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Empresas de Eddy Santana recibieron más de RD$494 millones de la OMSA
SANTO DOMINGO. La trama de presunta corrupción administrativa que envuelve al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y el empresario Eddy Santana Zorrilla, asciende a más de RD$494 millones de pesos.
Desde noviembre del 2012 hasta septiembre de 2017, las empresas Tech Solution EKR y Grupo Martisdom propiedad de Santana Zorrilla recibieron transferencias por pagos de servicios y contratos de la OMSA por unos RD$494,806,944.89, detalla la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y corrupción Administrativa, no así por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferrera pese a detallar en la instancia los encuentros entre ambos, así como los motivos.
El Ministerio Público detalla que aunque Martisdom declaró pérdidas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el 2016, desde ese año hasta la fecha recibió RD$47,607,967,07 de la OMSA, según los documentos provisionales suministrados por el actual director de esa entidad Héctor Mojica.
A pesar de que en menos de cinco años las empresas recibieron casi RD$500 millones sólo de la OMSA, las mismas no cuentan con registro de personal en el Ministerio de Trabajo ni ninguna documentación en los archivos de esa institución estatal, dice la fiscalía en su instancia.
Agrega, además, que aunque Martisdom es representada por Rosary Hernández Santana, sobrina de Eddy Santana, ésta es recepcionista de dicha entidad y firmaba los contratos de adjudicación de la empresa sin recibir beneficios, más allá de un salario mensual de 20 mil pesos y una bonificación anual de RD$40 mil, lo cual demostrará con el interrogatorio que le realizaron el 17 de octubre.
Los documentos negados al abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez, por lo cual interpuso un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, tenían que ver con las licitaciones para la adjudicación de contratos o servicios a las referidas empresas de quien presuntamente le entregó un millón de pesos en una estación de combustibles en la avenida Rómulo Betancourt como adelanto para desistir del recurso de amparo.
En marzo de este año mediante el proceso de Excepción Urgencia número OMSA-CCC-PE-2017-248 en una licitación en la que participaron las dos empresas de Santana Zorrilla junto a Last Minute Solution, Distribuidora Agrícola y Pecuaria, las mismas resultaron beneficiadas; Tech Solution con un contrato de RD$42,665,260.00 y Grupo Martisdom con RD$15,133,832.76.
Según las declaraciones del empresario que tuvo comunicación telefónica con el occiso dos horas antes de ser raptado en la UASD y asesinado en la camioneta marca Ford, Azul, placa EL03636 el 11 octubre, eran dos millones que iba a entregarle a Ramírez Ferreras en la estación de combustibles.
“A Yuniol primero le entregué un desistimiento que le había mandado Faustino Rosario (coronel y gerente financiero de la OMSA) en donde retiraba la demanda, a lo que Yuniol se negó a firmarlo por lo que le dije que no podía entregarle el dinero ante la ausencia de garantía, diciéndome que no había problema que se lo podría entregar todo cuando pasara la audiencia, que estaba fijada para el 12 de octubre del 2017, por lo que acordamos dejarle un millón que éste alegadamnente recibió con el compromiso de que se le entregue lo demás inmediatamente concluida la referida audiencia”.
“Dicho dinero se lo entregué en efectivo, en un sobre manila amarillo e inmediatamente le informé al señor Faustino Rosario, estableciéndome este que me lo devolvía cuando el director regrese, puesto que se encontraba de viaje”, dijo.
“Luego me contacté con Yuniol vía telefónica el miércoles 11 de octubre, en eso de las 2:00 pm, y me dijo que no era necesario vernos ese mismo día, sino que mejor el día siguiente, fue lo último que supe de él”, dijo Santana Zorrilla en el interrogatorio del 15 de octubre.
El empresario al ser cuestionado sobre la función del prófugo Argenis Contreras González en la bomba dijo: “La idea principal era que él participara, pero como Yuniol nunca se montó en mi vehículo, no pudo participar. Él debía desde varios vehículos, montado en el de él, ver todo”. ¿Qué hace Argenis? Preguntan los investigadores y él respondió: “Cuando parqueo el vehículo, Argenis pone un celular para grabar, pero al no montarse en el vehículo no pudo grabarse nada, fue a buscarlo, lo retira de mi vehículo al final y se va”, respondió.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá mañana la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción al empresario Eddy Santana. La familia del abogado Ramírez informó que se querellaron en su contra y que solicitarán prisión por complicidad en el asesinato.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.