Costos operativos hacen que productos sean más caros en RD
SD. «El costo de operar en República Dominica es muy alto, y esto es un problema que afecta a toda la población», así se expresó Antonio Ramos, pasado presidente de la ONEC.
Expresó que la energía eléctrica en el país es cara y deficiente, pero que también los dominicanos tienen que pagar por una seguridad social que, en muchos casos, obliga a las personas a contratar servicios paralelos, porque el plan oficial no da los suficientes beneficios.
En tanto que Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que los costos operativos, en muchos casos se pueden disminuir, pero que hay costos tributarios que no se pueden reducir y por tanto los productos llegan más caros a los consumidores.
«En lo que tiene que ver con la parte de gastos operativos, de cómo podemos reducir los gastos operativos, pues en sentido general, las empresas comerciales están haciendo todos los esfuerzos reduciendo gastos de energía eléctrica y reprogramación de horarios», expresó.
Sin embargo, precisó que el problema ocurre cuando los empresarios importan un equipo electrónico, por el que tienen que pagar aranceles que van desde cero por ciento, si no tiene gravamen, 20% y hasta un 80%, además de un 18% de ITBIS, lo cual eleva sobremanera el precio del producto.
Señaló que cuando ese mismo producto, por los cuales el empresario tiene que pagar los impuestos citados, es importado por una persona que los compra vía courier con la exención de los US$200, no paga el 18% de ITBIS ni el arancel que le corresponda.
El ejecutivo de la ONEC también explicó que en ocasiones hay productos que tienen un 20% de selectivo al consumo que sumado a un 20% de arancel, más el 18% de ITBIS, resultan con un incremento de 58% por encima del costo, lo cual pone en desventaja a los comerciantes locales frente a aquellos que venden sus productos sin tener que enfrentar esos costos.
«Entonces, con ese costo no hay forma de que una importación pueda competir», precisó Martínez.
Diariolibre.com
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.