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Empresas afirman que el comercio está sumergido en una gran recesión
SANTO DOMINGO. El sector comercial en República Dominicana está sumergido en una profunda recesión, situación que afecta la estabilidad de aproximadamente 860,000 empleados y, en parte, las recaudaciones tributarias provenientes del comercio.
Los principales directivos de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) mostraron su preocupación al país, porque en los últimos cuatro trimestres el comercio ha estado decreciendo significativamente.
Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que el comportamiento de la economía, el año pasado, mantuvo un crecimiento muy estable, cercano al 4%; sin embargo, el sector comercio, de forma particular, estuvo creciendo sólo hasta los primeros tres trimestres, registrando una caída significativa en el cuarto trimestre del año 2012.
«Específicamente hemos decrecido un 2.5% en el cuarto trimestre del año pasado, y en lo que va de año hemos decrecido un 2.6%, un 3.20% y el último trimestre, el que acaba de concluir ahora en septiembre, un 3.9%», precisó Martínez, quien participó en el Diálogo Libre de este periódico, acompañado de Antonio Ramos y Odile Miniño Bogaert, pasado presidente y directora ejecutiva de la ONEC, respectivamente.
Martínez alertó que la situación que vive el sector es muy preocupante, porque cuando la economía, en sentido general, crece, y el comercio, que es uno de los termómetros claves para medir el comportamiento económico del país, decrece de una manera tan continua es una muestra de que hay problemas estructurales que deben ser atendidos.
«En la historia reciente, no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos cuatro trimestres decreciendo», dijo.
Martínez expresó que, en sentido general, la preocupación del sector es la gran disparidad entre el comportamiento de la economía y el sector comercio, lo que según explicó se está traduciendo no solamente en ventas menores del comercio, sino también en una pérdida de empleos significativa.
Destacó que esta situación afecta a todo el país, porque los números negativos del comercio también se reflejan en una caída en las recaudaciones tributarias.
El ejecutivo manifestó que, en términos económicos, una economía está técnicamente en recesión después de dos trimestres decreciendo y que, a pesar de que la economía, como tal, está presentando señales positivas de crecimiento, el sector comercio viene decreciendo de manera muy pronunciada.
Se pierden 5,000 empleos
El presidente de la ONEC manifestó que hasta ahora el momento el sector comercio ha perdido alrededor de 5,000 empleos formales y que, de seguir la tendencia, esa cifra pudiera llegar hasta 100,000 empleos en los próximos tres o cinco años.
«Por qué pensamos eso? Claro no podemos hacer una estimación exacta, porque es muy difícil uno poder predecir, sin embargo, una reducción de casi 4% en el sector comercio que emplea casi 900,000 personas, si fuera directa la relación estaríamos hablando de 36,000 empleos, pero la cifra oficial que tenemos es de como cinco mil empleos en este momento, pero de continuar así, las pérdidas pueden ser significativas», precisó.
Costos operativos hacen que productos sean más caros en RD
SD. «El costo de operar en República Dominica es muy alto, y esto es un problema que afecta a toda la población», así se expresó Antonio Ramos, pasado presidente de la ONEC.
Expresó que la energía eléctrica en el país es cara y deficiente, pero que también los dominicanos tienen que pagar por una seguridad social que, en muchos casos, obliga a las personas a contratar servicios paralelos, porque el plan oficial no da los suficientes beneficios.
En tanto que Ernesto Martínez, presidente de la ONEC, manifestó que los costos operativos, en muchos casos se pueden disminuir, pero que hay costos tributarios que no se pueden reducir y por tanto los productos llegan más caros a los consumidores.
«En lo que tiene que ver con la parte de gastos operativos, de cómo podemos reducir los gastos operativos, pues en sentido general, las empresas comerciales están haciendo todos los esfuerzos reduciendo gastos de energía eléctrica y reprogramación de horarios», expresó.
Sin embargo, precisó que el problema ocurre cuando los empresarios importan un equipo electrónico, por el que tienen que pagar aranceles que van desde cero por ciento, si no tiene gravamen, 20% y hasta un 80%, además de un 18% de ITBIS, lo cual eleva sobremanera el precio del producto.
Señaló que cuando ese mismo producto, por los cuales el empresario tiene que pagar los impuestos citados, es importado por una persona que los compra vía courier con la exención de los US$200, no paga el 18% de ITBIS ni el arancel que le corresponda.
El ejecutivo de la ONEC también explicó que en ocasiones hay productos que tienen un 20% de selectivo al consumo que sumado a un 20% de arancel, más el 18% de ITBIS, resultan con un incremento de 58% por encima del costo, lo cual pone en desventaja a los comerciantes locales frente a aquellos que venden sus productos sin tener que enfrentar esos costos.
«Entonces, con ese costo no hay forma de que una importación pueda competir», precisó Martínez.
Diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.