Economía
Empresas asiáticas bajo la mira del Gobierno por competencia desleal: DGA fiscaliza a 102 negocios
Santo Domingo, R.D.-Las empresas asiáticas están bajo la lupa del Gobierno por el comercio ilícito y la competencia desleal.
El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón, indicó este martes que en lo que va de año esa institución está en proceso de fiscalizar a 102 empresas de capital asiático, de las que ya se han finalizado 44. De esa cantidad, la DGA ha reliquidado un monto que ha alcanzado los RD$2,400 millones.
El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Sanz Lovatón.José A. Maldonado/LD.
Las acciones más recientes se produjeron el pasado sábado 16, hace cinco días: la DGA fiscalizó una cadena de tiendas asiáticas tanto en la Capital como en la provincia de Santiago, que se dedicaban al comercio de mercancías del hogar y decoraciones.
Sanz Lovatón apuntó que la DGA ha recaudado más de RD$15,000 millones a través de 1,270 fiscalizaciones, en su gran mayoría a empresas asiáticas.
El funcionario subrayó que el comercio ilícito es un “problema mundial”, y añadió que desde algunos mercados asiáticos se producen grandes cantidades de mercancías que no corresponden al licenciamiento, al pago de patentes, o a la propiedad intelectual necesaria.
“Esto no es un problema dominicano, es un problema internacional, que la República Dominicana tiene que enfrentar para proteger su comercio, su economía, sus industriales y su producción”, dijo.
A raíz del comercio ilícito, el Estado es vulnerable a dejar de percibir millones de pesos. Según el director de la DGII, Luis Valdez, “es muy difícil” cuantificar en términos absolutos la cantidad de lo que podría dejar de recaudar el Gobierno.
El director de la DGII, Luis Valdez, responde preguntas de los periodistas. José A. Maldonado/LD.
De las 102 empresas asiáticas que están en proceso de fiscalización, 30 han sido en colaboración con la DGII. Valdez se refirió a esa cantidad y afirmó que con esas 30 empresas el Estado dejó de percibir más de RD$5,000 millones por competencia desleal.
Tras ser consultado por la reciente fiscalización de comercios asiáticos, el titular de la DGII respondió: “Nosotros combatimos, como Gobierno, el comercio ilícito no importa la nacionalidad, porque no podemos hablar solamente de un país”.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, indicó, además, que en los últimos tres años el Gobierno ha incautado más de 75 millones de artículos de contrabando, en los puertos y aeropuertos del país.
Bisonó destacó que, producto de las acciones que el Estado ha realizado contra ese flagelo, en abril de este año se excluyó a República Dominicana de la lista de observación del informe especial 301 sobre propiedad intelectual.
Autoridades durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.Fuente externa
Los funcionarios ofrecieron estas declaraciones durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, que se ha celebrado en un hotel del Distrito Nacional.
Allí unos grupos de actores de los sectores público y privado, vinculados a la actividad comercial y logística, así como de los cuerpos castrenses y del sistema judicial, intercambiaron conocimientos sobre cómo el comercio ilícito y la competencia desleal afectan las finanzas públicas, la competitividad y la libre competencia de un país. También, sobre las modalidades de lavado de activos vía comercio de bienes.
Economía
Cámara Americana sugiere al USTR reconsiderar cargos por servicios marítimos en comercio de bienes
En una carta formal al Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), AmchamDR comunicó su inquietud respecto a los cargos por servicios a los operadores de buques chinos de hasta un millón de dólares por escala en puertos estadounidenses, así como el cobro a las compañías navieras que utilizan buques construidos en China, de hasta 1,5 millones de dólares por escala.
El mes pasado, el Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) propuso varios cargos por servicios portuarios, de hasta $1.5 millones de dólares por barco, para embarcaciones construidas en China, manejadas por operadores chinos, dependiendo de la composición de sus flotas o pedidos prospectivos de barcos chinos, que, según dijo, ayudarían a remediar las prácticas desleales utilizadas por China para convertirse en un jugador dominante en las industrias de construcción naval y marítima.
Las medidas propuestas forman parte de una investigación sobre esas prácticas lanzada el año pasado por USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras una petición presentada por varios sindicatos importantes de EE.UU.
La principal preocupación articulada por AmchamDR es que economías más pequeñas como la República Dominicana se vean en desventaja competitiva frente a economías más grandes con capacidad de ser atendidas por una mayor escala de embarcaciones.
Las importaciones que llegan en barcos grandes a EE. UU. desde Asia con más de 10,000 contenedores pudieran tener un costo incremental de aproximadamente $100 – $150 dólares por contenedor, mientras que los barcos más pequeños del tipo que sirven a la República Dominicana y otros países de la región (200 – 1,000 contenedores) pudieran ser impactados hasta con $7,500 dólares adicionales por contenedor.
«Si bien desde AmchamDR apoyamos el objetivo a largo plazo de fortalecer la industria de construcción de buques de EE. UU., a corto plazo estas tarifas por servicios portuarias tendrían un impacto muy negativo para muchos de nuestros miembros, incluidas las líneas navieras, los puertos, las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana y los importadores de productos estadounidenses como petróleo, Gas Natural Licuado, carbón, maquinarias y productos agrícolas», afirma.
Esperan que USTR considere alternativas a corto y largo plazo a las tarifas de servicios propuestas y los umbrales de exportación según el origen de los barcos de una manera que no afecte negativamente las exportaciones de EE. UU., a los transportistas estadounidenses y a las empresas estadounidenses que operan en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO. – La Superintendencia de Bancos (SB) invitó a los profesionales del ámbito financiero y al público en general a participar en la consulta de la reforma del reglamento de protección a usuarios.
Este nuevo instrumento, presentado el 3 de marzo, procura una transformación del Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por dicho órgano en 2015.
PROPUESTAS DE CAMBIOS
La propuesta plantea un mayor control sobre el diseño de los productos financieros, las ofertas y la publicidad.
De ser aprobada la pieza, los ciudadanos que no reconozcan un consumo de sus productos financieros tendrán el derecho a no pagar el monto reclamado mientras la solicitud se encuentre en proceso.
También ampliará el plazo para presentar reclamaciones ante la SB y plantea que se establezca un término, a partir de la firma de los contratos de adhesión, durante el cual los usuarios puedan retractarse.
El proyecto sugiere prohibir las barreras administrativas que impiden la cancelación o cambio de productos, así como las cláusulas que permiten la modificación arbitraria de las tasas de interés.
La iniciativa asigna a las entidades de intermediación financiera la responsabilidad por el buen comportamiento de sus representantes y terceros contratados en el proceso de cobro de deudas.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL DOCUMENTO
El documento íntegro se encuentra disponible en el portal de la SB, sb.gob.do, así como en el portal del Banco Central.
Los interesados en opinar pueden socializar sus aportes a la Gerencia del Banco Central o la Superintendencia de Bancos, a través de fin.normativa@bancentral.gov.do y del correo regulacion@sb.gob.do, respectivamente.
agl/of-am
Santo Domingo, R.D.-Mediante una disposición oficial, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obliga a los productores ganaderos y vendedores de carne bovina a convertirse en agentes de retención del 1% del monto facturado a personas y negocios informales, correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En su artículo 8, la normativa de la DGII, explica respecto a la Facturación Electrónica, que las personas jurídicas designadas como agentes de retención deberán estar en ese sistema.
Solo deja exento de la norma a los agentes de retención que sean emisores electrónicos o se encuentren dentro del plazo establecido en la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.
Esta disposición, también forma parte de los trabajos que han resultado de modelos tecnológicos avanzados como “machine learning” y sobre lo que se infiere que han detectado una alta informalidad en el sector de la agropecuaria.
Asimismo, la DGII tomó en consideración el interés del estado de permitir el desarrollo del subsector de ganadería d carne bovina, “sin que el cumplimiento de sus obligaciones tributarias altere sus condiciones económica pero garantizando la incorporación de las nuevas acciones que permitan fomentar la formalización de las personas que se dedican a las actividades del citado subsector”.
En su artículo 1, la normativa plantea el objetivo de establecer agentes de retención al subsector de ganadería de carne bovina.
En su artículo2 señala el alcance de la disposición: “Están alcanzados por la presente Norma General las personas físicas que vendan bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina”.
Además, agrega, “se encuentran sujetos a las disposiciones de esta Norma General las personas jurídicas que adquieran bienes o productos cárnicos de dicho subsector, quienes fungirán como agentes de retención”.
Dentro de su disposición que, consta de once artículos, el artículo 6 explica sobre el tratamiento del Comprobante de Compras, que se permitirá a las agentes de retención la recurrencia de su uso con una misma cédula de identidad cuando adquieran de personas físicas no formalizadas bienes o productos cárnicos del subsector de ganadería y producción de carne bovina siempre que se realice la retención prevista.
Sobre la retención, indica en su artículo 7 que esta constituirá un pago a cuenta del ISR únicamente en los casos en el que el contribuyente objeto de la retención se formalice como persona física en la DGII, el cual podrá ser usado en la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta de su primer ejercicio fiscal.
De igual modo, precisa que la medida aplica a partir del establecimiento actual de los agentes de retención, por lo que no aplica para ejercicios anteriores.
Suelto
Inobservancias
La DGII señala que habrá sanciones ante la inobservancia de la Norma General 04-2025, en atención al Código Tributario, al considerarse un incumplimiento de los deberes formales, contenidos en los artículos 50 y 253.
Entrada en vigor
De acuerdo con el aviso oficial, la referida normativa entrará en vigor a partir de tres meses de esta publicación , sin perjuicios de los plazos indicados en el artículo 8, que refiere a la Facturación Electrónica, que también da un plazo de tres meses para que las personas jurídicas designadas como agentes de retención a soliciten ser emisor electrónico.