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En manos del Tribunal Constitucional acuerdo entre EEUU y República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dio permiso a los Estados Unidos, amparado en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995, autorizado por el expresidente Joaquín Balaguer, a fin de utilizar de manera “temporal” espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en la lucha contra el tráfico de drogas, pero el mismo fue rechazado por el Tribunal Constitucional y parece que la misma suerte podría correr el autorizado ahora por Luis Abinader en el mismo sentido
Este punto fue uno de los que el Tribunal Constitucional de 2015 se basó para declarar inconstitucional el “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana”, en el Gobierno de Danilo Medina.
Asimismo, el acuerdo aplicaba a todo el personal de esa nación estadounidense presente temporalmente en el país en conexión con visitas, actividades de capacitación, ejercicios, labores humanitarias y otras mutuamente acordadas por ambos gobiernos.
El mismo fue firmado el 20 de enero de 2015, por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el embajador de Estados Unidos, James W. Brewster; con la presencia del ministro de Defensa, William Muñoz Delgado y el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly.
En la sentencia TC/031/, el organismo apuntó que la Constitución prevé la posibilidad de que el Estado dominicano autorice la presencia de tropas extranjeras, y en relación con ello precisa, que el Estado dominicano determinará, en todo caso, “el tiempo y las condiciones de su estadía”.
“La presencia de tropas militares en el territorio dominicano siempre debe estar supeditada a un plazo concreto, es decir, que no es permisible la permanencia por un lapso indeterminado de cuerpos militares extranjeros en territorio dominicano, cuya estancia también habrá de encontrarse regulada por condiciones puntuales”, expresó el TC en su sentencia.
El TC declaró “no conforme con la Constitución”, que la República Dominicana otorgara privilegios e inmunidades a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos presentes en el país, equivalentes a las concedidas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961.
El convenio contemplaba que República Dominicana aceptara como válidas las licencias profesionales otorgadas por Estados Unidos, por sus subdivisiones políticas, o por sus mismos estados al personal de esa nación para la provisión de servicios al personal autorizado.
El acuerdo establecía que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos podía contratar cualquier material, suministros, equipos y servicios a ser provistos o hechos en la República Dominicana sin restricción en cuanto a la elección del contratista. Además, que los contratistas de Estados Unidos no estarán sujetos al pago de ningún impuesto o cargo.
“El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el personal de los Estados Unidos pueden importar, exportar, y usar en la República Dominicana cualquier propiedad personal, aparatos, suministros, provisiones, tecnología, capacitación o servicios en relación con sus actividades”, apuntaba.
De igual forma, autorizaba que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el personal de los Estados Unidos no estarían sujetos al pago de ningún impuesto o cargo similar estipulado en la República Dominicana.
“Las aeronaves propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, u operadas por o en ese momento exclusivamente para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no estarán sujetas al pago de cargos por navegación, sobrevuelo, terminal u otros cargos similares en el territorio de la República Dominicana”, resaltaba.
Santo Domingo.- El general Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), llamó a la población a actuar con prudencia durante el asueto de Semana Santa 2026, al advertir que la conducta individual sigue siendo determinante para evitar tragedias en este período.
Indicó que más de 50,000 hombres y mujeres de distintas instituciones estarán desplegados en todo el territorio nacional, incluyendo organismos de socorro, seguridad vial y salud, con el objetivo de prevenir incidentes y dar respuesta oportuna ante emergencias.
No obstante, insistió en que la prevención depende en gran medida del comportamiento ciudadano. “Nadie te puede cuidar mejor que tú”, afirmó, al subrayar la importancia de respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad.
El director del COE recomendó a los conductores verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos, evitar el consumo de alcohol si van a manejar, respetar los límites de velocidad y utilizar sistemas de seguridad, especialmente en el caso de niños.
Asimismo, advirtió sobre el alto riesgo del uso de motocicletas durante este período: “Tuvimos 32 fallecidos, dos de ellos fueron asfixia por inmersión y los 30 restantes por accidentes de tránsito”, señaló, al referirse al operativo anterior. Además, precisó que “el 86% de la fatalidad eran motocicletas”.
Santo Domingo.- Los dias de trabajo en la Semana Santa de 2026 para el sector público se extenderan hasta el miercoles 1 de abril a las 4:00 de la tarde, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).
La medida está contenida en la circular número 001054, emitida el 26 de marzo de 2026, y dirigida a ministros, directores generales, titulares de instituciones descentralizadas y demás entidades del Estado.
De acuerdo con el documento, el horario aplica de manera general para la administración pública, en cumplimiento del rol del MAP como órgano rector del empleo público y de los sistemas administrativos.
No obstante, la institución establece que los titulares de órganos, entes y empresas públicas podrán ajustar horarios o disponer jornadas especiales cuando la naturaleza del servicio lo requiera. Esto incluye áreas que deben mantener operaciones para garantizar la atención a la ciudadanía.
La disposición busca organizar la jornada laboral durante el asueto de Semana Santa, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales en el sector público.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de una prision preventiva de un año fue solicitado este domingo por el Ministerio Público como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de gestionar y recibir la suma de 10,000 dólares de una persona que se encontraba bajo investigación.
El arresto del imputado se produjo en flagrante delito el pasado viernes, durante una entrega controlada previamente autorizada por un tribunal, según informaron las autoridades.
La solicitud fue depositada por el procurador fiscal Andrés Mena ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz Almonte. El expediente consta de unas 50 páginas.
- De acuerdo con la investigación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona investigada, monto que luego redujo a 150,000 dólares. Además, presuntamente manifestó interés en recibir un reloj marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz, modelos 350 o 450.
Debido a que el imputado posee privilegio de jurisdicción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez especial ante el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César E. Canó Alfau. En respuesta, la corte designó a Muñiz Almonte como jueza de la instrucción especial.
En la instancia, el órgano acusador también solicitó la fijación de la audiencia para conocer la medida de coerción.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.
«Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga», expresó Yeni Berenice Reynoso, al calificar el caso como grave y subrayar la responsabilidad de los fiscales en la persecución de los delitos.