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Empresas de Eddy Santana recibieron más de RD$494 millones de la OMSA
SANTO DOMINGO. La trama de presunta corrupción administrativa que envuelve al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y el empresario Eddy Santana Zorrilla, asciende a más de RD$494 millones de pesos.
Desde noviembre del 2012 hasta septiembre de 2017, las empresas Tech Solution EKR y Grupo Martisdom propiedad de Santana Zorrilla recibieron transferencias por pagos de servicios y contratos de la OMSA por unos RD$494,806,944.89, detalla la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y corrupción Administrativa, no así por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferrera pese a detallar en la instancia los encuentros entre ambos, así como los motivos.
El Ministerio Público detalla que aunque Martisdom declaró pérdidas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el 2016, desde ese año hasta la fecha recibió RD$47,607,967,07 de la OMSA, según los documentos provisionales suministrados por el actual director de esa entidad Héctor Mojica.
A pesar de que en menos de cinco años las empresas recibieron casi RD$500 millones sólo de la OMSA, las mismas no cuentan con registro de personal en el Ministerio de Trabajo ni ninguna documentación en los archivos de esa institución estatal, dice la fiscalía en su instancia.
Agrega, además, que aunque Martisdom es representada por Rosary Hernández Santana, sobrina de Eddy Santana, ésta es recepcionista de dicha entidad y firmaba los contratos de adjudicación de la empresa sin recibir beneficios, más allá de un salario mensual de 20 mil pesos y una bonificación anual de RD$40 mil, lo cual demostrará con el interrogatorio que le realizaron el 17 de octubre.
Los documentos negados al abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez, por lo cual interpuso un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, tenían que ver con las licitaciones para la adjudicación de contratos o servicios a las referidas empresas de quien presuntamente le entregó un millón de pesos en una estación de combustibles en la avenida Rómulo Betancourt como adelanto para desistir del recurso de amparo.
En marzo de este año mediante el proceso de Excepción Urgencia número OMSA-CCC-PE-2017-248 en una licitación en la que participaron las dos empresas de Santana Zorrilla junto a Last Minute Solution, Distribuidora Agrícola y Pecuaria, las mismas resultaron beneficiadas; Tech Solution con un contrato de RD$42,665,260.00 y Grupo Martisdom con RD$15,133,832.76.
Según las declaraciones del empresario que tuvo comunicación telefónica con el occiso dos horas antes de ser raptado en la UASD y asesinado en la camioneta marca Ford, Azul, placa EL03636 el 11 octubre, eran dos millones que iba a entregarle a Ramírez Ferreras en la estación de combustibles.
“A Yuniol primero le entregué un desistimiento que le había mandado Faustino Rosario (coronel y gerente financiero de la OMSA) en donde retiraba la demanda, a lo que Yuniol se negó a firmarlo por lo que le dije que no podía entregarle el dinero ante la ausencia de garantía, diciéndome que no había problema que se lo podría entregar todo cuando pasara la audiencia, que estaba fijada para el 12 de octubre del 2017, por lo que acordamos dejarle un millón que éste alegadamnente recibió con el compromiso de que se le entregue lo demás inmediatamente concluida la referida audiencia”.
“Dicho dinero se lo entregué en efectivo, en un sobre manila amarillo e inmediatamente le informé al señor Faustino Rosario, estableciéndome este que me lo devolvía cuando el director regrese, puesto que se encontraba de viaje”, dijo.
“Luego me contacté con Yuniol vía telefónica el miércoles 11 de octubre, en eso de las 2:00 pm, y me dijo que no era necesario vernos ese mismo día, sino que mejor el día siguiente, fue lo último que supe de él”, dijo Santana Zorrilla en el interrogatorio del 15 de octubre.
El empresario al ser cuestionado sobre la función del prófugo Argenis Contreras González en la bomba dijo: “La idea principal era que él participara, pero como Yuniol nunca se montó en mi vehículo, no pudo participar. Él debía desde varios vehículos, montado en el de él, ver todo”. ¿Qué hace Argenis? Preguntan los investigadores y él respondió: “Cuando parqueo el vehículo, Argenis pone un celular para grabar, pero al no montarse en el vehículo no pudo grabarse nada, fue a buscarlo, lo retira de mi vehículo al final y se va”, respondió.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá mañana la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción al empresario Eddy Santana. La familia del abogado Ramírez informó que se querellaron en su contra y que solicitarán prisión por complicidad en el asesinato.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.