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Empresas de Eddy Santana recibieron más de RD$494 millones de la OMSA
SANTO DOMINGO. La trama de presunta corrupción administrativa que envuelve al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, y el empresario Eddy Santana Zorrilla, asciende a más de RD$494 millones de pesos.
Desde noviembre del 2012 hasta septiembre de 2017, las empresas Tech Solution EKR y Grupo Martisdom propiedad de Santana Zorrilla recibieron transferencias por pagos de servicios y contratos de la OMSA por unos RD$494,806,944.89, detalla la solicitud de medida de coerción hecha por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado dominicano y corrupción Administrativa, no así por el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferrera pese a detallar en la instancia los encuentros entre ambos, así como los motivos.
El Ministerio Público detalla que aunque Martisdom declaró pérdidas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el 2016, desde ese año hasta la fecha recibió RD$47,607,967,07 de la OMSA, según los documentos provisionales suministrados por el actual director de esa entidad Héctor Mojica.
A pesar de que en menos de cinco años las empresas recibieron casi RD$500 millones sólo de la OMSA, las mismas no cuentan con registro de personal en el Ministerio de Trabajo ni ninguna documentación en los archivos de esa institución estatal, dice la fiscalía en su instancia.
Agrega, además, que aunque Martisdom es representada por Rosary Hernández Santana, sobrina de Eddy Santana, ésta es recepcionista de dicha entidad y firmaba los contratos de adjudicación de la empresa sin recibir beneficios, más allá de un salario mensual de 20 mil pesos y una bonificación anual de RD$40 mil, lo cual demostrará con el interrogatorio que le realizaron el 17 de octubre.
Los documentos negados al abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez, por lo cual interpuso un recurso de amparo en el Tribunal Superior Administrativo, tenían que ver con las licitaciones para la adjudicación de contratos o servicios a las referidas empresas de quien presuntamente le entregó un millón de pesos en una estación de combustibles en la avenida Rómulo Betancourt como adelanto para desistir del recurso de amparo.
En marzo de este año mediante el proceso de Excepción Urgencia número OMSA-CCC-PE-2017-248 en una licitación en la que participaron las dos empresas de Santana Zorrilla junto a Last Minute Solution, Distribuidora Agrícola y Pecuaria, las mismas resultaron beneficiadas; Tech Solution con un contrato de RD$42,665,260.00 y Grupo Martisdom con RD$15,133,832.76.
Según las declaraciones del empresario que tuvo comunicación telefónica con el occiso dos horas antes de ser raptado en la UASD y asesinado en la camioneta marca Ford, Azul, placa EL03636 el 11 octubre, eran dos millones que iba a entregarle a Ramírez Ferreras en la estación de combustibles.
“A Yuniol primero le entregué un desistimiento que le había mandado Faustino Rosario (coronel y gerente financiero de la OMSA) en donde retiraba la demanda, a lo que Yuniol se negó a firmarlo por lo que le dije que no podía entregarle el dinero ante la ausencia de garantía, diciéndome que no había problema que se lo podría entregar todo cuando pasara la audiencia, que estaba fijada para el 12 de octubre del 2017, por lo que acordamos dejarle un millón que éste alegadamnente recibió con el compromiso de que se le entregue lo demás inmediatamente concluida la referida audiencia”.
“Dicho dinero se lo entregué en efectivo, en un sobre manila amarillo e inmediatamente le informé al señor Faustino Rosario, estableciéndome este que me lo devolvía cuando el director regrese, puesto que se encontraba de viaje”, dijo.
“Luego me contacté con Yuniol vía telefónica el miércoles 11 de octubre, en eso de las 2:00 pm, y me dijo que no era necesario vernos ese mismo día, sino que mejor el día siguiente, fue lo último que supe de él”, dijo Santana Zorrilla en el interrogatorio del 15 de octubre.
El empresario al ser cuestionado sobre la función del prófugo Argenis Contreras González en la bomba dijo: “La idea principal era que él participara, pero como Yuniol nunca se montó en mi vehículo, no pudo participar. Él debía desde varios vehículos, montado en el de él, ver todo”. ¿Qué hace Argenis? Preguntan los investigadores y él respondió: “Cuando parqueo el vehículo, Argenis pone un celular para grabar, pero al no montarse en el vehículo no pudo grabarse nada, fue a buscarlo, lo retira de mi vehículo al final y se va”, respondió.
La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá mañana la solicitud de un año de prisión preventiva como medida de coerción al empresario Eddy Santana. La familia del abogado Ramírez informó que se querellaron en su contra y que solicitarán prisión por complicidad en el asesinato.
diariolibre.com
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.