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En manos del Tribunal Constitucional acuerdo entre EEUU y República Dominicana.

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dio permiso a los Estados Unidos, amparado en el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea firmado en 1995, autorizado por el expresidente Joaquín Balaguer,  a fin de  utilizar de manera “temporal” espacios restringidos en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) en la lucha contra el tráfico de drogas, pero el mismo fue rechazado por el Tribunal Constitucional y parece que la misma suerte podría correr  el autorizado ahora por Luis Abinader en el mismo sentido

El Gobierno no hizo público qué tiempo específico se realizarán estas operaciones.

Este punto fue uno de los que el Tribunal Constitucional de 2015 se basó para declarar inconstitucional el “Acuerdo sobre Estatus del Personal de los Estados Unidos en la República Dominicana”, en el Gobierno de Danilo Medina.

Asimismo, el acuerdo aplicaba a todo el personal de esa nación estadounidense presente temporalmente en el país en conexión con visitas, actividades de capacitación, ejercicios, labores humanitarias y otras mutuamente acordadas por ambos gobiernos.

El mismo fue firmado el 20 de enero de 2015, por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro y el embajador de Estados Unidos, James W. Brewster; con la presencia del ministro de Defensa, William Muñoz Delgado y el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general John Kelly.

En la sentencia TC/031/, el organismo apuntó que la Constitución prevé la posibilidad de que el Estado dominicano autorice la presencia de tropas extranjeras, y en relación con ello precisa, que el Estado dominicano determinará, en todo caso, “el tiempo y las condiciones de su estadía”.

“La presencia de tropas militares en el territorio dominicano siempre debe estar supeditada a un plazo concreto, es decir, que no es permisible la permanencia por un lapso indeterminado de cuerpos militares extranjeros en territorio dominicano, cuya estancia también habrá de encontrarse regulada por condiciones puntuales”, expresó el TC en su sentencia.

El TC declaró “no conforme con la Constitución”, que la República Dominicana otorgara privilegios e inmunidades a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos presentes en el país, equivalentes a las concedidas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961.

El convenio contemplaba que República Dominicana aceptara como válidas las licencias profesionales otorgadas por Estados Unidos, por sus subdivisiones políticas, o por sus mismos estados al personal de esa nación para la provisión de servicios al personal autorizado.

El acuerdo establecía que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos podía contratar cualquier material, suministros, equipos y servicios a ser provistos o hechos en la República Dominicana sin restricción en cuanto a la elección del contratista. Además, que los contratistas de Estados Unidos no estarán sujetos al pago de ningún impuesto o cargo.

“El Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el personal de los Estados Unidos pueden importar, exportar, y usar en la República Dominicana cualquier propiedad personal, aparatos, suministros, provisiones, tecnología, capacitación o servicios en relación con sus actividades”, apuntaba.

De igual forma, autorizaba que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el personal de los Estados Unidos no estarían sujetos al pago de ningún impuesto o cargo similar estipulado en la República Dominicana.

“Las aeronaves propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, u operadas por o en ese momento exclusivamente para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, no estarán sujetas al pago de cargos por navegación, sobrevuelo, terminal u otros cargos similares en el territorio de la República Dominicana”, resaltaba.

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Ministerio Público de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune

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Santo Domingo, R.D.-Edward Lopez,  titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realiza sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.

López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.

Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.

La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos «en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente».

El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.

  • La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia  de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.

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Envian a estudio en Cámara de Diputados modificaciones al Código Penal.

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Santo Domingo.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión bicameral para el estudio de las modificaciones a la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, y remitió a esa comitiva las propuestas que buscan cambiar artículos de la legislación.

El equipo de senadores y diputados estará integrado por todos los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja; su presidente será Wandy Batista.

Por parte del Senado, los comisionados serian anunciados en la sesión convocada para hoy, a las 2:00 de la tarde. El vicepresidente de la bicameral será un senador.

Además de Batista, los diputados que conforman la comisión mixta son Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Rosendy Polanco, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Alcides Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Manuel Sánchez, Eugenio Cedeño, Carolin Mercedes, Carmen William, Carlos de Pérez, Jorge Leonardo Tavárez y Ramón Mayobanex Martínez.

Se recuerda que este martes, frente a los cuestionamientos de sectores a artículos controversiales del nuevo Código Penal y la casi entrada en vigencia de la legislación, la Cámara de Diputados abrió un proceso de recepción y evaluación de propuestas “puntuales” sobre aquellos articulados, a fin de ver si puede modificar la norma antes de su aplicación, el próximo 3 de agosto.

El proceso de recepción de las observaciones comenzó ayer mismo, a las 2:00 de la tarde, y concluye el próximo miércoles 15 de julio. Estará abierto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Secretaría General Legislativa.

 

La Ley 74-25, del nuevo Código Penal, ha sido centro de debates en diversos escenarios desde que fue promulgada, aunque son más los sectores y actores que la aplauden. Los artículos 310 y 311, sobre el ultraje, son de los más atacados.

 

Los demás artículos son el 208 y 2010, que tratan la difamación y la injuria; el 315, que aborda la libertad de expresión; el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 9, que trata la responsabilidad compartida; el 12, sobre la comisión por omisión; y el 354, de la certificación falsa de estado de salud. También están los artículos del 46 al 49, sobre el cúmulo de pena; el 136, actividad sexual no consentida; el 173, discriminación; entre otros.

Varios legisladores han sometido iniciativas de modificación en algunos de esos artículos. El Poder Ejecutivo contiene, además, un proyecto de ley que someterá “en lo adelante”.

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Cabo que mató a joven en Herrera recibe 12 meses de prisión preventiva.

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Santo Domingo Oeste. Doce meses de prision preventiva dictó este miércoles un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Reyes Rodriguez,  contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un incidente ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La decisión fue adoptada por el juez Reyes Rodríguez.

El magistrado dispuso que el agente cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, declaró el proceso complejo con el propósito de ampliar el tiempo de investigación y determinar si otros miembros de la patrulla o de la Policía Nacional tuvieron participación en el hecho.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Edward López.

Al concluir la audiencia, el padre de la víctima, Noel Mercado, expresó su conformidad con la decisión judicial, al considerar que representa un paso hacia la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.

Por su parte, el abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que el tribunal también ordenó medidas de protección a favor de los familiares de la víctima y de los testigos del proceso, incluyendo una orden de alejamiento. Además, instruyó al Ministerio Público a garantizar seguimiento psicológico y asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.

Sobre la muerte del joven

Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, falleció el pasado 3 de julio tras recibir un disparo en el tórax presuntamente realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo policial.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, el agente realizaba labores de patrullaje mientras requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima. En ese momento, Darlin se acercó para informar que el vehículo le pertenecía, pero, de acuerdo con la acusación, el cabo le disparó sin mediar palabras, provocándole la muerte.
La muerte del joven generó indignación entre los residentes de La Cañada de Guajimía, quienes realizaron protestas, incendiaron neumáticos y bloquearon varias vías en reclamo de justicia.

Tras el hecho, el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la institución.

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