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La vergüenza pesa más que la miseria entre los haitianos en el diferendo entre R.D. y la vecina nación.
Por Elba García
El cierre de la frontera por parte del Gobierno dominicano fue la culminación de una intensa campaña en la que el presidente Luis Abinader solicitaba de la comunidad internacional la intervención armada de un país que no es el suyo.
Abinader como que se planteó trabajar por una causa para la que no fue elegido, es decir, acabar con la dignidad del pueblo haitiano con implorar una intervención armada, la cual, aunque era pedida también por los líderes de la empobrecida nación, pero no se puede ver igual porque esa es su tierra y su territorio.
En ese proceso se produce la deportación masiva de haitianos desde la República Dominicana y entonces llega el conflicto por el río Masacre, un componente que ha servido para que el haitiano recurra a su orgullo nacional, amén de que se trata de un asunto que involucra un recurso natural como el agua que es y será motivo de grandes confrontaciones humanas.
La cuestión es que en medio de la agudización de la violencia y de la crisis humanitaria que se produce en Haití, cientos de nativos de esta nación deciden abandonar el territorio nacional por voluntad propia, cuya acción sorprendió a mucha gente.
Pero podría decirse que los haitianos han decidido abrazarse a su dignidad y a la vergüenza de su nación con su decisión de salir de la República Dominicana y entonces ha habido un desenlace que representa una especie de repulsa al hecho de que el presidente Luis Abinader de una forma muy torpe, ha rogado a la comunidad internacional que Haití sea invadido por una fuerza multinacional.
Este comportamiento del Gobierno ha llevado a mucha gente a pensar que en la práctica abinader se maneja como si fuera el presidente de los dominicanos y también de los haitianos, lo cual no es materialmente posible y además carecería de la legalidad y la legitimidad que establece el derecho internacional a partir de que Haití es una nación libre e independiente.
El diferendo entre ambos países ha tomado un giro que impacta de una forma muy negativa la economía nacional, porque Haití es el segundo socio comercial del país, cuyo agravante ha traído consigo que ahora la vergüenza pesa más que la miseria de la vecina nación.
Ello así, porque a raíz de esa política de Abinader hacia Haití ahora los haitianos parecen haber decidido que, aunque se mueran de hambre, prefieren no consumir ni comprar los productos de la República Dominicana y ya se ha visto en más de una ocasión como ellos destruyen huevos y otras mercancías que antes codiciaban.
El fondo del asunto descansa no sólo en el cauce del rio Masacre, sino en que se sienten golpeados en lo más profundo de su dignidad, ya que Luis Abinader ha pretendido actuar como si él tuviera el derecho para decidir el destino de sus vecinos.
Si este comportamiento se llevara al marco personal o familiar, sólo habría que ver cuál sería la reacción de cualquier persona humana que sea obligada por su vecino a comer lo que él quiera y a vestirse como él lo imponga, lo cual no puede terminar de otra manera que no sea con violencia o por lo menos con un cumulo de dolor que provoque que unos odian a los otros.
La realidad es que el problema haitiano debe ser manejado desde una perspectiva humana, es decir, que se practique mucha solidaridad con ellos, pero jamás inmiscuirse en sus asuntos internos para que no se genere una reacción de rechazo a los que así actúan.
El punto es que independientemente de que los haitianos tengan o no razón en la toma o el desvío del rio Masacre, el cual no deja de ser un componente muy importante por tratarse de un conflicto que involucra un recurso tan vital para la vida como lo es el agua, lo cierto es que entrometerse en sus asuntos representan una forma de lesionar profundamente su dignidad y sus derechos a la autodeterminación, la independencia y la soberanía nacionales.
El resultado del diferendo, aunque parece provenir fundamentalmente del asunto del rio, la verdad es que está de por medio la vergüenza y la dignidad de ese pueblo, lo cual no alcanza a ver el presidente Abinader y su gobierno.
De manera, que el hecho de que República Dominicana abra ahora de par en par las puertas de la frontera y que los haitianos las mantengan cerradas como que se constituye en una respuesta que en realidad avergüenza a cualquier dominicano porque representa una reacción a una lesión de su dignidad y de la vergüenza que está por encima de la miseria y el hambre.
Mientras las cosas ocurran de esa manera, la economía nacional sufre las consecuencias de una torpeza que muy difícilmente podrá superarse en el Gobierno de Abinader, porque dice una famosa expresión que no se le puede peras al olmo.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.