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Opinión

En 169 años, la Cámara de Diputados ha tenido 60 presidentes y sólo una presidenta

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Por Víctor Mateo

De Manuel María Valencia a Ernesto Bonetti (1844-1930)

Victor-Mateo-V.-236x300En sus orígenes, la historia política de República Dominicana fue inestable y controversial. En 169 años de vida republicana, una de sus instituciones más antiguas, el Congreso Nacional, no escapó de la difícil y conflictiva época política. Los antecedentes históricos establecen que fue Manuel María Valencia quien presidió el llamado Consejo Constituyente de San Cristóbal en 1844, por lo que se le reconoce como el primer presidente de la Cámara de Diputados.

Desde 1844 hasta 1916 la Cámara de Diputados fue dirigida por 32 legisladores, mientras que entre 1916 y 1924 no hubo Congreso constituido, pues durante esos años, el país estuvo ocupado por tropas estadounidenses que conformaron un gobierno militar. Tras la desocupación, los diputados estuvieron dirigidos por el señor Ernesto Bonetti Burgos, quien estuvo en el cargo el mismo tiempo que duró Horacio Vásquez en la Presidencia de la República: hasta 1930.

Presidentes de los diputados en la Era de Trujillo

Pese a que durante más de 30 años, República Dominicana no conoció otra autoridad que no fuese la de Rafael Leónidas Trujillo, los libros de historia registran nueve presidentes de la Cámara de Diputados en la “Era de Trujillo”. Ellos son: Miguel Ángel Roca (1930-1936), Daniel Henríquez Velásquez (1936-1937), Arturo Pellerano Sardá (1937-1940), Abelardo René Nanita León (1940-1942), Manuel Arturo Peña Batlle (1942), Porfirio Herrera Velásquez (1943-1955), Rafael Francisco Prats Ramírez (1955-1956), Carlos Sánchez y Sánchez (1956-1958) y José Ramón Rodríguez (1958-1961).

Porfirio Herrera Velásquez, conocido como un hombre de la extrema confianza de Trujillo, fue quien ejerció por más tiempo la presidencia de la Cámara de Diputados durante la dictadura. Por su parte, Manuel Arturo Peña Batlle solo estuvo al frente de la Cámara de Diputados durante el transcurrir de 1942, siendo del menos permanencia en el cargo.

Los 61 presidentes después de la dictadura

Desde 1961 la Cámara de Diputados ha tenido 19 presidentes: nueve pertenecientes al PRSC -entre ellos la primera y única mujer en presidir el hemiciclo-, cinco pertenecientes al PLD e igual número pertenecientes al PRD.

Luego de que el diputado José Ramón Rodríguez presidiera la cámara baja del Congreso Nacional durante los meses de persecución y posterior asesinato de varios de los ajusticiadores de Rafael L. Trujillo, la responsabilidad quedó bajo la persona de Carlos Rafael Goico Morales, quien fue diputado y presidente de esa institución durante el período 1961-1962.

A Goico Morales se le atribuye haber sido uno de los fundadores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Fue procurador general de la República (1968) y luego vicepresidente de la República en dos ocasiones (1970-1074 y 1974-1978).

En 1963 asumió la dirigencia de dicha cámara Miguel A. Mc’Cabe Aristy. Ese mismo año también ocupó la posición Rafael R. Molina Ureña. A partir de 1963, hasta abril de 1965, el gobierno de la República estuvo bajo el Triunvirato conformado tras el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Es por ello que el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Gerardo Badía Lara, ascendió en 1966, durando justamente los cuatro años del primer gobierno del doctor Balaguer.

Con la inauguración del segundo mandato de Joaquín Balaguer, Atilio Antonio Guzmán Fernández fue escogido como presidente de la Cámara Baja, posición en la que permaneció por ocho años consecutivos. Este hecho lo convierte en el legislador que ha ocupado la presidencia de la Cámara de Diputados por más tiempo después de la dictadura de Trujillo.

El triunfo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en las elecciones de 1978 supuso un cambio no solo en la conducción del Poder Ejecutivo, sino también en la conformación y conducción del Congreso Nacional. Dos diputados del PRD ocuparon la presidencia dela Cámara de Diputados durante el gobierno de Antonio Guzmán Fernández: Abraham Bautista Alcántara (1978-1979) y Hatuey de Camps Jiménez (1979-1982). Durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986), solo un legislador dirigió la Cámara de Diputados: Hugo Tolentino Dipp (1982-1986), quien fue representante por la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Con la vuelta al poder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el doctor Balaguer en 1986, tres legisladores presidieron el órgano legislativo: Fernando Amiama Tió (1986-1987), Ramón Edilio Vargas Ortega (1987) y Luis José González Sánchez (1987-1990). Los tres representaron intereses netamente reformistas, contrario a lo que ocurrió en sus siguientes períodos como presidente de la República (1990-1994, 1994-1996). De1990 a 1996, tres diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ocuparon la presidencia de la Cámara de Diputados: Norge Botello (1990-1993), Danilo Medina (1994-1995) y José Ramón Fadul Fadul (1995-1996).

El ingeniero Héctor Rafael Peguero Méndez presidió la Cámara Baja por tres años consecutivos (1996-1999) durante el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández.

En 1999 se da un hecho sin precedentes en la historia política dominicana: una mujer se convirtió en la presidenta de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Rafaela Alburquerque, representante por San Pedro de Macorís y dirigente reformista, estuvo al mando de la Cámara Baja de 1999 a 2003. Su ascenso a la máxima posición entre los diputados se debió a un acuerdo entre una facción reformista y los perredeístas, ya que el partido blanco ganó abrumadoramente el torneo electoral del período 1998-2002, repitiendo la misma hazaña en las elecciones de 2002-2006.

Luego, al finalizar el período de Rafaela Alburquerque, asumió la presidencia Alfredo Pacheco Osoria, del PRD, quien dirigió los destinos de la Cámara Baja hasta el año 2006, cuando el PLD ganó las elecciones congresuales y municipales de manera abrumadora.

El PLD se mantiene al frente del Congreso Nacional desde el año 2006. Dos legisladores del PLD han sido presidentes de la Cámara de Diputados desde entonces: Julio César Valentín (2006-2010) y Abel Martínez, (2010-), ambos son representantes por la provincia Santiago de los Caballeros.

Bibliografía

Galeria de expresidentes de la Cámara de Diputados. Recuperado desdewww.camaradediputados.gob.do

 

El autor es: Abogado y  catedrático de la PUCMM

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Opinión

La Semana Santa: Un Espacio de tiempo Apropiado para Pensar en Valores.

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Por José Cabral

La Semana Santa, la cual es utilizada para invertir ese tiempo en asuntos que generalmente no son los más recomendables, debían servir en esta época  de crisis de valores para pensar en aquellas cosas que pueden repercutir en favor de nuestros hijos, nietos, la familia en sentido general y toda la sociedad.

Ello así, porque la República Dominicana prácticamente ha tocado fondo en lo que respecta a los valores, no sólo cívicos y democráticos, sino también morales y éticos.

La cercanía de las elecciones para escoger las autoridades nacionales, dígase presidente, vicepresidente, diputados y senadores, manda que los paradigmas que prevalecen ahora puedan ser cambiados para que de alguna manera nos acerquemos a una democracia más acorde con una nación civilizada.

Las pasadas elecciones municipales enviaron un mensaje muy contundente en lo que respecta a que por lo menos los gobiernos municipales han sido escogidos afectados de una peligrosa ilegitimidad, es decir, que no representan a la mayoría de los munícipes, lo cual podría implicar un profundo problema de gobernabilidad.

A este fenómeno se le ha dado una y mil explicaciones, pero el asunto radica en que la sociedad dominicana se rige por valores profundamente antidemocráticos, tal vez como una expresión fiel de su herencia histórico-cultural, la cual se fundamenta en el machismo, el caudillismo, el patriarcado, el jefismo y el amiguismo.

Estas distorsiones ahora también son alimentadas por el fenómeno del clientelismo, es decir, que porcentajes importantes de votantes acuden a depositar su voto no sobre la base de que haya mayores garantías para sus hijos, la familia y la sociedad, sino con la exigencia de que primera se les entregue los suyos.

Entonces, esta crisis de valores tiene que ser una razón más que suficiente para que reflexionemos cómo vamos a afrontar una distorsión que podría llevar al abismo a la sociedad dominicana.

La Semana Santa aparte de ser un momento importante para fortalecer los lazos afectivos familiares, también debe servir para que reflexionemos con mucha profundidad sobre el destino que nos espera si continuamos por este derrotero.

Una consecuencia evidente esta crisis tiene que ver con el colapso de prácticamente todos los partidos políticos dominicanos, los cuales hoy atraviesan por una falta de credibilidad que muy difícilmente en algunos años puedan permanecer con vida.

Naturalmente, entre los dominicanos ya es una cultura que se espere la desgracia total para entonces pensar en las que pueden ser las soluciones.

La sociedad dominicana, dentro de cuyo contexto hay que incluir al Estado, está gravemente amenazada por la falta de credibilidad de las instituciones que deben servir de soporte a la democracia, pero nadie parece tomar el asunto en serio.

La Semana Santa podría ser un espacio de tiempo para que se asuma con seriedad una crisis que tiene una diversidad de aristas que no se ven a simple vista, pero que corroen el sistema de una forma muy acelerada.

Ya hemos llegado a tener autoridades ilegitimas a nivel de los gobiernos locales, ahora falta ver cuál será el comportamiento del ciudadano frente a las elecciones presidenciales y congresuales, porque podría ser que ahí sí la puerca tuerza el rabo.

Aprovechemos la Semana Mayor para escrudiñar como asumir el reto, ya que la democracia nacional está agonizante, cuyas debilidades deben repartirse entre todos los actores que han propiciado la actual situación.

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Opinión

Momento de reconciliarnos con nuestro lema nacional.

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Por Isaías Ramos

En estos tiempos tan inciertos y complicados que vive la nación dominicana, una nación cuyo espíritu danza al ritmo del merengue y cuya fortaleza se ha forjado en la fe y el valor, nos encontramos ante una encrucijada que pone a prueba nuestra esencia. Una élite política ha oscurecido las esperanzas de muchos, sembrando un sentimiento de amargura en gran parte de nuestra población. Mientras tanto, las continuas crisis de nuestros vecinos nos recuerdan el valor de la estabilidad y la importancia de la unidad.

Recordemos las palabras de Juan Pablo Duarte, el padre de nuestra independencia: «Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor». Estas palabras resuenan con una verdad inquebrantable, especialmente en estos tiempos de incertidumbre. La nación se ve sacudida no solo por los vaivenes internos, sino también por las crisis que azotan a nuestros vecinos, recordándonos la fragilidad de nuestra estabilidad y la importancia de la unidad.

La Semana Santa se nos presenta como una pausa reflexiva, un momento sagrado para mirar hacia dentro y preguntarnos: ¿Hemos sido fieles al legado de quienes nos precedieron? En el silencio de estas jornadas, hallamos un espacio para la introspección, para volver a conectar con esos valores eternos de fe en Dios, amor patrio y libertad que nos legaron nuestros fundadores.

¿Cómo podemos, entonces, trascender la amargura y el descontento que parecen nublar nuestro horizonte? La respuesta yace en el poder transformador de la fe en Dios y en el amor incondicional por nuestra tierra. Al igual que en las luchas pasadas por nuestra independencia y soberanía, la fe en algo más grande que nosotros mismos fue el faro que guió a nuestros héroes. En esta Semana Santa, miramos hacia la cruz no solo como símbolo de sacrificio, sino como un recordatorio de la esperanza y la renovación.

La historia nos sirve de espejo, mostrándonos las huellas de aquellos que nos precedieron y las encrucijadas donde otros han tropezado. Las lecciones de naciones hermanas como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua resuenan como ecos de advertencia y guía. Nos recuerdan la importancia de permanecer fieles a nuestros principios y los peligros de desviarnos del camino.

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana renacida, donde el temor, la inseguridad y la corrupción sean meras sombras del pasado. Una nación donde cada ciudadano, movido por el temor reverente a Dios y el amor a su patria, contribuya a forjar un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Este es el futuro que podemos construir juntos.

Que esta Semana Santa marque el inicio de un compromiso renovado, no solo con nuestras creencias personales, sino también con el legado que deseamos dejar. La cruz de Cristo, más allá de su significado religioso, simboliza la intersección entre nuestro pasado y nuestro futuro, entre nuestros errores y nuestra redención.

Así, en este momento sagrado, desde el Frente Cívico y Social hacemos un llamado a cada corazón dominicano: despertemos a la grandeza de nuestra herencia, a la fortaleza que reside en nuestra unidad y fe en Dios. Juntos, podemos transitar este camino hacia la redención, abrazando los desafíos como oportunidades para reafirmar nuestra identidad y propósito.

Que la Semana Santa sea el umbral que crucemos hacia un nuevo capítulo de nuestra historia, uno lleno de luz, paz y prosperidad.

¡Despierta, RD!

 

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Opinión

Implementación de leyes y procedimientos con la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

En términos generales los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán contar con leyes y procedimientos que les permitan cumplir con todas las solicitudes de asistencia de la IPC. Estas leyes y procedimientos necesitan ser suficientemente flexibles para permitir el cumplimiento de los Estados Partes de cualquier especificación contenida en la solicitud, tal como el modo de ejecución de una solicitud en particular, o el procedimiento a seguir. Este podría incluir requisitos tales como la confidencialidad, u otras formas de protección de la información, así como la urgencia de la solicitud.

Todos los Estados deberán establecer un método efectivo de comunicación con la Corte para que resuelva cualquier problema que pueda surgir en relación con las solicitudes de asistencia de la Corte. Por ejemplo, alguien que trabajara en la Embajada del Estado en La Haya debería ser designado como contacto con la Secretaría de la Corte, para que así se puedan identificar posibles dificultades de manera incipiente. Como mínimo, se debería designar una persona contacto que mantenga archivos actualizados de todas las comunicaciones con la Corte y sus distintos órganos.

Cuando los Estados Partes del Estatuto de Roma debían cumplir con requisitos particulares para ejecutar las solicitudes de la Corte Penal Internacional, deberán hacérselo saber a la Corte cuanto antes, luego de la ratificación. Si no lo hacen deberán estar preparados para hacerlo cuando la Corte solicite tal información.Los Estados Partes podrían también necesitar leyes que permitan a las personas especificadas por la Corte para presenciar y asistir en el proceso de ejecución, luego de el Estado Parte   Consultado

. Estas personas incluirán a personal de la CPI, tales como el Fiscal y Fiscales Adjuntos. Podrían también incluir al Abogado Defensor, en el caso de una persona investigada por la CPI, cuando sea una orden o solicitud de cooperación de la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el artículo 57 del Estatuto.

En líneas generales, los artículos 94 y 95 del Estatuto de Roma facultan a los Estados para aplazar la ejecución de las solicitudes en ciertas situaciones. El artículo 94 describe la situación en que la solicitud interfiera con una investigación o enjuiciamiento en curso de un asunto distinto.

En el caso anterior el Estado requerido  podrá consultarlo ante la Corte Penal Internacional  y acordar un periodo de tiempo de prórroga  para la ejecución. Este periodo no excederá  de lo necesario para concluir la investigación o el enjuiciamiento de que se trate la ejecución de la solicitud. El Estado requerido podrá también prestar asistencia con sujeción a ciertas condiciones, en el caso en que decida prestar la asistencia de inmediato.

El artículo 95 describe el caso en que la solicitud de asistencia se aplace por estar pendiente la impugnación de admisibilidad de la causa. La Corte Penal Internacional es competente para decidir todos los asuntos jurisdiccionales que le conciernen.

Sin embargo, el Estado requerido podrá suspender la ejecución de una solicitud por estar pendiente una decisión de la Corte, a no ser que la Corte haya resuelto expresamente que el Fiscal puede recolectar prueba antes de que la Corte decida sobre la admisibilidad del asunto. En otras palabras, podría ser confuso ante tal situación si quien investigara el asunto sería la CPI o una autoridad nacional estatal.

Finalmente, por las razones anteriores los Estados podrán esperar hasta que se determine definitivamente la competencia de la Corte Penal Internacional, antes de que la ejecución de la solicitud sea obligatoria, según la parte 9 del Estatuto, salvo que la Corte disponga lo contrario.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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