Nacionales
De tres a cinco sismos de baja intensidad se registran diariamente en el país.
Ramon Delany, director del Centro Nacional de Sismología, reveló que generalmente en el país se registran de tres a cinco sismos diarios, lo que consideró como normal, por poseer República Dominicana una actividad sísmica muy constante.
Delanoy sostuvo que existen varias fallas geológicas a nivel nacional y de la isla, como son la septentrional, la del Cibao, San Juan, Enriquillo y Yabón donde se producen sismos de importancia.
Según el experto, la parte noreste refleja el registro de mayor cantidad de temblores, en donde uno ocurrido en 1946 duró seis meses generando réplicas de magnitud superior a los 5 grados en la escala de Richter.
Agregó que en 1988, al norte de Puerto Plata, se registraron en dos días alrededor de 500 temblores de tierras pequeños y que la población solo sintió el mayor, que fue de 4.8 grados.
“Con el sismo de Puerto Plata, en el 2003, se generaron una serie de réplicas que pasaron de más de 100, lo mismo ocurre en la parte noroeste, cerca de Villa Vásquez, Montecristi, que se generan muchos sismos en un día o dos días”, acotó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27.
Delanoy aseguró que la actividad sísmica del país es muy constante y ha experimentado una reducción porque al parecer la energía de la placa tectónica se ha estado liberando en la parte sur de Puerto Rico.
“Es decir, vemos que hay una vinculación porque estamos en la misma placa”, recalcó.
Agrega que en la República Dominicana, al igual que Haití y Puerto Rico, se localizan en una zona que es altamente sísmica por lo que por lo general ocurren una serie de temblores los cuales, en el Centro Nacional de Sismología los registramos diariamente.
Delanoy dijo que unas 26 estaciones sismológicas y varias acelerográficas que permiten vigilar toda la actividad sísmica nacional, para poder informar a la población sobre lo que está ocurriendo tanto en el país como regional.
El director de la dependencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo manifestó que en el país hay experiencia de que la actividad sísmica es en cierta forma recurrente, porque ha sido afectada por sismos en La Vega, Azua, Santiago, Samaná y Nagua, donde un tsunami destruyó el poblado de Matancita.
El director del Centro Nacional de Sismología, dependencia de la UASD, reveló que desde el día primero de este mes de enero se han registrado más de 7,000 sismos en la parte sur de Puerto Rico, donde hay una gran actividad de estos fenómenos naturales.
Ramón Delanoy reveló que República Dominicana comparte una parte de su estación sismológica con Puerto Rico y viceversa, por lo que el país puede detectar un sismo que ocurre cerca de la vecina isla.
Sostuvo que en Haití la actividad sísmica no ha durado tanto como en Puerto Rico, donde es demasiado recurrente e inusual.
Expresó que desde el primero de enero hasta la fecha “hemos contado y analizado más de 70 sismos de magnitud superior a 4 grados” en la escala de Richter en Puerto Rico.
El experto indicó que la isla de la Hispaniola y Puerto Rico forman parte de la placa del Caribe, que se mueve hacia el noreste con una velocidad aproximada de dos centímetros al año.
Dijo que al colisionar con la placa norteamericana, se van acumulando en las rocas una serie de energías, las cuales se deforman y han dado origen a las montañas.
“Otras veces se deforman de forma tal que también dan origen a las fosas, por eso tenemos al Norte lo que se conoce como la Trinchera de Puerto Rico y al Sur la Trichera de los Muertos”, significó.
Afirmó que en estas dos áreas se ha producido una gran actividad sísmica durante tiempos inmemoriables.
Expuso que cuando se presentan una serie de temblores de tierras pequeños, como los de magnitud 1.2, de dos o tres, generalmente los sismólogos les prestan mucha atención porque podría ser el preludio de un fuerte terremoto.
“A estos sismos le llamamos premonitores, cuando ocurren antes de un temblor fuerte. En el caso reciente de Puerto Rico, tuvimos uno de magnitud 5.8, el día 28, por lo que ya las personas se sentían más aliviada, pero ocurre que sucede uno de magnitud 6.4, es decir que el que era de 5.8 pasó a ser premonitor del de 6.4”, subrayó.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.